La directora, la vice y la maestra de una escuela porteña de Parque Chas aparecieron en el damero de Zoom mezcladas entre los padres y, sobre todo, las madres de segundo grado. La reunión había sido convocada para hacer un balance de cómo transcurría hasta el momento la educación remota. La exposición no parecía aportar información novedosa, hasta que una de las mamás preguntó lo que todas, ansiosas, querían saber: “¿Qué propuesta hay para la vuelta a clases?”.

Con un poquito de delay y cierta cara de resignación, tomó la palabra la vicedirectora: “No sabemos mucho. Y las cosas que se están conversando parecen impracticables. El protocolo que circula me cuesta verlo en funcionamiento”. La mujer se limitó a dar un par de ejemplos: “No me imagino cómo haremos para dar clases presenciales si la mayoría de nuestras maestras tienen hijos pequeños y están exceptuadas de trabajar para dedicarse a las tareas de cuidado. También me parece difícil armar una grilla rotativa o escalonada, en la que los chicos se turnen para ir a clase, con la cantidad de hermanos que hay en la escuela. ¿Cómo hacemos para que coincidan en el momento de cursar los hermanos de distintos grados? Ni hablar de cómo mantener la distancia social entre los chicos y las medidas de higiene: en la escuela no tenemos lavandina si no la compra la cooperadora”.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, desestimó que las clases presenciales retornen pronto en el AMBA. La primera jurisdicción en reabrir las aulas fue San Juan. El 10 de agosto –cuando ya llevaban un mes en la Fase 5 del aislamiento social– regresaron a los establecimientos educativos 10.470 estudiantes, en 14 de los 19 departamentos. Los cinco donde aún no comenzaron son los distritos más grandes de la provincia. Cada alumno recibió un kit que contenía alcohol en gel, jabón líquido, un barbijo y una toalla. También una merienda seca, porque no funcionan los kioscos. Los docentes, a su vez, fueron equipados con máscaras de acetato. En cada salón, los bancos están ubicados a dos metros entre sí. Los cursos numerosos fueron desdoblados y alternan los días de concurrencia. Los recreos ya no son comunes para todos los grados, sino que se toman de manera escalonada para evitar aglomeraciones en patios y baños. Además, al ingresar a la escuela se les toma la fiebre a todos los chicos y maestros. Por ahora la cursada no es obligatoria y aquellas familias que no se sientan seguras de enviar a sus hijos a clase recibirán cuadernillos para continuar con la educación a distancia. El 70% de quienes estaban en condiciones de retomar la cursada lo hizo. El 12 de agosto, con cuidados sanitarios similares, 9.783 estudiantes formoseños volvieron a las clases presenciales en 10 de las 19 delegaciones de la provincia, todas con características rurales. Y esta semana será el turno de los catamarqueños de los últimos años de primaria y secundaria.

Para reabrir las escuelas en todo el país, el Gobierno nacional se propuso entregar a cada establecimiento una tarjeta de hasta 50.000 pesos para pequeñas obras de infraestructura y comprar insumos que permitan cursar manteniendo la distancia social y cumpliendo las normas de higiene. En total serán 2.300 millones de pesos. Las provincias, a su vez, se tendrán que hacer cargo de las obras más importantes. Pero con las escuelas de las zonas más vulneradas que tienen problemas de abastecimiento de agua y en el funcionamiento de los baños –por poner solo un par de ejemplos–, el riesgo es que las clases presenciales no se retomen en todos los establecimientos y, una vez más, las desigualdades preexistentes se profundicen.

Las autoridades nacionales, además, lanzaron el Plan Federal de Conectividad Juana Manso, que en una primera instancia promete distribuir 300 mil computadoras antes de fin de año para comenzar a achicar la brecha digital y facilitar una educación que alterne las clases presenciales con las virtuales. Más allá de los anuncios oficiales, cansados de esperar y con duras críticas a la gestión educativa, los integrantes de la organización La Poderosa pusieron en marcha su propio Plan de Conectividad de los Barrios para los Barrios, financiado por donaciones de la comunidad. “Ya no los esperamos más, hoy lanzamos la campaña, artistas, donaciones y corazón”, posteó el referente de la organización, Nacho Levy.

caídos del mapa

Aún suponiendo que en la emergencia el Estado logre asistir a todas las instituciones para que puedan volver a abrir las aulas, la reconstrucción escolar será sumamente difícil. Si el Covid-19 provocó una crisis sanitaria –que ya lleva en el país casi 6.000 muertos– y destruyó la economía nacional, también dañó de manera severa al sistema educativo. “El gran desafío al volver a las aulas –dijo Trotta, en el ciclo Diálogos en Cuarentena– será ir a buscar a los adolescentes que no volverán a la escuela”.

