Se desploman como edificios estallados y lo que queda es barrido por la misma pala que golpea y amontona en el terreno sinuoso, como se amontona la basura con la escoba. Algunas casillas son sólo estructuras en llamas, otras forman un rectángulo perfecto. Cuando una topadora amarilla les pasa por encima se siente el crack del metal y saltan vidrios, pedazos de baldes de pintura o sillas en mal estado. Todavía hacen 13 grados a las 9. 50 horas de la mañana del 29 de octubre de 2020 cuando derriban una a una las casillas, carpas y ranchos que quedan en pie a pesar del fuego en lo que fue la toma de tierras en Guernica, provincia de Buenos Aires.

El chofer tiene un overol gris con franjas amarillas fosforescentes y un casco como los que se usan en la construcción. La topadora se hunde en el barro pero con un movimiento de la pala trasera se nivela y emerge para continuar. Algunas carpas solitarias flamean por la fuerza del viento antes de desaparecer bajo el movimiento mecánico y repetitivo de las máquinas que golpean, derriban, aplastan, vuelven y amontonan.

Después de cuatro meses de ocupación, asambleas vecinales, lluvias incesantes que volvieron el predio un pantano transitorio, de la creación de cuatro barrios (San Martín, La Unión, La Lucha y 20 de Julio), votación de delegados, participación de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles, ollas populares y comunitarias, mesas de negociación, censos supervisados, fogatas nocturnas para pasar el frío, ese 29 sólo quedan las topadoras. ¿Qué pasa después, cuando el fuego es ceniza, cuando no hay más prensa y se va la última máquina del predio? Cuando el silencio se instala sobre esa franja inmensa de tierra sola, silvestre, fértil. ¿Dónde están ellos, los desplazados? ¿Adónde fueron a parar?

los itinerantes

Después del desalojo resultó casi imposible sostener la misma organización que tenían dentro de las tierras. Los días posteriores se sucedieron como un vendaval. Fueron diezmados, separados como crías de su madre y buscaron, a tientas, la manera de sostener el techo y la olla familiar. Algunos vecinos dejaron de participar de las movilizaciones y de ellos nada se sabe, otros aceptaron las propuestas individuales que según cada situación el gobierno provincial propuso y, por otro lado, 230 familias de la toma se nuclearon en un frente y, desde la expulsión, realizaron diversas marchas en Guernica y CABA. Hace unos días presentaron un petitorio con el listado de las familias al gobierno y pidieron la apertura de la mesa de diálogo para que se les entregue tierra por tierra ya que no se les dio una solución integral, según afirmó a crisis, Elizabeth Báez, de la comisión de prensa. El frente organizó una comisión para saber dónde están los que no tienen familiares o amigos que los reciban. De un relevamiento realizado por ellos surgió que son 60 (sin incluir a los niños) los que quedaron en situación de calle. Sólo siete de ellos están en algún parador de la provincia de Buenos Aires o Capital.

Dicen que les llevaron donaciones de comida y ropa, que quienes están en paradores no pueden salir a las movilizaciones para reclamar por vivienda porque sino se quedan sin lugar donde dormir. Que la mayoría decide irse de ahí, sin más, porque no son lugares dignos sino, apenas, un mientras tanto. Así lo cuenta Jonatan Pereyra de 30 años. Antes de vivir en la toma él dormía en el sillón del living de su tío en Burzaco. Nunca tuvo casa propia. Cuando su tío murió la relación con sus primos fue de mal en peor, sumado a la cuarentena y a la falta de trabajo: era cocinero en un centro cultural en Claypole, cerrado de manera indefinida por la pandemia. Fue entonces que se enteró de Guernica. Se asentó en un lote, sembró una huerta e invirtió sus ahorros, $5000 en madera, para construir su casa. Cuando la policía entró a desalojar vio cómo le prendían fuego. Como no tenía dónde ir y eran las 8.30 de la noche se acercó al parador que el gobierno provincial habilitó en Guernica. Le pidieron su DNI, que firmara un acta de convivencia, que contara dónde había estado antes de vivir en aquellas tierras y se le informó que hasta las 7.30 de la mañana siguiente no tenía permitido salir por ningún motivo, ni siquiera a fumar un cigarrillo. Durmió ahí dos noches. Al tercer día le dijeron que todos tenían que irse a otro lugar, que ese espacio era transitorio. Le cuenta a crisis que lo subieron a una camioneta blanca junto a tres personas y después de un viaje de casi una hora lo dejaron en una granja de recuperación para personas con adicciones en las afueras de Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires. Jonatan Pereyra no tiene problemas de consumo de sustancias. Para vivir en la granja hay que trabajar en la cocina: hacer facturas, medialunas, pastafrolas y pan para vender en los trenes. Las habitaciones se comparten entre 3 o 4 personas, a la noche se hace una olla popular. Hay que pedir permiso para salir y cumplir las reglas de conducta que el pastor de la iglesia evangélica señala ya que el lugar está a su cargo. Y rezar. Al poco tiempo de llegar, decidió irse y por teléfono pidió ayuda a los vecinos que estuvieron en Guernica. Después, rotó de casa en casa, por semanas, entre quienes podían recibirlo hasta que alquiló una pieza en una pensión.

