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apuntes desde jujuy en llamas
Desde junio de 2023, la provincia del noroeste vive afiebradas manifestaciones en sus calles, y pone en evidencia no solo el sistema represivo del Estado provincial sino una ebullición que derriba el mito de la plancha de la movilización social. Un tapiz que no se agota en lecturas lineales y que invita a pensar distintas aristas de un conflicto donde las grandes potencias geopolíticas ondean como telón de fondo.
Fotografía: Susi Maresca
19 de Julio de 2023
crisis #58

Los colores del arcoíris en cuarenta y nueve cuadrados. Siete columnas y siete filas que en su tonalidad representan la Pacha, la cultura, la sociedad, la naturaleza, lo cósmico. La wiphala se arma visualmente de esa forma y etimológicamente de dos palabras de origen aimara, wiphai y laphaqi: “el triunfo que ondula al viento”. Dicen que las primeras se encontraron en bolsas de totora con hojas de coca, que podrían haber sido creadas hace más de dos mil años.

Se acercan en grupos pequeños, aparecen por la ruta, desde el norte. Alguien lleva en alto una wiphala que luego se confundirá con las otras decenas que hay en el corte. Los reciben con aplausos. “Vienen desde muy lejos”, aclara alguien mientras cabecea para apuntar a los recién llegados. Los golpes de palmas se pierden en el silbido del viento, que es fuerte en esta parte de la Quebrada. Los recién llegados se acomodan en algún lugar. Cada comunidad ocupa un espacio y despliega petates según el tiempo que vaya a quedarse en el corte, o la cantidad de integrantes. Algunos llevan un cartel que enuncia su lugar: Chalala, Vicuñayoc. Al atardecer hablarán en la asamblea. Se reunirán comuneros, los que vinieron -muchos referentes quedaron al resguardo, por miedo a las represalias del gobierno provincial-. Discutirán en ronda. Cada quien dirá sus palabras. Las mujeres hablarán fuerte. Los hombres mayores, también. Los más jóvenes escucharán alrededor. Temprano, con la salida del sol, celebraron el Inti Raymi. Los primeros destellos de luz dieron comienzo al año para las comunidades andinas. 
En la asamblea se decide mantener el corte de ruta, no confiar en falsas promesas, sostener que la reforma constitucional debe caer, que ya no hay vuelta atrás. Un día antes, el 20 de junio, la represión en San Salvador replicó lo que acá ocurrió el sábado 17: detenidos, heridos, infiltrados. La policía provincial, desatada. Los ánimos, sin embargo, no tiemblan. Decidido el camino, cada quien volverá a su grupo, o se preparará para la noche. Oscurece y, a medida que eso pasa, se encienden los fuegos: llegan leños que perfuman el aire, la temperatura baja, del otro lado del corte, hay filas de autos y camiones que esperan para pasar cuando habiliten el paso, dentro de unas horas. Algunos turistas se le animan a la caminata y cruzan con sus valijas con ruedas, sus sombreros panamá, zapatillas que valen más que una oveja. Les quedan unos tres kilómetros hasta llegar a Purmamarca, pero atraviesan el corte con buen humor. Otros viajeros, los ya instalados, se acercan a esta parte de la ruta para bailar algún carnavalito en ronda. Los instrumentos de viento no dejarán de sonar. Se expande una calma atávica a medida que avanza la noche.

