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los patrones del mal
Los ingenios azucareros marcan la historia de Tucumán y Jujuy, donde los dueños de la tierra lograron concentrar el mercado y reprimir las luchas obreras. Casi 50 años después de los centros clandestinos de detención, el lento brazo de la justicia todavía no ha tocado a los propietarios. Dos integrantes de Abogadas/os del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) analizan cómo el diablo, la familia y la propiedad siguen haciendo de las suyas en esta región de la Argentina.
Fotografía: Osvaldo Ripoll
09 de Marzo de 2023
crisis #56

 

“Reconocer significa saber valorar. Valorarlo es tomarlo como un ejemplo. Y ese ejemplo nos tiene que servir como un motivador para hacer las cosas de la mejor manera, como lo hicieron ellos”. El que habla es José Orellana, intendente de Famaillá, una ciudad situada a menos de 40 kilómetros de San Miguel de Tucumán. El elogio lo recibe Jorge Alberto Figueroa Minetti, presidente del directorio del ingenio La Fronterita durante la década de los  setenta, mientras es reconocido como ciudadano ilustre de esa ciudad.

Es mayo de 2022. Figueroa Minetti está procesado por los delitos de lesa humanidad, cometidos durante el Operativo Independencia y la dictadura militar, contra decenas de personas que trabajaban bajo la órbita de La Fronterita, o vivían en sus colonias. Es uno de los pocos empresarios investigados por su complicidad con el terrorismo de Estado, junto a una pequeña lista en la que se destaca Carlos Pedro Blaquier, expresidente de la empresa Ledesma SAAI. Por su parte, Orellana fue condenado, en diciembre de 2022, a tres años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber abusado sexualmente de una mujer que trabajaba en la Cámara de Diputados de la Nación, en 2016.

 

las familias del perro

Tucumán y Jujuy comparten el clima, ciertos usos y costumbres y el sentimiento de pertenencia al noroeste argentino. Pero, sobre todo, tienen en común que el azúcar es el motor del desarrollo y, también, de la desigualdad histórica. 

En estas tierras, un mito explicó durante años la desaparición de obreros: el Familiar. El dueño del ingenio pactaba con el diablo la entrega de un peón por zafra, para que el ingenio funcionase bien. Quien salía a buscar a ese peón era el Familiar, un enorme perro negro de brillantes ojos rojos que arrastraba una larga cadena. Este mito creció en las entrañas del norte argentino desde finales del siglo XIX, principios del XX, de la mano de la familia Hileret, que logró hacerse del ingenio Lules. Así lo relató el historiador Eduardo Rosenzvaig, en La cepa. Arqueología de la cultura azucarera. Lo que no es un mito es que los obreros sí fueron sacrificados para la opulencia de unos pocos. El desarrollo de los empresarios del azúcar estuvo marcado con sangre desde sus inicios. Su poder y su riqueza crecieron alimentados con la desaparición y el disciplinamiento de los trabajadores. Para muestra basta un botón. Vamos a contar dos.

Tucumán y Jujuy comparten el clima, ciertos usos y costumbres y el sentimiento de pertenencia al noroeste argentino. Pero, sobre todo, tienen en común que el azúcar es el motor del desarrollo y, también, de la desigualdad histórica.

A comienzos del siglo XX, la familia Minetti integraba la incipiente oligarquía nacional. De ascendencia piamontesa, desarrolló sus actividades, desde el centro del país, apostando a la industrialización de la economía primaria y adquiriendo molinos en Córdoba y Santa Fe. En 1915, José Minetti, uno de los hermanos que formaba parte de la empresa, compró el ingenio tucumano La Fronterita. Esto hizo crecer el negocio; para comienzos de la década del veinte ya eran una de las principales familias del rubro alimenticio. Con los años, los Minetti diversificaron sus actividades empresariales incursionando en la actividad agrícola ganadera y los negocios financieros e inmobiliarios. El ingenio azucarero y varios de los molinos quedaron en manos de la empresa José Minetti y Cía. Instalados en Tucumán y junto a los Paz, dueños del Ingenio Concepción -el más importante de la provincia y cuya participación en crímenes de lesa humanidad también fue denunciada en la justicia-, pronto se alinearon a los intereses que enarbolaron los Blaquier, en la provincia de Jujuy: concentrar la producción de azúcar y sus ganancias en pocas manos a costa de pueblos enteros arrasados por las crisis económicas y el terror, la muerte y la desaparición.

