Timberos del mundo de las finanzas, empresarios de los más diversos sectores, firmas con denuncias graves en su contra y que ganan licitaciones por cifras suculentas, funcionarios de distinto rango, trabajadores de PAMI, ANSES, Tandanor, la Televisión Pública y Trenes Argentinos, individuos imposibles de hallar que transfieren hasta siete veces en un día y futuros legisladores, entre muchos otros, aparecen financiando a La Libertad Avanza en todo el país con sumas que oscilan entre lo insignificante y casi 140 millones de pesos de una sola vez. 

Cualquiera que tenga la costumbre de consultar, a través de la web de la Cámara Nacional Electoral, la lista de aportantes de cada partido político de la Argentina tiene la certeza de que predomina una tendencia endogámica. Es así porque la mayoría de los nombres y apellidos de quienes inyectan dinero son los de, por ejemplo, los propios militantes, funcionarios, secretarios y asesores legislativos o de los respectivos poderes ejecutivos.

Sin embargo, en este plano, fundamentalmente desde 2024, aparecen numerosos empresarios y firmas transfiriendo millones de pesos para el “desenvolvimiento institucional” y la campaña electoral del partido del presidente Javier Milei. Esto quedó plasmado por medio de los aportes de empresas como Agropez de Conarpesa, Five Corporation S.A, Morefeed Nutrición S.R.L, Magallanes  Media (que obtuvo una licitación por 1300 millones de pesos ) y Woden Energía de la familia Neuss. También, hay nombres particulares como el de Sebastián Braun, señalado como uno de los organizadores de los viajes internacionales del presidente. O Juan Ignacio Abuchdid, que forma parte de la dirección de Dycasa SA., empresa emblema de la obra pública. O Esteban Nofal, del fondo de inversión Cima. O el abogado Santiago Zavalía y el bróker Nicolás Balogh-Kovács.

La Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos establece en su artículo 4 un modelo mixto por el cual las fuerzas obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales. Es el artículo 14 el que precisa la modalidad, al señalar, en su inciso B, que pueden recibir donaciones “de otras personas humanas —no afiliados— y personas jurídicas”.

Más allá de la letra de la norma, cualquier baqueano de la política sabe que generalmente los empresarios eligen otros caminos, básicamente para que sus nombres no queden pegados a determinadas facciones políticas. Esos senderos alternativos suelen ser opacos y, a la postre, llenos de irregularidades, como cuando el flujo de sus aportes electorales se canaliza  por medio de eventos organizados por fundaciones ligadas a dirigentes y/o candidatos. Ejemplos sobran, uno de los más sobresalientes es el de la ONG Ícona, que conduce la recaudadora de Patricia Bullrich, María Oneto. En el caso de La Libertad Avanza, en el centro de la atención se encuentra la Fundación Faro, liderada por el intelectual del integrismo católico Agustín Laje. 

los que la mandan
 

Hasta septiembre, el nombre propio que lideraba el ranking de los aportantes que más dinero volcaron en el partido libertario era el de Lucas Talamoni Grether, CEO de Black Soil, una empresa dedicada al mercado de los fertilizantes. Desconocido para la mayoría excepto para quienes tienen buena memoria, en Argentina su nombre quedó en el centro de las especulaciones cuando, en 2017, se conoció el escándalo mundial de Cambridge Analytica, empresa relacionada con Steve Bannon, publicista de Donald Trump, dedicada a la manipulación psicológica de las poblaciones en contextos electorales.  ¿Qué tiene que ver esto con Lucas Talamoni, cuya actividad principal está relacionada con los cultivos?

