La renta básica es una propuesta de ingreso individual, intransferible y sin contraprestación para todas las personas de un lugar determinado, por el solo hecho de haber nacido. No se trata de un ataque de generosidad, simplemente, sino que encierra una alternativa de ingresos mínimos en contextos en que el trabajo no logra incluir a la mayoría de les ciudadanes o, desde una perspectiva estratégica, como mecanismo para elevar las condiciones de competencia en el acceso al mercado de empleo.
Algunos gobiernos comenzaron a evaluar su viabilidad en tiempos de crisis y pandemia. Otros consideran que los altos niveles de pobreza y sobre todo de indigencia justifican su conversión en ley. Lo cierto es que, recientemente, el Papa Francisco afirmó que la instalación de un ingreso básico universal y la reducción de la jornada laboral son medidas necesarias para la pospandemia.
¿Es posible una Renta Básica en Argentina? ¿Qué medidas serían necesarias para su implementación? ¿Cómo construirla en una exigencia concreta y movilizadora desde las militancias?
Rubén Lo Vuolo (RLV) es economista y dirige el Centro Interdisciplinario para el estudio de Políticas Públicas en nuestro país. Desde hace veinte años investiga y publica artículos sobre este tema. Pablo Yanes (PY) es mexicano, también economista, y dirige la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ha publicado múltiples libros sobre la Renta Básica.
En América Latina la posibilidad de una renta básica cobra fuerza intermitentemente en tiempos de crisis. ¿En qué consiste la propuesta?
Rubén Lo Vuolo (RVL): Una renta básica universal o ingreso ciudadano como lo llamamos en Argentina es una transferencia de ingresos monetarios a las personas, de forma individual, permanente, periódica, universal e incondicional. Estas características la diferencia de casi todas las políticas sociales vigentes en Argentina y en América Latina que son condicionadas y focalizadas. El titular del derecho es la persona. La renta como política implica dejar de insistir con controlar si la persona tiene o no tiene un nivel de carencia, de pobreza, conforme a lo definido por los burócratas, sino definir de una vez por todas que todo el mundo, independientemente de su situación, tiene derecho a un ingreso básico, del mismo modo que tiene el derecho al sufragio. En términos fiscales funciona como un crédito fiscal efectivo, lo que significa que la prestación que se percibe de renta básica o ingreso ciudadano al cierre del ejercicio fiscal se coloca como crédito fiscal en la declaración personal de ingresos de las personas, impuesto que debe tener una escala tributaria progresiva.
Pablo Yanes (PY): Por lo mismo, debría ser de carácter vitalicio. Yo no entiendo el ingreso ciudadano como una medida compensatoria, sino que lo pienso desde la lógica de la redistribución y no de la compensación a las personas en situación de pobreza. Y ahí vemos que es una herramienta de emancipación porque no solo redistribuye ingresos sino poder, porque les da a todas las personas una oportunidad de decir no. Por eso, puede ser un punto de partida para avanzar hacia una transformación radical del mundo del trabajo, en la medida en que permite negociar en mejores condiciones la relación con el capital que, como sabemos, es asimétrica. Imaginemos cómo hubiera sido la pandemia con una renta básica. Creo que la crisis no hubiera sido tan profunda.
Pero en países como el nuestro existe un cuestionamiento fuerte a la idea de universalidad porque no habría condiciones fiscales.
PY: Es necesario pensar su implementación gradualmente, en etapas, y para ello tenemos que conquistarlo como un nuevo derecho, como pilar de un Estado de Bienestar transformado y renovado. Es mucho más que un programa y es mucho más que una política pensada para la emergencia, sin dejar de considerar por supuesto que la pandemia y la emergencia pesan y mucho.
RLV: Ninguna política universal se implementó de un día al otro. Pueden ir privilegiándose, por ejemplo, primero a las personas de determinada edad, niños y niñas o adolescentes, adultos mayores. Pero el objetivo es que alcance a todo el mundo.