De procedencia patricia, la ascendencia de la familia Blaquier se remonta a comienzos del siglo XIX cuando Juan Vicente Lázaro Blaquier Sagastizábal se casó con Juana Agustina Oromí Escalada; ambas familias eran parte de la incipiente burguesía agropecuaria. En 1951 Carlos Pedro Blaquier se casó con la hija del administrador del ingenio Ledesma, Nelly Arrieta. Al comienzo de la década de los setenta, con la muerte de su suegro, Blaquier se hizo cargo del ingenio.

Los Minetti y los Blaquier tenían un acuerdo: consideraban que Tucumán era un problema. La provincia les parecía una anomalía: su pequeño territorio contenía 26 ingenios azucareros, lo que implicaba una distribución de la renta y una diversificación de actores inusitada. En resumen, una situación que había que cortar de cuajo. La primera gran escena de la obra maestra para monopolizar el azúcar fue el cierre de los ingenios, en 1966. “El cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros existentes hasta 1966 ocasionó una verdadera catástrofe económica y social en Tucumán. En esta provincia el azúcar constituía la principal actividad económica, y era una de las agroindustrias más destacadas del país, tanto por el volumen de su producción como por la cantidad de mano de obra empleada”, explica la historiadora tucumana Silvia Nassif, en Tucumanazos: una huella histórica de luchas populares: 1969-1972.  En su libro Historia de la destrucción de una provincia, Roberto Pucci sintetizó en números esta catástrofe: “Eliminaron once ingenios azucareros, empujaron a unos 250.000 tucumanos a un penoso exilio interior y 11.000 pequeños productores cañeros fueron expulsados de una actividad en la que venían desempeñándose desde hacía décadas”. 

Esas políticas chocaron con la resistencia y rebeldía del pueblo tucumano. En 1974 la FOTIA, el histórico gremio de los trabajadores azucareros, declaró una gran huelga. Fue un desafío al pacto social propuesto por Juan Domingo Perón, la demostración de la vitalidad que aún tenía la federación a pesar del golpazo de 1969 y una muestra más de que las políticas de concentración y la reconversión tecnológica no se implementarían fácilmente. Por eso, se preparaba el disciplinamiento de aquellos que organizaban las acciones y luchas por mejores condiciones. 

En 1975, durante el Operativo Independencia en Tucumán, en el ingenio La Fronterita se asentó una base militar y funcionó un centro clandestino de detención y torturas. El ingenio puso su estructura en función de la maquinaria de terror. La Fronterita está apenas a seis kilómetros de la Escuelita de Famaillá, donde funcionó el primer centro clandestino del país. La fuerza de tareas Rayo, del Ejército, se apostó en los alrededores del ingenio conducido por Figueroa Minetti, a unos 500 metros de la fábrica, en dirección a las colonias, los barrios creados para alojar a los trabajadores y sus familias. También cerca de los conventillos utilizados por los obreros golondrinas. Una forma de ejercer control y generar terror. Aunque luego del cierre de los ingenios, muchas colonias habían sido desarmadas, para 1975 aún funcionaban como espacios de encuentro de los obreros y sus familias, donde se entablaban lazos profundos de solidaridad y cooperación. Eso también tenía que ser exterminado.

