Diego Mendieta, pastor evangélico y militante popular del movimiento La Dignidad, envía un minucioso informe sobre la situación de la cuarentena en Cuartel V, zona del Partido de Moreno. Un amigo me cuenta que le dicen “el pastor trosko”, con simpatía, porque “la capilaridad que logra es impresionante”. Pone en el informe hasta la variación exacta del precio de una bolsa de pañales y un litro de leche en un mercadito de la zona antes y después de declarada la cuarentena. Cuartel V está integrado por seis barrios: Luján, Los Hornos, 5 de Enero, 8 de Diciembre, San Cayetano, Los Cedros. Sigue Mendieta: “En los barrios mencionados viven según el último censo municipal alrededor de 75.000 familias con graves problemas de infraestructura (agua, luz, cloacas, mejorado y asfaltado de calles) y de vivienda, y con múltiples dificultades socioambientales por un gran basural-quema que genera que el 80% de las y los niños sufran asma y otros problemas respiratorios, dermatológicos, etc. Además, en los últimos días hubo casos de dengue. El coronavirus en este contexto podría hacer estragos”. El deterioro respiratorio es tal que la zona es llamada Villa Asma. Finalmente incluye un link de uno de esos informes televisivos, tipo Telenoche, que salió hace varios años. Podría haber salido hace varias décadas también. Porque aunque esas familias pasen horas y horas del día en esos predios del infierno que son los basurales a cielo abierto, aunque separen y clasifiquen toneladas de materiales allí, aunque organicen jardines comunitarios para no tener que ir a trabajar al infierno con niños, son trabajadores que integran la extensa Argentina hundida, la que no puede moverse ni un milímetro. Hace un mes, en su discurso de apertura de sesiones parlamentarias, Alberto anunció la erradicación de basurales a cielo abierto. Según un relevamiento del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), hay más de 5000 en el país. Lamentablemente la pandemia está arrasando con los sueños más módicos.

Claudia Carrillo es referente de la UTEP por el Movimiento Evita en la próspera Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vive en el barrio Ramón Carrillo ubicado en la Comuna 8. Parece una confusión pero no: podríamos decir que Claudia está tan ligada a su territorio que hasta la casualidad de su apellido lo nombra. De familia santiagueña, como el célebre sanitarista, creció en el campo, dedicada a la cosecha de algodón. En los ochenta migró y fue a parar al Albergue Warnes, una enorme construcción que iba a ser el hospital de niños más grande de Latinoamérica. El proyecto encarado por Evita, se archivó en 1955. La salud pública que no pudo ser. A principios del gobierno de Menem, en 1989, muchos vecinos que habían ocupado aquel lugar fueron trasladados al Barrio Ramón Carrillo: “Desde entonces mucha gente vendió con ilusiones de progresar. Ahora los que quedamos de la época del albergue tratamos de estar unidos y de que los vecinos no vendan su casa porque no van a poder ascender de clase social, a lo sumo van a comprar otra en un barrio parecido, con la misma gente, la misma música, los mismos robos. Al contrario, van a tener que pagar derecho de piso, no van a conocer a nadie, si les pasa algo ningún vecino saldrá a auxiliarlos. Además, cuando ellos venden, nos dejan el transa acá”. Claudia me cuenta todo esto en una entrevista que realizamos hace un par de meses. Ahora intercambiamos sobre la cuarentena: “El problema más grave del barrio hoy es que la gente no puede salir a cartonear ni hacer feria. Entonces el gran problema es la economía de las familias, la falta de dinero para comprar comida porque no se está pudiendo llevar a cabo el día a día de changas”. Agrega dos cuestiones más: el hacinamiento y el miedo a depender del hospital. Sobre el hacinamiento explica: “Hay casas que tienen cuatro pisos. En la planta baja vive el dueño y arriba alquila todo por piezas. Hay familias completas en una pieza, que comparten la cocina y el baño con los demás inquilinos. Sería catastrófico que ingresara el virus acá”. Corrida del edificio que no fue hospital de niños, ahora justo en el barrio que lleva el nombre del gran ministro de salud de nuestro país, dice: “Preferimos pasar hambre a tener este virus. En el barrio la gente está muy asustada porque conoce el funcionamiento del hospital y los centros de salud. Para obtener un turno en el Hospital Piñero hay que pasar toda la noche haciendo fila. No hay camas para contener a la gente si llega a entrar el virus acá. Tampoco hay respiradores, y nosotros sabemos que vamos a ser los últimos en ser atendidos”.

A propósito de Carrillo, durante la “década dorada” argentina creó “una revolución de la capacidad instalada”, como le gustaba decir a Floreal Ferrara: el número de camas existentes en el país pasó de 66.300 en 1946 a 132.000 en 1954. Decía Carrillo, según transcribe Maristella Svampa en un libro de conversaciones con Ferrara publicado por la Biblioteca Nacional: “El hecho individual es un índice del problema colectivo. No hay pues enfermos sino enfermedades. Hay que sustituir la medicina de la enfermedad por la medicina de la salud. Cloacas, agua, suelo, sedentarismo, alcoholismo, vivienda”.

