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Cartografía del trabajo no registrado
Las expectativas de conseguir un trabajo en blanco fueron mermando a medida que se produjeron las reformas neoliberales en la Argentina. Salvo breves momentos excepcionales del período democrático, la informalidad se expande sin retorno. En este informe se detallan las estadísticas actualizadas y las ramas principales en donde laburar sin derechos es ley.
Fotografía: Sebastián Pani, Fotografía: Gala Abramovich, Fotografía: Anita Pouchard Serra
25 de Abril de 2022

Foto: Sebastián Pani

Los puestos de trabajo asalariado que no están registrados en la seguridad social suman en la Argentina un total de 4.974.775. Según las estadísticas oficiales esta cantidad representa un 23,5% del total de puestos de la economía y el 31,7% de los asalariados. Si solo consideramos la porción del empleo regido por la Ley de Contrato de Trabajo, los asalariados no registrados son 3.969.251 y representan el 34,5% del universo de asalariados en empresas privadas no agropecuarias. En este segundo universo queda exceptuado el sector público, el trabajo agrario y las trabajadoras de casas particulares porque tienen regímenes especiales. 

Ahora bien, ¿qué significa no estar registrado? En primer lugar, no tener acceso a las prestaciones de la seguridad social. Es decir, no contar con una jubilación en la vejez, ni pensión por invalidez en caso de sufrir algún accidente laboral o enfermedad que incapacite para el trabajo; tampoco disponer de un seguro por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ART); no cobrar las asignaciones familiares; no tener acceso a una obra social extensible al grupo familiar; y no tener derecho a cobrar el seguro por desempleo. 

Pero esto es solo una parte. La Ley de Contrato de Trabajo prescribe la obligatoriedad de la inscripción en la seguridad social y también otro conjunto de derechos y garantías: cobrar un aguinaldo, tener vacaciones y licencias pagas, cobrar las horas extras y adicionales por antigüedad, contar con la mediación de un sindicato tanto en la negociación del salario como en la determinación de las condiciones de empleo, además de acceder a una indemnización en caso de ser despedido sin causa. 

El no registro priva de la seguridad social y también de los derechos y garantías previstos en la ley. 

 

Bruto o con plan

Como en muchos otros países, la conformación del sistema de protección social en la Argentina respondió a la adopción del Estado de Bienestar y estuvo anclado en la figura del asalariado y padre de familia como único o principal proveedor. Vale la pena decir que nunca llegó a hegemonizar las relaciones laborales en el plano local: terminado el esplendor del desarrollismo, antes del inicio de la reestructuración neoliberal, en el Gran Buenos Aires la fuerza de trabajo asalariada y registrada en la seguridad social alcanzó el 57% en 1974 para empezar a declinar con la desindustrialización. Hoy ronda el 48%. De modo que mucho antes de que en el mundo desarrollado entrara en crisis el modelo de producción y de gestión de las protecciones sociales, había acá otras formas de hacerse de medios de vida más allá del empleo asalariado formal, es decir, viviendo y gestionando los riesgos vitales por fuera del sistema de seguridad social. 

En este sentido, el trabajo asalariado formal no es la única manera posible de acceder a las protecciones frente a los riesgos vitales (enfermedad, vejez y muerte), pero sí la típica y más extendida. Desde principios del siglo XXI en América Latina empezaron a tomar fuerza diversos instrumentos de política de seguridad social “no contributivos”, es decir, no financiados solidariamente por los trabajadores y patrones en relaciones de trabajo formalizadas. En la Argentina existe hoy una estructura bastante abarcativa de prestaciones no contributiva: pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las moratorias previsionales que también pueden ser incluidas en este grupo. Existe además el acceso híbrido a la seguridad social mediante el monotributo social.

Las prestaciones tradicionales, es decir las formales, se financian con el aporte de los trabajadores y la contribución del patrón. La norma establece que el laburante aporta un 17% del salario bruto y el empleador entre un 23% y 27%. Pero las cuentas que suele argumentar el capital son otras: estiman que la registración del trabajador eleva el costo salarial en un 50% y se convencen de que el aporte y la contribución salen de su bolsillo. En realidad, los empleadores son solo agentes de retención de la parte de la contribución que realizan los laburantes al sistema de seguridad social.

