El 6 de julio la Cancillería argentina informó a través de un comunicado que el canciller Felipe Solá había mantenido una conversación telefónica con el ministro de Comercio de la República Popular China, Zhong Shan, en la que, dijeron, quedó subrayada la “conexión estratégica” entre ambos países tanto en el “comercio como en las inversiones”. Si bien se trató de una más de las tantas instancias de intercambio que el Estado argentino viene sosteniendo de un tiempo a esta parte con el principal socio comercial del país además de Brasil, una cuestión en particular llamó la atención y avivó el fuego, sobre todo del lado del activismo ambientalista. En el mismo comunicado se informaba, casi a la pasada, acerca de un proyecto para producir carne porcina a través de “inversión mixta entre empresas chinas y argentinas” y mediante “un proceso prudente, supervisando las buenas prácticas e incorporando tecnología de punta para reducir el impacto medioambiental”.

El acuerdo se propone generar capacidad para producir 900.000 toneladas de carne de cerdo en cuatro años. Hoy Argentina produce el 0.5% de la carne porcina del mundo y participa del 0.3% del comercio global, unas 700.000 toneladas. Para lograr el objetivo, dicen, se buscará incrementar el stock de madres en 300.000 cabezas: 60.000 el primer año y 80.000 cada uno de los tres restantes. Para que esto sea posible, la inversión será de 2700 millones de dólares, en 25 granjas industrializadas que albergarían de 12.000 a 14.000 madres. Una curiosidad: el comunicado original decía 9 millones de toneladas, la cancillería no hizo uno nuevo para enmendar el error, editó el original. Por eso hubo réplicas que mencionaron esa cifra escalofriante. En realidad son 9 millones de cabezas.

En cuanto a las granjas tecnificadas, responden a un sistema intensivo de cría en el cual los cerdos pasan la mayor parte de su vida en confinamiento, sin poder moverse, con altas dosis de antibióticos ya que al estar juntos en espacios reducidos el control sanitario debe ser estricto para evitar la transmisión de enfermedades. Las cerdas se reproducen con facilidad y en estas granjas su vida se desarrolla íntegra entre ciclos de preñez, parto y destete, terminan uno y empiezan otro. Según el Ministerio de Agricultura cada granja comprenderá: plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores (generación de energía y biofertilizantes) criadero ciclo completo y frigorífico exportador. Y todo, claro, con las medidas de bioseguridad, medioambientales y de bienestar animal necesarias. La inversión rondará los 3750 millones de dólares (otra vez una errata), 150 millones de dólares cada unidad. Y se calcula que generarán entre 9000 y 10.000 puestos de trabajo directos. La localización no está especificada, el gobierno propone las regiones del NOA y NEA y negocia con los gobernadores, pero dependerá también de la pulseada con los empresarios porcinos cordobeses y bonaerenses. ¿Y de otras resistencias?

En el contexto actual de la pandemia, los promotores de la iniciativa agrandan los ojos ante lo que decodifican como más inversión, producción y trabajo con un destino y comprador fijo, China. La firma del memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos, cuyos detalles continúan sin conocerse por cuestiones de buenas prácticas entre diplomacias, era noviembre de 2020. En algún momento se habló de septiembre. Finalmente, el 30 de agosto, Cancillería confirmó con un tuit que sería en noviembre, y que se incorporaría un artículo sobre “el respeto a las leyes de protección ambiental, recursos naturales, y bioseguridad”.

quién le pone la cola al chancho

China es el mayor productor y consumidor de carne de cerdo en el mundo, representa aproximadamente la mitad del total mundial en ambas mediciones. Estos son los números, según la Cámara de Exportadores de Argentina (CERA): producción de carne de cerdo, 48%; consumo de carne de cerdo, 66%, y población de cerdos, 46%. Ahora bien, desde agosto de 2018 el gigante asiático tiene problemas para el abastecimiento. Ese año la peste porcina africana (PPA) afectó al país y debieron sacrificar (literalmente y de las formas más brutales) buena parte de su stock en poco tiempo.

A las pérdidas económicas del sector, la escasez de animales y el peligro ambiental, se sumó un previsible y muy significativo aumento en el precio de la carne de cerdo, alimento básico en la dieta de la población. Por eso el gobierno chino intenta reconfigurar su industria local y así recuperar los niveles de producción pre PPA, pero también busca proveedores alternativos y en esa línea impulsa paquetes de incentivos a las empresas privadas para invertir afuera porque además, entre otros datos, el costo final de producción de carne de cerdo en el gigante asiático es entre 2 y 3 veces más elevado que, por ejemplo, en Argentina: 2 dólares para producir un kilo de carne porcina allá contra 60 centavos acá. Otro elemento que suma para comprender el interés de los chinos es que Estados Unidos vio comprometida sus exportaciones al gigante asiático por la pandemia. Una oportunidad de oro para la Cancillería argentina.