En las mismas tierras del ingenio funcionaba, por ejemplo, la escuela y el sindicato. En estos espacios se formaron padres e hijos. Y en algunos casos de allí salieron los futuros líderes sindicales que luego encabezaron un pujante movimiento obrero que resistía las políticas laborales regresivas de las empresas y la implementación de modelos productivos inequitativos. Fidel Jacobo Ortiz era un obrero del surco. Se crió en la colonia 3 del ingenio. Vivía allí con su familia. Con el tiempo tomó gran preponderancia a partir de su rol en el sindicato y fue tanta su influencia que, a pesar de venir del surco, logró tener posiciones de jerarquía en el sindicato La Fronterita, llegando a ser secretario general. Y, así como muchos otros obreros con posiciones firmes ante las injusticias y el maltrato, fue comido por el perro de los Minetti. Fidel Jacobo Ortiz se encuentra desaparecido desde 1976. Andhes lleva la querella por Ortiz representando a la familia, acompañando y exigiendo justicia. No fue solo él. Entre el Operativo Independencia y el golpe genocida, La Fronterita habría sido cómplice de la desaparición y muerte de al menos 68 de sus obreros azucareros.

Lo sucedido en las inmediaciones del ingenio Ledesma, en Jujuy, tiene paralelismo con lo hasta aquí relatado. En este caso no se montó un centro clandestino de detención en la fábrica para instalar y extender la represión en el tiempo. Aquí se actuó con una metodología de terror instantáneo. Le bastó a Blaquier con la disposición de su poder de influencia en la zona para instigar el secuestro y la desaparición de varios referentes sindicales. Por ejemplo, durante las jornadas conocidas como la Noche del Apagón -en Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar- hubo más de cien secuestros de trabajadores. El hecho tomó visibilidad a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos y de organizaciones emergentes como la Tupac Amaru. 

Los Minetti y los Blaquier fortalecieron sus negocios en el período que abarca el cierre de los ingenios azucareros hasta mediados de la última dictadura. La Fronterita aumentó su producción en más de un 100% entre 1965 y 1978, pero con menos trabajadores. Compró además otro ingenio caído en desgracia, el Bella Vista, y puso en marcha su destilería para la producción de alcohol y derivados de la caña. La suerte del ingenio Ledesma fue muy parecida, consolidándose como una las principales empresas del rubro a nivel latinoamericano. Ambas familias se mantuvieron en la cúspide de los empresarios nacionales. Los Blaquier lograron un poderío total monopolizando hasta la actualidad el mercado sucro alimenticio y nunca dejaron de influir en los distintos ámbitos de la vida social no solo de Jujuy, sino del país entero.

 

stop motion

El 10 de enero falleció el coronel retirado José María Menéndez, procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en la fábrica Norwinco, instalada en el marco del Operativo Tucumán, como parte de un plan para radicar distintas empresas en la provincia con el fin de contener la falta de trabajo producida por el cierre de los ingenios. Menéndez actuó como gerente y administrador de esa fábrica, donde desaparecieron tres trabajadores. Como con Minetti, los testimonios de las víctimas en el juicio sobre el Operativo Independencia no dejaron dudas sobre la participación de la empresa. Menéndez, además, era el padre de Sebastián Murga, actual presidente de la Sociedad Rural, fundador del partido CREO, candidato a gobernador de Tucumán y uno de los principales impulsores para que Cambiemos sume a su armado a Fuerza Republicana -el partido del genocida Antonio Domingo Bussi.

Telésforo Zurita y Alfredo Luis Arzuaga ocupaban roles jerárquicos en la empresa Minera Aguilar S.A en 1976 y fueron procesados en 2013 por delitos cometidos contra los trabajadores de esa empresa. Para 2018, cuando la causa llegó a juicio oral, el tiempo y la demora judicial ya habían hecho lo suyo. Zurita fue declarado senil e imposibilitado de afrontar el juicio, mientras que Arzuaga pereció impune y sin llegar a rendir cuentas.

La reapertura de las investigaciones por delitos de lesa humanidad tuvo y tiene como gran escollo al sistema judicial argentino. Después de aquel primer impulso a las causas, en la primera mitad de los años 2000, y luego de los años de macrismo y el desguace de lo poco construido, existe actualmente una parálisis alarmante que trae aparejada la única impunidad inevitable, la biológica.

