El dueño de una de las tres mayores compañías industriales del país tomaba jugo de naranja a media mañana en Selquet, un par de días antes de la reunión a la que  Mauricio Macri lo citó en la quinta de Olivos junto a toda la plana mayor de los negocios locales.

-Si usted heredara una pequeña fortuna de un tío abuelo ruso y se la depositaran en un banco de San Petersburgo ¿la traería al país? –inquirió al autor de esta columna, eligiendo el gentilicio para darle algún viso de verosimilitud al supuesto. 

-Imagino que sí.

-¿En qué la invertiría?

-¿Hoy? En Letras del Banco Central (Lebacs).

-Exactamente. Si yo no tuviera el capital que tengo enterrado ni las décadas que mi familia lleva invertidas en las fábricas, haría lo mismo. Ahora dígame ¿vamos a reactivar la economía fabricando Lebacs?

La charla ilustra el desafío que le espera al Gobierno ahora que “empezó el partido”, como dijo Alfonso Prat-Gay el martes, tras haber recibido ofertas por más de 68 mil millones de dólares en su regreso a los mercados voluntarios de deuda. Con las paritarias claves todavía abiertas, en medio de huelgas y marchas callejeras como las de bancarios, estatales, albañiles y metalúrgicos y mientras la oposición parlamentaria se abroquela tras el proyecto antidespidos impulsado por las cinco centrales sindicales, el tiempo empieza a apremiar para que el aluvión de dólares financieros se convierta en una ventaja palpable para el mundo de la producción. Y del empleo.

Más allá de las declaraciones públicas de satisfacción corporativa por el fin del default que forzó el juez Thomas Griesa a favor de los holdouts, ese tránsito no es para nada sencillo. La pregunta del millón es si la exhortación de Macri a pasar el otoño (en otras palabras, a llegar al ansiado segundo semestre) terminará como la de Alsogaray a pasar el invierno de 1959: con un pico inflacionario por el repentino “sinceramiento” de variables pisadas durante una década, un recorte de diez puntos en la participación del salario en el ingreso nacional y un desplome de la actividad industrial, el producto bruto y la inversión en activos fijos.  

Si termina resultando demasiado alto el costo social de la política de shock que terminó por abrazar el Gobierno tras declamar gradualismo durante tres meses, los empresarios locales saben que las elecciones de 2017 pueden herir de muerte a Macri, en quien no terminan de confiar. De ahí su reticencia a invertir más que en Lebacs u otros activos financieros, independientemente de la disparada de costos que generaron el tarifazo y la propia suba de las tasas de interés en pesos.

La hostil advertencia que les dedicó Prat-Gay al presentar los resultados de la megacolocación de bonos en Wall Street habla por sí sola: “La posta ahora pasa a aquéllos que tienen la responsabilidad de invertir y toman riesgo. Si no lo hacen los empresarios locales, lo van a hacer los internacionales”, avisó. No habían pasado siquiera 24 horas desde la reunión en la que el Presidente les había pedido cuidar “al máximo” los precios y los puestos de trabajo.

Propinas generosas

Que hayan llovido ofertas para comprar bonos argentinos no respondió a un pase magistral del “Barça de la economía”, como definió al equipo de Macri antes de que saliera a la cancha el jefe de la asociación de bancos extranjeros, Claudio Cesario. Es lo lógico en un país cuya deuda externa exigible en moneda dura representa menos del 15% de su PBI, que aún paga más del doble de interés que todos sus vecinos salvo Venezuela y que se mantiene a salvo de terroristas, guerras civiles, desbordes inmigratorios, modas xenófobas y crisis políticas. Ya lo dijo el ministro de Hacienda el fin de semana desde Washington, en un descuido diplomático mientras Brasil se asomaba a su peor abismo institucional desde 1992: al lado del gigante verdeamarelo, Argentina es un “sunny spot” (rincón soleado).

Seguir pagando más del 7% anual por un préstamo a diez años mientras un tercio del mundo se hunde en el terreno de las tasas negativas (o sea, donde hay que pagar para dejar la plata en el banco) no es para festejar como un gol de Messi. Es bastante menos que el 10% que pretendían los mismos financistas seis meses atrás de Axel Kicillof, pero ahora el Tesoro estadounidense juega a favor y entonces lo hacía en contra. Tampoco pesa ya sobre el país el veto judicial neoyorquino que sí operaba el 20 de enero, cuando el mismo Prat-Gay con el mismo Barça detrás intentó pasar la gorra y obtuvo un no rotundo como respuesta. 

