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Lo privado es público
La educación por fuera del sector estatal en Argentina recibe a un alto porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria. En un año en el que la crisis ya se sentía, la pandemia golpeó fuerte a un sector que venía a las brazadas, ¿está la pública preparada para recibir a quienes no puedan quedarse a bordo? ¿Cómo afecta a las vidas de las familias y trabajadores que dependen de las escuelas privadas?
Ilustraciones: Brenda Greco
09 de Diciembre de 2020

 

Cuando en marzo de este año la dueña de Mundo Naranja celebró tener cubiertas las 80 vacantes disponibles en su jardín de infantes, no sabía que un mes más tarde eso iba a ser una contra. Instalada la cuarentena y sus restricciones, cuando presentó sus papeles en la AFIP para postular al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la negativa fue rotunda e inesperada. Las mediciones que se tomaban en cuenta para aprobar esos fondos de ayuda destinados a pagar sueldos requerían una facturación menor o levemente superior a la del año anterior. No contemplaban, por ejemplo, que el aumento podía deberse a que la matrícula había aumentado: como le pasó a Mundo Naranja. En pocas semanas pasó de tener 80 alumnos a 46, entre quienes 15 pagan la cuota completa, otros tantos lo que podían y una decena directamente dejó de abonar. La dueña de la escuela tuvo que dejar de alquilar el departamento donde vivía –ella era el sostén de su familia– y se mudó junto sus tres hijos y su marido a Chivilcoy de donde es oriundo.

Incertidumbre. Riesgo. Preocupación. Pérdidas. Achicar. Temor. Problemas. Asistencia. Subsidio. Morosidad. Ayuda. Transparencia. Estrés. Discriminación. Adversidad. Cierre. Todas estas palabras aparecieron en distintos actores de las escuelas de gestión privada al momento de describir el escenario que les impuso la pandemia. Son 14.000 instituciones a las que asisten tres millones de niñas, niños y adolescentes. Si bien su situación ya era compleja antes de que comenzara el aislamiento, el contexto socioeconómico derivado de ello y la interrupción de la presencialidad puso a las y los dueños de colegios privados, a sus docentes, auxiliares, personal administrativo, alumnos y familias en una situación vulnerable.

“Es muy difícil lo que estamos viviendo. Todo el mundo se centra en las escuelas que cierran pero no se habla de las que se van a achicar y eso implica, sobre todo, pérdidas de puestos de trabajo”, señala Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), la cámara que representa a más de 2.000 institutos de enseñanza privada en la provincia de Buenos Aires, y 5.000 a nivel nacional a través de la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP). Según una encuesta formulada entre sus socios a nivel nacional, a la que respondieron 1.167 establecimientos –el 35%–, la organización estima que entre 7.203 docentes y 2.448  auxiliares podrían perder su fuente de trabajo o reducirla. En los nueve meses que van de cuarentena, según AIEPBA cerraron 250 escuelas en todo el país, de las cuales 56 están en la provincia de Buenos Aires, donde también hay 80 en situación de crisis.

¿Qué iniciativas pensar desde lo estatal para encarar la cuestión? ¿Ante una situación de crisis, ante la golpeada situación de la educación pública, cómo actuar frente a lo privado? El diputado del Frente de Todos Pablo Garate, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, señaló que es necesaria una asistencia al sector por la difícil situación que atraviesa y que trabaja para que ello ocurra. “Estamos convencidos de que hay que ayudar a las escuelas de gestión privada: primero porque son una parte indiscutible del sistema educativo de la provincia; segundo porque todos sabemos la crisis que están pasando por la cuestión de las morosidad y tercero porque no sería fácil para la provincia absorber la matrícula en caso de cierres masivos”, dijo Garate.

