la ministra de seguridad

Habían pasado apenas 19 días de la asunción del presidente Javier Milei, cuando su flamante ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocó a una Conferencia de Prensa: “Queremos comunicar un golpe al narcotráfico y al crimen organizado”, dijo. Y argumentó que era clave desarmar los entramados financieros donde se lava el dinero generado por “las organizaciones que le roban la vida a nuestra gente”. Según el anuncio, habían logrado perforar al clan de Miguel Angel “Mameluco” Villalba, quien cumple una condena de 27 años en la cárcel de Ezeiza pero seguía operando en el distrito bonaerense de San Martín a través de sus hijos.

Entonces apuntó decididamente contra un grupo  empresario que sería el principal eslabón de “esta red compleja y sofisticada”: Lener Constructora SA y el Grupo Dinal. Bullrich explicó su estrategia: "Se ha logrado penetrar no solo en los puntos de venta, que siempre es importante porque de ahí se tira de la cuerda, sino llegar al origen del financiamiento que significa la posibilidad de extinguir el dominio de todo lo que tienen que ha sido producto del delito y de esta manera dejarlo sin recursos para que sigan operando". Pronto veremos que una vez más la iniciativa quedó en el plano de las intenciones, mientras los acusados continúan desarrollando sus negocios, avalados por el poder político.

La ministra de Seguridad tenía un machete que por momentos leía para extraer información precisa: una “gacetilla de prensa” que circuló aquel 29 de diciembre de 2023 entre periodistas especializados, con la documentación del caso. El informe no dejaba lugar a dudas sobre el papel del grupo empresario cuyos dueños eran mencionados como la “familia R”. Resumimos los pasajes más explícitos:

• Los investigadores descubrieron que los financistas de los narcos “habían depositado grandes cantidades de dinero en efectivo en cuentas de una gran empresa constructora de San Martín. Esas imposiciones eran periódicas y ocurrieron desde 2020 en adelante. Tal circunstancia llamó la atención de la Justicia, que solicitó todos los depósitos en efectivos que poseía la cuenta de la constructora, llevándose la sorpresa de que otro de los encartados en la causa de narcotráfico, vinculado a la movida nocturna de los boliches Porto Soho Y Lyo - Velvet, también figuraba entre los depositantes”.

• “Con estas novedades, la jueza Vence conformó un nuevo expediente judicial, dando intervención a los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, quienes descubrieron que en el período de un año, los precitados depositaron más de 400 millones de pesos en efectivo en las arcas del Grupo Dinal y Lener Constructora S.A., una empresa propiedad de la familia R., con raíces precisamente en la localidad de San Martín, cuna de Mameluco. La hipótesis generada por la policía y la Justicia es que el Clan Villalba llevaría dinero producto de las actividades narco a la financiera ilegal de Pellati, que según se calcula, superaría los 22 millones de pesos diarios. Luego, parte de ese dinero sería depositado en diversas cuentas de la empresa Lener para financiar proyectos inmobiliarios en San Martín, Luján, Nordelta, Mar del Plata e incluso Brasil”.

• “Con motivo de todas las circunstancias expuestas, la Justicia Federal de San Martín libró 21 allanamientos en diversas sedes del Grupo Dinal y Lener Constructora, como así también sobre las escribanías con las que trabajan y las viviendas de sus socios. Los resultados fueron más que sospechosos: la inmensa cantidad de documentación secuestrada daría cuenta de que los proyectos inmobiliarios desarrollados por el Grupo Dinal serían financiados en gran medida por empresas de las cuales forman parte sus mismos dueños, es decir, harían las veces de constructores e inversores, como si se autofinanciaran. Cuando los investigadores policiales quisieron ubicar las sedes de esas firmas, se encontraron que solo existían en los papeles, llegando a Estudios Contables”. 

• “Asimismo, se resalta en el expediente que el grupo inmobiliario habría tenido un crecimiento exponencial durante la pandemia, congruente con el período investigado por el aumento de la actividad del Clan Villalba, viendo que incluso uno de sus integrantes compró un club en España: el Deportivo Guadalajara. Allí jugó al fútbol uno de sus hijos, quien también forma parte de las empresas bajo sospecha. No obstante, la historia no termina ahí. En 2020 Los R. crean Lener Emprendimientos Sl en España para la representación de futbolistas y DNL Proptech para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos. La Justicia cree que podría tratarse de uno de los mecanismos para la fuga de capitales ilícitos”.

el intendente de La Feliz

Dos meses antes de la rimbombante revelación de Bullrich, el Concejo Deliberante de Mar del Plata recibió un Proyecto de Ordenanza (páginas 159 a 162) enviado por el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Jorge González, y por la Concejala de la Coalición Cívica, Rosa Liliana Gonzalorena, que proponía desafectar “del distrito Residencial Tres (R3)” a un predio ubicado en la esquina de las calles Güemes y Colón, para “afectarlo al distrito Central uno “a” (C1a)”. Dicho cambio respondía a un pedido de excepción solicitado por la firma Lener Constructora SA, quien buscaba edificar en esa parcela una torre de catorce pisos donde el Código de Ordenamiento Territorial solo permite ocho.

