Entre los asalariados formales y la economía popular sin patrón existe un mundo ancho y heterogéneo de trabajadores que no tiene acceso a los derechos del contrato de trabajo ni está registrado en la seguridad social, a pesar de encontrarse bajo relación de dependencia asalariada: 4.974.775 personas. Si la negociación paritaria o el impuesto a las ganancias de un lado, y los planes o salarios sociales por el otro, son demandas que acaparan la atención, a veces llenan calles, golpean para negociar y tienen terminal política –más allá de los diferenciales de poder de cada universo, porque recordemos que la economía popular organizada brinda cobertura solo a una parte de los trabajadores más pobres–, los asalariados no registrados, en cambio, son el mundo del trabajo que ni grita y, muchas veces, ni siquiera sabe qué puerta hay que tocar. Para decirlo como Albert Hirschman: sin salida, sin voz, ni a quién ser leales. Porque incluso el estallido de monotribustistas de apps que produjo el macrismo para quebrar desde afuera la relación laboral generó algún revuelo… hasta que la pandemia los normalizó.
El atenuante para esta condición desprotegida es indirecto: la fijación del Salario Mínimo Vital y Móvil viene a funcionar como “señal de precio” para el trabajo no registrado. Pero ¿cómo se vive con 33.000 pesos? Es la referencia mínima de una vida imposible. Resulta evidente que la funcionalidad del no registro es la pauperización del trabajo. El CETyD (Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo) saca los números de esta desigualdad: viven en la pobreza el 45% de los asalariados no registrados. Entre los registrados, este porcentaje desciende al 18%.
Los no registrados están en el campo, los hogares, en bares y pizzerías, en talleres textiles, comercios de todo tipo y en la construcción, también en la industria. Son peones rurales, empleadas domésticas, vendedores, mozos y bacheros, albañiles, obreros industriales, entre tantas actividades más. La variable de ajuste, el margen de arbitrariedad de los patrones. ¿Puede registrar el pequeño industrial y comerciante? Y si no puede, ¿quién hace algo? ¿Y los sindicatos?
Entre el movimiento obrero organizado tradicional, registrado y convencionado; y el nuevo, territorial y comunitario, están los asalariados no registrados. Por la condición de asalariados son el patio de atrás de Azopardo (sede histórica de la Confederación General del Trabajo) y no el porche de Pedro Echagüe (calle donde se ubica la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), sindicato de los trabajadores sin patrón que aún no fue aceptado en la CGT. Muchos, desde la confederación, invalidan cuando se busca mayor institucionalidad para los últimos de la fila: “la CGT no puede avalar la precariedad”, dicen. ¿Y qué pasa con la precariedad en las filas propias? Con los no registrados dentro del universo de los sindicatos fuertes y con esta precariedad dentro de los sindicatos débiles, porque su radio de acción gremial es una población homogéneamente mal remunerada y empobrecida.
La CGT acaba de manifestar en su último documento, titulado La única salida es con más trabajo y producción: “Al tiempo que saludamos las medidas de emergencia adoptadas en relación con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, ratificamos las negociaciones a través de los Convenios Colectivos de Trabajo, sin condicionamientos y con la tutela del Ministerio de Trabajo, como el mejor instrumento para la distribución del ingreso. Cada organización sindical –por rama de actividad– conoce mejor que nadie las necesidades de sus trabajadores y las posibilidades empresarias de su sector. Con responsabilidad, pero con firmeza, debemos recuperar el valor real de los salarios”. Sin embargo, el no registro es una de las causas determinantes de la depreciación de los salarios. Y de eso no se habla. Tampoco del crecimiento, con medio siglo a cuestas, de trabajadores cuentapropistas pobres. Quienes son llamados en este mismo documento “sectores más vulnerables”.
La UTEP propuso una política de ingresos, y un plexo de nuevos derechos sobre tierra, techo y trabajo, para valorizar este sinfín de trabajos con salarios complementarios y un piso de salario universal. El bloque piquetero salió a la calle y quizás forzó un nuevo IFE. El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie agradecieron al presidente este bono por única vez. La CGT reacciona: hay que fortalecer la negociación colectiva. Entrelíneas: a las instituciones y a los representantes legítimos. Pero dejemos de lado esta polémica: ¿qué se hace con los no alcanzados, los cinco millones de los que hablamos acá? ¿Desensillar hasta que aclare? ¿Y con los millones de la economía popular desorganizada? ¿Qué pasará cuando en un abrir y cerrar de ojos se digieran los escasos alimentos comprados con los 18 mil pesos pagados en cuotas?
La avenida del medio del mundo del trabajo es una maraña de bolicheros, no registrados codo a codo con inserciones híbridas (básico en blanco, resto no declarado) y vistas gordas. La subsistencia alrededor de la línea de flotación de pequeñas empresas y de millones de trabajadores. Un Estado sin poder de inspección. ¿La inspección termina en desempleo: cuándo y por qué? ¿Cuál es el vínculo entre los que registran y los que tercerizan para que sean otros los “negreros”? Pero la pregunta crucial es: ¿cómo viven hoy y cómo harán para vivir mañana, cuando envejezcan, los no registrados y los trabajadores pobres sin patrón?
Este dossier de notas es una colaboración entre La Nación Trabajadora y crisis que publicaremos en días previos al 1° de Mayo. Escriben Juliana Persia, Juan Manuel Villulla, Natalia Gelós, Paula Abal Medina y Martín Rodríguez.
