La moto pisa la calle Moreno a las 22.25. Cruza sigilosa Battle y Ordoñez y se detiene paralela al cordón a la altura del 6300. La noche está limpia, aunque pegajosa, como cada enero. Ya de pie, a centímetros de la reja cubierta por árboles frondosos, sacan las armas y disparan.

El contador Enrique Encino sale al balcón con un cigarrillo en la mano, aturdido por el recuerdo de los últimos números y los pálpitos de su esposa; a su lado se desparraman, como sombras, otros jugadores.

Los seis proyectiles traspasan los árboles como flechas. Uno atraviesa el parietal izquierdo de Encino y se incrusta en un ojo. El resto explota contra paredes y vidrios. Para entonces la moto ya se aleja a toda velocidad del contrafrente del Casino City Center, en el humilde extremo sur de Rosario. Los de Seguridad corren hasta donde yace el gerente del Banco Nación de Las Parejas, localidad del sudoeste de Santa Fe, quien llega a decirles: “No sé qué me pasa pero me duele la cabeza. Me llamo Enrique Encino”.

Es sábado, 11 de enero. Es el homicidio trece del 2020.

líneas ocupadas

Cinco días antes del atentado, Maximiliano “Cachete” Díaz recibe un llamado desde el teléfono público de la cárcel de Ezeiza. Habla Carlos “Toro” Escobar, lugarteniente de Guillermo (Guille) Cantero, uno de los jefes de la banda de narcomenudeo conocida como Los Monos, detenido en Marcos Paz: “Escuchá, ¿mañana el tema del ca… lo hacen ustedes o querés que lo hagamos?”. Cachete duda. “Lo del Casino de ahí”, aclara Toro y le dice que cuenta con un muchacho para hacerlo. “¿Tiene un tutu, algo, porque yo le iba a tirar una monedita al pibe mío?”, pregunta Cachete. “Sí, sí”. Dos días más tarde, Cachete Díaz recibe un llamado de Guille Cantero y acuerdan el pago. “Yo tipo 8 paso por el City”. “Dale, fijate, hacelo bien a ver si nos dan algo bien piola”, cierra Cantero.

Ninguno sabe que las conversaciones quedan grabadas y, después del asesinato, aparecerán impresas sobre el escritorio del fiscal provincial Luis Schiappa Pietra, quien desde hace un tiempo vigila los pasos de Cachete Díaz a raíz de una serie de atentados contra inmuebles del Sindicato de Peones de Taxis. Integrantes de Los Monos le exigen al gremio un pago mensual a cambio de garantizar su seguridad.

Por primera vez un atentado de este tipo se cobra una vida. Hubo reiteradas balaceras contra edificios públicos en los últimos años –tribunales provinciales, Centro de Justicia Penal–, contra estudios jurídicos, contra la casa del exgobernador Antonio Bonfatti y la de familiares del juez Juan Carlos Vienna, instructor en el primer juicio contra Los Monos. Ninguno terminó con muertos ni heridos. No es que fallan: son amenazas veladas en código morse.

No es simple que los policías hagan declaraciones públicas este verano en Rosario. Después de insistencias y acuerdos de anonimato, un policía jerárquico analiza lo ocurrido en el Casino: “Fue de mala leche que le pegaron al gerente del banco. Había negociaciones entre la banda con el casino por el aumento del canon de la seguridad”. La seguridad incluye varios ítems, como la amabilidad de los trapitos y la indispensable tolerancia cero a los robos en los alrededores de una zona picante como la que rodea el predio. Todo indica que el City Center cambió el jefe de la seguridad y el nuevo responsable no respondió como quería Guille Cantero.