Desde los barrios las voces organizadas insisten en una escalofriante enumeración de enfermedades: dengue, malnutrición, brote de cólera, sarampión, problemas respiratorios y en la piel. El coronavirus muestra las profundidades tenebrosas de la pobreza extrema que no está en los extremos, sino que es el núcleo de la sociedad neoliberal. Verbos como mitigar y sus mil desgraciados sinónimos no devolverán la salud que millones pierden por las carencias de sus barrios, por los olores, la contaminación, la falta de cloacas y de agua potable, la mala alimentación.

Dice Farrell, un cura muy activo del partido de Merlo: “Veo una dificultad en los vecinos que tienen que salir a trabajar para el pan de cada día. Esta preocupación se expresa en un chateo que tiene mucha intensidad y en frases como estas: ‘cómo vamos a hacer para aguantar’, ‘esto se va a poner difícil, no voy a tener paciencia’”.

el ajustador más letal

El otro gran problema, que es el mismo, es el día a día. La ingeniería compleja de la subsistencia. La multichanga: carro para cartonear y captar cualquier derrame, arreglos domésticos, cortes de pasto, construcción, ferias, trabajo de limpieza, cuidado de niños o de ancianos. De hoy para hoy. Es una banalidad a esta altura recordar que la vida sin salario y sin redes familiares o recursos acumulados (la herencia por ejemplo) no accede a “licencia por enfermedad” ni a la perspectiva de dejar de trabajar algún día en la vejez. La vida sin salario es la expropiación de todos y cada uno de los derechos de “el país de no me acuerdo”. Al final del día cada familia saca las cuentas de la escasez: entre lo ganado y lo conseguido (salita, comedor, biblioteca) y lo que queda de la Asignación Universal por Hijo o del Salario Social Complementario, según el momento del mes, se decide qué se compra y cuánto en el mercado del barrio.

A finales de 2019, los 17 millones de puestos de trabajo de la población ocupada en el sector privado se dividían así: alrededor de 7 millones son asalariados registrados; cerca de 5 millones son asalariados no registrados; y otros 5 millones son trabajadores no asalariados. 7 millones versus 10 millones. Y aún tendríamos que sumar a los desocupados: cerca de 1.800.000. ¿Y hoy?

La pandemia es el ajustador más letal que hayamos podido imaginar. Bolsonaro le da un empujón extra autorizando por decreto libertad para el despido de trabajadores. Paolo Rocca, el gran burgués de la Argentina, acaba de despedir a 1450 trabajadores. De un plumazo. Miguel Ángel Toma, el director nombrado por el Estado argentino durante el gobierno de Mauricio Macri (y que llamativamente continúa en ese cargo pese al cambio de gobierno), apela a ciertos eufemismos (“siguiendo el mecanismo habitual en el convenio firmado con la UOCRA, cuando se suspende una obra no es que se echa la gente, sino que la gente pasa a depender del fondo de la UOCRA”) y pide no entrar en “valoraciones morales”. En fin. Los muertos de la felicidad de ellos, parafraseando a Silvio Rodríguez: ¿cuántos serán?

Alberto advierte que “tomará medidas” contra los despidos y contra los que aumenten los precios, mientras congela alquileres y prohíbe los desalojos. Pone algo de dinero en los bolsillos más vacíos. Sin embargo, la tensión es máxima, el que no moviliza su cuerpo cada día para trabajar está en riesgo. La recesión monumental se fagocita íntegramente la propensión a negociar con el sistema. En el presente concreto y real, los que viven una cuarentena social de varias décadas porque no pueden salir de situaciones extremas encabezan el ranking de perdedores. Pero los que pierden son muchos más: los cuentapropistas pierden, los asalariados pierden. No estamos viviendo un keynesianismo de nuevo tipo. Es importante recortarlo así. Lo que atravesamos es el deterioro fulminante de condiciones de vida de millones de trabajadores en nuestro país, y de miles de millones en el mundo.

Unas semanas atrás Carlos Leyba, uno de los arquitectos del Pacto Social de 1973, integrante del equipo de José Bel Gelbard, fue entrevistado por Fontevecchia en el diario Perfil. Razonaba sobre el Pacto Social y su posible eficacia en este tiempo de gobierno de Alberto: qué actores, qué tan representativos, cuánta autoridad política. El comportamiento de las grandes empresas, tan poco proclive al cuidado del bienestar social, es evidente. Con el sindicalismo es distinto. La solidaridad del movimiento obrero apareció en la puesta a disposición de los hoteles sindicales para la cuarentena; sin embargo, el sindicalismo cegetista perdió nervadura, achicó su capacidad de expresar a los trabajadores y hoy interviene de costado. En ese momento, dice Leyba, “hubo algo que luego se perdió, que es el espíritu del movimiento obrero en la Argentina: la CGT de José Ignacio Rucci. Un agrupamiento sindical en el que los dirigentes no solo pensaban en la convención colectiva de su sector, sino que tenían ideas nacionales. Es notable la cantidad de documentos de esa CGT de muy larga extensión, plenos de conceptos sobre el desarrollo económico y las alternativas para la inserción argentina en la vida mundial”. En cambio, para complementar al sindicalismo o para rivalizar con él, se han fortalecido un tejido frondoso de organizaciones territoriales o religiosas, y un gremialismo de la economía popular. Su estatura sigue ninguneada pero el sostenimiento de la cuarentena realmente está en sus espaldas.