Dos grandes luchas confluyeron en Jujuy durante el otoño argentino: la batalla por mejores sueldos docentes, el clamor por que se anule lo votado por la Convencional Constituyente con 40 positivos reunidos entre el oficialismo de Juntos por el Cambio del gobernador Gerardo Morales y el peronismo provincial. “Arriba los salarios, abajo la reforma” se transformó en un grito de guerra que atravesó la provincia desde La Quiaca hasta las yungas, entre salinas, quebradas, valles. Un aullido que cruzó, además, clases sociales: docentes y comunidades indígenas en la punta de una lucha que también llevan en andas juventudes, estudiantes, trabajadores de todas las gamas que tocan bocina en los cortes de ruta para alentar. Junto a las banderas argentinas que cuelgan de los balcones de la capital provincial, flamea también la wiphala. Solo con andar las calles, las rutas, los pueblitos, se nota una electricidad cargada y activa, hacia adelante, que eyecta por igual al radicalismo o al peronismo, pero no derrapa en ideas reaccionarias, sino que avanza con la fuerza de un río desbocado. En un colectivo que va hasta el centro, en el hall de un hotel, en la calle mientras se escapa de los gases que lanza la policía, en una tienda, en cualquier parte surge la conversación: los artículos modificados en la constitución que se repudia, el interés internacional por el litio, el dispositivo de silencio que intentan imponer, la exigencia de que las cúpulas sindicales escuchen a las bases; esas son las conversaciones que asoman. Como si la provincia entera estuviera en estado de asamblea. Hay quienes se oponen, sí. Pero hay algo que ni recién empieza ni ya termina. 

“Hay un tridente entre docentes, comunidades indígenas y movimientos sociales -describe Anastasia García, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, trabajadora del INAFCI Jujuy-. Los docentes generaron el consenso que sumó otras luchas que necesitaban explotar por algún lado. Los movimientos decidieron apoyar en los últimos tiempos, pero no porque no quisieran hacerlo antes, sino porque no querían embarrar la cancha, porque están muy estigmatizados. La lucha de las comunidades indígenas sí tiene mucha legitimidad social”. García se acercó a acompañar el corte de Purmamarca, que es como la base nodriza del resto, aunque cada núcleo tomará sus propias características: Perico, Humahuaca, Abra Pampa. Para ella, este es un momento histórico, hacía muchísimos años que no se daba una reunión de comuneros de toda la provincia, en especial del sector más kolla de la Quebrada y la Puna. “Cada región tiene sus particularidades. La de los guaraníes es otra película que también hay que ver”, apunta y concluye: “En definitiva, lo que está de fondo es la cuestión de la tierra”. 
 

Se pueden trazar muchos mapas en Jujuy. Podrían pintarse las yungas, la Puna, la Quebrada, los valles. Un mapa geográfico, un mapa turístico, para todos los gustos como avisa el folleto que se entrega en el aeropuerto. Sin dudas, todos los colores posibles habitan acá. Pero hay otras marcas: el mapa de las comunidades originarias que reclaman sus territorios: Atacama, Chichas, Fiscara, Guaraní, Kolla, Ocloya, Omaguaca, Quechua, Tilián, Toara, Toba; 268 en total con personería jurídica registradas en 2020. Hay más, están las no registradas. También podemos pensar en el mapa de los recursos minerales; el mapa de los conflictos ambientales; el mapa de los negocios cruzados; el mapa de los capitales internacionales. De a poco, superpuestos, se mezclan y expanden como una mancha de tinta. Y una lectura posible estalla en la cara. 

“El litio es un tema complicado. A mí mi viejo me pudo dar una educación terciaria. Para mí es más sencillo comprender lo que está haciendo Morales ahora. Estamos en el triángulo del litio, ¿sabía? Una de las reservas más grandes del mundo. La energía del futuro. Y eso afecta a las comunidades más chicas. Siempre va a haber daños ambientales. Tenemos que defender todo esto, porque el día de mañana no va a poder cosecharse la papa, el haba, lo que rige el día a día de la Quebrada. Hay gente que no trabaja solo en la minería. Se dedican a la agricultura, a la ganadería, y si no encuentran más los nutrientes de la tierra, ¿qué van a hacer? Si se van, se produce el desarraigo”. Kevin Cruz, obrero, en sus veintitantos, padre de dos niñas, viste el mameluco de trabajo, recién salido de un largo turno de la minera El Aguilar. Junto a sus compañeros comen un guiso comunitario, cocinado por las mujeres en el faldeo de un cerro. Una olla de fuego eterno que irá cambiando su contenido pero no menguará su actividad. Hay para todos a esta altura del corte en la RN 9, a tres kilómetros de Purmamarca, a metros del río, entre rocas, cardones y un cielo celeste que obliga a bajar la cabeza. Kevin se para como un trabajador de generaciones de trabajadores, representante del grupo que se acercó a donde están las comunidades y marchó hacia la capital para una de las tantas marchas de antorchas que se mantendrán mientras se hacen estos apuntes. 