En 2019, mientras China descendía del segundo al quinto lugar entre los importadores mundiales de carne de cerdo, Argentina le despachaba su primer envío de carne porcina. Esos pasos iniciales fueron concretados por Paladini y por el consorcio exportador Argenpork, luego siguieron otros jugadores igual de grandes. Desde finales de ese año a la actualidad, según CERA, “la participación de China en las ventas externas totales de carne de cerdo argentina fue de 89% en promedio”. Con este telón de fondo tuvieron lugar las conversaciones que continuaron este año a pesar del coronavirus. Incluso se firmó un acuerdo entre la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP) y la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Industrial de China (Capid).

En Cancillería se cocieron las habas. Allí, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, está sentado en la mesa de las decisiones y conoce la letra chica del proyecto. Funcionario de raza, fue coordinador ejecutivo del Ministerio de Agricultura de la Nación entre 2002 y 2016, testigo privilegiado de los años de expansión del agronegocio, y hoy es uno de los encargados del equipo que armó Solá para captar inversiones extranjeras.

No solo desde el Palacio San Martín promueven el acuerdo. El empresariado porcino detenta núcleos potentes e interesados. Uno es la AAPP, entidad que agrupa productores del interior bonaerense, pero sobre todo empresas grandes, como Agroceres Pic o inversiones del grupo Blaquier. Otra pata la conforman los productores cordobeses agrupados en la Sociedad Rural de Jesús María. Luis Picat, actual intendente de Jesús María y radical cambiemita, también es un referente del sector en la provincia que gobierna Schiaretti.

Ahora, el interés de China es genuino y la punta del ovillo hay que rastrearla cruzando el océano, en su enorme territorio, en la provincia de Shaanxi, y en la planta que Biogénesis Bagó tiene allí para producir vacuna antiaftosa, entre otros desarrollos biotecnológicos. Biogénesis Bagó pertenece al grupo de capitales argentinos Insud, propiedad de Silvia Gold y Hugo Sigman, el empresario argentino de espíritu internacionalista, mecenas del arte y la cultura. El 8 de enero de este año (6 meses antes de que Cancillería diera noticias) un comunicado de Biogénesis saludaba el entendimiento entre asociaciones empresarias de aquí y de allá y sostenía que Argentina tenía todo para convertirse en uno de los principales productores de cerdos a nivel mundial. Esteban Turic, líder durante cuatro años de la filial asiática de la compañía, destacó: “frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogénesis con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes”.

El otro entusiasta es Juan Uccelli, asesor consultor de AAPP. Su cuenta es sencilla: se dejarían de exportar cerca de 2.5 millones de granos (maíz y soja) por un valor cercano a los 400 millones de dólares para exportar 900.000 toneladas de carne de cerdo por cerca de 2.500 millones de dólares. O de otro modo: el maíz se exporta a 200 dólares la tonelada; utilizado en la cría de cerdo permite crear valor agregado (proteína) y exportar luego por 2000 dólares la tonelada. Este punto no es menor. De golpe, los impulsores del acuerdo encontraron en el valor agregado un argumento antiextractivista a favor del emprendimiento. Miradas como las de Ucelli o Gabriel Delgado, veedor oficial en Vicentin, enfatizan no solo el ingreso de divisas que traería el acuerdo sino, y por sobre todo, la posibilidad de dar un paso más allá de la primarización. Argentina, aseguran, debe agregar valor en su territorio, tiene las condiciones para hacerlo. Hay que dejar de exportar, por ahí no va el mundo, se les escucha.

los que le dan de comer

Las reacciones al comunicado no tardaron en hacerse oír. Conocer el contenido exacto del acuerdo fue una demanda y lo sigue siendo. El 21 de julio activistas antiespecistas, ambientalistas, académicos, artistas, difundieron una declaración. El mensaje se hizo viral desde la cuenta de Instagram de la periodista Soledad Barruti: en las primeras 24 horas lo vieron medio millón de personas. El planteo apunta contra el modelo de factorías o “granjas” a gran escala, advierten sobre el impacto ambiental, el maltrato animal y el potencial pandémico de este tipo de emprendimientos. La cantidad de entrevistas, paneles, conversatorios, twitazos, debates contra la instalación de las megagranjas da cuenta de una sensibilidad por el cuidado del ambiente que no existía en el auge del agronegocio. Lejos de ser solo un fenómeno de clases medias urbanas, el activismo ambiental viene ganando en organización y articulación a través de colectivos y referentes que se despegan de una mirada boba o ascética sobre el vínculo con la naturaleza y reclaman un lugar en la mesa de la discusión sobre el modelo de país.