Sencillo: a partir de la amistad que forjaron en Londres, donde el argentino vivió hasta 2012,  Talamoni le ofreció a Alexander Nix, ex director ejecutivo de Cambridge Analytica, que utilizara la dirección de su oficina en Buenos Aires como una de sus sedes a los fines de dar la impresión de tener una firma global. Eso hizo que, cuando estalló el escándalo mundial de Cambridge por haber utilizado millones de datos de cuentas de Facebook en diferentes lugares del mundo, entre ellos Argentina, el vínculo entre Talamoni y Nix quedase en el centro de todas las miradas. A su vez, Nix formaba parte de la línea fundadora de la empresa de Talamoni, Black Soil, algo que curiosamente el argentino asegura que fue un error en la confección de la web. Más allá de esto, Talamoni nunca integró la firma de Nix, que fue condenado en Gran Bretaña y ahora está en litigio judicial porque considera injusta la sentencia. Sin embargo, la relación entre ambos continúa, al punto de que hace unos meses Nix visitó a Talamoni en Argentina.

Entre el 7 y el 25 del pasado febrero, Talamoni realizó cuatro transferencias, de las cuales tres fueron de 9.900  millones de pesos y una de 6.300 millones de pesos. El destinatario fue LLA. El empresario aseguró, en diálogo con crisis, que es la primera vez que aporta electoralmente y lo hizo porque espera “que Milei se quede un buen tiempo más. Uno tiene que aportar su granito de arena y no verlo siempre desde afuera de la cancha. Para corregir, hay que involucrarse y embarrarse”.

Sin embargo, ahora Talamoni fue relegado por Agropez, empresa que pertenece a Conarpesa, del empresario Fernando Álvarez Castellano. El 4 de septiembre, por medio del Banco Galicia, Agropez transfirió 137 millones de pesos a La Libertad Avanza. En 2023, se supo que Agropez SA estaba siendo investigada, a partir de una denuncia de la Aduana, por subfacturación de exportaciones de langostinos a China y España. La subfacturación se concretaba a través de una triangulación de ventas al exterior y pagos de servicios ficticios a firmas supuestamente extranjeras. Castellanos, naturalmente, lo negó. Recientemente, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos seccional Puerto Madryn presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo local contra las empresas Conarpesa y Agropez por presuntas prácticas laborales irregulares y por “provocar un clima de violencia que pone en riesgo la paz social en los puertos de la provincia”. La presentación, firmada por el secretario de dicha seccional, César Zapata, señaló que ambas compañías convocaron a los tripulantes de marinería para embarcar “bajo la condición de firmar una reducción de la producción”, advirtiéndoles que, de no aceptar, quedarían excluidos de las embarcaciones. Según el gremio, esto constituye una “represalia laboral” y un incumplimiento del convenio colectivo de trabajo vigente.

Siguiendo con las firmas que aportan al partido de gobierno, Woden Energia transfirió 35 millones de pesos a LLA. Se trata de una empresa que pertenece al Grupo Neuus, controlado por los hermanos Juan y Patricio Neuss. Woden no solo mira al gobierno nacional, también viene pisando fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, distrito en el que ganó licitaciones de mantenimiento de espacios públicos. No es nueva la aparición de Woden en los reportes de campaña electoral, ya que en 2019, por ejemplo, según el informe de campaña de Juntos por el Cambio, esta empresa había aportado para apoyar la reelección de Mauricio Macri. Los intereses de los Neuus son diversos, tal como queda a la vista en el Registro de Audiencias, en donde Patricio Neuus tiene registradas varias reuniones, por caso, con el ministro de Defensa, Luis Petri, tanto para discutir cuestiones relacionadas con Tandanor como para invitarlo a su casamiento.

En el mundo empresarial también selló su participación, tanto en 2024 como en 2025, Morefeed Nutrición S.R.L.cuyos directores son Juan José Couderc y Guilllermo Uriarte. Entre la empresa y sus directores en total transfirieron 10.400 millones de pesos. Lo llamativo en este caso es que el aporte se inscribió desde Córdoba a pesar de que la firma tiene domicilio en Lobos, provincia de Buenos Aires.