Al enterarse a través de los medios de comunicación de la grave acusación vertida por la ministra de Seguridad contra la misma empresa que solicitaba licencia para desarrollar el negocio inmobiliario, la presidenta de la Comisión de Obras del legislativo municipal, Angélica González, también de la Coalición Cívica, decidió ponerle un freno al trámite. “Fue por sentido común”, nos dijo.

Durante 2024 el expediente se mantuvo pisado, prácticamente sin movimientos. Hasta que el 18 de febrero de 2025 ingresó al Honorable Concejo un escrito (página 179 a 215) presentado por el estudio de abogados de la empresa, que asegura no tener “ninguna duda de que las sociedades y sus titulares en modo alguno serán vinculados a esta investigación”, en referencia a “la causa en trámite ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín”, donde se tramitan “hechos supuestamente delictivos cometidos por terceras personas ajenas al Grupo”. La carpeta incluía una serie de reportes provenientes de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), pero no parecía demasiado convincente en su afán por disipar las sospechas sobre las empresas acusadas. Así lo que determinó un análisis realizado a pedido de crisis por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), quienes concluyen:

• Que estamos ante “un cuadro de situación elemental, del que se puede colegir que -al menos- existen alertas significativas (Red Flags), de alta exposición a riesgos de lavado de dinero de origen ilícito”.

• Que “debería analizarse si la sola presentación de una nota de un estudio de abogados reviste mérito suficiente para dejar de lado otros aspectos que, según criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, podrían justificar razonablemente la decisión de no llevar adelante inversiones inmobiliarias idóneas para la puesta en circulación de fondos sospechados por su eventual origen ilícito”.

• Y que “de allí se desprenden elementos indiciarios significativos que deberían ser merituados con mayor detenimiento desde el punto de vista administrativo, en especial frente a la eventual responsabilidad que pudiere caber a los funcionarios públicos que mediante sus decisiones pudieran facilitar la habilitación de negocios especialmente expuestos a la atracción de flujos financieros ilícitos”.

Sin embargo, el martes 17 de junio último la Comisión de Obras del Concejo Deliberante votó la solicitud de excepción sin realizar ninguna otra consulta complementaria y con un debate que, a pesar de lo espinoso del caso, duró exactamente 1 minuto con 20 segundos. En el video de la fugaz sesión puede constatarse, entre los segundos 0:45 y 2:05, que el propio vicepresidente de la Comisión, el concejal libertario Luis Recalt, decide abstenerse con una formulación enigmática: el expediente “genera algunas cuestiones, algunas dudas, y esto tiene otros tratamientos”, afirma. Luego el concejal Juan Cheppi, del Frente Renovador, manifiesta su oposición. Y acto seguido el oficialismo, conformado por la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y el PRO, aprobó el despacho de manera automática y sin siquiera explicitar individualmente el voto de cada concejal. 

A la semana siguiente el proyecto se aprobó también en la Comisión de Legislación, Interpretación, Reglamento, en este caso con la oposición de dos legisladores: Mariana Cuesta, de Unión por la Patria, y Horacio Taccone, del partido vecinalista Acción Marplatense. Cuesta explicó la irregularidad de la empresa beneficiada, incluso publicó su intervención en las redes sociales, pero la denuncia no tuvo eco. Acto seguido, el oficialismo impuso su decisión con idéntico automatismo. Dos días más tarde, el miércoles 25 de junio, la ordenanza fue aprobada en el pleno del Concejo con el rechazo de todos los bloques opositores y el apoyo únicamente del oficialismo. 

Ese mismo viernes, el intendente de General Pueyrredon Guillermo Montenegro promulgó el decreto (páginas 220 y 221) en favor de la empresa Lener Constructora SA. La reactivación del expediente, luego de largos meses de letargo, tuvo lugar a comienzos de un año electoral y el visto bueno se concretó justo dos meses antes del comicio en que el jefe comunal se presentó como cabeza de lista de la ultraderecha en la Quinta Sección bonaerense. No hay forma de acceder a los aportes a esa campaña.