“El negocio de ellos es el tiempo”, ilumina alguien que sabe. Tiempo del que, como pocos, los dueños y gestores del capital son celosos guardianes. Tiempo que llevan a mínimas expresiones físicas cuando hacen producir y circular las mercancías. Tiempo que se vuelve chicloso cuando se trata de expedientes judiciales”, explicó Alejandro Jasinski hace más de dos años en El cohete a la Luna. El stop motion continúa.

Así como Menéndez, Zurita y Arzuaga, Blaquier y Minetti son la muestra de las dificultades, los obstáculos y límites que tienen las instituciones argentinas no solo para dar con el poder real sino también para juzgarlo. Los números lo marcan: a lo largo y ancho del país se obtuvieron, hasta el momento 266 sentencias por juicios de lesa humanidad, con un total de 1088 condenas, mientras que 1371 de las personas investigadas, procesadas o condenadas ya fallecieron. De estos números se desprende que solo tres causas penales que involucran a empresarios cómplices llegaron a juicio oral, las ya conocidas causas Ford, La Veloz del Norte y Las Marías.

En este contexto, para Carlos Pedro Blaquier las demoras en su devenir procesal marcaron la compulsa por su juzgamiento. El procesamiento en primera instancia fue dictado en 2012 y pasaron casi diez años hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera que tanto Blaquier como Lemos, su administrador en esa época, debían ser procesados y llevados a juicio oral por los crímenes investigados en tres grandes causas; una de ellas, tal vez la más emblemática, es la de la Noche del Apagón. La causa llegó a la Corte cuando el supremo Carlos Rosenkrantz, cercano a la familia Blaquier, ensayaba argumentos jurídicos que debilitaron el proceso de justicia en nuestro país. Fue tanto el tiempo que pasó, que le permitió a Blaquier alegar cuestiones médicas y de salud para no tener que afrontar el juicio oral.

El caso de Minetti va por el mismo carril. La investigación contra los administradores y socios de la empresa comenzó en 2015 y tomó fuerza luego del juicio por el Operativo Independencia, donde muchas de las víctimas del centro clandestino del ingenio La Fronterita fueron a declarar. En 2018 se tomaron las indagatorias a cuatro empresarios que formaron parte del directorio y la administración de la empresa José Minetti y Cia. entre 1975 y 1978. En 2021, luego de sortear un sinfín de artimañas judiciales que demoraron la causa al menos treinta y cinco meses, fueron procesados. Ese retraso se inició con una vergonzosa decisión del entonces juez federal, Daniel Bejas, que declaró una falta de mérito en favor de los acusados. El magistrado no quiso procesar a los empresarios, pero tampoco se animó a sobreseerlos completamente. Decidió, casi un año más tarde de vencido el plazo para hacerlo, que había que seguir investigando. Como en otras causas donde se investigan a actores económicos, la justicia responde esquiva. Los jueces tienen miedo al escrache público que implica sobreseer a los acusados, pero temen mucho más a dar curso a las investigaciones. Así, dilatan sus decisiones que eventualmente terminan en falta de mérito.

En la actualidad solo a dos de los acusados inicialmente, José Butori y Jorge Alberto Figueroa Minetti, la biología les permite seguir rindiendo cuentas. A sus 94 años, Figueroa Minetti espera con comodidad la fecha de juicio oral que lleva demorada más de un año, durmiendo el sueño de la impunidad en el Tribunal Oral Federal de Tucumán. Este mismo tribunal hace más de cinco años que tiene pendiente la realización de otro juicio por delitos de lesa humanidad, la tercera parte de la causa del centro clandestino Jefatura de Policía.

¿Qué importancia tienen estas causas? El juicio contra los empresarios del ingenio La Fronterita será la primera vez en la provincia de Tucumán en la que se llevará al banquillo a empresarios que son posibles cómplices del terrorismo de Estado. El mismo desafío afronta Jujuy: juzgar a los dueños de la tierra, el azúcar y la sangre. 

