Es la noche del 27 de octubre al suroeste del conurbano bonaerense. El frío resiste a la primavera. En las inmediaciones del edificio municipal de Guernica, partido de Presidente Perón, un ministro provincial espera. También lo hace un funcionario relevante del Ministerio de Justicia. El viento sopla fuerte y obliga a estar debajo de un gazebo. Allí, sobre la mesa, junto a unos sándwiches improvisados y una botella de Coca Cola, reposa una pila de hojas de papel impresas que rezan “acta acuerdo”. Es el principio de solución a la toma de cien hectáreas donde 2500 grupos familiares se instalaron durante tres meses en reclamo de una respuesta habitacional. Quienes están en la toma piden que funcionarios de la provincia de Buenos Aires negocien con les delegades de la ocupación, cuya demanda central es: tierra por tierra. El acuerdo al que se llegó parece despejar el camino, el acta dice que el gobierno reconoce el universo de las personas censadas en dos oportunidades y se compromete a entregar lotes con servicios en un plazo de entre cuatro y seis meses; en el mientras tanto, pone a disposición hectáreas en el partido Presidente Perón para el alojamiento temporal. A cambio, los habitantes del predio se comprometen a desalojarlo por las suyas. Y se dispone la conformación de un ámbito de seguimiento de los acuerdos alcanzados, integrado por distintos actores gubernamentales y no gubernamentales. Pasan las horas. El acta no se firma.

La abogada de la toma y un militante que hizo de enlace entre les delegades y las autoridades provinciales llaman para avisar que el barrio La Unión resolvió en una asamblea de más de 200 familias aceptar por casi unanimidad el acuerdo, pero que el barrio San Martín debió interrumpir su asamblea. Luego, el anochecer obligó a reprogramar las asambleas de los barrios La Lucha y 20 de Julio. Al día siguiente, el 28, el escenario es cualitativamente distinto: las conversaciones se empantanan y el dispositivo para empezar el desalojo y la reubicación de las familias nunca se concreta. El 29, un día antes de lo dispuesto por el juez de Garantías de Cañuelas Martín Rizzo, el ministro de Seguridad Sergio Berni hace su aparición espectacular y desaloja el predio.

Retrocedemos unos días en el tiempo. Ahora estamos en Moreno, 37 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Un hombre carga en la parte de atrás de un carro tirado por un caballo lo que parece una mudanza. Otros vecinos y vecinas hacen lo propio con sus cosas. Se van de La Bibiana II, una toma de cinco hectáreas y media ubicada sobre Ruta 23 y O’Brien, importante vía de acceso de acceso al centro de la ciudad. Se trata de una ocupación más que relevante por el valor de esos terrenos, sumado a otro elemento: es una de las quince tomas que se sucedieron luego de que Mariel Fernández –militante territorial proveniente de los movimientos sociales– ganó las PASO municipales y tuvo el camino allanado para acceder a la intendencia.

Es 14 de octubre y empezó el desalojo voluntario del predio en medio de un clima generalizado de desconfianza de los habitantes de la toma. Lo que destrabó el conflicto fue una jugada clave de la intendencia: la generación de suelo urbano para el traslado de las familias. El mismo día del desalojo, los referentes de la toma y un grupo de funcionarios municipales fueron a reconocer el predio donde serían trasladados. Un día antes, integrantes de la Defensoría del Pueblo lo habían recorrido para garantizar que los lotes tuvieran condiciones de ser habitados. Y aunque la oferta era lotes sin servicios, muchos aceptaron: era tierra por tierra. Luego se generó un efecto contagio. Ese mismo día, el 70% de las 130 familias de la toma fue reubicada en el barrio Manantiales, en Moreno Sur. El desalojo total del predio terminó el 5 de noviembre, hicieron falta un promedio de 20 camiones por día.

El conflicto por el suelo, urbano y rural, fue una invariante de 2020. Se manifestó al principio del ASPO, cuando los alimentos escasearon y apareció la antigua cuestión de para qué usan la tierra quienes la poseen; continuó recorriendo la Patagonia, donde la defensa del territorio mapuche volvió a enfrentarse a la violencia propietaria; y a muches se les hizo imposible pagar el alquiler y/o se endeudaron para hacerlo o terminaron en la calle.