Para un estudio titulado Volver a las escuelas, realizado de manera conjunta por la Fundación Voz y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), se consultaron a 500 actores que ocupan distintas posiciones en el sistema educativo: funcionarios, supervisores, directivos, docentes, estudiantes y familias. De acuerdo con la experiencia que están transitando, los entrevistados estimaron que durante la pandemia el nivel de abandono escolar oscila entre el 25 y el 45 por ciento, según los contextos sociales, geográficos, tecnológicos y culturales de los estudiantes.

Las encuestas realizadas por la Secretaría de Evaluación de Información Educativa del Ministerio para investigar cómo funcionó el proceso de continuidad pedagógica durante la pandemia ofrecen un resultado un poco más optimista. En relación con la expectativa de reanudación de las clases presenciales, según contestaron las 2.658 familias entrevistadas, el 90 por ciento de los estudiantes que en marzo de este año estaban inscriptos en un establecimiento educativo aseguró que continuará con su escolaridad cuando se reabran las escuelas. Aunque los alumnos que no retornen a las aulas sean solo un diez por ciento, se trata de más de 1.300.000 chicos, además de los que ya estaban fuera del sistema educativo antes de que se inicie la crisis del Covid-19.

La educación argentina ya conoce este escenario: durante la gestión de Daniel Filmus como Ministro de Educación, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se implementó un ambicioso plan de becas para retener y convocar a los adolescentes a la escuela secundaria. Sin embargo, buena parte de aquellos fondos quedaron sin adjudicar: en plena salida de la crisis del 2001 los adolescentes priorizaron –por necesidad– incorporarse al mercado laboral en una economía que comenzaba a reactivarse después del estallido social. El retroceso puede ser grande si se toma en cuenta que en los últimos 20 años, el sistema educativo –lentamente– había logrado pasar del 76 a casi el 90 por ciento la cantidad de adolescentes escolarizados.

Durante la conferencia de prensa del 14 de agosto pasado, para informar la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta anunció que las autoridades porteñas saldrían a buscar, “casa por casa” a 5.134 chicos (3.625 estudiantes secundarios y 1.609 primarios) que “se desconectaron” de la escuela y que presentaría un protocolo para comenzar a brindarles clases presenciales. Extraoficialmente, el Ministerio de Educación porteño dejó trascender que la fecha prevista para reabrir las aulas con ellos es el 7 de septiembre. Los gremios docentes rápidamente se opusieron, manifestaron que no están dadas las condiciones epidemiológicas ni de infraestructura para el cuidado sanitario. Pero, además, hay otra cosa: ¿por qué los chicos que cuentan con condiciones de conectividad seguirán en sus casas y aquellos, mayormente de sectores populares, que no cuentan con recursos tecnológicos deberán exponerse al virus para ejercer su derecho a la educación? ¿Por qué si el Estado porteño tiene detectado a esos niños no les provee el acceso tecnológico?

Rodríguez Larreta no explicó cómo se calculó el número de desconectados. “A nosotros, con la pandemia, nos aumentaron los inscriptos”, sorprende Carlos Ricchardelli, profesor de Lengua y Literatura de la EMEM Nº 3, ubicada en el límite del barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, en la zona del Bajo Flores. “Lo que pasa es que vienen muchas madres con el documento de sus hijos para que los anotemos, porque de esa manera pueden recibir el bolsón de comida que manda el Gobierno de la Ciudad. Pero son chicos que no conocemos y están registrados.”

Ricchiardelli es docente de primer y tercer año. “Tenía 40 inscriptos en primero –señala–, solo tres contaban con computadora en la casa. Al resto, los contacté por celular. Pero es un problema, en muchas casas hay solo uno y el padre se lo lleva cuando sale a hacer changas. Por ahí, a uno se lo roban y estás un mes sin hacer contacto con el chico. Logré contactar a 17. En los años posteriores todavía es más difícil mantener el vínculo. De 24 contacté a 12 y solo 6 o 7 responden a las consignas”.

Si las proyecciones sobre abandono escolar se cumplen, una vez más las desigualdades socioeconómicas impactarán negativamente en el derecho a la educación. Un estudio del Observatorio Educativo de la UNIPE, publicado en diciembre de 2018, demuestra que la escolarización de niños, adolescentes y jóvenes está condicionada por los contextos socioeconómicos. El informe segmenta la sociedad utilizando un índice que, entre otras cosas, contempla la situación laboral familiar, la calidad de la vivienda, la trayectoria escolar de los padres, las características del contexto territorial y los ingresos familiares. En base a esa información, establece que las mayores diferencias de acceso a la educación se dan en el Nivel Inicial, donde el 86 por ciento de los chicos pertenecientes a sectores medios-altos están escolarizados mientras que en los estratos críticos solo lo hace el 68 por ciento. Si solo se toma en cuenta a los chicos de 3 y 4 años, esta última cifra desciende aún más y llega a solo el 55%. Otro segmento donde las diferencias son notorias –sin contar el Nivel Universitario, donde la brecha más se amplía– es el que abarca a los adolescentes de 15 a 17 años. Mientras que en el sector medio-alto el acceso a la educación alcanza al 97%, en los estratos críticos desciende al 81%. El informe señala, además, que dos tercios del segmento etario que va de los 3 a los 24 años pertenece a un hogar que se encuentra en estado crítico o vulnerable.