La estructura de negocios provincial formaría así: de las actividades del azúcar, el grupo Ledesma, Budeguer y la familia Riera del Ingenio Río Grande, con capitales nacionales. En la minería, dentro del litio, destacan la fusión titánica entre la australiana Allkem y la norteamericana Livent, y Exar, de capitales chinos y canadienses. Por otro lado, está la minera Aguilar, del grupo Vila Manzano. Se suman grupos menores, de capital coreano. También cuentan las acopiadoras de tabaco: Massalin, que es norteamericana, Alliance One, de capitales británicos, y la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy que agrupa la burguesía local terrateniente. Esas son las principales actividades. A continuación, en menor escala, se pueden sumar las cadenas de supermercado: Carrefour, Walmart, Vea y las constructoras, que son capitales locales y dependen de un modo u otro de la obra pública. Quien bosqueja es Gastón Remy, economista, docente de economía en la Facultad Cs. Económicas UNJu y concejal del PTS - FITU en San Salvador.

La lucha docente estalló el 5 junio. Ese día, a las movilizaciones se les sumó un paro rotundo encabezado por los dos gremios más fuertes: Cedems y Adep. Fue sostenido en el tiempo, y con algo de la reverberación de los reclamos salariales que en Salta tuvieron su vigor en especial de la mano de los docentes autoconvocados. Luego de la represión del 20 de junio, día en el que se juraba la reforma constitucional, el gobierno ofreció una suba que antes había retaceado. Cedems, en Asamblea, aceptó. Adep no. Pero las persecuciones que sobrevinieron a las manifestaciones posteriores llevaron a que Cedems llevara a un paro más por 24 horas. Las bases les reclaman. Se lo ve en las redes pero también en las calles y en las pequeñas localidades. Desde abajo presionan a las dirigencias para sostener las medidas de fuerza que exijan mejores salarios y no les suelten la mano a las comunidades indígenas. La figura del autoconvocado, tan fuerte en la provincia vecina, no es un dato menor. 

El gobierno de Gerardo Morales viene desde 2015, aunque su carrera en la política dentro de las filas de la UCR es de fines de los ochenta. En la última elección ganó su candidato dentro de la lista de Juntos por el Cambio: Carlos Sadir. Ese día, el 7 de mayo, fue elegido para presidir la Convención Constituyente que discutiría -es un decir- la reforma a la carta magna provincial. 
Esta reforma constitucional provincial viene desde septiembre de 2022, cuando Morales anunció su idea. Se reforzó en las últimas elecciones. Nació y explotó el jueves 14 de junio por la noche, cuando la votaron con una legislatura vallada, que contenía los ánimos caldeados. Poca información, movilizaciones desde semanas. Un polvorín. Hubo dos artículos que la revuelta consiguió torcer, el 50 y el 36, pero se sostienen los otros que apuntan a la entrega y el despojo. Un informe del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo en junio de 2023 analiza y concluye: “Sin participación ciudadana (participación pública según el Acuerdo de Escazú), sin consulta a los pueblos indígenas, en tiempos excesivamente cortos, atenta contra cualquier principio democrático (...) Si bien el texto incluye temas que en la actualidad serían considerados ‘políticamente correctos’, tales como el cambio climático, el bienestar animal, el bienestar espiritual, etc.; una lectura atenta desnuda finalidades incompatibles con un Estado que se pretende construir como igualitario, y que discursivamente señala que respeta a los pueblos indígenas. Las movilizaciones que se están dando cuestionando su legitimidad, y la represión ordenada por el gobierno, dan cuenta de ello”. Agua, litio, inversiones son el murmullo de fondo de cada texto donde hay ítems para inversiones de “potencias internacionales”; poder del Estado provincial, fomento al sector empresarial. 
Esta sed de litio viene de comienzos de este siglo. El consenso de que la transición energética será a través de esa energía pone el foco en esta región. El 8 de abril de 2022, el gobernador publicó un tuit dirigido a Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producción de litio más importantes del país se ejecutan aquí con una capacidad total de 80 k toneladas por año y 20 k hectáreas de reservas de litio disponibles para explorar. Somos Jujuy Verde”. Era en respuesta a una publicación del CEO de Tesla en la que se quejaba del precio del litio que usa para sus autos. Meses después, en octubre, la Ley de Humedales perdía una oportunidad más de avanzar en el Congreso. La presión de los gobernadores del Norte Grande fue crucial para eso. El proyecto, presentado por Leonardo Grosso, contaba con el apoyo de 500 organizaciones socioambientales. Morales, por entonces de gira por Estados Unidos, fue figura clave de ese tackle. “Los recursos naturales pertenecen a las provincias”, dijo. (Desde 1993, la Ley 24.196 establece que, dentro de la actividad minera en el país, las provincias tienen el control sobre los recursos naturales y la potestad para regular). La región de las salinas donde se llevan adelante los principales proyectos de minería del litio se asienta en un territorio de humedales. Una ley que los proteja frenaría inversiones y dólares. Las cuentas son claras. La idea de que un humedal es para un sector solo una mina que explotar, también. 

