El jueves 15 de octubre, cerca del mediodía, una noticia puso fin al hastío de los titulares cotidianos sobre la pandemia: una mujer de alcurnia llegó junto a unos cuarenta militantes de diferentes organizaciones sociales para ocupar un campo propiedad de su familia.

La protagonista es Dolores Etchevehere, única hermana mujer de cuatro hijos que integran la cuarta generación de una de las familias más poderosas de Entre Ríos, dedicada a la explotación rural y propietaria de El Diario, el matutino que a lo largo de un siglo fue el medio más importante de la provincia. Hay tantos Luises y tantos Arturos en el árbol geneológico, que la letra del segundo nombre siempre fue un rasgo distintivo a la hora de nombrar a los Etchevehere. El bisabuelo de Dolores, Luis L., inició su carrera política en el conservadurismo y luego fue gobernador radical de la provincia entre 1931 y 1935. Durante su gestión promovió activamente la colonización en tierras fiscales. Antes, en 1914, había integrado la fórmula del primer gobierno de su partido en Entre Ríos junto a Miguel Laurencena. Fue en el contexto de aquella campaña que fundó El Diario en Paraná. Desde esas páginas se montó la tribuna de doctrina que fustigó sin piedad al gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen. 

Dolores es la tercera hija del matrimonio entre Luis F. y Leonor Barbero, la estanciera que en un video viral reciente instaba a los productores a “defender la propiedad privada” y reclamaba a la justicia para que desalojara al grupo de militantes con el que se asoció su hija para impulsar el Proyecto Artigas, tal como se denomina a la iniciativa agroecológica que pretenden desplegar en este campo. Ocho días más tarde, sin embargo, un juez desoyó la denuncia, evitando por ahora el desalojo violento de la estancia Casa Nueva, ubicada en la localidad de Santa Elena, departamento La Paz, en la costa oriental del Río Paraná.

en la sombra

A diferencia de sus hermanos Luis Miguel (exministro de Agroindustria de Mauricio Macri y expresidente de la Sociedad Rural), Sebastián y Juan Diego, ella no se involucró en la administración de las empresas familiares. Hoy relata que tampoco tuvo margen para inmiscuirse. Es la única de los cuatro que no es abogada. Muy joven se radicó en Buenos Aires y trabajó como periodista en La Nación. Tomó distancia de su hogar después de escuchar a su madre presionar a los padres de una joven, pareja ocasional de uno de sus hijos, para que interrumpiera un embarazo en curso, con la continuidad laboral como moneda de cambio. Durante su estadía en Buenos Aires una noche presentó una denuncia de género contra uno de sus hermanos, quien recientemente había llegado desde Entre Ríos para vivir junto a ella.

Dolores siempre estuvo vinculada a la iglesia. En el reclamo judicial contra sus hermanos y su madre contactó en primer lugar a abogados cercanos al Opus Dei, que hoy le reclaman una deuda por su intervención en la primera parte del voluminoso expediente. Se casó con Segundo Güiraldes, atado también por nombre y apellido a la vida rural por un parentesco lejano con Ricardo Güiraldes, el autor de Don Segundo Sombra. Tuvo cuatro hijos con el hombre a quien hoy acusa de ser parte del entramado de violencia que la forzó a firmar documentos que complican su reclamo. 

Tras la muerte de su padre, Luis F., apodado el Zahorí, empezó el vaciamiento de las empresas que motivó la irrupción de Dolores y las organizaciones sociales en la estancia Casa Nueva. Y no es que tuviera guardados sus reclamos. Ya hubo otros escándalos con menos impacto, pero escándalos al fin. En 2016, el periodista Sebastián Premici presentaba en Paraná su libro De patrones y peones, que narra historias de explotación laboral en el ámbito rural, entre las que aparecían las propiciadas por los Etchevehere. En primera fila lo escuchaba atentamente Dolores. Se cuenta en ese libro la vida de Sergio y Antonio Cornejo, que vivieron en situación de explotación durante 38 años en la estancia La Hoyita, departamento Tala, en el centro de la provincia. Analfabetos, vivieron en una casilla sin agua ni luz desde 1976 hasta 2014, cuando los rescató el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea). 

