Guillermo Dietrich se enteró por radio del programa de transparencia en la obra pública que el Gobierno pondrá en marcha para despejar las dudas que puedan empañar las megalicitaciones sobre las que apunta a basar la reactivación del ansiado segundo semestre. El nuevo sistema para adjudicar los trabajos había sido pactado días antes en un encuentro entre el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y la Cámara Argentina de la Construcción. Pero el ministro de Transporte, quien pagará más de cien mil millones de pesos en el próximo año desde Vialidad Nacional además de la extensión y mantenimiento de los trenes, no había sido invitado. Tampoco sabía su cada vez más aislado colega de Energía, Juanjo Aranguren, responsable de las faraónicas (aunque frenadas) obras de electricidad y gas.

En la reunión de gabinete económico del martes en la Casa Rosada, los tres ministros oyeron a Federico Sturzenegger asegurar lo que ayer deslizó en conferencia de prensa al presentar su programa monetario: que las tasas de interés bajarán en las próximas semanas, tal como le reclama cada vez menos sutilmente Alfonso Prat-Gay. A la mesa se sentaron Francisco Cabrera, Alberto Abad, Gustavo Lopetegui, Mario Quintana y Jorge Triaca, pero el ministro de Hacienda mandó en su lugar al vice Pedro Lacoste. Contrariado por la resistencia del jefe del Banco Central a bajar el costo del financiamiento que asfixia a la economía real, el ministro de Hacienda optó por almorzar a diez cuadras de allí, en el hotel Plaza, con medio centenar de empresarios españoles que lo presentaron como “la estrella” del elenco gobernante.

Los cortocircuitos en el equipo económico ya no solo espantan a los empresarios que todavía desconfían de la viabilidad del plan oficial para salir de la recesión. También son la comidilla del resto del gabinete. “Deberían ser un coro afinado pero son seis solistas que desentonan”, comentó el jefe de una cartera que debió negociar salarios de miles de empleados en medio de los anuncios de aumentos tarifarios de Aranguren, que empujaron la inflación de abril por encima del 6%. “Yo me sentaba a la mesa con mi oferta y me decían: ‘ni locos, en 15 días aumenta la luz’”, evocó.

La patria contratista, esa pequeña gran familia donde se crió el Presidente, será la primera en responder a los pedidos de ayuda de un gobierno que siente que ya hizo mucho por acicatear una ola de inversiones que demora demasiado en llegar. Claro que pondrá en marcha su maquinaria con dinero público, como los $150.000 millones del anunciado “Plan Marshall” para rutas y cloacas bonaerenses o los $20.000 millones que comprometió Frigerio para viviendas sociales en otras provincias. A lo Cristina Kirchner, el macrismo no encuentra otra alternativa que sustituir con desembolsos propios a un empresariado poco propenso al riesgo y aún disconforme con el tipo de cambio, la tasa de interés, los costos energéticos y los salariales, entre otras variables. Con la diferencia de que su discurso market-friendly y sus intenciones de reducir el déficit fiscal se dan de bruces con esa política.

breaking bad

Un obstáculo inesperado para que la locomotora contratista traccione la recuperación económica general son las cinematográficas revelaciones acerca del enriquecimiento de Lázaro Báez. Con cada nueva estancia del excajero del Banco Nación que allanan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán, a quien Mauricio Macri le ofreció el cargo de Procurador si algún día logra desplazar a Alejandra Gils Carbó, el mundo de la obra pública se desprestigia un poco más. Por eso Frigerio apuró el pacto con la Cámara de la Construcción para lanzar un registro público de contratistas, aunque sin veedores ajenos al negocio como los que propuso introducir Dietrich a través de la Oficina Anticorrupción. También por eso Vialidad difundió la auditoría donde consta que entre 2010 y 2015, la Nación invirtió más dinero en las rutas de Santa Cruz que en las de Córdoba y Santa Fe juntas. De esa montaña de plata ($21.200 millones), el 78,4% fue para las firmas de Báez.

