las razones de strassera | Revista Crisis
crisis eran las de antes / abril de 1987 /
las razones de strassera
Entrevista al fiscal Julio César Strassera en los meses previos a la aprobación parlamentaria de la ley de Obediencia Debida y ya bajo vigencia de la ley de Punto Final. Carlos Aznarez y Vicente Zito Lema van al hueso y le plantean las sospechas de la sociedad sobre los privilegios de ciertas clases sociales en materia judicial.
12 de Octubre de 2022

 

¿Qué tipo de justicia existe hoy en la Argentina? ¿Una justicia de clase? ¿Una justicia sobre la que hay que apelar al voluntarismo para seguir creyendo en ella?

-Al contrario de algunos escépticos, creo que se puede creer en la justicia. Sin embargo, éste es un concepto muy difícil de redondear y que ya le ha dado muchos problemas a los filósofos. Desde Santo Tomás de Aquino que definía a la justicia como dar a cada uno lo suyo, hasta los positivistas que respondían: ¿quién es el que dice qué es lo suyo de cada uno? Desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo con Kelssen y creo que la única forma de medir la justicia es en valores de legalidad. Esto significa aplicar las leyes en forma equitativa y de igual manera para todos, y a veces hasta con prescindencia de la moral de la ley, teniendo en cuenta que moral y derecho no siempre coinciden. Aquí por ejemplo, todos estamos de acuerdo en que el homicidio es algo moral y jurídicamente reprobable, pero si se habla del aborto, hay gente que dice que lo reprueba desde el punto de vista moral. Sin embargo hay países que lo admiten jurídicamente.

La mayoría de la gente cree que la cuestión económica o la posición que cada uno tiene en la sociedad inciden en la determinación de un procesamiento o de una condena. ¿Hasta qué punto en su criterio eso es cierto?

-La mejor prueba de que esto no es así son los recientes juicios. Aquí se ha sometido a tres ex presidentes de la Nación y a gente que ha sido muy poderosa.

Pero hay otros casos, por ejemplo Martínez de Hoz, que se halla en libertad a pesar de que sobre él pesan cuatro prisiones preventivas ...

-Ello ha sido así en todos los tiempos tratándose de delitos económicos. Son causas difíciles de probar. En general, los jueces tienen bastante mano suelta con el delincuente económico, pero además existe la posibilidad legal de que esté en libertad pese a los pedidos de prisión preventiva. Si Martínez de Hoz tuviera una prisión preventiva por homicidio, seguramente ya estaría en la cárcel.

¿No se refuerza así el descreimiento general, porque nadie -salvo algunos "capitanes de la industria"- puede creer que al señor Martínez de Hoz no le cabe tanta responsabilidad como a los comandantes militares en las aberraciones del proceso?

-No hay que confundir los temas jurídicos con los de tipo emotivo o con lo que piense mayoritariamente la gente. Les doy un ejemplo bastante ilustrativo: si yo digo que a un señor le encuentran una valija con veinte mil dólares falsos en la casa, y pregunto: ¿qué ocurre con él?; seguramente me responderán que lo han de meter preso. Y no es así, porque lo suyo no es delito. El único delito es hacer circular la moneda falsa o falsificarla. Este señor puede defenderse diciendo: soy coleccionista de moneda falsa y se salva. Por eso, insisto, una cosa es el sentimiento general y otra, muy distinta, el ordenamiento jurídico. Si esto último no nos gusta, hay que cambiarlo.

Las denuncias de los organismos de derechos humanos hablan de miles de casos de desaparecidos. Usted presentó pruebas sobre cientos de causas y aun as/ hay sólo una docena de condenados. ¿Hasta qué punto se puede explicar que sea tan grande la brecha entre ambas cifras?

-Esto no quiere decir nada. Nüremberg, por seis millones de víctimas se conformó con doce cabezas. ¿Por qué la proporción ha sido así? Porque las pruebas son muy difíciles de reunir y además porque en hechos tan graves y conmovedores de la opinión pública, no es posible procesar a la mitad del país o a las tres cuartas partes del mismo. ¿Cuántos procesados hubo por el genocidio armenio? Creo que seis y eso que liquidaron a todo un pueblo. Esto no es una particularidad de la Justicia argentina, sino que es así desde que el mundo es mundo.

¿Quiere decir que para juzgar las matanzas colectivas, los crímenes de lesa humanidad, habría otras normas?

-No, sino que las normas se aplican en cuanto se puede, porque finalmente estos juicios apuntan a utilizar otro sistema del que practican los gobiernos dictatoriales. Bonita gracia serla, condenarlos sin pruebas o fusilarlos porque total ellos lo hacían. El auténtico derecho penal liberal de lo único que se debe ocupar es de probar cabalmente la responsabilidad. Si hay alguien sobre el que estamos plenamente convencidos para ser condenado, pero no existen pruebas suficientes, es preferible que siga en libertad.

¿Desde el punto de vista práctico y yendo directamente a su trabajo como fiscal, influyó en la no acumulación de pruebas que las causas hayan pasado primero por el Tribunal supremo de las Fuerzas Armadas?

-No, porque ya antes tuvimos un gobierno dictatorial que se preocupó precisamente de hacer desaparecer las pruebas. Influyó, si, en la demora de la tramitación de los juicios, porque el Consejo Supremo no estaba decidido a dictar sentencias en esta clase de causas.

¿Los jueces han recibido presiones desde la administración radical sobre el número de condenas y las penas a aplicar a los militares procesados?

-Eso es falso. Yo, que soy decididamente administrativista, no tuve la más mínima instrucción ni escrita ni telefónica. Si conmigo ha sido así, me imagino que el resto del Poder Judicial tampoco recibió presiones.

Diversos diarios europeos e incluso el New York Times han calificado a la ley de "punto final" como una amnistía encubierta y una abdicación en la defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?

-Yo no opino sobre la ley de "punto final". Es una decisión política y si a mí no me gusta una determinada ley, no tengo más remedio que renunciar. Una de mis funciones como fiscal es vigilar el fiel cumplimiento de las leyes y esta ley ha sido aprobada por el Parlamento que votamos todos nosotros.

¿Cuáles son sus ideas políticas? ¿Cuál es su ideología? ¿También existen en el Poder Judicial?

-Esta es una pregunta un tanto irritativa. Ya que puede ser interpretada como parte de una militancia política. que tengo prohibida reglamentariamente. Sin embargo no tengo problema en decir que creo en el sistema democrático y pluralista de gobierno. No creo en ninguna clase de autoritarismo, ya sean de derecha como de izquierda.

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