El 30 de marzo de este año hubo un cónclave del Consejo de Seguridad Interior, organismo perteneciente al Ministerio de Seguridad que, con foco en el narcotráfico, realiza reuniones periódicas entre ministros provinciales, fuerzas federales, representantes de la justicia y de seguridad nacional e internacional para articular una agenda transnacional contra el delito organizado. Ese día los agentes de la DEA Richard Candelaria y Kevin Wood blanquearon que la agencia norteamericana no solo selecciona a los oficiales argentinos que componen los Grupos Operativos Conjuntos (GOC) que funcionan en el NOA y en el NEA desde 2017, sino que también los conducen. 

En el Centro Cultural Kirchner (CCK) el obediente auditorio estaba compuesto por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, y el juez pro DEA de Zárate-Campana, Adrián González Charvay, entre otros.  Hay una sola razón que puede explicar el motivo por el que nadie se alarmó y ni siquiera emitió una queja: ya todos lo sabían. 

Fue tal la camaradería que Kevin Wood se soltó y comenzó a explicar a los argentinos qué hacían en su territorio con los efectivos criollos, exponiendo hasta dónde llega la mano de la DEA en este intento de crear grupos de elites para la investigación criminal. Cualquier asistente desprevenido podría haber interpretado que el agente norteamericano lo estaba narrando frente a funcionarios de su propio país y no ante los locales.

Lo que no contó el agente de la DEA es por qué, a un lustro de su creación y a pesar de que la experiencia no brinda resultados, los GOC están en pleno proceso de expansión en las regiones del AMBA, Cuyo y la Patagonia, ampliando su área de dominio sobre la totalidad del territorio nacional. Tampoco dijo, por supuesto, que ponen una caja de dólares en negro a disposición de los efectivos que componen los Grupos, entre tantas otras cosas que aparecen en los documentos confidenciales que constan en poder del Ministerio de Seguridad nacional.

Pero quizá lo más grave ocurrió el 3 de octubre de este año durante la visita del ministro Aníbal Fernández a San Nicolás, donde anunció que con el apoyo de Estados Unidos esa ciudad tendrá un comando antinarcóticos. A casi un año de haber asumido, las expresiones del ministro exponen un profundo desconocimiento respecto de qué son los GOC, qué funciones cumplen y qué hace la DEA con ellos: “Se había hecho en alguna oportunidad una suerte de comandos en determinados lugares, en este caso en NOA y NEA, con estructuras de financiamiento y colaboración por parte de la Embajada de los Estados Unidos pero con nuestras fuerzas de seguridad de la región (…). Un día me vino a visitar Mark Stanley, el actual embajador de Estados Unidos en Argentina, planteándome que ellos estaban dispuestos, atentos al trabajo que hacemos nosotros, a ayudarnos a poner un COC (sic), creo que se llaman estos, en esta zona. Ellos hablaban de Santa Fe, y yo le pedí que no, que se hiciera en San Nicolás”. 

Este tipo de estructuras impulsadas por la DEA, que el funcionario presenta como una especie de avance en la lucha contra el narcotráfico, tienen historia en el país. Lejos de mostrar eficiencia, son una forma de ordenar las irregularidades que suceden en el vínculo entre la DEA y las fuerzas federales y provinciales desde hace décadas. Por eso, para aprehender la densidad de lo que señaló Aníbal Fernández hay que recorrer la historia de estas taskforces patrocinadas por la agencia estadounidense en tierra gaucha.

casa propia

La DEA tiene interés fundamentalmente en dos tipos de provincias: las fronterizas y las que registran un intenso flujo portuario. Salta, Jujuy, Misiones, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires son algunas de ellas. El motivo de fondo es obvio: a diferencia de lo que expresan tanto  funcionarios como gobernadores, a la Agencia solo le interesa aquello que suceda en territorio nacional y pueda afectar a Estados Unidos, no la problemática local. 