Si bien ya hay un proyecto de Juntos por el Cambio aprobado en la Cámara Alta para asistir a esas instituciones, en Diputados por el momento no se va a tratar pero enviaron a la cartera de Educación de la provincia un proyecto de asistencia extraordinaria a la escuelas de educación de gestión privada. Garate explica que el proyecto de la Cámara Alta que tiene media sanción le falta un análisis presupuestario, y que no basta solo con la intención. “La voluntad política de ayuda está, pero hay que encontrar bien los recursos; a veces se votan hermosas leyes, los beneficiarios tienen una hermosa norma pero después se subejecuta –señala–. Queremos que salga una asistencia pero que sea real, una que el Ejecutivo pueda cumplir”.

Para Zurita, hay legisladores que ven la situación por la que está pasando el sector –acaban de anunciar que ya no van a recibir más el ATP– pero no ven desde la gobernación una voluntad de solucionar el problema. “Nosotros somos ciudadanos, no nos interesa el color político, queremos que las escuelas sigan; si es tan importante como dicen los políticos, que lo demuestren en hechos, no con palabras. Se está planteando un problema que afecta en la provincia de Buenos Aires a un millón y medio de alumnos ya a tres millones y medio en todo el país y se están pasando la pelota”.

Para Alejandro Morduchowicz, economista y especialista en planeamiento educativo, el brete en el que encuentran las provincias es cómo incrementar los subsidios a escuelas privadas cuando una parte de sus propias escuelas (las estatales) tiene problemas de infraestructura escolar y de agua y saneamiento (cruciales para el eventual retorno presencial). De no existir esta situación o de atenderse o de haber recursos ilimitados, quizás la discusión sería de otro tipo. En última instancia, lo que ocurra dependerá de las prioridades que se fije cada gestión.

“el brete en el que encuentran las provincias es cómo incrementar los subsidios a escuelas privadas cuando una parte de sus propias escuelas (las estatales) tiene problemas de infraestructura escolar y de agua y saneamiento (cruciales para el eventual retorno presencial).”

 

A vos sí; a vos, no

El mecanismo de subsidios a escuelas privadas tiene décadas en el país. En muchas provincias se desconocen los criterios por los cuales algunas escuelas los reciben y otras no, o por qué algunas tienen un porcentaje y otras tienen otro. Además, en algunos casos se conoce cuáles son las escuelas que los reciben y en otros, no. Como pasa en Jujuy. Ester Lizárraga, presidenta de la Asociación Jujeña de Instituciones Educativas Privadas (AJIEP) asegura que hay discriminación por parte del Estado provincial hacia colegios de gestión privada no confesionales. “Nos tratan como si no fuéramos lo mismo, parece que estuviéramos en la época de la inquisición”, dice Lizárraga, quien además es la gerenta general del Colegio Modelo Palpalá, una institución que surgió en 1992 para suplir la falta de vacantes que había en esa ciudad. Lizárraga explica que desde hace 60 años los subsidios se han otorgado de manera discrecional: “En el año 2019, los colegios confesionales de la provincia recibieron el 80% de las subvenciones”, asegura.

El problema de la falta de criterios de distribución de subsidios y el de la preferencia de las escuelas privadas confesionales por sobre las laicas excede a la provincia de Jujuy. Un estudio del Observatorio Educativo de la UNIPE, publicado a finales de 2018, señalaba que mientras que el 71 % de las escuelas privadas primarias confesionales recibe asistencia económica del Estado, ese índice bajaba al 63 en el caso de las laicas. Una diferencia similar se daba en el caso de las escuelas secundarias.

La presidenta de la AJIEP asegura que este año está todo mucho más agravado por la pandemia. “Estamos esperanzados de que los estudiantes van a volver, pero ¿y si no los inscriben?”, se pregunta. La incertidumbre por no saber con qué ayuda van a contar en esta situación los vuelve más vulnerables. Si bien algunos recibieron la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción, mediante la cual el Estado se hizo cargo del 50 por ciento de los salarios), esos aportes fueron irregulares, en algunos casos lo obtuvieron un mes y en otros, nada. Además, la provincia destinó un 15% del presupuesto para ayudar a la planta de colegios no subvencionados pero si estos recibieron la ATP no van a recibir esta otra ayuda.

