El 31 de mayo terminó el peor mes del gobierno de Cambiemos, que ya lleva treinta en el poder. Ese mismo día fueron designados 9 cargos de alta remuneración en la administración central del Estado. Con estos nuevos nombramientos, las normas que tienen por objeto designar a funcionarios vip en el aparato estatal asciende a 4817 desde que Macri llegó a la presidencia en diciembre de 2015. Se calcula que cada uno de estos flamantes cuadros estatales cobraría como mínimo 50.000 pesos por mes, aunque se trata de una cifra conservadora.

El análisis surge de un trabajo realizado por el economista Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, en base a la lectura diaria y metódica del Boletín Oficial de la República Argentina. Arelovich recuerda que el Gobierno Nacional introdujo luego de su asunción modificaciones de fuste a la ley de ministerios, ampliando significativamente las estructuras y encareciendo el organigrama de cargos en la administración pública, al mismo tiempo que enarbolaba el discurso contra la “grasa militante”, término utilizado para cuestionar las designaciones durante los gobiernos anteriores.

Los casi cinco mil burócratas de elite nombrados por el macrismo no incluyen las promociones de las fuerzas armadas y de seguridad, ni las adscripciones y nombramientos de personal no político. Tampoco involucran al conjunto de prestaciones de servicios profesionales y técnicos contratados por el Poder Ejecutivo en diversas áreas de gobierno. Y solo compromete a los cargos salariales de la administración central del Estado, por lo que habría que sumar las incorporaciones realizadas por los flamantes gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal.

La gran mayoría de estas designaciones redactadas por la gestión amarilla incluyen la siguiente leyenda: “Con autorización excepcional por no reunir los requisitos establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial”. El convenio en cuestión rige al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y determina los requerimientos exigidos para ser contratados. Lo cual significa que tales nombramientos responden a criterios exclusivamente políticos y privilegian la confianza y cercanía con la fuerza que conduce actualmente el aparato estatal.

Más llamativo aún es el récord en la cantidad de designaciones que tuvieron lugar durante abril y mayo del año en curso: 503 nuevos cargos con sueldos privilegiados solo en abril y 352 en mayo, un ritmo que duplica y hasta triplica el habitual en lo que va de gobierno macrista. Semejante abordaje al Estado contrasta con el llamamiento al ajuste en acuerdo con el FMI, aunque es preciso recordar que la masa salarial de la administración pública nacional no es una razón de peso que explique el déficit fiscal. Como asegura el propio Arelovich, “en 2017 la suma de los salarios más contribuciones representaron el 13,7% del gasto corriente y dada la heterogénea marcha entre la inflación y los acuerdos salariales, es probable que en 2018 no llegue al 12%”.

Consultado por el incremento en los fichajes durante los últimos dos meses, fuentes del ministerio de Modernización indicaron que la causa sería la reciente reestructuración institucional implementada en función del plan de recortes: “como una gran parte de los cargos bajaron de rango o sus puestos cambiaron de nombre, la normativa indica que hay que volver a designarlos”. Sin embargo, aun cuando esta respuesta explique el crecimiento exponencial en abril y mayo últimos, no desmiente la tendencia general que el nuevo gobierno implementó desde su asunción a la fecha. Y tal vez sea el secreto inconfesado de los rimbombantes anuncios que cada semana adornan las tapas de los medios de comunicación empresariales, quienes no esconden su apoyo al ajuste en el Estado.

La evolución corporativa del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) es un botón de muestra del crecimiento con anabólico en los directorios, gerencias y secretarías cambiemitas. Basta comparar el “personigrama” vigente entre 2003 y 2015 con el diseñado por Carlos Javier Regazzoni ni bien asumió como presidente del organismo en diciembre del 2015. De 37 casilleros se pasó a una estructura elefanteásica de casi tres centenares, cada uno de ellos ocupados por uno o más funcionarios vip. En 2017, la llegada del nuevo titular Sergio Casinotti implicó un fuerte ajuste que, sin embargo, redujo el organigrama a los 90 casilleros actuales, casi tres veces más que al inicio del mandato de Macri.

La pregunta que queda pendiente es: ¿cuál sería la finalidad de una estrategia de gestión que prioriza y multiplica los puestos jerárquicos? O, de un modo más provocativo: ¿el macrismo está incorporando miles de cuadros con altas remuneraciones para intentar una transformación profunda de las instituciones estatales, o simplemente revolea rentas entre sus amistades y compromisos políticos?