El fiscal Schiappa Pietra logró vincular el atentado con ese jefe de Los Monos. Pero el relevante hallazgo judicial, que permitió una rápida explicación pública del atentado, requiere a su vez una mirada compleja de la situación actual de la banda. Así lo entiende el propio Schiappa Pietra: “Los Monos hoy son algo que está ahí en el éter, pero hay que definir mejor qué son: ¿Un grupo de gente que venden en tal lugar? ¿Son tres o cuatro banditas distintas? ¿Son un grupo que obedece a un par o entre ellos no se obedecen? ¿O están quebrados los mandos medios? No es una estructura homogénea”. La necesidad, por ejemplo, de salir a reclutar ejecutores para la operación contra el casino desnuda el número acotado de cuadros orgánicos y la preminencia de componentes lúmpenes, aunque feroces, que manejan el territorio desde que fueron detenidos sus jefes máximos.

temporada estival

Franco Navarro es conocido como el Gordo Milkhouse en el Fonavi del Parque del Mercado, centro de disputas entre dos familias por el control de la venta minorista de drogas. Es la medianoche cuando baja al trotecito la escalera de cemento sin revocar proveniente de su casa; ya en la vereda dos hombres en moto lo acribillan con diez balazos. Horas más tarde se conoció la vinculación de Milkhouse con una de las bandas de la zona.

Fue el último asesinato de enero en el departamento Rosario: 22 casos, casi el doble que en el mismo mes de 2019 pero en línea con lo acontecido desde 2013, cuando la violencia tuvo su punto de inflexión: fueron 23 en 2013, 32 en 2014, 28 en 2015, 18 en 2016, 18 en 2017, 21 en 2018 y 13 en 2019. El flamante ministro de Seguridad Marcelo Saín dice que “es estacional en esta época del año”. Jorge Baclini, fiscal general de la provincia, se concentra en la inusitada velocidad de los ataques, casi todos en los primeros 18 días: hay análisis que nos demuestran que se trata de un ataque de bandas antagónicas o bandas que terminan disputándose entre sí el poder del grupo”. La baja de los crímenes a finales de enero duró poco: los 27 homicidios de febrero fueron la segunda marca más alta para este mes desde 2014.

De los 22 asesinatos en enero, 17 (77%) fueron ejecutados con armas de fuego y 19 (86,6%) de las víctimas fueron varones. Las motivaciones son más vidriosas: ocho habrían sido bajo la modalidad del sicariato; dos, por una balacera a un grupo de personas; cinco peleas vecinales y/o familiares; tres homicidios en un contexto de robo; un femicidio; el crimen casual en el casino y dos asesinatos por causas desconocidas. Schiappa Pietra señala la falta de una desagregación más precisa de las estadísticas. Desde su experiencia existen al menos cuatro niveles en el crimen organizado. Consumidores asiduos que acumulan deudas y las pagan con su vida. Disputas territoriales entre —o al interior de— las bandas. Casos de mayor complejidad cuyas víctimas son altos mandos. Finalmente, “chicos que a partir de la venta de drogas ocupan un lugar y un protagonismo en el barrio muy significativos, y su forma de reforzar esa identidad es ante cualquier problema tirar tiros; hay un código social que se genera a partir de esa identidad”.

Un interrogante, sin embargo, es por qué la violencia recrudece en el período estival. ¿El calor, la mayor presencia de personas en el espacio público, el excesivo consumo de alcohol, las vacaciones, en especial las escolares? Pero ello solo podría explicar –en parte– los crímenes sin planificación, a partir de enfrentamientos imprevisibles. No las disputas territoriales. Maximiliano Pullaro, quien fue ministro de Seguridad entre 2015 y 2019, pone el foco en dos causas: la feria judicial y las licencias policiales. “Nosotros en 2018 teníamos dos jueces para toda la circunscripción de Rosario y tres fiscales. Aunque la feria judicial empieza en enero y termina el último día del mes, la verdad es que la administración de justicia se descomprime el 20 de diciembre y vuelve a su plena actividad en la segunda semana de febrero o en la tercera. Teníamos en Rosario por semana entre 200 y 240 detenciones en flagrancia, de las cuales durante el año de esa cantidad quedaban 40 o 50 personas detenidas; en enero y febrero teníamos las mismas 240 detenidas pero adentro quedaban 4 o 5”. Las licencias policiales se multiplican en verano hasta llegar en ciertos años a casi un tercio de la fuerza. Pullaro firmó en 2018 una resolución que las suspendió entre diciembre y marzo. En enero y febrero de 2019 la caída de los crímenes fue sustantiva: hubo 13 y 9 muertos respectivamente.