La mayoría de las fuentes consultadas que trabajaron con la DEA durante los 80 y 90 afirmó  que los sucesivos jefes de la Agencia se quejaban por los celos entre las fuerzas de seguridad argentinas; celos que complicaban los propios objetivos de la DEA, de allí que su propuesta para hallar un principio de solución fuera crear grupos interfuerzas, coordinados informalmente por agentes estadounidenses. Para que esto ocurriese necesitaban –de mínima- el acuerdo o la pasividad de los gobiernos de turno y el de las propias fuerzas federales y provinciales. Trato hecho. 

El caso de Salta es paradigmático. Allí los norteamericanos alquilaron durante mucho tiempo una casa en el barrio recoleto de Villa San Lorenzo, en las afueras de la capital. La vivienda estaba habitada por los efectivos argentinos, que cada dos meses recibían la visita de los estadounidenses para coordinar tareas y exigir la rendición de cuentas. La misma mecánica replicaban en diferentes provincias: hacían base en Buenos Aires y se movían por todo el país a discreción. Por supuesto, todo sucedía en los márgenes de los acuerdos bilaterales que circunscriben el accionar de la DEA a la colaboración y entrega de información estratégica.

Justamente, la primera experiencia valiosa que expone no solo la forma en que la DEA vulnera sistemáticamente la soberanía nacional sino también la complicidad de su contraparte local, fueron Frontera Norte en Salta yel grupo Cóndor en la vecina Jujuy. El primer interfuerzas comenzó en 1997, mientras que el segundo lo hizo al año siguiente. Tanto en Salta como en Jujuy, la orden yanqui era cortita y al pie: la DEA supervisaba los trabajos y requería toda la información relevada sin mediaciones.A cambio de ello, recibían dólares en negro para gastos diversos, capacitaciones, tecnología y móviles.Por si hace falta aclararlo: la recepción de la divisa no figuraba en la contabilidad argentina y sí en la estadounidense. En Salta, la DEA financiaba el Escuadrón Núcleo 51.

El oficial de enlace entre Frontera Norte y la DEA, entre 1997 y 2005,fue el gendarme Carlos Gutiérrez. Lo que ocurría en ese programa no se hubiera sabido si Gutiérrez no hubiera sido citado a declarar en la causa en la que, bajo el paraguas de la Agencia, Julio César Pose terminó siendo condenado por el delito de instigación al narcotráfico y, en simultáneo, en octubre de 2020, se convirtiera en el primer informante oficialmente reconocido por la DEA con una condena en Argentina. Gutiérrez eraa quien le tocó coordinar las acciones entre la Agencia y la gendarmería en ese caso conocido como Floralis Generica. El exgendarme explicó, en sede judicial, el motivo por el cual afirmaba que Frontera Norte se encontraba “patrocinada” por la DEA y también expuso descarnadamente lo que pasa lejos de los despachos:

¿Qué significa estar patrocinado por la DEA?

—En ese momento era Gendarmería de Salta, policía y la DEA. Esto estaba reconocido a nivel ministerial. La DEA ponía los recursos y capacitación, ponían vehículos, material informático, entre otras cosas que se necesitaban.

¿La DEA le daba el dinero a usted?

—La DEA no me daba el dinero a mí. El dinero estaba en una oficina y si ellos decían que había que pagar, nosotros lo sacábamos y lo entregábamos con recibo.

En los casos concretos, ¿cómo era la articulación?

—En los casos que aparecía información desde la DEA ellos nos iban diciendo que estaba tal persona en tal provincia. Nos daban la punta y después nosotros seguíamos según los procedimientos normados por la justicia. Los datos a veces aparecían por la DEA o a veces de nuestro propio accionar o de la policía.