Como reguero de pólvora comenzaron a circular los rumores sobre ocupaciones en el territorio que concentra la mayor cantidad de población del país: la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA). A principios de julio ya estaban ocurriendo en San Martín, La Matanza, José C. Paz, La Plata, Quilmes, Moreno, Merlo, Florencio Varela, Presidente Perón, entre otros. Caracterizar la dinámica de las nuevas tomas resultó difícil porque muchas eran pronto desalojadas, otras expresaban conflictos por la tierra preexistentes que se agudizaron y otras eran antiguos asentamientos que crecieron durante el aislamiento obligatorio. Lo que está claro es que fueron un efecto de la crisis, empujado por un problema estructural en los municipios de la RMBA: la falta de oferta de tierra accesible para los sectores populares.

a criminalizar

A mediados de octubre, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, en una actividad organizada por legisladores provinciales del Frente de Todos, sostuvo que uno de los problemas es que el Estado muchas veces “llega tarde”. Es cierto pero aún a tiempo suele además llegar por el camino equivocado.

La toma de terrenos en Guernica empezó el 20 de julio. Apenas cinco días después, un grupo de funcionarios municipales acompañados por la policía apareció para relevar información básica. A las 550 personas que respondieron con sus datos, las acusaron del delito de usurpación. El mismo día la policía cumplió la orden de bloquear cualquier ingreso de materiales a la ocupación, medida dispuesta por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y el juez Rizzo. Esto extremó la precariedad, los habitantes convivieron durante meses en estructuras improvisadas con palos, nylon y algunas pocas chapas y maderas. Las denuncias por usurpación se acumularon. Entre los denunciantes figura una empresa que desarrolla negocios inmobiliarios en la zona y una serie de particulares, como el concejal Guido Giana, de Juntos por el Cambio. La celeridad del sistema judicial para proteger los derechos de los propietarios en desmedro de quienes no pueden acceder a un lugar donde vivir es solo un botón de muestra de las asimetrías. En la provincia de Buenos Aires existen al menos quinientos barrios privados en situación irregular que hacen uso de la opacidad administrativa del Estado para avanzar sobre tierras fiscales o rurales que luego son valorizadas por urbanizaciones de lujo. Una foto cruda de la desigualdad.

Enseguida la intervención estatal se organizó a través del sistema penal y el 7 de agosto el juez Rizzo dictó la orden de desalojo. El pedido de más de 130 organizaciones sociales, de promoción de derechos y académicas, funcionaries y legisladores motivó una serie de audiencias para frenar el desalojo y articular una respuesta habitacional a la toma por fuera de la lógica penal. Pero a pesar de las distintas intervenciones y propuestas alternativas —algunas fueron acordadas por la propia organización de la ocupación—, nunca se logró correr el foco del desalojo. El fiscal se limitó a comentar el pedido urgente de los denunciantes para lograr la restitución de las tierras, una urgencia que el juez justificó.

En La Bibiana II hubo dos relevamientos, en enero y en septiembre. Cada censo arrojó una foto distinta. Al igual que en Guernica, en Moreno el relevamiento se hizo porque el fiscal pidió que se aplicara el “Protocolo de actuación judicial frente a ocupaciones de inmuebles por grupos numerosos de personas en situación de vulnerabilidad”, formulado por la Suprema Corte provincial en 2019 para aplicar la ley provincial de acceso justo al hábitat. Pero a diferencia de lo que pasó en Guernica, en Moreno la información no se usó para criminalizar a los ocupantes o como una mera formalidad para acelerar los tiempos del desalojo. Y a pesar de que las tierras de La Bibiana II pertenecen a un particular, el desalojo fue suspendido en distintas oportunidades, en parte por la intervención de la Defensoría de Moreno-General Rodríguez pero también por la sanción en la legislatura bonaerense de una ley que suspendió los desalojos por la pandemia. La Policía y el Ministerio de Seguridad provincial intervinieron, pero subordinados a los tiempos políticos de resolución del conflicto.