nuevas olas

Los procesos sociales no tienen fechas de inicio precisas ni causas únicas, pero en Rosario algo se desbordó en 2012. “Se rompieron las geografías” es una imagen recurrente que, desde múltiples voces del poder santafesino, sintetiza el final de una cierta armonía en la distribución del delito. Así lo señaló Marcelo Saín en una reciente conferencia de prensa: “Hay un nivel de competencia por el control de las bocas de expendio de droga muy importante por parte de organizaciones criminales, que no son los viejos gerentes del negocio que tenían capacidad de negociación y morigeraban la violencia: son pibes y pibas de terceras y cuartas líneas, muy rústicas, que el único valor agregado que tienen es defender la venta de droga a los tiros. Notamos que el crimen organizado hoy está desorganizado y protagonizado por estas líneas”. Lo mismo sostiene el radical Pullaro, su antecesor en el cargo: “En algún momento era todo mucho más ordenado el territorio en la provincia de Santa Fe. Pero mueren las cabezas, se encarcelan las segundas líneas de las organizaciones criminales y entonces se profundiza la violencia extrema, porque las cabezas que intentan liderar o monopolizar son mucho más precarias, más básicas y con menos liderazgo y estatus criminal. Nadie respeta a nadie”.

El abogado Carlos Varela ha sido el defensor de los grandes nombres del hampa local. Para él un desencadenante de la crisis al interior del crimen organizado fue cuando el flujo de dinero que empezó a generar el negocio desbordó las regulaciones preexistentes: “Quiero ser claro: cuando decís plata, podés decir 100 mil dólares, 50 mil dólares; pero no es lo mismo si sabés que ganás solo 500 mil por año, a si yo te doy 50 mil dólares o 30 mil dólares por día. No es una cuestión de cantidad sino de flujo. Si vos sabés que hoy tenés 50 mil dólares y mañana 50 mil dólares y así, eso destruye todos los controles. Cuando vos a ese grupo de tipos los dejaste que permanecieran, que se hicieran fuertes, un año, un año y medio, no lo parás más, porque le empiezan a disputar al Estado el monopolio de la violencia”. Para Varela, los homicidios y las extorsiones funcionaron con eficacia mientras ocurrían al interior de un submundo delictivo lejano de la opinión pública y de las geografías céntricas. Pero el asesinato de personas que no tenían vinculación con el negocio comenzó a sacar a la superficie dinámicas que hasta 2012 pasaban tan desapercibidas para la mayoría de la sociedad que Rosario todavía era considerada una ciudad modelo: “El disparador de la crisis del negocio en Rosario fue el triple crimen de Villa Moreno. Ahí la policía tiene que salir a confrontar porque estaba en crisis el propio sistema político”. Se refiere al asesinato por error el 1 de enero de 2012 de tres jóvenes militantes de un movimiento social, a manos de un grupo de barrabravas con participación en el narcomenudeo.

Aquel 2012 cerró con el asesinato de Martín “Fantasma” Paz, cuñado de Claudio “Pájaro” Cantero, líder máximo de Los Monos. Todo indica que se trató de un ajuste de cuentas internas. La represalia llegó ocho meses más tarde, en mayo de 2013, con el homicidio del propio Pájaro. La venganza de los Canteros fue inmediata, espeluznante y se extendió sin tregua durante años. Se sumó otro crimen decisivo por deudas económicas: Luis Medina, dueño del boliche Esperanto en Buenos Aires y un actor poderoso si se consideraban los volúmenes de drogas que comercializaba.

Las estadísticas son contundentes: 2013, cuando matan a Cantero y a Medina, termina con 271 crímenes, la tasa de homicidios más alta del departamento Rosario, con 23 asesinatos cada 100.000 habitantes, más del triple que en Córdoba y Buenos Aires. Números tan altos se reiteran en 2014 (255) y 2015 (234), cuando todavía persistían los efectos más brutales del fin de la pax criminal. Los heridos con armas de fuego al menos cuadriplicaban a los homicidios, desnudando una apabullante disposición a matar. En una década el uso de armas de fuego en crímenes pasó del 55% a un piso de 71%. La mayoría de las víctimas —siempre por encima del 80%— son varones jóvenes y pobres.