También dijeron presente el representante de Loma Negra en Buenos Aires, Galo Saag, con 20 millones de pesos, Bonmed SA (14 millones de pesos), SERMISUR S. A (50 millones de pesos), Direct Group S.A (20 millones de pesos), Promofarma S.A (25 millones de pesos), Logico S.A (20 millones de pesos),  Unisend S.A (60 millones de pesos), Invernea SA (23 millones de pesos), GMC Valores S.A (30 millones), MCM Mobile Content (10 millones de pesos),  Majdalani Inox (2,5 millones), Five Corporation (5 millones de pesos) y Francisco Scordamaglia de Femani Medical (10 millones de pesos), entre muchos otros.

ícono recaudatorio
 

La histórica usina de ideas de Patricia Bullrich, conocida como Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), luego de diversos y resonantes problemas, cambió de nombre y ahora se llama Ícona. Pero para que nadie se confunda puso al frente a la recaudadora oficial de su campaña presidencial: María Oneto

Nada sorprendente hasta ahí, excepto si se tiene en cuenta que en 2023, cuando el mencionado instituto fue suspendido por la Inspección General de Justicia, empleaba los mismos métodos de recaudación que está utilizando ahora, los cuales incluyen el acceso privilegiado a funcionarios por medio de reuniones pagas.

El 22 de julio de 2024, el Boletín Oficial comunicaba la donación 3334 artículos de primera necesidad y treinta teléfonos celulares realizada por la Secretaría General, que conduce Karina Milei, al IEES de Bullrich. En ese momento, el Instituto ya había iniciado los trámites para cambiar su nombre y pasar a llamarse Ícona, paso previo para empezar a negar cualquier vinculación y presentarse como agencia de empleo. Era comprensible el cambio de nombre ya que, en los últimos años, el IEES había quedado en el centro de los cuestionamientos por múltiples problemas que terminaron con la intervención por 180 días dictaminada por el Ministerio de Justicia de la Nación, siguiendo lo que determina el inciso J del artículo 10 de la Ley N°22.315. En dicha oportunidad, a pedido de la Inspección General de Justicia, la cartera que conducía Martín Soria estipuló que en el mencionado Instituto se desplegaron “acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

Ahora bien, como se dijo, cuando el IEES recibió la donación del Gobierno, ya estaba en desarrollo el cambio de nombre (ahora Ícona) y de composición. Fueron ungidos en la conducción Juan Roza Alconada, quien no tiene registrada participación política activa y procura modificar la Ley de Salud Mental como una de sus metas, y María Oneto, exintegrante de la SIGEN durante el gobierno de Mauricio Macri y, como decíamos, recaudadora de la campaña presidencial de Bullrich.

En Ícona aseguran que nada tienen que ver con el anterior Instituto de la actual ministra de Seguridad y que poseen proyectos de empleo para sectores vulnerables como el denominado “Matías”, destinado a personas vulnerables, en situación de calle, “que tienen deseos de cambiar su realidad y les brindamos las herramientas necesarias para que consigan un trabajo genuino en el sector productivo”.

Sin embargo, con solo aguzar la mirada, nuevamente aparecen algunas rarezas. A partir de su vinculación con Bullrich brindan acceso directo, mediante charlas recaudatorias (con aranceles que oscilan entre 350 mil y 500 mil pesos), con funcionarios del Gobierno. Se trata de un acceso exclusivo para un máximo de dieciocho personas.

¿Una ONG ligada a una ministra de Gobierno que cobra charlas (nombradas como “conversaciones cercanas e íntimas”) a partir de recibir a funcionarios públicos? Sí, leyó bien. Y como ejemplo sirve un botón. Pasaron por las reuniones aranceladas de Ícona la propia Bullrich y su legislador de cabecera Juan Pablo Arenaza; Juan Pablo Lavigne, secretario de Comercio; Santiago Bausili, presidente del BCRA; Juan Curutchet, director del BCRA; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Luis Lucero, secretario de Minería nacional; Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, y Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, entre otros.