Los reclamos de las comunidades indígenas por sus territorios vienen de mucho, mucho tiempo atrás. 
En el otoño de 1946, un grupo de 174 indígenas marchó a Buenos Aires. Se trató del Primer Malón de la Paz, que llegó a la capital en agosto, desde Abra Pampa. Una larga procesión en defensa de las tierras. Un grito de atención para el gobierno de Juan Domingo Perón. Los recibieron, pero el conflicto que encarnaban se transformó luego en algo incómodo, algo que sacarse de encima. Finalmente, los obligaron a tomarse el tren de vuelta a la Quebrada. Más allá de los resultados, la larga marcha fue un antecedente que enraiza con las luchas por la tierra. 
El Segundo Malón fue en 2006. Esta vez cortaron rutas, hicieron asambleas y le exigieron al entonces gobernador Eduardo Fellner que acatara un fallo que lo obligaba a entregar un millón de hectáreas a kollas y guaraníes. El Tercer Malón ocurre ahora, en 2023. Una reunión histórica que viajó hasta Buenos Aires para reunirse con el presidente, que mantiene asamblea, corte de ruta y una lógica de liderazgo transversal. 

Sí, el litio. En la Puna hay veinte comunidades que viven de la ganadería y de la exploración de las Salinas y se oponen a lo que llaman saqueo, además de que enfrentan otros conflictos como la apertura de caminos sin consulta. Pero no solo eso. Anastasia García, del MNCI, enumera algunas de las diversas disputas que desde La Quiaca hasta los valles templados abren un abanico de pasivos ambientales, despojos y avances inmobiliarios. Por enumerar solo algunos: la expropiación de una tierra comunitaria de la Quiaca Vieja para el desarrollo de una Zona Franca de mano de la provincia; el avance de negocios turísticos en la Quebrada, en la Comunidad Cueva del Inca, que impiden el acceso al agua. Desalojos, desmontes para producción de granos, quita de personería jurídica. Los casos se repiten. Uno más que menciona García, en Perico: al menos tres familias desalojadas por el avance del parque industrial provincial que invierte en cannabis con fuerte presencia de los Morales. Los claroscuros de las soluciones verdes. 