Si del Norte viajamos a lo más Sur de nuestro país, Carlos Alberto Cabral que preside Asociación de Establecimientos Educativos Públicos de gestión Privada de Tierra del Fuego da un panorama del sector que tiene 10.000 alumnos y 2.000 docentes, y representa cerca del 25% de la matrícula. ¿Cómo vive este momento? “Con mucha incertidumbre en el recorrido actual pero también hacia la proyección al año que viene”.

Cabral cuenta que hay salas del nivel inicial que se quedaron sin alumnos, que hay familias que se dieron de baja, que hay mucha morosidad y que en la provincia tienen un 20% de desempleo, más de la media del país. “El Estado provincial ha sido bastante adverso y ha discriminado bastante las acciones que ha tomado para el sistema educativo, sobre todo a lo que es el aporte financiero estatal [así llaman a los subsidios]”, dice Cabral.

Para ampliar la idea, Cabral destaca que el gobierno provincial no cumple con lo que establece la ley que indica que si se negocia una pauta salarial para los docentes, el aporte del estado provincial a las escuelas de gestión privada debe actualizarse para que puedan cubrir esa proporción de aumento. Este año, si bien la grilla salarial varió, el aporte financiero que reciben las escuelas privadas, no lo hizo. Durante cinco meses reclamaron ese aumento. Muy pocas escuelas, a costa de desfinanciarse, pudieron asumir esa diferencia pero la gran mayoría, no. Otro ejemplo parecido ocurrió en agosto, cuando el gobierno provincial asignó un plus por el esfuerzo del trabajo remoto en pandemia, y excluyó a los docentes del sector privado.

En Tierra del Fuego, como en casi todas las provincias, las escuelas de gestión privada reciben aportes (o subsidios) para pagar los sueldos docentes y la cuota es regulada por el Estado provincial. Desde el sector dicen que por el momento es una incertidumbre cuántos alumnos se inscribirán y si necesitarán la actual plantilla de docentes.

Según declaraciones del secretario de Educación de Tierra del Fuego,  Pablo López Silva, cerca de 500 alumnos de la gestión privada reservaron matrícula para 2021 en las escuelas estatales. A su vez, la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, al exponer su presupuesto 2021 reconoció el déficit edilicio en Educación y dijo que “según las necesidades que observan y de acuerdo al crecimiento de la matrícula, faltan 17 nuevos edificios”.

Cuando se estableció la emergencia por la covid-19 el Ministerio de Educación estableció recomendaciones para las escuelas de gestión privada durante el aislamiento: preservar las fuentes de trabajo;congelar el valor de los aranceles; suspender la facturación o aplicar descuentos en los accesorios; diferir a solicitud de las familias el pago de un porcentaje del total del arancel; flexibilizar, reprogramar o extender las fechas de los vencimientos de pagos y suprimir las multas; abstenerse de aplicar medidas restrictivas; atender situaciones familiares especiales; analizar la estructura de costos y los ahorros posibles. Las medidas contemplaron, de alguna manera, la economía familiar de los alumnos y los puestos de trabajo, pero para varias instituciones fueron –y son– drásticas. En la provincia de Corrientes hay 300 escuelas privadas y representan el 40% de la matrícula. Dora Lauro, consejera general de la Dirección General de Enseñanza Privada, explica que hay algunos colegios –que llaman los “transferidos”– que reciben el 100% del aporte del Estado para pagos de sueldos. Se trata en general de escuelas confesionales. Luego están los privados con aportes, que reciben un 40 % o 50 % de los gastos para pagar sueldos, el presentismo y materiales, y por último, los que no reciben nada y tampoco lo piden, que se han podido manejar de modo autónoma, según indica Laura. “Esta es la primera vez que esas instituciones están sufriendo. Siempre el valor de las cuotas estuvo relacionado con el servicio que brindan, con el presupuesto que esa institución tiene, pero en este caso no se puede cumplir porque hay una normativa que no permite un incremento de cuota elevado por la situación de pandemia. Encima de enfrentar la morosidad que existe y la deserción de alumnos no se puede ajustar los ingresos a las necesidades de cada institución, tenemos que limitarnos a incrementos bajos de cuota, o nada. Muchas instituciones han congelado cuotas al 2019 para conservar la matrícula y pasar así el temporal”, explica Lauro.