Entrevistado para el libro La DEA en Argentina. Una historia criminal, el gendarme Carlos Gutiérrez explicó cómo funciona la doble vara de la agencia en el país: “La DEA se involucraba con toda su logística, como medios aéreos, solo cuando los tocaba a ellos. La DEA cuestiona a las fuerzas federales argentinas porque los decomisos no vienen de investigaciones sino de checkpoint. O sea, casi de casualidad. Llevarse bien con la DEA implica presentar resultados, rendir cuentas ante la agencia norteamericana. Si hay resultados, hay más equipos y capacitación”.

Lo que nadie le preguntó a Gutiérrez es de qué manera la DEA, que tiene prohibido operar en territorio, accede a información antes que las propias fuerzas de seguridad locales. La respuesta es sencilla: por medio del pago a informantes. O sea, a fuerza de dólares se montó una estructura de inteligencia humana inorgánica que hace que todo comience y termine según los designios de la agencia estadounidense.

Pero su historia tiene otro capítulo relevante. En 2005, luego de pasar a retiro, el gendarme Gutiérrez fue absorbido por la DEA, que lo contrató en un cargo que no existe: “investigador”. En realidad, el ex gendarme era un recurso humano para, por un lado, burlar los acuerdos bilaterales que enmarcan sus actividades en el país; y por el otro para alimentar imperceptiblemente las vías de comunicación con las fuerzas de seguridad mediante un lenguaje en común.

En el caso del grupo Cóndor, financiado por la DEA para operar en Jujuy, el vaso comunicante era el jefe de Narcotráfico de la policía provincial, Ricardo Sánchez. Él coordinaba los trabajos que cerca de veinte de sus subordinados hacían sobre los tres vehículos que había donado la DEA en Pampa Blanca y Tres Cruces. Los policías que formaron parte del Cóndor cuentan que el más novedoso de los equipos tecnológicos aportados por la Agencia era un escáner móvil, que luego fue trasladado a Salta. Entre los locales sobresalió Samuel Elías Reinaga, jefe de Toxicomanía de La Quiaca. Fue uno de los que más trabajó con la agencia norteamericana, incluso como una especie de undercover en Bolivia. Sin éxito alguno, concluyó en 2005. 

En 2007, con el apoyo de la Agencia la Argentina creó la Fuerza de Tareas de la Frontera Oriental, que se centró en las actividades de contrabando de drogas ilícitas en el área de la Triple Frontera con Paraguay y Brasil. 

Estos intentos de la DEA concluyeron abruptamente en 2011, a causa de la ruptura diplomática después de la incautación del material que traía el avión militar de EEUU, en febrero de ese año, para capacitar en técnicas antiterroristas al GEOF de la Policía Federal. A partir de ese momento, la participación de funcionarios y oficiales federales en las capacitaciones patrocinadas por Estados Unidos se redujo. Frontera Norte y Frontera Oriental fueron cerradas y también se cancelaron varios seminarios conjuntos de lucha contra el narcotráfico en la región, previamente programados y respaldados por el gobierno estadounidense. Recién en 2014, mediante negociaciones del entonces viceministro Sergio Berni, la DEA, que había reducido al mínimo histórico su personal en la oficina porteña, retomó su vínculo con el gobierno nacional. 

En simultáneo quedó a la vista hasta dónde penetró la Agencia en las estructuras políticas, judiciales y policiales argentinas. Mientras todos miraban cómo los estadounidenses quitaban el apoyo económico y tecnológico a los esquemas interfuerzas y a la vez retaceaban información, las propias fuerzas de seguridad provinciales hacían su juego para mantenerse fieles a los gringos. El movimiento ajedrecístico pasaba tan desapercibido que la prensa titulaba “apagón de la DEA en Argentina”, cuando en realidad estaba mostrando cuán epidérmica era la construcción que habían montado a lo largo de décadas para gambetear la coyuntura y puentear al gobierno nacional de turno, mediante acuerdos que rubricaba con provincias como Salta, Mendoza, Córdoba y Tucumán, entre otras. 