Fuimos hasta el predio de Güemes y Colón, ubicado a dos cuadras del Torreón del Monje, en una zona inmobiliaria particularmente valiosa, y constatamos que el emprendimiento de la empresa denunciada por blanquear fondos de una importante banda narco ya está en construcción.

el ministro de Justicia

Hay un tercer elemento en la trama que resulta particularmente llamativo: los empresarios sospechados utilizan para su defensa al Estudio de Abogados Cúneo Libarona. Y fue el hermano del actual ministro de Justicia libertario, Matías Cúneo Libarona, quien presentó aquel escrito poco convincente que sin embargo logró destrabar el trámite legislativo. Un dato más: el mismo estudio representó los intereses de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba en el proceso (página 2) por el que fue condenado “por considerarlo organizador y financista responsable del delito de comercio de estupefacientes”. 

Para terminar, hagamos zoom en la familia Ruiz, mencionada en la denuncia de Bullrich como “familia R”. Si bien existen indicios de que Néstor Eduardo Ruiz (NER) desarrolla actividades inmobiliarias al menos desde 2007, su ascenso comienza en 2016, cuando fundan en un mismo día Lener Constructora SA, junto a Leandro Néstor Ruiz (LNR), y la inmobiliaria Pabruc SA, junto a Lautaro Ezequiel Ruiz (LER), ambas con domicilio real en Villa Ballester, partido de San Martín. Pero es en 2020 cuando el éxito parece volverse meteórico. Recordemos que en la segunda página de la gacetilla difundida por el ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2023, se lee: “Cuando la justicia puso el foco en estos personajes, descubrió que (...) habían depositado grandes cantidades de dinero en efectivo en cuentas de una gran empresa constructora de San Martín. Esas imposiciones eran periódicas y ocurrieron desde el 2020 en adelante”. 

En el año pandémico, entonces, crean Grupo Dinal SA, con NER como presidente, LNR como vice, además de Estefanía Soledad Ruiz y Nahuel Agustín Ruiz como directores. Tres meses más tarde nace DNL Proptech SA. Y hay un momento en que la proliferación se espiraliza, siempre con NEC y LNR como protagonistas principales: DOSR SA, Nebruc SRL, Construcciones Atahualpa SRL, Desarrolladora del Nuevo Luján SA, Inkale Sa, Newtor SRL, Drone Security, Manta Beach, Lenecon, Main Progress SA, Depiuke SRL, Lalesna Desarrollos Inmobiliarios SA. A este entramado societario hay que sumarle las decenas de Fideicomisos constituidos para cada proyecto específico (aquí una muestra). Y la mencionada expansión hacia el exterior: en Brasil fundaron Lener Construcoes e Empreendimentos LTDA; pero con más fuerza aún en España, donde no solo abrieron dos empresas, Lener Emprendimientos SL (en 2019) y Desarrollos Inmobiliarios Lener SL (en 2022), sino que además se involucraron en el salvataje del Club Deportivo Guadalajara, donde según los medios locales llevaron adelante un verdadero milagro futbolístico. 

Gracias al aporte del periodista Yago Álvarez, editor del suplemento económico del diario español El Salto, supimos que como apoderado de ambas empresas figura Lautaro Ezequiel Ruiz, hijo de NER y al mismo tiempo jugador del Guadalajara. Además, Lener Emprendimientos SL podría ser objeto de penalidades administrativas por no presentar sus balances anuales. Es sabido que la representación de jugadores y el gerenciamiento de clubes es un clásico para el lavado de activos provenientes de mercados criminales.

La pregunta evidente es por qué el grupo empresario continúa operando con normalidad, después de la espectacular denuncia gubernamental. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín, a cargo de la doctora Alicia Vence. E interviene la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, de Paul Starc, quien fue nombrado por el presidente Milei y el Ministro Libarona al frente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) el 8 de abril último. Intentamos conocer el estado de la misma, pero un fuerte hermetismo la rodea. Hicimos las consultas correspondientes al juzgado y a fuentes oficiales del Ministerio de Seguridad, sin obtener respuesta. Le preguntamos al abogado Matías Cúneo Libarona sobre la situación procesal de sus representados y nos respondió de manera evasiva: "Conozco muy bien el caso. Aunque no estoy autorizado por mis clientes a brindar información". 

Solo supimos de manera confiable que aparecen como imputados el Grupo Dinal SA y Lener Constructora SA, junto a otras tres personas vinculadas a dicha trama empresarial. Ninguna de ellas, sin embargo, forma parte de la familia Ruiz.

• Esta investigación se publica en colaboración con la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR.