Este informe fue hecho en la urgencia. La intención es producir un insumo útil para quienes en medio de la vorágine que implica una toma de tierra, deben construir una estrategia que les permita atravesar de la manera lo más inteligente y digna posible, el campo minado que el sistema político, judicial y mediático les ofrece.

Se trata de construir, en tiempo real, un mapa de los distintos actores que procuran imponer el desalojo como única solución posible a la ocupación que tuvo lugar el 20 de julio en el barrio Villa Numancia, de la localidad de Guernica, partido Presidente Perón. Más de dos mil familias sin techo se instalaron en un predio de menos de 100 hectáreas. Un aluvión imparable empujado por la necesidad, en medio de la pandemia y el frío, en el marco de la peor crisis que el país recuerde en mucho tiempo. Dos meses después se anuncia la intervención represiva del Estado, que acude en auxilio de quienes más tienen.

La reacción habitual de quienes nos solidarizamos con aquellos que luchan por sus derechos consiste en difundir y potenciar su voz, sus razones, sus reclamos. Y está muy bien. Pero muchas veces no dedicamos el mismo esfuerzo a conocer quiénes son sus enemigos. Ese es el objetivo de esta humilde contribución.

Sin más preámbulos, pues el tiempo apremia, vamos al grano.

capítulo 1: cartografía de la desigualdad

El siguiente mapa muestra la disposición de los barrios que se formaron a partir de la ocupación iniciada el 20 de julio, y su correspondencia con las parcelas de quienes reclaman ser dueños u ocupantes legítimos. El sector “20 de julio” fue el primero en conformarse, durante el día inaugural de la toma. Al difundirse la noticia siguieron llegando familias sin vivienda y así surgió el sector “San Martín”. Después vino “La Lucha”. Y por último “La Unión”. Fueron cuatro días de ocupaciones constantes, hasta que ola se detuvo por la intervención de personas armadas que impidieron a los tiros la expansión.

capítulo 2: los dueños de la tierra

Para la mirada predominante, que es también la oficial, las principales víctimas de este conflicto son los propietarios de la tierra. Pero la toma de Guernica es un ejemplo testigo de cuáles son las fuerzas que colisionan en la disputa: de un lado, miles de familias que precisan un lugar para vivir; del otro, los artífices de un modelo de desarrollo para muy pocos, que se expande gracias a una alianza entre los desarrolladores inmobiliarios y las autoridades municipales.

1. El Bellaco SA

Del territorio ocupado por las famillias sin techo, la parcela más extensa pertenece a El Bellaco SA.

Esa empresa posee una superficie de 360 hectáreas, donde ya comenzó la construcción de un fastuoso complejo de barrios privados y clubes exclusivos. Los terrenos ocupados afectan a 60 hectáreas, es decir un sexto del total.

A pesar de las dimensiones del emprendimiento denominado Country San Cirano, El Bellaco dejó de pagar el impuesto inmobiliario en 2018 y registra deudas ante la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) por 970.959 pesos, según consulta realizada el 15 de septiembre de 2020.

Un año más tarde, en junio de 2019, la empresa dejó de aportar al seguro y a la obra social de sus empleados, motivo por el cuál en febrero de 2020 la aseguradora Experta ART rescindió su cobertura.

El presidente y al mismo tiempo representante legal de El Bellaco S.A. es Gervasio Pérez Pesado, miembro de una familia tradicional de La Plata. Su papá jugó en el Club de Rugby Los Tilos, mientras que él y sus hermanos pertenecieron al Santa Bárbara Hockey Club.

También integran el directorio de El Bellaco, José Alfredo Pizone (vicepresidente), Diego Guillermo Aidenbaum, Tomas Francisco Pizone y Jorge Daniel Szuster como directores titulares, y Hugo Alfredo Wainerman, Dagmar Szuster, Rogelio Isaac Jelen y Lucas Ezequiel Aidenbaum como directores suplentes.

El origen de la empresa nos remonta a 2006 y nos traslada a la provincia de Santiago del Estero, donde el objeto social era la actividad agrícola y ganadera (quizás sus fundadores hayan contribuido a la expansión de la frontera agropecuaria sobre territorios campesinos). Pero en 2008 ingresa a El Bellaco el empresario Ricardo Alberto Calderwood, y la sede social se traslada a la Ciudad de Buenos Aires, modificándose también su objeto social: ahora el negocio consiste en “realizar toda clase de operaciones inmobiliarias”. Poco después la empresa quedará en manos de los actuales propietarios.

Calderwood, quien desde 2017 es miembro honorario y vitalicio de la Sociedad Rural, también figura como vendedor de las tierras que actualmente reclama El Bellaco, en este caso en sociedad con Osvaldo Norberto Bordacahar y Desplats, apellido este último que volveremos a ver a continuación.

2. Liorsel SA

Nidia Edith Desplats es la otra denunciante de peso en la causa, aunque sus propiedades no han sido ocupadas. De 66 años, es presidenta de la firma LIORSEL SA, y titular de un amplio terreno de 350 hectáreas que conforman la finca El Trébol, lindante con los terrenos de El Bellaco.

Desplats declaró que “el 21-7-20, alrededor de las 8:30 horas, advirtió que se encontraban cortando parte del alambrado perimetral de su propiedad (100 metros aproximadamente)”. La misma denuncia fue radicada por su hijo Guido Giana, actualmente concejal de Presidente Perón por Juntos por el Cambio, uno de los más activos promotores del desalojo y de la criminalización de las tomas de tierras.

En sus redes sociales también destacó “el trabajo que está haciendo Alejandro Carbone, Secretario de Seguridad de #PtePerón, el Sub Comisario de la Comisaria 1 de Guernica Emanuel Suárez, la Jefa de la Policia Local, María Laura Suárez, la UFI N°1 de #PtePerón, al fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta y el equipo de la policía bonaerense, pero es fundamental que el Gobierno Provincial y Nacional den señales claras”. El Concejal del PRO explicita de esta manera el consenso casi unánime de la totalidad del sistema político municipal, que incluye a todos los partidos políticos con representación en la Legislatura, y a los agentes judiciales.

Giana fue gerente financiero del PAMI durante la gestión de Cambiemos a nivel nacional y provincial. Y en febrero de 2020, fue designado personal de planta en el ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, con un sueldo de 8500 unidades retributivas (equivalentes a unos 150 mil pesos).

3. Otros propietarios

Vilma Alicia Enriquez dice ser propietaria de varias manzanas contiguas al campo de El Bellaco SA, desde hace cuarenta años. María Jacinta Medina Romero manifiesta que uno de los terrenos ocupados fue cedido por “el señor Mujica” para construir una Iglesia con ayuda de los vecinos, pero hasta el momento solo se había instalado una capilla con la imagen de la Virgen de Caacupé. Por último, Andrés Ríos asegura que es benficiario de un acuerdo transaccional de cesión de derechos posesorios sobre varias parcelas ubicadas en la zona.

capítulo 3: mapa de actores judiciales y políticos

El 20 de julio tuvo lugar la ocupación de los terrenos que hoy conforman la toma. Pronto los propietarios hicieron denuncias policiales y presentaciones judiciales que dieron origen a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 06-02-002138-20/00. El agente fiscal a cargo es Juan Cruz Condomí Alcorta y el juez que interviene es Martín Miguel Rizzo. La mayoría de las familias que participan de la toma están representadas por el defensor oficial Juan Pablo Stasi. Y dos personas tienen de abogados a la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuyos defensores son María del Rosario Fernández y Eduardo Néstor Soares. También pidió intervención la asesora de menores Laura Ozafrain.

La Investigación se dirime en el departamento judicial de La Plata (una de las 19 áreas en las que está dividida la justicia provincial).

Perfil político del Fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta

Es abogado, docente de la Universidad Católica de La Plata y fiscal de instrucción desde el año 2007, habiendo pasado por distintas dependencias del Ministerio Público del Departamento Judicial de La Plata.

Fue nombrado por la entonces procuradora de la provincia María del Carmen Falbo y el gobernador Felipe Solá (2002-2007). En el entorno judicial se menciona que su designación fue apadrinada por Luis Genoud, exministro de Seguridad durante la primera etapa de la gestión de Felipe Solá y sindicado como un artífice del poder más conservador. En el 2009 Genoud asumió como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a Condomí Alcorta, pertenece a una familia tradicional de la elite platense. Su último domicilio del que existe registro está ubicado en el barrio privado San Joaquín.

En el 2013, siendo titular de la Unidad Fiscal Institucional (UFI) #5, fue denunciado penalmente por el delito de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación a la identificación de cadáveres luego de las inundaciones en la ciudad de La Plata. Dicha denuncia no prosperó.

En 2017 llevó adelante la investigación contra el intendente Mario Secco, de Ensenada, quien habría ingresado al recinto de la Cámara Legislativa de La Plata con varios militantes.

Ese mismo año se conoció una denuncia según la cual le fueron sustraídos varios caballos de polo en un campo de su propiedad.

En 2018 intervino en el conflicto que llevaban adelante los trabajadores de Astillero Río Santiago, asumiendo una postura persecutoria y particularmente agresiva.

Breve cronología del conflicto judicial

20 de julio: Inicio de la ocupación.

24 de julio: El juez dispuso una medida cautelar para que no ingrese ninguna familia más.

31 de julio: El fiscal, luego de tomar declaración testimonial y recibir documentación de un puñado de personas que alegan la posesión de los terrenos que ahora conforman los cuatro sectores de la toma, solicita el desalojo.

7 de agosto: El juez dicta el desalojo. Ese mismo día la/os abogadas/os defensores apelan la resolución del juez.

8 de septiembre: La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirma el desalojo y dispone las pautas para que se realice.

11 de septiembre: El juez fija la fecha de “lanzamiento” para el día 23, 24 o 25 de septiembre. También le pide al poder ejecutivo provincial la conformación de un ámbito de negociación interinstitucional.

15 de septiembre: El juez aprueba el plan presentado por el Ejecutivo provincial. Ese mismo día se celebra la primera reunión del “dispositivo interministerial” propuesta por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con les representantes de la toma.

18/19 de septiembre: El censo promovido por el “dispositivo interministerial” se llevó a cabo con éxito.

Veamos ahora el relevamiento zonal presentado en la causa por el poder ejecutivo provincial, con información recabada en distintos registros estatales.

Sector A: barrio Estación Numancia, inscripto en el registro de villas y asentamientos precarios (folio 129-0004). Su radicación se remonta a la década de 1990.

Sector B: se encuentra escasamente habitado.

Sector C: barrio San Martín, inscripto en el registro de villas y asentamientos precarios (folio 129-0008). Su radicación se remonta a la década de 1990.

Sector D: La mayoría de estas parcelas forman parte de la ocupación, y corresponde a un loteo registrado en el año 1946, que a la fecha permanece a nombre de sus titulares originales.

Sector E: Se compone de un sector de inmuebles en designación de chacra (lotes de grandes dimensiones).

Sector F: El lugar reviste características de bañado, es la zona hacia donde escurren las aguas del entorno, con lo cual no resultaría apto para urbanizar.

¿Qué es el dispositivo interministerial?

En su resolución del 11 de septiembre, el juez Rizzo abre una hendija para la resolución democrática del conflicto, al solicitarle al poder ejecutivo la confección de “un plan de contingencia y propuestas y/o soluciones alternativas para los ocupantes de los predios en cuestión, en especial de aquellos y aquellas que pudieran estar en una mayor situación de vulnerabilidad y atendiendo las particularidades de cada caso a fin de poder antes de la fecha en que efectivamente se lleve a cabo el lanzamiento, una respuesta posible a dichas situaciones y a su vez cumplimentar el reintegro de los predios”.

El dipositivo está integrado por las siguientes agencias del Ejecutivo provincial:

• El Ministerio Desarrollo de la Comunidad, a cargo del dirigente de La Campora Andrés “el Cuervo” Larroque, de quien depende el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (con Eva Asprella, exintegrante del CELS, como directora ejecutiva) y la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires (cuyo titular es Rubén Pascolini, integrante del movimiento MILES).

• El Ministerio de Justicia, representado por la Subsecretaria de Política Criminal a cargo de Lisandro Pellegrini (exsecretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la República durante la gestión de Alejandra Gils Carbó).

• Y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Estela Diaz (exsecretaria de Género de la CTA).

En su primera reunión se debatió en torno a un plan de trabajo en dos etapas:

1. La realización de un censo.

2. La elaboración de propuestas, que irían desde planes de urbanización sobre tierras sin dueños o de propietarios con deudas (lo que implicaría la relocalización de las familias ocupantes), el pago de subsidios en pos de alternativas habitacionales, hasta el desalojo forzado de no mediar un acuerdo.

El desalojo solicitado por el fiscal y aprobado por el juez puede hacerse sin que se haya cometido el delito de usurpación (art.181 del Código Penal), gracias a una herramienta que existe desde 2006 cuando se introdujo un artículo que permite los desalojos express, sin que sea necesario acreditar la propiedad de la tierra del supuesto poseedor, ni imputar a personas concretas como eventuales “usurpadores”. Contradictoriamente, desde 2013 existe la ley de Acceso Justo al Habitat (14.449), que establece un paradigma del derecho a la ciudad para abordar el déficit urbano habitacional.

Perfil de la intendenta del municipio Presidente Perón: Blanca Haideé Cantero

El partido de Presidente Perón se crea en 1993 en territorios que anteriormente pertenecían al distrito de San Vicente, además de una pequeña porción de Almirante Brown.

En el año 2019, Blanca Cantero venció al candidato de Juntos por el Cambio por una diferencia de 45 puntos. La actual intendenta obtuvo 29.330 votos, contra 7.882 del postulante macrista.

Cantero está en pareja con Carlos Alberto Acuña, secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) e integrante del triunvirato que está a cargo de la CGT.

Desde el inicio de la toma, Cantero se mostró intransigente con las familias sin techo. La Intendenta asegura que quienes ocupan tienen vivienda no son de Guernica y están ocupando para luego hacer negocios inmobiliarios.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Si las negociaciones que se abrieron con el dispositivo interministerial del Ejecutivo no logran acordar salidas alternativas aceptadas por todos los actores, el desalojo se produciría entre el 23, 24 o 25 de septiembre. Dada la premura de los plazos las esperanzas están puestas en una postergación del desalojo, en busca de tiempo para la elaboración de soluciones. Tal postergación debería ser solicitada por “el dispositivo” y aceptada por el juez.

Este último delegó en el fiscal el uso de la fuerza pública (policía bonaerense) pero estableció condiciones, como se observa en los siguientes apartados del fallo:

capítulo 4: consideraciones sobre el conflicto de fondo

1.

Guernica es la ciudad cabecera del municipio de Presidente Perón, ubicado en la zona sur del Gran Buenos Aires, a una distancia de 30 km de la Capital Federal. Según el último censo, en el año 2010 contaba con una población de 81.141 habitantes.

Forma parte del llamado “corredor verde”, junto a las localidades de Canning (Ezeiza) y San Vicente, conformado entre la Autovía 2, periferia de la ciudad de La Plata, la ruta 58 (a partir de su ampliación) y la ruta 52 (pavimentada en 2018). La disponibilidad de tierras y el costo menor comparado con la Zona Norte de la provincia alimentaron un “boom inmobiliario”, que se incrementó durante el último año por el descenso en los precios de la construcción y el cambio de hábitos motivados por la pandemia.

Solo en Presidente Perón contamos las siguientes urbanizaciones privadas y clubes de campo para sectores de altos ingresos: San Eliseo; Malibú; Lagos de San Eliseo; La Alameda; Horizontes al Sur; El Rebenque; El Paraíso de Guernica; Casuarinas; Parque de las Naciones; Santo Domingo; Cruz del Sur; El Candil. El country & club de campo San Cirano será un nuevo mojón en este depliegue colonizador.

La contracara son los asentamientos y barrios populares creados por sucesivas oleadas de ocupaciones, promovida por personas a quienes ni el estado ni el mercado les ofrecen el acceso a la vivienda. Desde la aprobación de la Ley 27.453, sancionada en octubre de 2018 por iniciativa de las organizaciones sociales, no se permite el desalojo de los mismos. Y se instruye su integración urbana.

Según el Registro Nacional de Barrios Populares, en el partido de Presidente Perón se contabilizaron los siguientes asentamientos: Parque Americano; Las Lomas; Hospital Guernica; El Roble; La Yaya 1; San Roque; Santa Teresita; y Agrocolonias. Los barrios 20 de julio, San Martín, La Lucha y La Unión, de consolidarse, se sumarían a esta expansión plebeya que exige su derecho a la ciudad.

Una periodista del medio local InfoPerón graficó el dilema con un razonamiento sencillo: “¿cómo no van a tomar las tierras si el lote más barato que te ofrecen las inmobiliarias en esas urbanizaciones privadas cuesta 30 mil dólares?”.

2.

El conflicto por la tierra en la Región Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se intensificó en los últimos cuarenta años, a partir de la desindustrialización, el creciente flujo migratorio hacia las grandes ciudades, y las nuevas tendencias habitacionales de las clases pudientes quienes asumieron el modelo norteamericano de morar en las periferias. Pero es posible que estemos arribando a un nuevo punto de inflexión en la disputa, debido a la cada vez más acuciante escasez de territorios.

La pregunta es: ¿por qué la tierra se vuelve un bien escaso, caro e inaccesible para la mayoría de la población?

La respuesta es una sola: porque la dinámica que gobierna su uso es la especulación, orientada a la creación de rentas extraordinarias. La lógica inmobiliaria replica en las ciudades lo que el agronegocio impuso en la ruralidad.

De no mediar un cambio profundo de estas tendencias que empujan la mercantilización de los bienes comunes, el conflicto se intensificará de manera invitable.

Según Rubén Pascolini, secretario de Acceso al Hábitat de la provincia de Buenos Aires “el déficit habitacional proyectado en la provincia es de aproximadamente 1.240.000 familias que tienen problemas de vivienda. De ese total se calcula que el 50 por ciento es déficit cuantitativo, es decir que necesita una vivienda nueva; y el otro 50 por ciento es déficit cualitativo, es decir familias que necesitan mejoramientos o ampliaciones de vivienda. En lo que hace a villas y asentamientos, hay registrados en la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, 1.807 de los que se denominan barrios populares, con graves déficit urbanísticos, sociales, ambientales y de servicios públicos”.

3.

Durante la pandemia las ocupaciones en el conurbano se intensificaron. Cientos de tomas de tierras tuvieron lugar en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, San Martín, Merlo, San Fernando, entre otros municipios. La mayoría de ellas resultaron repelidas sin violencia por la rápida intervención de las autoridades, mientras otras fueron reprimidas con saña.

Según el ministerio de Seguridad provincial, a día de hoy existen seis tomas grandes judicializadas, cuya resolución debe tramitarse en los próximos días: dos predios en La Plata, dos en La Matanza, uno en Moreno, y la más emblemática de Presidente Perón.

La toma de Guernica saltó a la primera plana de los diarios y al prime time televisivo, donde la mayoría de los periodistas y funcionarios la exhibieron como el ejemplo de un caos amenazante que debe ser apagado por la fuerza. Desde las posiciones más reaccionarias hasta las mas progresistas, acuerdan en condenar la ilegalidad del método utilizado y se pone el énfasis en la existencia de organizaciones criminales que estarían lucrando con la necesidad de la gente.

Sin embargo, el foco de la atención fue interrumpido durante los primeros días de septiembre por la emergecia de otro impactante conflicto: la sublevación de la policía bonaerense en reclamo de mejores condiciones de trabajo. Miles de efectivos de la fuerza de seguridad acudieron armados hacia la casa del Gobernador y del Presidente de la República, poniendo en vilo los consensos democráticos mínimos. El sistema político reaccionó ante semejante amenaza con un razonamiento sensato: dejar en un segundo plano la ilegalidad de los métodos y atender a la legitimidad del reclamo. Las soluciones llegaron en tiempo récord.

Pero cuando se trata de la vivienda para los sectores populares, la respuesta parece ser la contraria. La doble vara resulta evidente. Es el cinisimo de un sistema hecho a medida de los poderosos.

(Para acceder a este informe completo en formato pdf, ingresá a este link).