Las y los intendentes son los primeros en ver de frente el rostro de la crisis. Desde diciembre, solo en Moreno fueron desalentadas 130 tomas, según un relevamiento de la Fiscalía Nº 5 de esa localidad. Los funcionarios municipales dicen que en la mayoría de los casos se hizo sin utilizar la fuerza pública, a través de una articulación multiagencial promovida desde la secretaría local de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos con la fiscalía y el Ministerio de Seguridad provincial. En La Bibiana II intervino fuerte la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad con el Comité de Crisis de Moreno Sur pero fue decisiva la decisión política de Mariel Fernández. En la intendencia de Moreno esbozan argumentos para desalentar las tomas: precarizan aún más las condiciones de vida y el camino no es promover la urbanización metropolitana sino pensar un reordenamiento territorial. Un tercer argumento expresa una movida más amplia, con un largo trayecto histórico en sus espaldas: la vuelta al campo como salida a la precariedad extrema a la que son empujados los sectores populares urbanos. Así, en Moreno, la intendenta, quien proviene del Movimiento Evita, hizo un relevamiento de las tierras ociosas y les propuso a los dueños ponerlas a producir alimentos agroecólogicos: trabajo y comida, además de renta. Algunos respondieron que sí, otros nunca aparecieron.

En otro sector de la coalición oficialista la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero se plantó de otra manera. El abogado de La Gremial de Abogados Eduardo Soares contó que en una de las primeras instancias para formatear algún tipo de diálogo entre les habitantes de la toma y el Estado, el planteo de la funcionaria fue: “el principal interés mío son los 18 countries que rodean el predio, la gente que está ahí que se embrome, si fueron es porque son delincuentes”. En esa reunión también participaron funcionarios del Ejecutivo nacional, pero no hubo forma. Cuando el asunto se hizo público y masivo, el Ejecutivo provincial tomó postura: “las tomas no son una solución”.

Dos meses después de iniciada la ocupación en Guernica el gobierno provincial desplegó un dispositivo interministerial para responder a la urgencia, dirigido por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de Andrés Larroque. Para entonces ya el clima mediático era favorable a los propietarios y hostil a les ocupantes. En la toma, el sector del Ejecutivo provincial que más trabajó para evitar el desalojo, se encontró con un entramado robusto de representación y organización de los habitantes. El cuerpo de delegados de la toma estaba compuesto mayormente por pibes y pibas jóvenes comprometidos, acompañados por un frente heterogéneo de organizaciones sociales y políticas que no pertenecen al Frente de Todos. Las voces oficiales y un sector de la militancia peronista rápidamente comenzaron a usar la expresión “la izquierda” para intentar aislar a las organizaciones, o a construir la idea de que una cosa eran las familias y otra la militancia. Aun así, este sector del gobierno de la provincia sostuvo su presencia hasta el día del desalojo e intentó desviar el enfoque punitivo, con una política orientada a resolver situaciones individuales, familia por familia, otorgando soluciones para el corto plazo. Para las organizaciones y las familias estas soluciones eran insuficientes y las propuestas que recibían, poco precisas. Había soluciones para las que la provincia tenía instrumentos legales aplicables: la generación de lotes con servicios o la urbanización de parte del predio ocupado haciendo uso de la Ley de Acceso Justo al Hábitat 14.449 eran llaves para una solución sin violencia, pero los tiempos de la justicia penal y las presiones por parte de otros sectores de la propia coalición oficialista precipitaron el desenlace. Berni ganó. El llamado Operativo Implacable desplegó cuatro mil efectivos que ingresaron al predio con una crueldad llamativa, a pesar de la presencia de funcionarios judiciales. La policía disparó balas de goma con armas largas y quemó las casillas de los ocupantes. No fue el único episodio de este tipo. El 11 de septiembre la policía desalojó en medio de la noche una toma en Ciudad Evita: el nivel de violencia fue alto, reñido con cualquier protocolo de actuación en situaciones así que se conozca. Se ensañó con los ocupantes y hubo detenides. La militancia de base ligada a la iglesia leyó el episodio como consecuencia de las presiones de sectores inmobiliarios con intereses fuertes en la zona. Pero las noticias de tomas que fueron desalojadas datan al menos de mediados de mayo. La UTEP de San Martín denunció el desalojo del barrio 13 de Julio en José León Suarez a pesar de los decretos que prohíben los desalojos durante la pandemia. Episodios similares ocurrieron en otros municipios como Quilmes donde vecinos del barrio Los Eucaliptus denunciaron que fueron desalojados a fines de julio, aunque el municipio los desmintió. En Florencio Varela la militancia territorial informó por aquellos meses de personas detenidas todas las semanas por intento de tomas. Por último, ya luego de Guernica, la policía desalojó una toma de tierras en Rafael Castillo.