En un país donde esté regulado el lobby, nadie dudaría sobre qué etiqueta ponerle a lo que está ocurriendo ahí.

con la tuya
 

Merecen un párrafo aparte los funcionarios y quienes aportaron antes de ocupar un lugar en la lista que competirá en octubre para ingresar en el congreso nacional. Por ejemplo, los integrantes de la Federación de Expendedores de Combustibles de Córdoba (FECAC), Gonzalo Gabriel Roca y Jorge Andrés Bauzá, quienes aportaron en dos ocasiones. La FECAC tuvo como secretario al hoy diputado nacional libertario, Gabriel Bornoroni, quien el año pasado aportó 1.5 millones de pesos. La política cordobesa también sumó, por caso, a través del director de PAMI Córdoba, Marcos Patiño Brizuela, quien realizó dos transferencias el 3 de diciembre de 2024. El mencionado Gonzalo Roca va como candidato a diputado nacional por Córdoba.

Recientemente hicieron su aporte en repetidas ocasiones durante una misma jornada, Pablo Peralta de PAMI Mendoza y Marcos Campos, de ANSES Salta; Ricardo Chiconi, del Instituto Nacional de Vitivinicultura; Lucía González recientemente nombrada en la Secretaría de Cultura de Nación; Esteban Pepe y Gerardo Pérez de Tandanor; Gonzalo Aldao, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y a cargo de la Dirección de Gestión de la Fundación Faro; Martín Esteban Gutiérez, con cargo jerárquico en la Televisión Pública; Dulio Nelson GAUNA, a cargo la delegación de Migraciones, en Comodoro Rivadavia; Leandro Antonio Ruata, jefe de la Unidad de Atención Integral de Trelew, entre muchos otros.

Llama la atención los sistemáticos aportes que provienen de la cúpula libertaria de Trenes Argentinos. Por ejemplo, entre octubre del año pasado y febrero de 2025, Pablo Martín Gunning, director de Trenes Argentinos, aportó 10 millones de pesos. Seguramente, para no quedarse atrás, el director de Belgrano Cargas, Leandro Ostuni Rocca, lo emparejó y transfirió otros 10 millones de pesos entre noviembre y febrero. Lo mismo deben haber sentido Mariano Jose Pelayo, también director de Trenes Argentinos, que colaboró con seis millones de pesos, y Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas, quien envió 7 millones de pesos.

Hay provincias en las que LLA presenta algunas rarezas que si se revisan todos los aportes ya las convierte en un método. Una de ellas es Catamarca, en donde María Julieta Sesin hizo siete transferencias, todas el 26 de marzo de este año. Cuatro fueron por Naranja X mientras que las restantes se realizaron por medio del Banco Hipotecario. Al día siguiente hizo tres transferencias también en Catamarca Gonzalo Jesús Díaz Gervan. Pero ambos fueron superados por Agustina Isabel Osuna, quien el 31 de marzo hizo once transferencias. Osuna responde al diputado provincial Jonathan Lencina, quien a su vez es presidente del Partido Libertario de Catamarca. En los últimos días, María Inés Ramos hizo siete transferencias solo que en Neuquén

Movimientos similares fueron registrados en San Juan, en donde Laura Edith Mercado, llamativamente el mismo día realizó tres transferencias a LLA y otras tres a Acción por una Democracia Nueva, fuerza liderada por el mileista José Peluc. También, sucedió en Salta, Jujuy y Mendoza.

¿Por qué llama la atención? Porque se asemeja bastante a la técnica descrita por la exdirectora de PAMI Marcela Coronel, quien remarcó, en una entrevista concedida a Futurock, que la obligaban a aportar de su sueldo y lo hacían a través de numerosas transferencias. Este es un mecanismo que se repite en todo el país: un sistema de retornos a cambio de los puestos concedidos en organismos públicos.