La plata cambiará rápido de manos. Bien temprano esta mañana, desde su oficina con vista a la Plaza de Mayo, el secretario de Finanzas, Luis Toto Caputo, planea autorizar el giro de 6.252 millones de dólares a la cuenta de los buitres que obtuvieron la cautelar del juez Griesa, entre ellos el ahora elogioso Paul Singer. Inmediatamente después, el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, firmará en Nueva York dos giros más, de 960 millones de dólares y 1.800 millones de euros, a un fideicomiso en el Bank of New York (BoNY) del cual se irán cobrando el resto de los holdouts que firmaron acuerdos con el Gobierno en el último mes y medio.  Pagados esos 9.300 millones, los restantes 7.000 millones vendrán a engrosar las reservas del Banco Central.

Los que sí tienen motivos para descorchar champán francés en sus mansiones de los Hamptons son los financistas que intermediaron en la operación. En solo 24 horas y antes de que fueran entregados formalmente, los nuevos bonos argentinos les dejaron una ganancia de 350 millones de dólares por el salto que pegó su cotización apenas se cerró la emisión. A las 48 horas, esa “propina” ya era de 497 millones, según calculó la agencia Bloomberg. 

Desde Manhattan, Bausili llamó a BAE Negocios para aclarar que los agentes colocadores (entre ellos los antiguos empleadores de Prat-Gay y Caputo, JP Morgan y Deutsche Bank) tienen prohibido por la regulación norteamericana comprar ellos mismos los bonos que salen a ofrecer al mercado, justamente porque saben antes que nadie si la demanda de los bonos supera la oferta inicial y por ende su precio subirá. Pero si les cedieron ese negocio garantizado a sus clientes VIP o a fondos indirectamente controlados por ellos, su ganancia es la misma. Y en última instancia, tal como señala ayer textualmente el artículo de Bloomberg, lo que reflejó el subidón inmediatamente registrado después de la colocación es que “Argentina pudo haber emitido a tasas de interés más bajas”.   

Petro-choripanes

Son dispendios que crispan los nervios de muchos empresarios que se sienten tan víctimas como sus empleados del ajuste que congela el mercado interno. Especialmente los Pymes, como los que reclamaron el martes a Alberto Abad en la UIA que restablezca los planes de pago que restringió repentinamente tres semanas atrás, para que se cayeran también las cuestionadas refinanciaciones que le había concedido su antecesor, Ricardo Echegaray, a las petroleras de Cristóbal López. Una decisión de política tributaria en clave de vendetta que echó nafta al fuego de la recesión.

En el mundo de la energía, precisamente, también maduran resquemores contra Juanjo Aranguren, celoso custodio de la caja a la hora de recortar subsidios a las tarifas domiciliarias pero más desprendido al habilitarles nuevas subvenciones a sus antiguos colegas petroleros. Solo en las últimas dos semanas, el exCEO de Shell autorizó un subsidio que costará $3.000 millones para las compañías que exportan crudo desde puertos patagónicos y firmó una suba del gas en boca de pozo que transferirá 1.500 millones de dólares a todas las que extraen, según calculó el estudio Bein.  

Los principales beneficiarios de ambas medidas son los hermanos Bulgheroni, socios controlantes de Panamerican Energy (PAE), que el fiscal Guillermo Marijuán investiga para establecer si coimeó al gobernador chubutense Mario Das Neves y/o al exministro Julio De Vido para extender su concesión del yacimiento Cerro Dragón hasta 2047, tal como denunciaron sus propios socios británicos. Los hermanos se dejaron ver juntos, como rara vez hacen, degustando el bandejeo gourmet de Schuster que ofreció Macri el lunes a sus invitados en Olivos.

El vínculo entre el ministro de Energía y los Bulgheroni, no obstante, empieza a hacer ruido a colegas del gabinete incómodos con su empecinamiento por seguir “sincerando” precios en la segunda mitad del año, cuando creen que la inflación debería darle un respiro a la población. Es el caso de Rogelio Frigerio, Marcos Peña y el propio Prat-Gay, a quienes tampoco les cae bien que Aranguren conserve más de un millón de dólares en acciones de la Royal Dutch Shell, en una jugada al límite de lo que autoriza la Ley de Ética Pública.