Una constatación reciente en los países de América Latina, agravada en el escenario post pandemia, es que el empleo remunerado no garantiza la superación de la situación de pobreza. En ese sentido, en Argentina cada vez se distancia más el salario mínimo del valor de la Canasta Básica Total. En México también hay un cuestionamiento al poder de compra del salario. ¿Asistimos a una crisis de la capacidad inclusiva del trabajo asalariado?
RLV: Lo que está sucediendo en el mercado de empleo es una tendencia que ya lleva mucho tiempo. A nivel mundial la oferta laboral cada vez se amplía más, no solamente por cuestiones demográficas sino por otros elementos, por ejemplo, la incorporación de la fuerza de trabajo femenina, la ampliación de los sistemas educativos que hace que haya fuerza de trabajo cada vez con mayor capacidad de participar. Al mismo tiempo, no obstante, se está retrasando la demanda porque cae a nivel mundial el crecimiento económico y la tecnología va reemplazando mano de obra. Está mal dicho, porque gran parte del capital es intangible y tiene que ver con el procesamiento de información, pero hay un fenómeno tendencial de retracción de la demanda y aumento de la oferta que genera un exceso de fuerza de trabajo. Hoy el mercado de empleo se piensa como el carnet de afiliación genuina para obtener ingresos. También es el medio para obtener salud y pensiones. El problema está precisamente ahí: hemos construido un sistema de políticas públicas donde el derecho de acceder al ingreso y a otros elementos claves para la existencia, están pensados como una intermediación garantizada por el mercado laboral. No solamente eso, sino que estaban pensados para una estructura familiar en donde el hombre supuestamente participaba del mercado laboral y el resto de los miembros de la familia eran dependientes del hombre económicamente. Entonces, lo que estamos viviendo es un cambio brutal no solo en el funcionamiento de la estructura del mercado laboral, sino también en la organización familiar, lo cual implica una reorganización de la comunidad. Y las políticas públicas siguen pensándose con esa mentalidad. El problema de muchas de las propuestas que abrazan defensores de los sectores populares es que le siguen prometiendo a la gente algo que nunca van a obtener. No porque falte decisión política sino por los cambios estructurales que se están verificando en la economía y la sociedad.
¿Qué vino a mostrar de novedosa la pandemia en este sentido?
RLV: En la pandemia primó la concepción de que la pobreza es una situación transitoria, por eso los programas se denominaron “de emergencia”. Se da por supuesto que el problema se va a resolver cuando la economía retome el crecimiento y vuelva a generar empleo, o bien cuando la gente termine cursos de formación y esté en condiciones de participar en ciertas actividades. Pero la propuesta del ingreso ciudadano dice “no señores, este es un problema permanente”. Y justamente no es un problema que haya que resolver cuando se manifiesta, sino que hay que prevenir. El ingreso ciudadano es compatible con la valoración del trabajo en el hogar, del ocio, pero no entendido como un tiempo de diversión sino como tiempo para otras actividades creativas. También es compatible con la concepción de otro tipo de organización social. En América latina hay sectores que se pretenden progresistas que defienden un orden conservador, que está desapareciendo. Incluso si el ingreso ciudadano es inviable, supongamos que no se puede, yo creo que se puede, pero supongamos que no se pueda, igual hay que cambiar. Si el ingreso ciudadano no es la respuesta hay que buscar otra.