La Consejera señala que no puede hablar de números pero asegura que en la gestión privada hay mucha movilidad: hay pases de una institución a otra por el monto de las cuotas y eso genera que una escuela se quede sin vacantes, porque sucede que recibe muchos y otras que se queden sin estudiantes. Esto está sucediendo ahora y por eso todavía no tienen un panorama definido. Las escuelas públicas están sin posibilidades de vacantes, todo derivado por la situación crítica que afecte a las familias. “Hay quienes tienen dos o tres chicos en una escuela privada y no pueden sostener y están pidiendo pases a lo público”, explica Lauro. En los últimos diez años la demanda por la educación privada en Corrientes creció en forma constante. “Ahora nos cambió el panorama a todos, no sé qué irá a pasar”.

Si bien cada jurisdicción se ocupa de su oferta de vacantes, la pregunta si alcanzarán sobrevuela el Palacio Pizzurno. El ministro de Educación Nicolás Trotta sostiene que en este momento no observan cambios importantes porque recién se está dando el proceso de matriculación en las escuelas. “Sí, se dan pases a escuelas privadas de menor costo pero el número no es significativo -dice-. Para lo que es matriculación a escuelas públicas se puede absorber pero es temprano para dar un panorama certero”. En verdad, el fenómeno de la migración del sistema privado al público venía dándose  silenciosamente en los últimos años, probablemente debido a la crisis económica que se desató durante el gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación, en 2019, por primera vez desde la crisis de 2001, decreció la matrícula privada en los cuatro niveles educativos.

El Nivel Inicial es el que registra el mayor impacto, con un descenso de alumnos del 3,1%, mientras que el primario bajó 1,1%. El secundario retrocedió 0,8 % y el Universitario 0,6. Esta tendencia representa una oportunidad para la relegitimación de la educación pública como el mejor lugar para formarse. El desafío es que deberá hacerlo en medio de una profunda crisis económica que amenaza, al mismo tiempo, con ahogarla. No se sabe a ciencia cierta cuántas escuelas privadas no podrán abrir en el 2021. Tampoco se sabe qué hará el Estado con ellas. ¿Se hará cargo? ¿Aumentarán las subvenciones para sostenerlas? ¿Les otorgará créditos blandos para que subsistan? ¿Subsidiará a las familias para que puedan abonar las cuotas? ¿Fomentará que maestros o padres se cooperativicen? ¿Dejará que cierren y absorberá a los chicos en las aulas públicas?

Como subraya Alejandro Morduchowicz, economista especializado en políticas educativas, cada respuesta a estas preguntas encierra caminos diferentes hacia la equidad, además de arduos debates ideológicos. Por nombrar solo uno: ¿es justo que el Estado disponga más recursos para la educación privada en vez de destinarlos a fortalecer la pública? No cabe duda de que cualquiera sea la decisión que tomen las autoridades impactará presupuestariamente en un país que tendrá un PBI muy deprimido y una población ávida de asistencia social, con una pobreza que rondará el 50 por ciento y una desocupación por sobre los dos dígitos.

De acuerdo a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación, en 2019, por primera vez desde la crisis de 2001, decreció la matrícula privada en los cuatro niveles educativos.

 

Educación inicial, una paria

Karen, de una escuela de gestión privada de Belgrano, pasó de tener 120 alumnos a 70 que están pagando “algo”. Con las ATP le pasó algo similar a lo de Mundo Naranja. En su jardín de infantes (también tiene primaria) son 15 docentes y quedaron 10 alumnos.  “Nos trataron como una empresa cualquiera sin registrar las particularidades”. 