La cuestión no es solo judicial, si bien a la larga Julio De Vido deberá explicar en Tribunales rarezas como el extravío en el mar de buques cargados de gas o la súbita prosperidad de jóvenes inspectores que debían verificar que las “Garrafas Para Todos” llegaran efectivamente a los hogares más humildes y en vez de hacerlo estacionaban en el Palacio de Hacienda sus Audi cero kilómetro, inalcanzables con sus sueldos de quince mil pesos. ¿Cómo hará Macri para disociar ante el electorado al dueño de Austral Construcciones del resto de un ecosistema que se movió siempre al calor del poder político (o militar), donde la propia IECSA que su padre Franco le cedió a Ángelo Calcaterra, hijo de su hermana María Pía, se postuló para construir las represas sobre el río Santa Cruz asociada con Báez? ¿Cómo convencer a la opinión pública de que la pelea entre el grupo Techint y el gobierno cordobés por los caños que se usarán en su gasoducto troncal no es una guerra de lobbies donde los operarios despedidos esta semana de Tenaris SIAT son apenas rehenes? ¿Hasta dónde puede tirar la primera piedra el PRO denunciado por Facundo Del Gaiso, un auditor porteño que responde a Elisa Carrió, por haber comprado hamacas para plazas a diez veces su valor de mercado?

seducidos y abandonados

“Yo estoy preocupado por el negocio. Hace tiempo que trabajamos a pérdida y se me viene encima la paritaria. Aplaudimos la salida del cepo y ahora resulta que pagamos los insumos a $14,50 en vez de $9,50. A mí me hicieron venir de Punta del Este el dos de enero para pedirme que aguantara sin subir las cuotas porque en marzo la inflación iba a haber bajado al 25%. ¡Pero está terminando abril y mire dónde estamos!”.

El dueño de Medicus, Jorge Aufiero, masticaba esas broncas antes del salmón con espárragos con el que los españoles de la Fundación Iberoamericana Empresarial agasajaron a Prat-Gay el martes. El CEO de Fiat, Cristiano Rattazzi, tampoco ocultó en ese almuerzo las desventuras de su planta cordobesa, donde 1.500 operarios trabajan solo la mitad de la semana por el desplome de la demanda interna y externa. “No podemos venderle a México si somos 50% más caros que ellos. Ni a Brasil si somos 20% más caros. Brasil es un desastre pero acá tampoco estamos tan bien”, le dijo al jefe de Hacienda, antes de pedirle sin vueltas que el dólar suba ya mismo a “16 ó 17 pesos”.

La frazada es corta para tanto frío. La devaluación que pide a gritos Rattazzi es la desgracia de Aufiero y de otros empresarios mercado-internistas que monitorean pasmados el derrumbe del consumo doméstico. El negociador de ADIMRA, Juan Carlos Lascurain, sabe que Antonio Caló no puede aceptar menos del 35% de aumento salarial luego de que Bancarios y Aceiteros firmaran sendas paritarias en torno a esa cifra y en un solo pago. Pero también sabe que en el primer trimestre del año se importaron más heladeras que en todo 2015, lo cual no augura un buen año para el segmento de la línea blanca. Y que de los 300 mil metalúrgicos que había bajo convenio el año pasado, este año fueron despedidos más de 7 mil. Ni siquiera zafaron los fabricantes de maquinaria agrícola, que recibieron muchos encargos en la última ExpoAgro pero no concretaron ni la mitad de esas ventas debido a las inundaciones.

La marcha que hoy volverá a reunir a todo el arco sindical sin excepciones, por primera vez desde la época de Saúl Ubaldini, pondrá en escena la verdadera disputa detrás del ajuste en curso. Desde la vereda de enfrente, las cámaras patronales en pleno criticaron airadamente la ley antidespidos que obtuvo media sanción del Senado. Sus jefes ponderaron en cambio el proyecto oficial de Empleo Joven, ofrecido por Triaca como alternativa. Pero para contener la reacción sindical frente al ajuste, el Gobierno necesita más zanahorias que palos. Más inversiones que comunicados. Por ahora, no las hay.