PY: Carlos Monsiváis decía “o ya no entendemos lo que está o ya pasó lo que estábamos entendiendo”. De alguna manera es la situación en la que nos encontramos, pero parece que no nos damos cuenta. Yo diría que estamos viviendo una larga crisis de la sociedad salarial. No es algo que haya surgido con la pandemia, sino que viene de hace tiempo y tiene que ver con la profunda transformación del régimen de acumulación que introdujo el neoliberalismo. En una sociedad equilibrada, perder el empleo debería significar apenas perder el empleo, no perder el ingreso. Pero resulta que perder el empleo en sociedades como las nuestras es perder el acceso a la salud, el acceso a los fondos de pensiones y a un conjunto de derechos sociales. La discusión sobre el ingreso ciudadano nos lleva a la discusión sobre qué es el trabajo. En nuestra mentalidad, trabajo es igual empleo y no es así. El empleo es una relación de intercambio que sucede en el mercado, mientras que el trabajo entendido como valor de uso es una categoría mucho más amplia que tiene que ver con todas las actividades transformadoras que llevamos a cabo: estudiar, el trabajo doméstico, la participación cívica, el accionar político, son todas formas de trabajo. El ingreso ciudadano apunta en esa dirección. Cuando se dice que hay gente que recibe ingresos sin trabajar pienso en los grandes inversionistas que pueden recibir ingresos efectivamente sin trabajar. Pero se sospecha del que no tiene trabajo asalariado. ¿Por qué el acceso a la salud y el tipo de acceso y la calidad del acceso debe depender del tipo de inserción en el mercado laboral?
¿Sería posible una política de ingreso ciudadanos comenzando por las mujeres o identidades no binarias que dedican la mayor parte de su tiempo a tareas de cuidado?
RLV: En la historia de la humanidad las políticas de este tipo nunca se ha implementado de una vez. Es una discusión que tenemos hoy en América latina, ya que algunos creen que los programas asistenciales condicionados y fragmentados son un primer paso para llegar a un ingreso ciudadano o renta básica. Nosotros decimos: ¿cómo vamos a llegar a un ingreso universal e incondicional, empezando con políticas condicionadas y fragmentadas? Lo que podemos es empezar a dar un ingreso ciudadano a este grupo de edad, de 20 a 30 años, o a las mujeres, pero tiene que ser universal e incondicional, sin discriminar entre mujeres ricas, pobres, más viejas, más jóvenes. El punto es establecer luego cómo seguimos con el resto, quiénes vienen después. Esto está vinculado a otra cuestión clave, que no se pone sobre la mesa: el fetiche del crecimiento económico. “Vamos a resolver nuestros problemas cuando crezcamos”. Y lo mismo pasa con el ingreso ciudadano: es erróneo plantearlo como una política que apunta a luchar contra la pobreza. El ingreso ciudadano es una propuesta que lee de otro modo la generación de riqueza, que justamente lo que pretende es cambiar el modo en que nuestras sociedades se distribuye lo que se genera y lo que existe. Cuando los institutos de estadística o fundaciones privadas tiran un número y dicen “la pobreza aumentó, la pobreza bajó”, en realidad lo que aumentó o bajó es un indicador que se construye para medir algo, pero el problema trasciende al indicador. La generación de personas sin capacidad para sobrevivir es resultado del mismo proceso que genera gente muy rica, por eso el término exclusión -que yo mismo he utilizado durante mucho tiempo- es un poco controvertido. Todas las personas están incluidas en esta sociedad, el problema es que algunos están incluidos con poder y otros no tienen poder.
PY: Muchas veces las objeciones sobre los números del ingreso ciudadano se hacen en base a la hipótesis de que, si mañana lo aplicáramos, no tendríamos los recursos suficientes. Y efectivamente es así. El otro día leí un chiste que dice: “en un debate cuando la derecha quiere ganar saca una gráfica y cuando la izquierda quiere ganar apela a una cita”. Pero ya hay muchas propuestas de introducción gradual, progresiva y sostenida de ingreso ciudadano. Conozco propuestas a veinte años, por grupos de edad, y luego por las mujeres, terminando con los varones de edad aptos para trabajar. En general considero que la instrumentación tiene que basarse en aquellos mecanismos más fáciles de identificación y más neutros para la decisión. En ese sentido, el mejor criterio es la edad. Porque cuando tú propones que sean los pueblos indígenas, las personas con discapacidad o la población LGTBIQ, aparece la pregunta: ¿quiénes son? Las fronteras son difusas y se pueden cometer errores de inclusión y de exclusión. Otra posibilidad puede ser, por ejemplo, “el sector de salud”. Pero ahí viene otra pregunta: ¿quién participa del sector de la salud? ¿Los médicos y las enfermeras, o alguien más? ¿Los que están en la primera, o también los que están en la segunda o en la tercera línea de los trabajadores esenciales?