“No es racional lo que ocurrió”, opina Zurita. Y explica: “Cuando un padre o una madre tiene que pagar la factura mensual de la escuela, la institución tiene que emitirla más allá de si pagan o no. Entonces la AFIP dice “cobraste todo”, así es la facturación de las escuelas privadas. Entonces muchas ,figuraban como que habrían cobrado más que el año pasado pero en la realidad no era así. La escuela es una empresa especial, la tomaron como si fuera un kiosco o una fábrica metalúrgica y es muy distinto el funcionamiento. Se tomó lo estándar pero es una empresa especial que tiene determinadas particularidades que no las tienen otras empresas.

Esa es una observación constante: “No somos un kiosco”, “no vendemos autopartes”, “tratamos con familias y con chicos”, “tenemos un compromiso”, “ofrecemos una contención”, “tratamos con personas que conocemos mucho de sus vidas”. Declaraciones de este tipo llamaron la atención al secretario de comercio de Rosario, quien se comunicó con Mayra Williams, presidenta de Asociación de Jardines Particulares de Rosario (AJPR) y dueña de dos jardines, cuando hablaba en una entrevista radial sobre los 11 jardines que habían cerrado. “El gobernador jamás nos atendió. El intendente, sí. Aunque desde entrada nos dijeron que no nos podían dar dinero porque la municipalidad está fundida pero nos ayudaron con impuestos y para gestionar otras cuestiones”, dice.

La deuda con los jardines de infantes es de larga data. “Nos interpela como el futuro de la sociedad que no se los está tomando en cuenta", dice Williams. Los jardines de infantes de gestión privada no están en la cartera educativa de la mayoría de las provincias. En varias de ellas están registrados como comercios; en algunas dependen de Desarrollo Social, en otras de Salud y se los denomina de distintas formas. La diputada Carla Carrizo, UCR - CABA,  a mitad de año, presentó un proyecto en la Cámara Baja para visibilizar la magnitud de problema y se votó una resolución para que el Poder Ejecutivo facilite el acceso de estas instituciones a programas de asistencia y las enmarcó como espacios que realizan tareas educativas que representan un sector dentro de la economía del cuidado. Para visibilizar estos espacios –en el país existen cerca de 3.000 instituciones para la primera infancia –de las cuales cerraron 500– que albergan a más de 210.000 niños y niñas y emplean a 60.000 personas entre docentes y no docentes.

La Ciudad de Buenos Aires acaba de terminar la inscripción para que los jardines de infantes se postulen para la API, una ayuda que diseñó el gobierno frente a este escenario. Verónica Rufat, fundadora de la Cámara de Instituciones del Nivel Inicial (CENICABA), tiene el jardín de infantes Dulce de Leche desde hace 29 años en Almagro. A principio de año tenía 170 alumnos, hoy son 81: todos tienen como mínimo el 25% de descuento, el promedio es de 37%. “Es tremendo. Llevamos las cosas muy prolijas. Una cosa es otorgar becas de apoyo y otra es hacer estos descuentos para no sucumbir. Es preferible algo en vez de nada. Es muy difícil. Muchos alumnos se quedaron porque a las madres o a los padres les reintegraban en sus trabajos la cuota del jardín, si no la baja hubiera sido mayor”. En noviembre no tiene ATP, no tiene API y están endeudadas. “Ahora se habilitó una revinculación pero nunca dejamos de vincularnos y eso no resuelve nada de lo económico”. Rufat dice que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta nunca la recibió pero que Constanza Ortiz, la nueva directora de la DGDEP de la Ciudad, la atendió, la escuchó y se movió mucho aunque hay cosas que no dependen de ella, por ejemplo el delinear los tres protocolos –uno para niños de 2, otro para 3 y 4, otro para 5 y para que funcione como colonia durante el verano. También habló con el ministro Trotta y con la Defensoría del pueblo.

“Esto impacta en la vida de las mujeres”, dice Rufat. En la de quienes trabajan, y en las madres de los niños y niñas que asisten porque abre una pregunta: ¿dónde van a dejar a sus hijas e hijos en marzo?

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