El fiscal Baclini considera que existe un número alto de asesinatos por cuestiones familiares o vecinales y femicidios, pero el punto distintivo de Rosario es otro: “el uso de armas de fuego, acribillados, motos, dos personas con casco, en la periferia de la ciudad, que en muchos casos vienen con anuncios previos de que estas disputas empiezan con balaceras o heridos”. Las luchas entre bandas no explican cuantitativamente todos los crímenes y heridos con armas de fuego, pero son el plus que eleva las tasas por encima de otras grandes urbes. “Sacando estas disputas, uno maneja una cantidad de homicidios mensual que puede rondar en diez, lo que nos llevaría a una tasa razonable”.

los brujos

Un muchacho espera sentado en una celda del subsuelo. En minutos recibirá una condena por un homicidio y otras causas unificadas. Los jueces solicitan que traigan al detenido. La presencia se demora. En los pasillos hay corridas y caras de desconcierto. Ariel “Teletubi” Acosta se esfumó. Un agente penitenciario lo sacó de la celda, lo ingresó en un calabozo contiguo y olvidó colocar el candado. El joven encontró todas las rejas sin llaves hasta que alcanzó el hall de entrada del reluciente Centro de Justicia Penal de Rosario; finalmente salió y tomó un taxi. Fue el 20 de diciembre de 2019, diez días después de que asumiera Omar Perotti y de una decisión: el traslado del Servicio Penitenciario desde el ministerio de Seguridad al ministerio de Estado, Justicia y Diversidad.

Teletubi Acosta (25) forma parte de la banda de narcomenudeo liderada por René “Brujo” Ungaro (34), cuyo feudo son los Fonavi de barrio Municipal, en donde mataron a otro ladero: el gordo Milkhouse. El Brujo cumple una condena por asesinar en 2010 a Roberto “Pimpi” Caminos, un renombrado jefe de la barra de Newell’s. Desde entonces los Ungaro-Funes protagonizan una batalla impiadosa contra los deudos de Caminos que se cobró la vida de casi treinta personas entre 2016 y 2018.

En 2018 el Servicio Penitenciario construyó en las principales cárceles sectores especiales para albergar a los jefes de las bandas. Tienen una capacidad no superior a cinco internos, inhibidores de señal de celular, cámaras de videovigilancia, y centros de monitoreos en cada penal y en la Dirección General del Servicio Penitenciario. Detenido desde 2010, el Brujo Ungaro es trasladado a uno de esos sectores en la cárcel de Piñero. Pero a inicios de 2020, ya con las nuevas autoridades penitenciarias, los pabellones especiales comienzan a vaciarse. Ungaro es uno de los que negocia su vuelta a una celda común. Se concreta el 17 de enero y significa el reencuentro con parte de sus principales lugartenientes. Cinco días más tarde, la policía anuncia la recaptura de Teletubi Acosta, el fugado en taxi del Centro de Justicia Penal. Lo encuentran deambulando sin armas. Dicen que unas escuchas telefónicas habrían sido la clave. Pero un baqueano de las cárceles de la provincia revela la verdadera trama: “El Servicio Penitenciario se sentó a negociar con los líderes de las bandas y se dieron traslados a pabellones comunes. Entre ellos el Brujo Ungaro y Ramón Manchuca, de Los Monos. Ungaro pasa a un pabellón común y días más tarde sorpresivamente lo aprehenden al Teletubi, que es hombre suyo. El Brujo le ordenó que se entregara”. Los penitenciarios son una punta fundamental del poder ilegal en Santa Fe. La corrupción en las cárceles es vox populi en la Argentina, pero el encarcelamiento en Santa Fe de numerosos líderes de grupos criminales implica un cambio de escala. Las penitenciarías se convirtieron en poco tiempo en una irrefrenable máquina de recaudación y en un recargado polo de poder todavía en las sombras. Empleados y funcionarios son interfaces decisivas con el territorio y los negocios. “Hoy los capos tienen que poner unas 300 lucas por cabeza para estar ahí con sus privilegios, que son los celulares, las minas, la merca, la comida, los televisores, pero también apagar las cámaras cuando los visitan otros muchachos y conseguir documentos falsos para los registros de ciertas visitas”, señala el baqueano.