En la localidad Rafael Calzada, cerca de la avenida San Martín, también hay una Sociedad de Fomento barrial que recibió a mujeres y niños derivados del parador de Guernica a días del desalojo. Fernando Capece es trabajador social y cuando se enteró que Candy, una vecina de la toma, junto a sus 4 hijos, fue a parar allí y que no le permitían salir, se acercó a preguntar sobre su situación. Supo, entonces, que la Sociedad de Fomento funciona en base a voluntariados (no es una institución pública), que tiene pocos recursos económicos y que por temor al coronavirus, mientras durara el aislamiento social, Candy tenía prohibido salir. Los voluntarios y autoridades del lugar se iban a sus casas a la tarde 6.30 de la tarde y todas las mujeres y niños que habitaban el espacio quedaban encerrados con candados tanto en la puerta del edificio como en el portón de salida hasta las 8.30 del día siguiente. Candy, vendedora de quesos en la vía pública, se quedó sin trabajo mientras estuvo allí ya que era condición permanecer en los límites de la propiedad todo el día para evitar el contagio de Covid-19. Hace un par de semanas pudo alquilar una habitación y dejar la Sociedad de Fomento. Fernando Capece dice que el Estado los deriva a esos lugares porque no hay políticas públicas reales para las personas sin tierras. Que en esa acción no hay una ausencia estatal sino una presencia negligente.

convivencias forzadas

Daniela tiene 33 años y le tiembla la voz cuando dice que entraron a expulsarlos a los bombazos. Hace una pausa, respira. Cuenta que trabaja haciendo barrido y limpieza en las calles de Buenos Aires, que alquilaba por 5800 pesos un monoambiente en Almirante Brown, que no le alcanzaba, que decidió irse al asentamiento en julio de este año. Tenía pensado retomar el profesorado de Historia que había dejado por cuestiones económicas. Se quedó ahí hasta que vino el desalojo. Los camiones hidrantes la siguieron hasta la ruta 210 donde cortó el paso junto a otros vecinos hasta la 5 de la tarde. Dice que cuando empezó a bajar el sol, los que quedaban en las inmediaciones se dieron cuenta quiénes eran los que no habían conseguido adónde ir, que se les notaba en los ojos y  que tiene una foto del comedor comunitario prendido fuego.

Esa noche se fue a dormir a la casa de un amigo y al día siguiente volvió a Almirante Brown, con lo puesto, a preguntar a la dueña del monoambiente si la recibía de nuevo. Ahora, el alquiler está a 7000 pesos, no sabe cuánto podrá quedarse ya que su sueldo es de 9500. Aún así, recibió por una semana a Jonatan Pereyra, el vecino de la toma que se fue de la granja de recuperación. Ninguna noticia tuvo del apoyo económico prometido por el gobierno de la provincia.

Llegó de Lima hace 14 años, tiene 3 hijos y es trabajadora de casas particulares. Verónica Valladares (32) entorna sus ojos pardos cuando dice que juntos pasaron lluvia, sol, hambre pero se organizaban para comer, que estaban unidos con los vecinos. Cuando empezó la cuarentena se quedó sin ingresos y no pudo cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ya que para Anses sigue en pareja con el padre de sus hijos, de quien no sabe nada hace más de dos años. Compartía con otra familia un monoambiente en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires, pero la falta de trabajo y la pandemia la persuadieron de probar suerte en Guernica. Dice que la policía actuó sin pena durante el desalojo. Ese día llevó a sus hijos a la casa de una amiga y después fue al parador donde le dijeron que como tenía donde dormir ya tenía lugar para vivir. Que firmara unos papeles si quería cobrar el IFE y recibir un pago mensual. Todavía no tiene noticias del apoyo económico aunque algunos funcionarios provinciales fueron a la casa de su amiga, donde se aloja de momento, para constatar que son diez personas viviendo en dos ambientes.

Cuando empezó la cuarentena Miguel Gonzáles (30) tenía un taller de carpintería en el fondo de la casa de un amigo en Florencio Varela, lo alquilaba por 5000 pesos. Sus clientes le encargaban entre 5 y 6 trabajos semanales. Ese emprendimiento surgió a mediados de 2019, a un año de haber sido despedido de una empresa de limpieza tercerizada en Rentas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Alquilaba, además, un monoambiente por 8000 pesos donde vivía con su esposa y su hijo de 2 años. Repartía en bicicleta, a domicilio, las milanesas que ella vendía.

