El ministro de Energía, Juan José Aranguren, evitó sancionar al menos a tres petroleras que incumplieron este año con su obligación de proveer gas a precio regulado para las garrafas, la fuente de calefacción que utiliza el 40 por ciento más pobre del país. Para no multarlas ni prohibirles exportar, como obliga a hacerlo la reglamentación vigente, y para evitar que se profundizara el desabastecimiento que generó ese incumplimiento, Aranguren ordenó a Enarsa que proveyera gas importado (más caro) a las fraccionadoras a través de Transportadora Gas del Sur (TGS) al precio al que debían venderles las petroleras. Así, el Estado terminó subsidiando las ganancias de esas compañías, sin impedir por ello que la garrafa de diez kilos —la más vendida— llegara a costar hasta 180 pesos en las localidades sin acceso a la red de gas natural.

La decisión de no multar a las petroleras ni obligarlas a suministrar el gas licuado de petróleo (GLP) que debían entregar a las fraccionadoras les permitió disponer de un mayor excedente para exportar, según consta en los registros públicos que lleva el propio Ministerio de Energía. Los informes técnicos que lo avalaron y los actos administrativos que lo ordenaron, a los que accedió Crisis, fueron suscriptos por el secretario de Hidrocarburos, José Luis Sureda, quien ocupó distintos puestos jerárquicos en Panamerican Energy (PAE) durante 15 años. Precisamente PAE fue una de las que no entregó las cantidades de GLP comprometidas antes del invierno, junto a las firmas Refinor y Capex, aunque hubo otras que también redujeron las entregas al mercado interno. 

El caso salió a la luz por una pelea interna entre dos exejecutivos provenientes del sector petrolero, al igual que Aranguren: Sureda y el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, antiguo gerente de Repsol YPF, Esso y luego Axion. Ambos se trenzaron tres semanas atrás en una pelea que incluyó gritos e insultos y que terminó con siete técnicos despedidos y sumariados, acusados de corrupción. En rigor, ninguno de los dos funcionarios quería hacerse responsable de una cadena de decisiones que expone el conflicto de intereses que cruza íntegra a la cartera de Energía, cuyos funcionarios provienen casi sin excepción de compañías privadas del sector.

El área encargada de regular el mercado de garrafas está bajo sospecha de corrupción desde la época de Julio De Vido y Daniel Cameron. Eso motivó que la última secretaria de Energía del kirchnerismo, Mariana Matranga, ordenara echar a Norberto Giuliano, el director de GLP que había designado antes el exministro de Planificación. Pero las sospechas no se agotaban en él y por eso Aranguren ordenó modificar el esquema de provisión de gas a las fraccionadoras, a las cuales sostenía que se estaba beneficiando a costa de las petroleras.

La reforma estuvo a cargo de Edgardo Muzzicato, otro veterano ingeniero que también proviene de PAE, la mayor petrolera privada argentina, donde la familia Bulgheroni está asociada con capitales chinos. El 29 de abril, sin cumplir con las formalidades que exigía la reglamentación, Muzzicato ordenó por correo electrónico que la mayoría de las fraccionadoras cargaran el gas que les había asignado el Gobierno para las garrafas en puntos geográficos distintos a los de 2015. El incremento de costos que eso suponía motivó que varias de ellas interpusieran recursos de reconsideración, los cuales no fueron respondidos ni tramitados conforme a la ley. Voceros de Energía admitieron ante esta revista haber recibido esas quejas, pero justificaron el súbito cambio aduciendo que apuntaba a “una mayor ecuanimidad en la asignación de bocas de carga”.

En mayo, cuando el frío y la menor disponibilidad de GLP empezaron a hacer subir el precio de las garrafas, el subsecretario Popik decidió dar marcha atrás con toda la reforma y permitir que las fraccionadoras cargaran en sus bocas “históricas”. Para ello, mediante una nota administrativa a la cual también accedió Crisis, ordenó a ENARSA proveer gas natural a TGS, que esa empresa terminó entregando a los garraferos. Entre mayo y julio, a través de YPF, se importaron unas 37 mil toneladas de propano por cerca de 200 millones de pesos. Pero la pérdida para el Estado, en un mercado que mueve al año más de 9 mil millones de pesos, puede haber sido aún mayor.

La petrolera Refinor, que adujo no disponer de gas para garrafas debido a que el fluido importado de Bolivia tenía “bajo contenido de líquidos”, sí tuvo GLP para las empresas que se lo compraban al precio de exportación, más alto que el valor al que debía venderles a las fraccionadoras. PAE, en cambio, dejó de vender con el argumento de que se retiraba del mercado de GLP. Sus voceros dijeron a Crisis que “fue una decisión de la compañía abandonar ese mercado y destinar el gas a otros más rentables”. Hasta ahora, sin embargo, la firma sigue inscripta en el registro de proveedores y sujeta a sus obligaciones.

Los voceros de Energía defendieron la decisión de no multar a ninguna de las empresas con los mismos argumentos de las empresas, que convalidó mediante una serie de informes técnicos el actual director de GLP, Luis Barile. Entre los siete empleados echados de esa Dirección estaban la asesora legal y un jefe de inspectores, a los cuales Aranguren y Sureda acusan de corruptos. Pero según pudo establecer este medio, su despido se produjo luego de que se negaran a convalidar esos informes.

El escándalo, que tanto Aranguren como PAE buscaron acallar apelando a su influencia sobre distintos medios de comunicación, empezó a escalar en el Congreso. La semana pasada lo denunciaron las diputadas Margarita Stolbizer (GEN) y Liliana Schwindt (Frente Renovador), quienes motorizan sendos pedidos de informes a la cartera de Energía. En un comunicado conjunto, sostuvieron que “la empresa Panamerican Energy (PAE) parece ser siempre la beneficiaria de las decisiones de la política”. Agregaron que “lo fue con el gobierno anterior y lo vuelve a ser con el actual, aunque hoy es más grave porque dentro del gobierno están los funcionarios que vienen de las mismas empresas que ahora controlan. O no controlan”.

Según las diputadas, “lo que hacen (los funcionarios) es asegurarles (a las petroleras) un régimen de excepcionalidad para asegurarles ganancias o ahorrarles esfuerzos que terminamos pagando todos los argentinos. Este gobierno exime a las empresas de poner lo que le hace poner a la estatal ENARSA. O sea, lo que se ahorran los privados, los ponen los ciudadanos”.