Alrededor de 9 millones de personas, según las estimaciones del Movimiento de Inquilinos, no tienen vivienda propia. Facundo Moyano había señalado la extensión de este problema: “la crema” asalariada inquilina que paga impuesto a las ganancias. Entre aquellos millones están los que además viven al día. La peor de todas las combinaciones: hacinados en asentamientos, sin vivienda propia y sin salario. Incluso un poco peor: encarcelados y personas “en situación de calle”. ¿Cómo viven hoy? ¿Cuánto pueden aguantar la cuarentena? En estos polvorines, la violencia crece exponencialmente: el colectivo Ni Una Menos denuncia doce femicidios en diez días de cuarentena.

la tentación miserabilista

Los límites aparecen más nítidos en momentos históricos que producen grandes conmociones. Por ejemplo, el límite delgado y resbaladizo entre el cuidado y el control punitivista, o entre el miserabilismo (el registro paternalista de los pobres como “carentes”) y el reconocimiento de las capacidades de los sectores populares organizados.

En diciembre de 2019, el proceso de organización de la economía popular desembocó en la creación de una estructura sindical de nuevo tipo: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que –deseosa de ingresar a la CGT– tiene un temperamento que conecta más fuertemente con la tradición peronista tal como es definida –mal que les pese a varios– por un intelectual inglés como Perry Anderson.

En efecto, transcribo acá la comparación que realiza Anderson entre el Brasil de Vargas y la Argentina de Perón: “No es verdad que los practicantes del populismo en Brasil y en Argentina se parezcan mucho entre sí. La retórica de Vargas era paternalista y sentimental; la de Perón, vehemente y agresiva, y la relación que habían establecido con las masas era muy distinta. Vargas construyó su poder incorporando a los trabajadores recién urbanizados en el sistema político, como beneficiarios pasivos de sus cuidados, con una ley laboral protectora y un sindicalismo férreamente manejado desde el poder. Perón los galvanizó como combatientes activos contra el poder oligárquico movilizando las energías proletarias en una militancia sindicalista que lo sobrevivió. Uno apelaba a lacrimógenas imágenes de ‘el pueblo’, mientras el otro invocaba la ira de los descamisados, los sans culottes locales” [ver Perry Anderson, Brasil. Una excepción (1964-2019), Akal, 2020].

No interesa ahora abrir una polémica sobre la aseveración de Anderson. En cambio, me parece fundamental poner de relieve aquella distinción entre varguismo y peronismo (en realidad, Anderson está tratando de definir, con estos y otros antecedentes, el lulismo) para problematizar el punitivismo y el miserabilismo. Porque ambos sobrevuelan y acechan en discursos de distintos colores políticos.

el botón es otro

¿Será posible que el día después de la pandemia alguien se anime a hablar de nuevo sobre meritocracia? Poco antes de la cuarentena, hubo columnas en el diario La Nación que filosofaban con solemnidad sobre el esfuerzo y el sacrificio como llave del ascenso social. Posiblemente conscientes del ridículo, el pasado domingo 29 de marzo, el mismo diario incorpora un artículo de intelectuales más sofisticados que reconocen sin titubear lo que es obvio: “El hijo de un hogar pobre probablemente será pobre (la movilidad social, en Argentina y en el mundo en general, es muy baja)”.

Eduardo Levy Yeyati y Andrés Malamud, los autores de la nota, recurren al dilema del tranvía: supongamos que una formación fuera de control se topa en su recorrido con cinco personas atadas, y un botón permite desviarla hacia un ramal en el cual solo hay una persona atada. ¿Debemos pulsar el botón?, se preguntan. Desde un criterio utilitario estricto, pulsar el botón permite la reducción de muertes. Trasladan el dilema al COVID-19: “Ahora estamos en la oficina del Presidente, que tiene que elegir si abre la cuarentena aumentando (por mano propia) el conteo inmediato de muertes por contagio a cambio de salvar potencialmente muchas vidas (¿más o menos?) a lo largo del tiempo (¿cuánto tiempo?)”. Porque, complejizan, en países con pobreza extendida como el nuestro los pesos perdidos también son vidas perdidas. “En nuestro caso real, la cuarentena es el botón y la pobreza el tranvía”.

Los dilemas tienen supuestos. Y en este caso el supuesto es que el funcionamiento del capitalismo financiero permanezca idéntico a sí mismo. Porque, como es evidente en las sociedades contemporáneas (incluso en una con tanta pobreza como la nuestra), la concentración económica produce una desigualdad creciente. El COVID-19, el gran catalizador del ajuste, podría convertirse en el gran catalizador de todas las contradicciones si logramos iniciar una ruptura redentora respecto de la elección más perversa: que mate el virus o que mate la pobreza que se acrecienta en cuarentena. El límite es tan abismal que no es posible seguir evadiendo el problema de la riqueza descomunal y de la legitimidad de su origen.