17 de junio: cuatro represiones de la policía provincial en el cruce de Purmamarca. La última por la noche. Dispararon con balas de goma y gases. Las caras quedaron con la huella. Misael Lamas, de 17 años, perdió un ojo. 
20 de junio: represión durante las marchas en contra de la reforma constitucional. Gases, balas de goma, caballería, persecuciones y razzias. Detenidos, heridos, Jorge Aguirre perdió un ojo. 
28 de junio: un grupo de policías entró en la casa de la docente Camila Müller. Fue golpeada y amenazada. Algo similar pasó en la casa de la familia Domínguez, en el barrio Alto Comedero. Ese mismo día, allanaron la casa de Milagro Sala, en busca de algo que la vinculara con las protestas del 20 de junio. No encontraron. 
1 de julio: represión en Humahuaca a manifestantes que pedían que el municipio se expresara en contra de la reforma. Joel Paredes perdió un ojo. 
4 de julio: la Fiscalía de Estado de Jujuy explicitó que tronaría el escarmiento. Un detallado paseo por códigos penales para asustar. Miguel Rivas, fiscal de Estado, Guillermo Corro, ministro de Seguridad, y Sebastián Albesa, procurador, dan el mensaje ante las cámaras. Recurren a palabras como “reuniones públicas tumultuosas”, “sedición”, anuncian que buscarán a responsables por la prensa, filmaciones, elementos testimoniales, que hay 150 expedientes con imputaciones, cinco sentenciadas, “innumerables números de causas”.

La justicia es un brazo más del pulpo disciplinador. En Chubut lo saben. Desde allá viajaron integrantes de Luan, el colectivo fotográfico, para acompañar en la lucha en la Quebrada. Saben de asambleas, de defensa de territorios, de persecuciones y transversalidad. Alex Dukal recuerda: “En Chubut, el 3 de julio se inicia una causa por las detenciones, golpes y torturas a un grupo de militantes que a fines de 2019 participaban de una manifestación que terminó en represión. Y hay 23 procesados por un corte de ruta cuando la legislatura rechazó la iniciativa popular en 2021, antes de Chubutaguazo. La gendarmería no quiso desalojar y terminó haciéndolo a las 3 de la mañana el ministro Mazzoni”. Las líneas son claras. Al igual que en Catamarca, donde las asambleas en defensa del agua, integradas también por comunidades indígenas, son de larga data. “La represión y la criminalización como formas de imponer más extractivismo son comunes”, dice Verónica Gotissa, abogada que acompaña allá a la comunidad atacameña del Altiplano donde, en un breve pantallazo, cuenta al menos noventa judicializados en los últimos años entre Choya y manifestantes del centro de la provincia. 

“Entonces tenemos que salir a la lucha porque somos jóvenes. La mayoría de mis compañeros tienen entre 23 y 27 años. Yo lo aprendí de antes porque mi papá es minero. Él desde siempre me enseñó que la lucha por el pueblo es lo más sensato. Para nosotros es nuestra esencia, y estos cerros, estas rutas, estos ríos son nuestra esencia, lo que criamos, nuestros hijos que crecieron acá. Ahora que tengo dos hijas les estoy enseñando de dónde venimos, dónde nacimos, de dónde somos, sus propias raíces. Estamos acá para darles el ejemplo de que esto es nuestro, de nosotros. No puede venir cualquier político a decir lo que quiera. Cuando fue el éxodo jujeño, ¿quién tuvo que salir de acá? Los jujeños, por un acto de amor a la patria. Esto es un acto de amor a la patria, también”, medita Kevin antes de ir a marchar junto a sus compañeros. Los despiden con aplausos. Las nueve minas en la provincia, donde además del mineral del momento se explota zinc, plomo, plata, tienen un vínculo con tensiones. Por un lado están las disputas, los territorios lacerados, pero los trabajadores no entran en ese globo. Está claro que son trabajadores. ¿En el trabajo estaban de acuerdo con que marcharan? “El sindicato nos brindó su apoyo”, responde Cruz. 
Gustavo Ontiveros es antropólogo, docente y forma parte de la Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy. Estudia desde hace años las prácticas de las mineras y la clase política local. Desconfía de las buenas intenciones de las patronales y dice: “Las empresas saben que somos muy agradecidos y entonces nos brindan su amistad, su sonrisa, traen regalos y luego exigen la reciprocidad. Entonces vienen y después, cuando querés exigir la tierra, te muestran qué te dieron. Y lo hacen a hurtadillas. Y eso luego genera peleas”. Mientras, a su lado, los docentes cantan: “Subime el sueldo/ dale, Morales/ subime el sueldo/ que no me alcanza/ hasta fin de mes”. Ontiveros ve con preocupación lo que pasará si se quita la atención de este asunto. Conoce los años de disciplinamiento del gobernador y hace una lectura de su armado de poder: “Fue cambiando la justicia, haciendo una gran propaganda de que lo mejor para una paz era lo que él imponía, y después fingió gran interés en los pueblos indígenas, dice que su gobierno lleva la noción de Pachamama. Todo el tiempo hablando de la paz, la paz, la paz. Y demoniza cualquier tipo de protesta. Primero la sociedad estaba de acuerdo, así ganó varias elecciones. Pero ahora se ven las consecuencias de eso”.