El juicio contra los empresarios del ingenio La Fronterita será la primera vez en la provincia de Tucumán en la que se llevará al banquillo a empresarios que son posibles cómplices del terrorismo de Estado. El mismo desafío afronta Jujuy: juzgar a los dueños de la tierra, el azúcar y la sangre.

 

legados de impunidad

Durante 2020 y 2021 el ingenio Ledesma volvió a ser noticia debido a las condiciones en las cuales sus trabajadores convivieron con la pandemia de Covid-19 y las restricciones sanitarias. El sindicato recobró protagonismo y denunció que Ledesma fue la empresa donde más muertes de trabajadores hubo. Andhes denunció estas violaciones a los derechos humanos ante las Naciones Unidas.

Sobre el grupo Minetti, podemos rastrear recientes denuncias sobre violaciones a los derechos de sus trabajadores en la quiebra y cierre de su fábrica molinera en Córdoba. 

Jorge Alberto Figueroa Minetti fue procesado en 2014 por la contaminación producida por el Ingenio Bella Vista en distintas zafras. En ese caso se lo acusó de “haber envenenado, adulterado y/o contaminado de un modo peligroso para la salud, el agua, la atmósfera y el ambiente en general”, por medio de desechos vertidos en la cuenca del río Salí. Aquí también logró evitar el juicio, en este caso por medio de una probation en la que se comprometió a reparar el daño ambiental causado por sus empresas al violar la ley nacional de residuos peligrosos. La causa había iniciado en 2007 y la pena que tenía establecida por ley era entre 3 y 10 años de prisión. Lo subsanó arbolando y perimetrado un pequeño predio en las cercanías de Bella Vista.

Durante 2020 y 2021 el ingenio Ledesma volvió a ser noticia debido a las condiciones en las cuales sus trabajadores convivieron con la pandemia y las restricciones sanitarias. El sindicato recobró protagonismo y denunció que Ledesma fue la empresa donde más muertes de trabajadores hubo.

En Tucumán en 2016, mientras se sustanciaba la investigación de la causa que hoy espera llegar a juicio oral, la empresa se desprendió del ingenio La Fronterita vendiéndolo a una subsidiaria de la multinacional Coca Cola. Desde entonces, las organizaciones de derechos humanos intentan acordar con los nuevos dueños una señalización de lo que fue un espacio de terror.

Se dice que el daño causado por el terrorismo de Estado a la sociedad en su conjunto implica la afectación a la generaciones venideras. Los hijos de los hijos. ¿Este fenómeno lo podemos trasladar a algunas instituciones? Así como en el poder judicial se sostienen sectores conservadores que reproducen prácticas que favorecen la impunidad de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, en el caso de los sindicatos azucareros y el disciplinamiento a los trabajadores, el daño transgeneracional es palpable. En las empresas de los Minetti y los Blaquier, las víctimas siguen siendo las mismas: los trabajadores, quienes buscan resistir al paso del tiempo y la continuidad de las injusticias. Entre los crímenes de aquellas épocas y los cometidos en este nuevo siglo existe un legado de impunidad, que favorece la reproducción de prácticas empresariales alejadas de toda legalidad.

Próximos a cumplir 40 años de democracia, queda claro que hay cosas que persisten en el tiempo, patrones que recalaron en lo profundo y se extienden a nuestras realidades actuales. Uno tal vez sea la impunidad empresarial, representada en la cabeza de sus compañías. Otro, el de la impotencia actual de algunos sindicatos, que perdieron su poder de fuego, para dar las batallas necesarias. Estos, guardan en su gen el daño transgeneracional de la sociedad argentina hecho carne. Fueron doblegados a fuerza de tortura, sangre y desaparición. El mito de el Familiar se materializó frente a sus ojos días y noches y la leyenda encontró su limbo, tocó la realidad.

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