En Moreno, en cambio, el enfoque del municipio para abordar una problemática habitacional sin criminalizar a les ocupantes y las alianzas que estableció con el Ejecutivo provincial y otras instituciones fue imbatible. Pero de este saldo surge la pregunta respecto de las mediaciones políticas. El entramado de organizaciones presentes en La Bibiana II fue distinto a Guernica, sino escaso. Y la política de la intendencia fue no dialogar con militantes sino directo con la representación gremial de las familias. El desenlace fue distinto. En última instancia el punto aquí no es la presencia de movimientos sociales sino la decisión política del municipio en cómo abordar la problemática. Muches de les funcionarios municipales y la propia intendenta conocen el territorio por sus militancias.

futuros próximos

En décadas anteriores, la periferia de la región metropolitana albergaba asentamientos sobre terrenos marginales y desvalorizados. Pero hoy esos mismos terrenos están en disputa porque su potencial rentístico se ha transformado radicalmente: las urbanizaciones cerradas llegaron para quedarse, y se especula que la pandemia podría profundizar aún más la mudanza de los sectores de mayores recursos hacia estas periferias puestas en valor.

Lo cierto es que existen herramientas para la gestión territorial a disposición de los municipios y de la provincia de Buenos Aires como la Participación Municipal en las Valorizaciones Inmobiliarias, por ejemplo, o la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que permiten captar una porción de la plusvalía que generan las urbanizaciones de barrios cerrados. Este instrumento parte de algo bien concreto: la valorización de los terrenos no surge de la inversión privada únicamente sino que se monta sobre la infraestructura que generan los municipios y la provincia: sin ir muy lejos, la cercanía de una autopista aumenta el valor de los terrenos. Estos mecanismos —legales y vigentes— deberían utilizarse para generar suelo urbano.

Pero lo que faltaba es la decisión política. Hoy existen 1070 urbanizaciones cerradas en la provincia de Buenos Aires pero solo 343 están en regla. Por este motivo, el Estado deja de recaudar al menos 1500 millones de pesos. Luego de la resolución violenta del conflicto de Guernica, el ministerio de Gobierno provincial anunció que intimará a las urbanizaciones cerradas. Ya hay 97 en condiciones de ser regularizadas. El Estado también exigirá la cesión del 10% de las tierras o su equivalente en dinero como estipula la Ley. Avanzar en esta dirección es clave si el gobierno quiere hacer 88.000 lotes con servicios y 30.000 viviendas como prometió el gobernador Axel Kicillof cuando anunció el Plan Bonaerense de Suelo y Vivienda, en el momento más álgido del reclamo de los habitantes de la toma de Guernica.

El gobierno de la Provincia se enfrenta además a la complejidad territorial bonaerense. Por ejemplo, el Delta tiene 300.000 hectáreas fiscales, 40.000 son usadas por entre seis y ocho empresas para explotaciones forestales a través de distintos convenios y comodatos pero hace muchísimos años que dejaron de pagar el canon de locación, según información reciente producida por el propio gobierno. Además de los problemas fiscales existen problemas de tenencia. En el momento más crítico de la toma de tierras en Guernica, una de las instituciones más antiguas del mundo ofreció donar tierras que poseen en Presidente Perón para aportar a la solución del reclamo: el boleto de compraventa que presentó no tenía validez. Aún investigan qué pasó en el agujero de la opacidad administrativa del catastro.

Hasta ahora el Ejecutivo nacional y la provincia de Buenos Aires se balancearon entre las distintas tensiones de la coalición de gobierno para abordar la problemática habitacional. En la mayoría de los casos, primó la mano firme contra las ocupaciones de tierra. Si el gobierno provincial avanza con el Plan de Suelo que anunció y se empieza a concretar la urbanización nacional de los barrios populares las transformaciones serán significativas. Mientras tanto, otra tormenta perfecta asoma en el horizonte del final de la pandemia: muchas familias e inquilines se endeudaron para seguir pagando alquileres que no siempre mantuvieron los precios mientras tienen los salarios pulverizados. Nadie sabe qué pasará cuando caduque la vigencia de los decretos presidenciales que prohíben los desalojos.