La figura del autoconvocado cobra fuerza. A más de un mes de conflicto, los docentes siguen en lucha por sus salarios, las marchas de antorchas iluminan la plaza de la gobernación con persistencia y las comunidades mantienen los cortes en las rutas. Hubo pronunciamientos de organismos internacionales, una presentación del gobierno nacional ante la Corte Suprema para pedir la inconstitucionalidad de la reforma. Morales, en tanto, mantiene su cruzada criminalizadora, ahora, como precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, con una política represiva que se vuelve, en parte, acción de campaña. Si el laboratorio represivo es en Jujuy un work in progress, la lucha para enfrentarlo también. Se trata de una carrera de resistencia. 

La licencia social es un grano en la nariz de cualquier planteo desarrollista. Una encerrona que no se desenreda solo con la promesa de reducción de la pobreza. Quizá desde los fuegos de los Esteros de Iberá en Corrientes que un conflicto provincial no afectaba así. Más allá de las particularidades de cada caso, hay un hilo rojo común: la tierra, el colapso climático, un modelo de desarrollo que se muerde la cola y una crisis estructural que ya no puede esconderse. Al decir de Nancy Fraser en Capitalismo caníbal: “Una crisis general cuyos efectos hacen metástasis en todas partes y provocan una pérdida de confianza en las visiones del mundo establecidas y las élites gobernantes”. Habla de la encerrona del capitalismo, habla, sin hablar, también de Jujuy. 

Alrededor del fuego llegarán mujeres mayores, señoras sabias, con palabras para quienes forman la ronda. Son mensajes de cuidado de la naturaleza, de respeto por eso que forma parte de todos. “Si tomamos una piedra, una planta, algo que nos da la tierra, pedimos permiso, y agradecemos”, dice una de ellas, que aparece de noche, que viene sanando caminos y seguirá por su huella. Willy la escucha. Él es de la Comunidad Miraflores y uno de los que hace semanas resisten en Purmamarca. Es, también, quien dirigirá otras ceremonias. Por la mañana, por ejemplo, con las manos elevadas a los cerros, por donde sale el sol, compartirá con quienes están ahí un saludo que es agradecimiento. Dará un abrazo, dirá: “Hasta siempre” y seguirá ahí, ofreciendo hojas de coca a la Pacha. Silvia Federici rescata en Ir más allá de la piel una parte de la faceta reproductiva del trabajo político: “Las cenas colectivas, las canciones que refuerzan nuestro sentimiento de ser parte de un sujeto colectivo o las relaciones afectivas que desarrollamos entre nosotros”. Las fiestas, dice, como un modo de construcción solidaria, que resignifica nuestro afecto y responsabilidad mutuos. Mientras hay quienes ven en la vida privada el último refugio del mundo contemporáneo, acá, en medio de cerros y quebradas, se sostiene la ronda, un plato de comida que circula, la honra al fuego que arde en toda la provincia con llamas que ni recién nacen ni dan señales de que se vayan a apagar. | |

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