En su denuncia, Dolores acusa que en 2009 los hermanos y la madre falsificaron su firma y la de su propio padre en plena agonía, con el fin de arrebatarle sus derechos a la herencia; asegura ser víctima de una historia “atravesada por los crímenes cometidos” por sus hermanos contra ella “pero también contra muchas otras personas víctimas del poder”. Se trata de un “complejo entramado de actividades delictivas” plasmado en “décadas de corrupción, violencia e impunidad, administración fraudulenta, evasión fiscal, lavado de dinero, explotación laboral y violencia económica”. Para ella la riqueza de su familia no hubiera sido posible “sin contactos políticos, empresarios, judiciales y mediáticos” que garantizaron “impunidad de todos sus delitos, como por ejemplo, estafar al Estado fraguando documentos públicos, evadiendo impuestos, accediendo a tierras fiscales a precios viles y atentando contra el ambiente y el cuidado de la tierra sin ninguna consecuencia”.

En 2010, dos de las tres partes que constituían el paquete accionario de El Diario se vendieron al financista Walter Grenón, que llegaba de la mano del exgobernador kirchnerista Sergio Urribarri. Un peronista pasaba a controlar la línea editorial del diario de la oligarquía a un costo muy alto. Grenón también es parte ahora del grueso expediente de la denuncia de Dolores. Ella asegura que 18 inmuebles pasaron a integrar el patrimonio de la empresa editora; luego, en connivencia con Grenón, se repartieron entre los nuevos socios del matutino y fueron derivados a una empresa fantasma llamada Construcciones del Paraná. 

Pero hay otras propiedades y otras empresas de la familia que están en litigio y sobre las cuales Dolores reclama su parte: Las Margaritas S.A., titular de la estancia Casa Nueva, dedicada a la actividad rural; y Etchevehere Rural, que se ocupa del remate de hacienda y de la actividad inmobiliaria. En esta última empresa, el exministro de Agroindustria aparece como empleado y, como tal, percibió una Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que después prometió restituir a la ANSES. Él, su madre y sus hermanos afirman que Dolores ya no tiene derechos sobre la sucesión. Ostentan para probarlo una serie de actas con su firma ante escribano público, en las que cede acciones, retira demandas y llega a acuerdos a cambio de migajas del patrimonio familiar. 

La estrategia jurídica de su abogado, Facundo Taboada, es una sola, a todo o nada: hay una sucesión multimillonaria que no tiene partición. Y se impugna como nulas la serie de actas notariales, algunas con firmas denunciadas como falsas y otras arrancadas en el marco de un conjunto de maniobras extorsivas, abusivas, de violencia y sometimiento. 

Este viernes 23 el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, dictaminó que no hubo usurpación ni actos de violencia y contradijo al fiscal que entiende en la causa, Oscar Sobko, quien había declarado que había que “volver al estado anterior de las cosas y bajo una caución”, para luego determinar si existe un delito no. Hubo mucho prejuicio sobre este fiscal dada su condición de hijo de desaparecidos. Pesadas mochilas con las que se carga a las víctimas del terrorismo de Estado. Sobko tenía tres años y una hermanita de meses cuando la dictadura militar asesinó a su padre, Pedro, y secuestró a su mama, Élida Olga Goyeneche, ambos militantes del PRT.

la descartada

La semilla del Proyecto Artigas no se planta en cualquier lado: capas y capas de historia, pasados prósperos y presentes atados a una esperanza que nunca se pierde. La Estancia Casa Nueva está sobre la ruta 48, que si uno la transita buscando el río Paraná llega a la ciudad de Santa Elena. Para esa altura la ruta pierde el número y pasa a llamarse calle Juan Domingo Perón. Antes que un pueblo, en Santa Elena hubo un Frigorífico; y antes, en el siglo XIX, capitales belgas tuvieron un saladero y una fábrica de extracto de carne. Uno de los varios acuerdos comerciales, entre quienes encontraban los primeros rindes a una vaca, fue firmado el 2 de octubre de 1871, fecha que pasó a ser la de fundación de la ciudad. Su nombre, Elena, también tiene que ver con la vida económica de entonces: homenajea a Elena Giebert, esposa y hermana de los regentes del saladero.

En 1908 abrió el frigorífico de la empresa británica Establecimientos Argentinos Bovril Ltda. En torno a ese emprendimiento creció Santa Elena, pueblo de trabajadores que conoció el pleno empleo. De casa al trabajo y del trabajo a casa, todo giraba en torno a la fábrica. En 1973 la compañía británica vendió el establecimiento fabril y el frigorífico pasó a manos de la Sociedad Anónima de Frigoríficos Regionales Argentinos; en 1984 se estatizó ante el riesgo de cierre y en 1991 se privatizó con resultados a la vista: cerró un año después para entrar en un camino oscuro que incluyó el saqueo del patrimonio y espejitos de colores cada tanto para un pueblo siempre atado a la expectativa de la reapertura.