ancien régime

Cuentan los que conocieron desde adentro las gobernaciones peronistas en Santa Fe que hubo un ministro, al que consideraban con sumo respeto como un viejo zorro, muy sagaz y pillo, que solía reunir a los jefes policiales para organizar el territorio y sus excesos. Si algo no quería eran los escándalos, que la fuerza se zarpara en la regulación de la prostitución, el juego, y el contrabando de autopartes. Un exfuncionario que supo frecuentarlo seguido parece encantado con reproducir las palabras exactas de aquel ministro: “Y le decía al jefe policial: con el tema drogas al primero que lo pesco que está metido en la joda, le corto la cabeza. Acá tenemos consumidores y hay que proveérsela. Perfecto, ustedes son responsables de que haya en tal zona, en tal zona y en tal zona, pero lo controlan”. Se descuenta que la cesión de ese manejo de los negocios clandestinos implicaba retornos que financiaban campañas y otros gastos de la política.

Con el arribo del socialismo en 2007, aquel orden se resquebrajó. El primer síntoma fue cuando Hermes Binner (2007- 2011) sostuvo en el cargo al entonces jefe provincial de la policía. Quienes conocían la institución y sus tradiciones, todavía lo consideran como una verdadera locura. El exfuncionario así lo recuerda: “Aparte en el Ministerio de Seguridad que creó Hermes, decían: Nooo, nosotros con la policía no, nosotros somos las cabezas, para eso está el jefe de la fuerza, ellos son los responsables, ellos tienen que controlar”. ¡Y la policía se hizo el festival completo! Entonces ya no solo que no controlaban y empezaban a recibir buena guita, después empezaron a manejar directamente el negocio ellos. Ahí se desbanda todo”.

Las voces de la política santafesina repiten que en el peronismo había mucho más acuerdos con la policía y que en las gestiones socialistas se le dio mayor autonomía, lo que facilitó una mayor asociación entre los uniformados y los grupos delictivos, a diferencia de épocas anteriores en las que regulaban a cambio de pagos. El exfuncionario rememora cuando el jefe de la policía, una vez ratificado en su cargo por Binner, reunió en enero de 2008 a los 19 jefes regionales para comunicarles sus pretensiones económicas mensuales: “Entonces a Rosario ponele que le correspondía 100.000 dólares, a Santa Fe 70.000, y así el resto. El problema es que después el jefe de la unidad llamaba a los treinta y pico jefes de comisarías y les hacía el mismo discurso: ‘muchachos, yo quiero 300.000 dólares’. Y el jefe de comisaría hacía lo mismo y así se fue todo a la mierda, porque pasaron a ser socios de las bandas”.

el descenso

Durante el gobierno de Miguel Lifchitz (2015-2019) los homicidios disminuyeron sostenidamente. Del pico máximo en 2013 (271 muertes) bajó a 179 en 2016, 162 en 2017, tuvo un leve crecimiento en 2018 (180), y volvió a bajar en 2019 (168). Se sumó la abrupta caída de los heridos con armas de fuego: en Rosario, de 1034 en 2014 cayó a casi la mitad en 2019 (575). Desde entonces hay una intensa discusión sobre las razones de esa reducción de la violencia letal que todavía sigue abierta.

Para el exministro de Seguridad Pullaro se trató de la reconstrucción del mando político de la fuerza: “Cuando vos tenés un policiamiento y una orden clara sobre el trabajo de la policía que debe impactar en el territorio, eso también impacta en la seguridad pública. Nosotros logramos contar con 180 móviles, medir el trabajo de esos móviles en tiempo real, cada uno desplegado en un cuadrante determinado con objetivos muy claros: el secuestro de armas y la requisa de personas en calle; por eso pasamos a secuestrar tres veces más de armas de las que se secuestraban. Después lo que nosotros sí logramos hacer es el sistema de análisis criminal, donde la policía empezó a medir delitos. Nosotros laburábamos lo que era la probabilidad de diferentes tipos de delito y en función de eso planificábamos. Yo no pacté con la policía bajo ningún concepto”.