Con frecuencia, la evasión se da en una suerte de compromiso con el trabajador que prefiere cobrar el equivalente al bruto en el bolsillo, o prefiere no perder el plan. Claro está que, siempre y en todo lugar, la preferencia del empleado se escucha solo si conviene al despotismo de la patronal. Pero, en efecto, algunos números indican que parte de los trabajadores no registrados cobran en mano el salario bruto. ¿Por qué lo decimos? Porque más de un tercio de los trabajadores no registrados en el tercer trimestre de 2021, cobraron salarios de 30.000 pesos o más por 8 horas, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) era de 28.800 pesos bruto (23.904 neto). Esto no es una excepción, se replica a lo largo del tiempo. 

Sin embargo, estar “no registrado” poco tiene que ver con una negociación. De acuerdo con la Encuesta nacional a trabajadores sobre Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad (ECETT), en 2018 un 46% de los trabajadores que no estaban registrados declararon que en el establecimiento donde se empleaban ningún otro trabajador lo estaba. En 2015 otra fuente oficial, la Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS), obtuvo prácticamente el mismo resultado (49%) y agregaba otro dato determinante: el 81,3% de estos trabajadores decía que su empleador solo lo aceptaba trabajando en negro.

Por otro lado, el blanqueo o registro implica revisar si el salario que se paga al trabajador es el que le corresponde según su categoría en la escala salarial del Convenio Colectivo de Trabajo –siempre superior al SMVM–, y los adicionales por antigüedad. Estar o no registrado implica contar o no con la tutela de un sindicato y de un convenio colectivo. Lo cierto es que así como estar registrado es mucho más que acceder a las prestaciones de la Seguridad Social, el costo para el empleador es mayor a la alícuota de entre 23% y 27% que corresponde a la contribución del empleador.  

Foto: Gala Abramovich

 

Estado de excepción

El capital más estructurado solo residualmente evade la registración de sus empleados: un 96% de trabajadores en unidades con más de 100 empleados declara estar registrado, el 93% en las que tienen entre 40 a 100 empleados, el 81% en las empresas con 10 a 40 empleados. Lo opuesto ocurre en las empresas muy pequeñas –con 6 a 10 empleados–, donde apenas el 62% está registrado. Y mucho peor aún en mini-empresas de cinco o menos trabajadores, cuyo alcance es del 37%. Sin embargo, hay otras formas de evadir que sí usan las grandes: el 12% de los trabajadores en firmas de más de 100 empleados declara que cobra parte de su salario en negro. Es decir, como lo señala la ECETT en 2018, hay mucho registro parcial, en categorías mínimas o por jornadas cortas. 

Cuánto se le puede exigir al empleador sin poner en riesgo el emprendimiento productivo es una discusión técnica, pero también política como casi todo en materia de ordenamientos y jerarquías sociales. Aunque en el contexto de capitalismos periféricos con un 74% de los trabajadores no registrados en unidades productivas pequeñas (de hasta diez empleados), estas discusiones son difíciles de dar. Y no menos cierto es que resulta difícil separar a las empresas pequeñas de las medianas o grandes, porque la subcontratación termina uniendo la necesidad con el negocio. 

En general se exceptúa a la excepción, pero es tan grande el peso de la microempresa en la estructura productiva local que si se hace la vista gorda ahí seguiremos sin perforar el piso del 30% o 33% de trabajo no registrado. De hecho, durante el primer y segundo kirchnerismo se llegó a bajar la incidencia del no registro desde el 49,2% al 33,7%, en el contexto de un fuerte crecimiento económico y de un conjunto de políticas específicas enmarcadas dentro del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT): se instrumentaron diversas moratorias destinadas a favorecer el registro de los trabajadores (facilidades de pago de las deuda contraídas con la AFIP, liberación de multas y sanciones con el Ministerio de Trabajo, reducción temporal en las contribuciones a la seguridad social), se mejoraron las tecnologías de control para la detección eficaz de irregularidades y se continuó avanzando con los procesos de simplificación registral que facilitan el acceso y abaratan los costos burocráticos del cumplimiento de la normativa.

De allí en más no se logró ninguna mejora significativa a nivel agregado, salvo en el servicio doméstico mediante la sanción en 2013 de un régimen especial para trabajadoras de casas particulares, que adecuó las alícuotas de las contribuciones y aportes al presupuesto de los hogares y en función de las diferentes formas parciales de contratación —de manera tal que los aportes y contribuciones para una jornada completa no superan el 10% del salario bruto.