Ya desde su nombre, el Proyecto Artigas supone lineamientos políticos, con una raigambre en debates históricos y una postura respecto de la propiedad de la tierra. Dolores y las organizaciones sociales que lo impulsan encuentran en José Gervasio Artigas el “cerebro de un proyecto federal, popular y latinoamericanista que se enfrentó a las élites del unitarismo porteño y poderes extranjeros. Su innovador pensamiento fue silenciado durante toda la historia, especialmente sus ideas sobre la tierra y la agricultura”. El objetivo es buscar “la verdad, la justicia y el bien común” y el inicio es el reclamo por los derechos a la herencia de Dolores. De la suerte que se corra en Tribunales depende que se plasme la donación de un 40% de lo que le corresponde como legítima heredera de los bienes familiares.

“No puede donar lo que no es suyo”, gritan los hermanos en los canales de televisión porteños. Pero en Casa Nueva ya plantaron las semillas para plasmar la producción hortícola, primer paso de un “modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y de explotación”. Un cambio de rumbo en una Entre Ríos golpeada por el latifundio, la explotación rural, el abuso del glifosato que deja sus marcas en los niños envenenados en las escuelas de campo. Dolores, como el militante Juan Grabois, las dos caras más visibles de esta lucha, se inspiran en el Papa Francisco y en la Encíclica Laudato Si. “Vamos a trabajar la tierra de manera sustentable”, afirma Dolores, quien convoca a “ser mejores, a no militar la cultura del descarte” y aplica el concepto para hablar de sí misma como mujer: “Mi realidad es la de muchas mujeres en algunas familias de nuestro país. Te sacan del juego, no te permiten participar, te van debilitando, arrinconando. Yo lo he vivido. Cuando muere mi papá y veo mi firma falsificada en el expediente sucesorio, acceden de facto a la administración de todos los bienes. Yo estaba perdiendo 5 a 0 de arranque. Tuve que elegir. Se me bifurcó el camino. O soy parte de una asociación ilícita y firmo, firmo, firmo, o trato con todas mis fuerzas de seguir este camino”, resume y reitera: “Yo leo la encíclica de Francisco, leo ese concepto tan lindo de la cultura del descarte y me siento interpelada. Soy yo. La descartada”.

haciendo escuela

En el plan de saqueo, los Etchevehere le echaron el ojo particularmente a la Estancia El Quebracho, que era parte del frigorífico Santa Elena. Allí está el casco original de Casa Nueva, al lado nomás del Arroyo Feliciano que nace en el norte de la provincia, en el Mocoretá, y recorre 198 kilómetros de suelo entrerriano. La empresa de los Etchevehere adquirió a precio vil, y en distintos lotes, parte de la estancia. El último zarpazo lo dieron en 2007 sobre 70 hectáreas. Esta vez el gobierno de Jorge Busti les entregó terrenos destinados a la práctica curricular de la Escuela Agrotécnica Nº 151 El Quebracho, de Santa Elena; con el agravante que los Etchevehere pusieron los postes, los alambres y dejaron el pozo de agua de su lado, lo que obligó a gestionar un caño para que la institución pudiera contar con ese servicio esencial.

Restituir esas 70 hectáreas a la escuela agrotécnica es una promesa del Proyecto Artigas. Otro hubiera sido el acompañamiento a esta consigna en 2007. Para ese entonces el radicalismo votaba por unanimidad de sus congresales el repudio a la entrega del “patio” de la escuela, fundada en el gobierno del radical Sergio Montiel. “Este hecho significa no sólo un despojo más para toda la comunidad de Santa Elena sino además todo un símbolo de una gestión que no se ha destacado por su dedicación y afán de mejorar la educación de los gurises entrerrianos y en especial de los santaelenenses”, denunciaba el partido centenario y lo definía como “el mayor despojo que sufriera la educación pública en la historia de Entre Ríos”. Hoy, 13 años más tarde, el radicalismo ya no piensa lo mismo: los legisladores se han expresado clamando el fin de las usurpaciones a la propiedad privada, negando que ese derecho pueda asistirle a Dolores. El radicalismo no es el mismo, es aliado del PRO, partido al que Luis Miguel Etchevehere mudó la tradición familiar. Además, desde 2011, está muerto Montiel, que detestaba a los Etchevehere por considerarlos sus adversarios internos.