La pandemia lo cambió todo. El precio de la madera de placa de pino empezó a escalar y tuvo que abaratar costos, la calidad del machimbre no convencía a los compradores y sus ventas pasaron a ser casi nulas. Dejó de pagar sus alquileres y un vecino le dijo que en Guernica había muchas familias armando sus ranchos en un campo grande. La primera noche en el predio tomado durmió con una frazada sobre la tierra. De a poco fue armando su carpa con maderas, troncos, nylon y cuando estuvo firme, a los 15 o 20 días, se unieron su esposa e hijo.

Después del desalojo le pidió a su madre que los recibiera en su casa por un tiempo. Ella accedió, aunque con reservas: había 7 personas viviendo allí, en tres ambientes. Con ellos suman 10. En el parador de Guernica, los funcionarios del gobierno provincial le dijeron que como ya tenía vivienda sólo podían ofrecerle $10.000 por única vez, machimbres, tirantes y chapas para que construya una pieza en el terreno de su madre. Pero no hay lugar, siquiera, para guardar los materiales.

La noche del desalojo, Iris (22) durmió en casa de su pareja. Después pasó una semana rotando en casas de amigas. Está desocupada. Antes de Guernica vivió un tiempo en una pensión de Claypole donde pagaba $3800 la habitación y los meses previos a ocupar ese lote, en casa de una amiga. Mientras vivió en el asentamiento coordinó el espacio de juegos, títeres y merendero. Dice que trabajar con niños en una toma de tierras, en el campo, es diferente a hacerlo en un centro cultural de la ciudad. Algunos niños hablaban sólo guaraní o quechua y aún sin entender las palabras, el lenguaje universal era el juego. Y el hambre. El desafío era que cada tarde hubiera copa de leche para ellos y lo cumplieron hasta el día del desalojo. Por ahora Iris vive en la casa de su pareja. Dice que si las cosas no van bien tendrá que irse a los paradores, que este contexto es fuerte y complicado, que él tiene su hija. Que no es fácil para los que no tienen adónde ir. 

topadoras con historia

“Implacable, a la vez que efectiva, la acción de la piqueta para evitar el asentamiento de nuevos ocupantes”, dice una voz en off. Un grupo de obreros con cascos naranjas voltean la pared de una casa de ladrillos huecos que estalla en segundos contra el asfalto. Detrás de ellos, seis hombres miran hacia la cámara. Sonríen. Visten de traje y corbata. En el medio, el que recibe palmadas en los hombros, es Guillermo del Cioppo, director de la Comisión Municipal de la Vivienda porteña. Corre el año 1977 y supervisa en persona la demolición de las casas precarias de la villa 31. Está allí como ejecutor del plan de erradicación de villas miserias que el Brigadier Osvaldo Cacciatore propuso a la Junta Militar cuando asumió su cargo, a 8 días del golpe del 24 de marzo de 1976.

Del Cioppo declara a la prensa: “en estos últimos años hemos visto integrarse a nuestra geografía a esa población marginal de que le hablaba, de muy bajo nivel laboral. Nosotros solamente pretendemos que vivan en nuestra ciudad quienes están preparados culturalmente para vivir en ella…”. Los extranjeros son deportados, los del interior, devueltos a sus pueblos o cargados en camiones de recolección de basura y abandonados con sus pertenencias en localidades lejanas de la Capital. Viene el Mundial de fútbol del ´78 y la ciudad de Buenos Aires, como sede, debe ser limpia. Y nada mejor para limpiarla que las topadoras.

Eso de que a las villas hay que erradicarlas no empezó con Cacciatore. Fue la respuesta mayoritaria que los sucesivos gobiernos le dieron al “problema de la villas” en las grandes ciudades desde que aparecieron en Argentina, en la década del cuarenta. Miles de familias llegaron desde el interior y de países fronterizos en busca de trabajo en las fábricas e industrias, se amontonaron en conventillos y hoteles baratos. Algunos empezaron a armar sus casillas en terrenos baldíos, fiscales, privados, de zonas bajas. Sin luz, sin agua, sin cloacas ya había más de 200.000 personas ocupando terrenos en 1958 en Buenos Aires y Gran Buenos Aires cuando el Estado empezó a hablar de erradicarlas como a una enfermedad infecciosa. Se creó, entonces, la Comisión Nacional de la Vivienda, se habló de relocalizar a los habitantes en viviendas sociales. Pero fue con el golpe militar de Juan Carlos Onganía, en 1966, que llegaron las topadoras. El Ejército estuvo al mando de la expulsión de la gente y la demolición de sus viviendas, además de su reubicación en núcleos habitacionales que no eran otra cosa que casillas precarias en terrenos inundables y lejanos. Las viviendas sociales nunca llegaron.