Sin embargo, las consultas a expertos en la materia que prefieren no dar sus nombres, dan cuenta de otros motivos: la posible existencia de una nueva negociación del poder político con la policía de la Provincia y de esta institución con los nuevos gerentes de los negocios ilegales en los barrios. Y también las vacantes que se fueron abriendo a medida que detuvieron y mataron a los jefes de las bandas. Las segundas y terceras líneas tuvieron un período de recomposición. Fueron años en los que se estaban, según el argot criminal y policial, “renegociando los territorios”.

Para el abogado Carlos Varela se combinaron una reorganización obligada de los grupos y la acción proactiva del Estado: “Una cosa es actuar en la normalidad delictual, en donde se expande el virus, va tomando células, va tomando parte del cuerpo; y otra cosa es cuando ese virus es atacado por un antibiótico y empieza a replegarse, pero no es que va a desaparecer. Cuando la política le ordena a las fuerzas que hagan algo porque esa disputa del monopolio de la violencia estaba haciendo mella en la legitimidad del sistema, pide que el reflector no los mire tanto a ellos. Cuando son atacados estos grupos ya no actúan ofensivamente sino defensivamente, replegándose, y en ese repliegue empiezan a querer avanzar pibes más jóvenes que son ahora los protagonistas”.

eterno retorno

El policía jerárquico vuelve a pedir anonimato cuando despotrica contra el ministro Saín: “A nosotros nos sacaron el control social de la calle, perdimos esa potestad, y ahora las bandas empiezan a cortarse solas y van a buscar la suya solos, van directo a la mesa de dinero, al puterío, a los taxis, a los boliches, adonde sea, se envalentonan”. Asegura que un sector interno de la fuerza está agazapado —“somos el plan B”— ante un eventual fracaso de la política de seguridad impulsada por Perotti. Su voluntad es que asuma un hombre cercano a los uniformados. “Mirá Córdoba, cuántos exjefes policiales dieron el salto a la política. Con eso ya está, se calma todo”. Las reuniones secretas se concretan al compás de los crímenes. “Nosotros estamos trabajando a reglamento, no es que no estamos, pero trabajamos a reglamento. Si me llaman por un robo en la calle, no acelero mucho la camioneta ni persigo a nadie. Te aclaro: nosotros no liberamos las zonas. ¡Eso es falso! El poder político libera el territorio cuando nos quiere sacar del medio, cuando nos quita la potestad histórica de ejercer el control social”.

La solución para este sector pasa por recuperar el manejo de la seguridad: “Pero tiene que resolverse en un acuerdo puertas para adentro, sin ruidos, y con compromiso mutuo; después cada comisario se sentará con los que manejan las chicas en los privados, con los de autopartes, con los que venden merca; cada taquero sacará, como se hizo siempre, el mapa del distrito y dividimos por cuadrícula y nos organizamos de nuevo. Ustedes dos venden desde acá hasta acá, ponen tanto a la comisaría, los privados no venden más frula porque la venden solamente ellos dos que nosotros autorizamos. Si la vecina se espanta por el búnker o por el puterío que vaya por la otra calle, pero va a estar tranquila porque no le van a robar más. En Rosario hay más o menos 100.000 consumidores, 40.000 son altamente peligrosos porque no tienen medios para comprarla. La política se hace la boluda con eso, entonces nosotros tenemos que regularlo, para evitar que los pibes más quemados crucen las geografías y vengan a mangar o chorear al centro. Por eso tenemos que recuperar el control social, así volvemos a zonificar el delito, y todo va a mejorar”.

El peronismo santafesino volvió al poder provincial después de doce años. En los barrios populares de Rosario se encontró con un sujeto popular inasible y, en ciertas franjas, brutal e indomable. La policía se relame con una espinosa vuelta al ancien régime una vez que las dinámicas delictivas desbordaron su cauce. Marcelo Saín enfrenta a su propio leviatán azul, dispuesto a recuperar el control político de la fuerza y a despegarla de los negocios ilícitos para profesionalizarla. Una población agobiada por la crisis económica y el miedo mira la escena con escepticismo. Nadie puede asegurar cuánto más se extenderá el sopor del verano.