En 2014 se implementó una promisoria política de incentivo a la registración del empleo para las empresas pequeñas, con reducción de las contribuciones patronales. La Ley 26.940 de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude laboral, tuvo algunos resultados positivos durante su primer año de implementación. Pero el cambio de gestión de gobierno al año siguiente y la no actualización de los topes de facturación para identificar a las PyMES, le quitó fuerza a este instrumento del que todavía hay mucho para aprender y ajustar en su implementación. 

Posteriormente, la gestión de Mauricio Macri otorgó reducciones a las contribuciones patronales a cambio de nada. Es decir que la reducción no buscó mejorar los indicadores de registro de trabajadores. Se trató de una política de subsidio generalizada para todo el empresariado. 

Foto: Gala Abramovich

 

tres burbujas negras

Es habitual abordar al trabajo asalariado no registrado como un todo indiferenciado cuya entidad está dada por su oposición al registrado. Así, en promedio, los trabajadores no registrados en empresas del sector privado cuentan con menos credenciales educativas (solo 51% tiene secundario completo en relación con el 76% de los formales), tienen un mayor componente migrante (5,4% en relación con el 3,4% de los registrados) y sobre todo son más jóvenes (el 29% contra solo el 6% de los formales). Este sesgo, con atributos peor valorados en la demanda de empleo, se da en espejo a las malas condiciones. Los puestos de trabajo que se cubren con mano de obra no registrada son menos calificados (el 36% de los puestos informales son “no calificados” en relación al 15% de los registrados). Allí no se acumula ni premia la antigüedad (47% de los trabajadores no registrados lleva menos de 1 año de antigüedad en su puesto, contra el 17% de los registrados) y están peor remunerados: según el último dato del INDEC (tercer trimestre de 2021) el ingreso de los no registrados fue 27.301 pesos y 62.038 pesos el de los asalariados registrados.

También hay tránsitos entre segmentos: según la ENAPROSS, en 2015 algo más del 40% de los trabajadores no registrados declaró haber tenido alguna vez un trabajo con aportes. Así como se habla de empresas en gris, con parte del personal en blanco y parte no registrado, una parte importante de las trayectorias laborales son “grises”. 

Si bien existe trabajo no registrado en toda la estructura productiva, hay nichos donde su presencia es más factible. Hay dos características que tienden a darse en estos segmentos: son en general ramas con mano de obra intensivas, donde priman las unidades productivas pequeñas. Lo que se asocia a los bajos niveles de productividad del establecimiento, así como a la dificultad del Estado para fiscalizar y hacer cumplir la norma. 

El gráfico siguiente muestra el total del empleo no registrado de acuerdo con su distribución por rama para identificar concentraciones. El tamaño de la burbuja indica cuánto aporta la rama al total de empleo no registrado. En el eje vertical se ubica el porcentaje del empleo no registrado que se da en unidades productivas muy pequeñas. En el eje horizontal, se presenta el porcentaje de trabajadores no registrados en establecimientos donde ningún trabajador está registrado, esto es, una especie de aproximación al grado de informalidad de la unidad productiva. 

Empleo no registrado en empresas privadas: por rama, de acuerdo al tamaño (eje vertical) y la informalidad de la unidad productiva (eje horizontal).

Fuente: Elaboración propia en base a ECETT-MTEYSS 

 

Es necesario advertir que excluimos al servicio doméstico, que si bien explica por sí solo el 25% del empleo no registrado se da en hogares y no en empresas, por lo que no podemos clasificarlo de acuerdo con las variables del gráfico.

Lo primero que llama la atención en el gráfico es el cuadrante vacío, lo que refleja las tendencias ya mencionadas: solo es posible tener a toda la nómina de trabajadores sin registrar en unidades productivas muy pequeñas. 