Si la deserción escolar aumenta, nadie duda que este será el sector más afectado.

migraciones escolares

Otro frente que el sistema educativo argentino tendrá que atacar en la pospandemia es qué pasará con las 15.000 escuelas privadas del país. Martín Zurita, titular de la Asociación de Colegios Privados de la Provincia de Buenos Aires y miembro de la Junta Nacional de Educación Privada, estimó en 146 el número de jardines de infantes cerrados en todo el país en lo que va de la pandemia. El Nivel Inicial –sobre todo los jardines maternales– fue el más castigado por la crisis, dado que muchos de ellos no reciben subvención estatal. Ante la obligación de quedarse en casa y de tener que asumir las tareas de cuidado de los niños, hubo familias que decidieron dejar de abonar las cuotas y retirar a sus chicos de instituciones maternales y jardines. Como la obligatoriedad escolar que impone la ley es a partir de los 4 años, hubo padres y madres a los que no les pesó esa decisión.

A su vez, la morosidad en el pago de cuotas creció en todos los niveles. El fenómeno se da menos en los establecimientos elegidos por la elite socioeconómica y más en los utilizados por la clase media, donde concurren familias de comerciantes o profesionales que no pudieron trabajar durante estos meses o empleados calificados que vieron reducidos sus haberes. Según publicó el diario La Nación, el Instituto Privado León Gallardo, un colegio laico de San Miguel, cuenta con el 70% de morosidad y su directora debió explicarle por Zoom al personal que, por esa razón, no estaba en condiciones de pagarle el aguinaldo. La Red de Escuelas Judías, otro ejemplo, comenzó a organizar campañas de donación para que aquellos que puedan aportar un poco más subsidien a quienes no están en condiciones de abonar los pagos mensuales.

Adelantándose a esta crisis, el Estado nacional congeló las cuotas de las escuelas privadas al mismo tiempo que incluyó a estos establecimientos dentro del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), lo que le permitió a las instituciones abonar al menos el 50 por ciento del salario de los maestros y auxiliares. Las provincias también salieron al rescate. Córdoba, por ejemplo, emitió 500 créditos por un total de 20 millones de pesos solo para sostener a los jardines maternales. La pregunta es cuántas escuelas privadas no podrán permanecer abiertas y qué hará el Estado con ellas. ¿Se hará cargo? ¿Aumentarán las subvenciones para sostenerlas? ¿Les otorgará créditos blandos para que subsistan? ¿Subsidiará a las familias para que puedan abonar las cuotas? ¿Fomentará que maestros o padres se cooperativicen? ¿Dejará que cierren y absorberá a los chicos en las aulas públicas?

Como subraya Alejandro Morduchowicz, economista especializado en políticas educativas, cada respuesta a estas preguntas encierra caminos diferentes hacia la equidad, además de arduos debates ideológicos. Por nombrar solo uno: ¿es justo que el Estado disponga más recursos para la educación privada en vez de destinarlos a fortalecer la pública? No cabe duda de que cualquiera sea la decisión que tomen las autoridades impactará presupuestariamente en un país que tendrá un PBI muy deprimido (según la CEPAL, este año la economía nacional retrocederá un 10.5%) y una población ávida de asistencia social, con una pobreza que rondará el 50 por ciento y una desocupación por sobre los dos dígitos.

Aun en el caso de que no cierren demasiadas escuelas privadas, es previsible que haya una migración de alumnos del sistema privado al público a raíz del empobrecimiento de sus familias, que ya no podrían hacerse cargo de la educación paga. La encuesta que realizó el Ministerio de Educación señala que solo el 1% está pensando en esa opción. Sin embargo, este fenómeno ya se venía dando silenciosamente en los últimos años, probablemente debido a la crisis económica que se desató durante gobierno de Mauricio Macri. De acuerdo a los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Educación de la Nación, en 2019, por primera vez desde la crisis de 2001, decreció la matrícula privada en los cuatro niveles educativos. El Nivel Inicial es el que registra el mayor impacto, con un descenso de alumnos del 3,1%, mientras que el primario bajó 1,1%. El secundario retrocedió 0,8 % y el Universitario 0,6. Esta tendencia representa una oportunidad para la relegitimación de la educación pública como el mejor lugar para formarse. El desafío es que deberá hacerlo en medio de una profunda crisis económica que amenaza, al mismo tiempo, con ahogarla.