En 1976, el plan de Cacciatore continuó el proyecto de su antecesor a la vez que benefició al sector empresario entregando los terrenos desalojados para obras de construcción y emprendimientos inmobiliarios, valorizando las zonas aledañas. Mientras la dictadura secuestraba y desaparecía dirigentes villeros y curas de opción por los pobres, las topadoras se convirtieron en la marca registrada de los desalojos forzados y violentos de la época en Buenos Aires y alrededores.

La erradicación, según consta en el libro Azul publicado por la Comisión Municipal de la Vivienda en 1980, incluía la realización de un censo exhaustivo de la población de los asentamientos y la entrega de un certificado. Una vez censados, los pobladores eran hostigados de diferentes maneras para desalentar su permanencia: requisas y detenciones arbitrarias de los que entraban o salían del barrio, la prohibición de venta de mercadería, decomiso y clausura de comercios, cortes de luz, vigilancia policial permanente. Al operativo de desalojo con uso de la fuerza pública se lo llamaba “liberación del terreno” que tenía su punto cúlmine en la demolición de las viviendas con el uso de las topadoras.

La población de las villas porteñas pasó de ser 226.885 habitantes en 1976 a sólo 40.533 en 1981. La mayoría fue desplazada, sin tierra para vivir, al conurbano: La Matanza, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, General Sarmiento y Florencio Varela. Un comunicado firmado por 6 sacerdotes villeros denunciaba en 1980 que “la inmensa mayoría de los 123.000 desalojados ha ido a parar a los municipios del Gran Buenos Aires llevándose consigo su ilegalidad y su miseria: unos porque han sido trasladados a otras villas de emergencia del conurbano; otros porque se han ido a refugiar en los fondos del terreno de algún pariente; otros porque se han ido a encimar en la casa de algún familiar; otros, los más afortunados, que pudieron pagar un lote, porque no han podido construir con materiales y planes aprobados, y lo que han hecho ha sido trasladar el rancho de la villa al terreno. Todas estas son variantes de la ilegalidad y de la miseria que, simplemente, ha sido transferida más allá de la avenida General Paz”.

la máquina es el mensaje

Han pasado casi dos meses y la memoria de las topadoras sigue intacta en los expulsados de Guernica de la misma forma en que acompañan las historias de vida de quienes sobrevivieron a los desalojos de las villas en la última dictadura cívico militar. Esa imagen mecánica, brutal y televisada por los medios hegemónicos, en horario central, también se grabó en la memoria de la sociedad actual.

¿Hubo licitación o contratación directa de las topadoras que se usaron para desalojar? ¿Cuánto dinero se invirtió? ¿Qué motivos consignaron en el pliego? ¿Cómo se justificó en papeles y en democracia la continuidad de una política represiva de la dictadura? No existen registros públicos y accesibles que den información clara sobre las máquinas que se usaron para derribar los cuatro barrios de la toma de Guernica. En el sitio web de Contrataciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no se encuentran publicadas ni convocatorias, adjudicaciones o contratos pedidos por el gobernador Axel Kicillof o por el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

Los desplazados de Guernica dicen que es probable que las topadoras hayan sido un aporte de la intendenta de la Municipalidad de Presidente Perón, Blanca Cantero. Dicen que a 4 cuadras de las tierras, por calle Brasil hacia el fondo, hay un obrador y que las máquinas pudieron salir de ahí. Que nadie sabe quiénes conducían las demoliciones, que nadie conoce si fue excepcional que aparecieran para derrumbar viviendas precarias o si se trata de una tarea más que, con igual indiferencia, puede cumplir un obrero de la construcción, entre muchas otras.

Más de treinta causas penales fueron levantadas durante el desalojo y tramitan ante la Fiscalía N° 1 de Presidente Perón, a cargo de Juan Carlos Condomí Alcorta, fiscal que publicó una selfie sonriente, junto a dos colaboradores, mientras ocurría el operativo. Las imputaciones incluyen los delitos de usurpación, desobediencia, atentado contra la autoridad agravado por el número de personas y por poner manos sobre ellos. Las hectáreas de tierra fueron “devueltas” por el juez de Garantías, Miguel Martín Rizzo, a quienes las reclamaban como suyas: María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A., sin habérseles pedido documentación suficiente o demasiadas explicaciones. En la prensa, fuentes judiciales declaran que los propietarios se fueron muy contentos y que ahora van a alambrar el predio con la colaboración del Municipio.