Ustedes hacen mucho hincapié en salir de la concepción de los planes sociales focalizados únicamente en ciertos sectores sociales como pobres o informales.
PY: Sí, es necesario no repetir los viejos problemas de la focalización, que nos lleva a decidir quién sí y quién no, y donde termina el algoritmo. Porque la experiencia es que inevitablemente se cometen grandes errores. Yo sería partidario de una lógica por edad, porque eso es más difícil de distorsionar y es un criterio mucho más neutral. En el caso de la ciudad de México, por ejemplo, el criterio de edad para la vacunación ha funcionado perfectamente. Luego, creo que hay que hacerse cargo de una crítica feminista respecto al ingreso básico y el riesgo de volver a encerrar a las mujeres en el hábito doméstico. Me parece que hay que poner el acento en la importancia de que sirva para dar mayor autonomía económica y mejor inserción en el mercado laboral, y si no conseguimos un sistema público de cuidados eso será muy difícil.
Desde múltiples sectores se objeta a la renta básica universal porque no resolvería el problema de la pobreza.
PY: Yo no sé por qué al ingreso ciudadano le piden que resuelva todos los problemas del mundo. Parte de la objeción es decir que no resuelve tal problema, pero díganme ustedes qué política resuelve todos los problemas al mismo tiempo. Por eso me gusta decir que no es la solución, sino parte de la solución. Efectivamente, si no tenemos un sistema nacional de cuidados y no tenemos un servicio de acceso adecuado a la salud y a la educación, obvio no vamos a resolver los problemas simplemente con una transferencia de ingresos, que -aunque sea generosa- nunca va dejar de ser modesta y eso hay que tenerlo claro.
¿Pasa algo similar con la crítica moral al uso que se haría de ese ingreso universal?
PY: Ese es otro elemento de las críticas que hay que responder: que con un aumento de los ingresos va a aumentar el consumismo y la gente va a gastar en más comida chatarra o se van a emborrachar, los típicos prejuicios que conocemos. Pero entonces no aumentemos nunca los salarios porque va a aumentar el consumismo, o no aumentemos las pensiones porque va a aumentar el consumismo. Recientemente tuvimos un debate sobre los pueblos indígenas y alguien decía que el problema de otorgarles un subsidio es que va a haber consumismo. Hay que a sacarle ese halo pecaminoso al consumo. ¿Por qué no criticamos la propiedad como una fuente de ingresos? Es más, la concentración se deriva de los ingresos de la propiedad, es decir de la renta, no del sueldo que recibe una persona en una empresa. Si en nuestras sociedades es legítimo tener ingresos porque se es propietario, ¿por qué no puede ser legítimo tener un ingreso modesto por ser persona? Creo que es una discusión que nos lleva a cuestionar muchos de los supuestos culturales que se reproducen en nuestra sociedad; por ejemplo la idea de que “quien no trabaja no come”, la idea de que no hay límite a la acumulación de riqueza, de que la propiedad es una fuente legítima de ingresos y que la única manera de tener ingresos es el trabajo asalariado.
- La última pregunta se relaciona con la economía política del ingreso ciudadano. ¿Cómo piensan posibles coaliciones? Porque la idea no parece estar en el radar de los partidos políticos ni de los sindicatos.
RLV: Se necesita un movimiento de la sociedad civil que se haga cargo del tema y que presione al sistema político para que entienda la importancia del asunto: o aceptás esto o perdés. Sobre la renta básica hay gente de izquierda que dice que es una política de derecha y gente de derecha que dice que es una política comunista. Construir una coalición política en torno a una propuesta que tiene estas características es muy difícil. Creo que hay que trabajar desde abajo, para tener la cosa armada para cuando se dé la oportunidad.
PY: Las formaciones sociales construyen consensos ex-post, no ex-ante, eso es algo que yo he visto. Sobre un cambio profundo es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo antes. Aparece un escenario propicio, donde se crea un nuevo consenso, y se construye después.