los agenciamientos

Sin experiencia alguna en seguridad  y luego de superar la fuga de Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, lo primero que hizo Patricia Bullrich en 2016 fue viajar a Estados Unidos a reunirse con el director de la DEA.  El resultado de ese cónclave fue un proyecto de ley aprobado en noviembre de ese año con la validación de algunas técnicas solicitadas por los yanquis y la creación de los Grupos Operativos Conjuntos (GOC), mediante la Resolución 896 de 2019. Una particularidad: aunque el acto administrativo que los crea se da a conocer en el epílogo de su gestión, los GOC operaban desde 2017 a modo de prueba y sin que se haya oficializado su funcionamiento.  

En lo formal, los lineamientos estratégicos del Grupo eran definidos por el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, salido del semillero de Francisco de Narváez. En el caso del GOC-NOA, la jefatura quedó en manos de Gendarmería mientras que en el GOC-NEA era de Prefectura. Una de las condiciones que impuso la DEA para financiarlos era que hubiera una etapa en la selección de personal que consistiera en una reunión a solas con los oficiales aspirantes. A solas significa sin la presencia de funcionarios locales. Para que resulte gráfico: se trata de oficiales argentinos, formados por instituciones del país para actuar en territorio nacional, pero comandados por una agencia extranjera con objetivos sensiblemente diferentes. 

Según la resolución de Bullrich los GOC deben durar dos años, con la posibilidad de que se prorrogue. La primera camada que los integró fue formada por la DEA en Quántico, Virginia, donde los cursos tenían una fuerte impronta militarista y duran tres semanas. 

El artículo 7 de la Resolución de Bullrich indica que cada GOC debe estar compuesto por veinte integrantes provenientes de la Policía Federal, Prefectura naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y las respectivas policías provinciales. Son dirigidos por un coordinador y un subcoordinador con el rango de oficiales de alguna de las fuerzas mencionadas. El artículo 9 incluía otra imposición de la DEA en el proceso de selección: los aspirantes debían atravesar la prueba del polígrafo, método cuestionado internacionalmente pero que está siendo utilizado tanto en el universo estatal como en el de las empresas privadas. 

Fue tal la escasez de resultados de los GOC que ni la propia Bullrich los menciona cuando habla de sus logros durante su gestión. Sin embargo, la DEA mira estos avances con otro prisma: acorde con su propia agenda, estas estructuras temporales que tardan en desactivarse resultan funcionales a la hora de legitimar sus lazos con las fuerzas de seguridad. 

Cuando asumió Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad en 2019, la DEA reclamó que se mantuvieran los GOC. La ex ministra de Alberto Fernández emitió una nueva resolución en la que se anulaba la utilización de los polígrafos al igual que lo hizo la AFI. Frederic comprendió la real dimensión de la complejidad del problema que implicaba la DEA, gracias a un ejemplo que sucedió en 2021 cuando la Agencia donó vehículos en Misiones y se armó un lío tremendo con la policía local: como los vehículos habían sido donados al Estado nacional alguien impidió que la parte de la policía misionera que no integraba el GOC condujera los vehículos. El motivo de fondo era que la fuerza provincial tenía relación directa con la DEA y estaba acostumbrada a disponer de los medios que facilitaba en ese territorio. Así fue como la Ministra comprendió por qué no había insistencia por parte de la DEA para pedir reuniones. No las necesitaba, preexistía el vínculo directo con las agencias de seguridad que les interesan a los norteamericanos.

En marzo de 2020, para trasladar el pliego de reclamos sobre la permanencia y expansión de los GOC el jefe porteño de la DEA en Buenos Aires, Rodolfo Cesario, se reunió con Cecilia Rodríguez, jefa de Gabinete del Ministerio, con Valentina Novick, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, y con Iván Poczynok, director nacional de Inteligencia Criminal. Como contó la propia Novick en crisis, la responsabilidad del trato con la DEA quedó en sus manos. De ahí la importancia de su testimonio:

¿Qué vínculo tuviste con la DEA durante tu gestión en el Ministerio?