Lo segundo es la gran burbuja de la construcción, que aparece más alejada del resto, lo que indica que ahí ocurre algo diferente. Construcción explica el 14% del total del empleo no registrado en empresas del sector privado no agropecuario. El 80% de este empleo no registrado se da en unidades pequeñas (de cinco o menos empleados) y el 75% está inserto en unidades donde nadie está en blanco. Con estos atributos opera el 63% de todo el empleo no registrado de la construcción. No nos imaginemos una familia contratando a un pintor porque acá nos estamos refiriendo a asalariados (no cuentapropias) de alguna pequeña empresa, muchas veces contratada por empresas más grandes (estudios de arquitectura, empresas constructoras). La construcción es la rama donde menos se ve el segmento “en gris”: está polarizada en blanco –para grandes obras– o negro. Y es aquí donde parece filtrarse un amplio segmento de profesionales y pequeños empresarios que se beneficia empleando a 354.000 trabajadores en condiciones de informalidad. Los montos que mueven estas pequeñas obras permiten pensar que se podrían pagar salarios en blanco, o por lo menos llegar al gris, registrando parte de la relación laboral, sobre todo cuando existe un régimen flexible por jornadas. Es hora de meterse más a fondo y problematizar la forma en la que se estructuró y naturalizó el trabajo en la construcción hasta hoy.

La otra gran burbuja es Comercio. Por su tamaño, es responsable del 14% del total del empleo no registrado urbano, aunque la incidencia del no registro no es tan alto (38,4%). El 72,2% de su empleo no registrado se da en unidades pequeñas. Pero lo notorio, comparando con la construcción, es que hay un segmento significativo del empleo no registrado que está empleado por unidades productivas pequeñas que operan en gris. Solo un 38% del empleo no registrado se encuentra en unidades pequeñas que funcionan totalmente en negro (con relación al 63% de construcción). Es probable que la mayor visibilidad de los comercios tenga peso explicativo.

Por último, queremos referirnos a Hoteles y Restaurantes, una de las ramas con más bajos salarios. Aporta un 7% del empleo no registrado y es la segunda (detrás de Construcción) con más establecimientos funcionando con todo su personal en negro. Aquí hay más empresas medianas con empleo no registrado que en otras ramas. También hay visibilidad, pero es evidente la falta de fiscalización. Por otra parte, entre los asalariados registrados se encuentra uno de los mayores índices de salarios mixtos: el 21,5% declara que cobra parte del salario en negro.

Foto: Anita Pouchard Serra

 

Patrón rico, empresa pobre

Hablar de no registro implica meterse con el precio que se paga por el trabajo. Para ello se torna necesario poner en discusión las pretensiones de ganancia –en rigor, a veces pretensiones de consumo– del pequeño capital que contrata trabajo en negro de manera directa o subcontratando. La literatura latinoamericana que estudia la sobrerepresentación de los pequeños establecimientos en las economías de la región refiere al bajo componente tecnológico, al uso intensivo de mano de obra, a la escasa diferenciación entre capital y trabajo —significa que el pequeño empresario busca sacar un “salario” en vez de ganancia, y que el excedente pasa con frecuencia a consumo o ahorro más que a reinversión. Con todas las salvedades de grado, resuena aquí también algo de la frase “empresario rico, empresa pobre”. 

Es difícil cuestionar a las capas medias y a los empresarios pequeños, pero lo cierto es que gran parte del empleo no registrado se origina ahí. Así como en los usos y costumbres respecto de la contratación del servicio doméstico por parte de las capas medias. En el caso de las empleadas domésticas, se ha identificado desde hace tiempo la necesidad de fomentar un cambio cultural que reconozca su carácter de trabajo con derechos. Puede pensarse que en otros sectores también se deben atacar esos relatos naturalizados que sostienen la inercia: “la construcción es así”; “no quieren por los planes”; “para qué darle más plata al Estado y la AFIP”. La evasión se piensa con relación al Estado y a un lejano futuro de jubilación, pero nadie se hace cargo de que le paga menos al prójimo hoy. 

Como en tantos otros temas, no hay mucho para inventar. Respecto a las contribuciones, es razonable subsidiar parcialmente la alícuota o ajustarla a contratación por tiempos cortos en determinados sectores. La Ley de Trabajadoras de Casa Particulares y la de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude laboral parecen marcar un rumbo de acción. Por otra parte, fiscalizar es siempre necesario. Pero, sin dudas, mientras se avanza en la complejidad de las ramas y actores que hay que involucrar para la reducción del no registro en cada segmento, en la determinación de micropolíticas e intervenciones, hay una vara genérica y simple que sí opera: la gestión del Salario Mínimo Vital y Móvil. Su impulso tracciona la mejora de los salarios reales y puede llevar a una mejora inmediata en la distribución del ingreso.  

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