“Ojalá sea para el bien de la gente”, afirma sin muchas esperanzas Laura Piedrabuena, directora de la escuela agrotécnica, quien viaja todos los días 30 kilómetros, desde La Paz, para cumplir con su función en guardias mínimas debido a la pandemia. Estaba el jueves 15 de octubre junto a una docente y la ingeniera que asesora al establecimiento, cuando vio entrar a Casa Nueva a unos quince autos. “Solo entendí lo que pasaba más tarde, cuando vi el video de Dolores”. La escuela tiene 130 alumnos que llegan todos los días en dos colectivos, desde Santa Elena y desde parajes vecinos.

política familiar

El ruidoso retorno de Dolores a Entre Ríos y el conflicto desatado en Casa Nueva dejó a la dirigencia política sin reacción, comentando por lo bajo, a la espera de novedades. A lo largo de cuatro días la única voz que se escuchó fue la de los sectores más conservadores del campo, furibundos, convocando de la mano de los hermanos Etchevehere a “jinetes, tractores y camionetas” bajo la consigna “Fuera Grabois”.

La dirigencia de Cambiemos recién al martes 24 fijó posición ante “las usurpaciones” y en defensa “de la propiedad privada”. Los legisladores nacionales entrerrianos, de la UCR y el PRO, reclamaron la intervención del gobernador Gustavo Bordet y de la justicia entrerriana. Pretendieron asociar el hecho con las ocupaciones de tierras en Guernica y en la Patagonia pero evitaron expresar solidaridad con el exministro de Macri. No lo nombraron directamente en el texto que firmaron, entre otros, el senador nacional del PRO, Alfredo De Ángeli, que saltó a la fama en el conflicto agropecuario de 2008, y el diputado radical Atilio Benedetti, poderoso empresario de la agroindustria, cara visible del radicalismo en su alianza con el PRO.

Recién ahí el peronismo dijo lo suyo con tres premisas de las que ningún dirigente oficialista se desmarca hasta el momento: el conflicto lo dirime la justicia; es un asunto de índole familiar; en Entre Ríos no hay usurpaciones más allá de este caso. Por lo bajo, sin embargo, confiesan el temor a que la tensión en Casa Nueva se desborde y expresan alivio ante el reciente fallo judicial que pone paños fríos transitorios. “La derecha entrerriana pretendió provocar un acontecimiento político de un hecho judicial”, resumió un legislador.

blancas, rojas y amarillas

A excepción del bisabuelo de Luis M., la voluntad popular les fue esquiva a la familia Etchevehere, siempre ubicada en la vereda opuesta de las versiones populares de la UCR. En 1963, el abuelo de Dolores, Arturo J., tuvo la oportunidad de mostrar el sentimiento político del apellido: fue candidato a vicepresidente de Pedro Eugenio Aramburu por la Unión del Pueblo Argentino (Udelpa). Con colectoras y todo, el dictador fusilado siete años más tarde, se ubicó en cuarto lugar con el 13 por ciento de los votos.

La última experiencia de la familia en una boleta fue la del tío de Dolores, Arturo Roosevelt. No pudo ganarle en las internas a Sergio Montiel en varias instancias electorales. Sólo llegó al Congreso de la Nación, tercero en una lista, cuando el viento soplaba a favor de la UCR como pocas veces, en el marco de la Alianza que terminaría con el desastre de Fernando De la Rúa en la Rosada.

La historia de Luis Miguel no ha sido mejor. Es incondicional de Mauricio Macri y eso representa casi todo su capital político en Entre Ríos. Por eso mismo, por ser hombre del expresidente en estas tierras, está enfrente de Rogelio Frigerio, el jefe de Cambiemos en la provincia hasta que salió del Ministro del Interior y por ahora no hay quien le dispute el puesto. Al ex ministro de Agroindustria lo miden, lo miden, pero no pasa nada. Nunca alcanza la imagen más elemental que lo pueda convertir en candidato con alguna chance. Hoy es precandidato a asambleísta en las internas partidarias del PRO en Paraná. “¿Quién te dice?”, argumentan algunos por estas horas. Tal vez tantas horas de discurso encendido en la televisión porteña, a raíz del conflicto con su hermana, lo catapulten a referente de los sectores más reaccionarios del electorado entrerriano.

Por lo pronto, después de mal dormir durante noches enteras estacionado ante la tranquera de Casa Nueva junto a un grupo de ruralistas y matones, el exministro tuvo que volver a poner el auto en marcha. La justicia le ha dicho que por ahora Proyecto Artigas puede seguir esperando los primeros brotes.