—Con la DEA trabajé porque tuve la responsabilidad institucional de coordinar y monitorear los Grupos Operativos Conjuntos [GOC] del NOA y el NEA. Lo primero que hicimos fue entender cómo había sido la relación con el gobierno anterior. Ahí encontramos que había demasiada autonomía en la relación de los funcionarios de la DEA con la Fuerza. 

¿Qué implicaba esa autonomía?

—Una de las cosas que encontramos era que la DEA se reunía todos los meses con estos grupos y el Ministerio no se enteraba ni de la reunión ni de qué hablaban. O sea, había una relación directa con la Fuerza. Ni siquiera los jefes de esas Fuerzas se enteraban de las reuniones. Nosotros logramos instalar que como Ministerio debíamos participar en ellas sí o sí. 

¿En las reuniones entre la DEA y oficiales que aspiraban a integrar los GOC entonces no habían funcionarios argentinos?

—No, era solo entre los encargados de la DEA y miembros de las fuerzas de seguridad. No había norma, solo una resolución de creación. Funcionaba así ad hoc. Nosotros hicimos una nueva resolución, en la que se ampliaba el objeto de narcotráfico a delitos conexos. También establecimos que los lineamientos los daba la Dirección de Investigación Criminal (DINICRI) mediante mesas de trabajo mensuales. Nuestro objetivo era que los GOC se transformaran en grupos de elite de investigación. Pero para llegar a eso había que resolver varias de estas cuestiones en función de la estrategia nacional del abordaje en la lucha contra el delito organizado.

¿Puede ser que también había una caja en dólares que la DEA ponía a disposición de los GOC para gastos, la cual no constaba en ningún lado?

—Sí. Sobre eso no se rendía cuentas en ningún lado. Era un intercambio directo entre la DEA y los miembros del GOC.

Novick da en el clavo cuando admite que el vínculo se da subterráneamente, a tal punto que la ex funcionaria relató: “era tal la relación entre la DEA y los GOC que los jefes de las cuatro fuerzas federales de seguridad nos decían que ellos no sabían qué hacían los GOC porque nadie se los informaba. Ellos nos decían: nosotros les pagamos el sueldo pero ellos trabajan con la DEA”.

Ya con Frederic fuera de Seguridad los GOC pasaron a depender de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal comandada a partir de fines de 2021 por Damián Neustadt. Consultado para esta nota, Neustadt eligió no hacer declaraciones. Los anuncios y viajes de Aníbal a Estados Unidos parecen ser una respuesta clara. 

Los GOC se convirtieron en una caja permanente para las policías provinciales puesto que que tienen más recursos que cualquier unidad de Gendarmería Nacional. Como nunca, las fuerzas de seguridad que participan tienen al alcance de su mano más autos, más plata en la caja chica para pagar informantes, viáticos, combustibles.

En los últimos años, la DEA planteó su pretensión de que dejasen actuar libremente a sus agentes en territorio argentino. Es por eso que establecieron una comparación con Paraguay. Allí hay un acuerdo para introducir gente de campo en la Unidad de Información Sensitiva, mientras que en la Argentina hay agentes que asesoran en los GOC. Ellos manejan el grupo, los visitan cada quince días, ponen dólares, camionetas, pero no están en el territorio con ellos porque no lo tienen permitido. Nada de eso quita que, por ejemplo, cuando alguien de la DEA viaja a Misiones a reunirse con el GOC-NEA además lo hace con el gobernador de turno, sin importar el partido político. 

Dentro de las fuerzas de seguridad y la dirigencia política nadie lo ignora: la presencia de la DEA en cada uno de los movimientos que le interesan es profunda, milimétrica y expansiva. Si algo expone la relación con Patricia Bullrich y ahora con Aníbal Fernández es que para las agencias norteamericanas no hay grieta sino funcionalidad.