Diez días después de aquella declaración, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) organizó una olla popular y feriazo agroecológico rente a la Cancillería en forma de protesta. Finalmente los recibieron Jorge Neme y el jefe de gabinete, Guillermo Chávez, para dialogar. Rosalía Pellegrini, de la UTT, estuvo presente y sostuvo que, si bien ellos acompañan el gobierno de Alberto Fernández, los debates gruesos y medidas importantes en torno al modelo agroalimentario argentino “hay que darlos de cara a la sociedad”. Las críticas al proyecto están expresadas en un documento del Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular en el que se señala que tal como está planteado no es sustentable “en lo sanitario ni en lo ambiental y que creará un sector concentrado de la cadena de valor porcina que no contribuye a la democratización de la economía”. Algunos de los argumentos van en línea con el activismo ambiental: los criaderos industriales son fuente de contaminación por los excrementos que producen y “caldo de cultivo ideal para mutaciones virales y posibles pandemias”. Otra pregunta ronda también en estas intervenciones: ¿qué ocurre si China por alguna razón deja de comprar la producción porcina argentina? Una sobreoferta en el mercado local arruinaría a pequeños y medianos productores. Quienes saben del comercio exterior de China cuentan que suelen pegar volantazos. Pero no se trata solo de criticar. Las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar entienden la preocupación del gobierno argentino por obtener las “divisas requeridas para generar un desarrollo socio económico nacional”, también reconocen que la demanda de carne de cerdo por parte de China “abre una oportunidad”.

Por su parte, el MTE Rural, organización de pequeños productores y arrendatarios que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), expresó en otro comunicado, la necesidad de apostar por la agricultura familiar y, en lugar de granjas a gran escala, implementar “clusters” o nodos de unidades productivas amigables con el medio ambiente, con capacidad de 100 a 500 madres, distribuidas y articuladas en distintos territorios del país para fomentar las economías regionales. Desde el Movimiento Arraigo también adhieren a esta propuesta: mayor cantidad de chacras repartidas por todo el país con una supervisión activa del Estado, a través del INTA y el Senasa, que tenga en cuenta la relación tamaño-volumen de la explotación con el ambiente, el arraigo de la producción, el diálogo con la población local y la distribución de rentas.

todos los campos, el campo

En el gobierno la mirada dominante la detenta el gabinete económico está sintetizada en esta idea de Daniel Schteingart, sociólogo, director del Centro de Estudios para la Producción en el Ministerio de Desarrollo Productivo: “necesitamos producir y exportar más, y los recursos naturales son importantes. Si no logramos aumentar las exportaciones y que nuestra economía genere dólares genuinos, repetiremos lo de siempre: devaluación, in ación, empobrecimiento, desigualdad, desempleo y precarización laboral”. Para impulsar un modelo neodesarrollista, se sostiene, el aprovechamiento de ventajas comparativas es primordial pues es lo que permitiría avanzar en mejoras sociales. Argumentan que la “década de las commodities” es la prueba ya que en ese período se redujo la pobreza y la desigualdad en Argentina y América Latina. Sin embargo hay quienes afirman, como el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo, que, en realidad, “el período de bonanza argentina tuvo mucho más que ver con políticas redistributivas que con un cambio de modelo de desarrollo”. De hecho, en 2002, había según el censo agropecuario 333.533 explotaciones productivas, en 2018 ese número bajó a 250.801, una caída de más de 83.000 explotaciones. Son los números de la concentración. Cuando los procesos de producción se industrializan y tecnifican demandan grandes capitales y dejan afuera a productores que, al no poder hacer frente a la situación, deben arrendar sus campos a terratenientes y latifundistas. El círculo es conocido: poblaciones rurales expulsadas por el avance de la frontera agraria que deben emigrar a las ciudades en condiciones precarias.

Quedan expuestas así las pujas entre diferentes sectores del llamado “campo argentino”, que lejos de expresar una realidad homogénea destila heterogeneidad. Existe, por un lado, un ala dominante, con foco en la producción y exportación de commodities, y que ocupa a diario la narrativa mediática con imágenes relumbrantes de trigo, maíz o vacas en la Expoagro, y por otro, un campo con eje en la producción de alimentos, basada en la pequeña producción familiar y cuya propuesta es la soberanía alimentaria. Este sector, que se volvió viral durante los años del macrismo por los verdurazos y feriazos, no genera los dólares que ingresan al país, pero sí produce la mayoría de los alimentos frescos que comemos: el 83% del ganado caprino, el 70% de la yerba mate, el 62% del tabaco, el 61% de pollos parrilleros y aromáticas, el 60% de los porcinos y el 59% de las hortalizas. Sin embargo, el grado de concentración que tiene la producción agropecuaria en Argentina es tan alto que los pequeños productores representan el 66 % de las explotaciones con solo el 13 % de la superficie. Desde ese lugar interpelan al gobierno sobre la distribución de la renta.

Esta efervescencia se da en un momento inédito del diálogo del peronismo con el campo agroexportador. Luego de las movilizaciones contra la expropiación de Vicentin, Cristina Fernández (CFK) recibió a representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una nueva entidad empresaria que le disputa el liderazgo a la Mesa de Enlace. Unas semanas antes, Alberto Fernández había pronunciado su discurso por el aniversario de la Independencia escoltado por el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, entre otros representantes sindicales y empresarios. Ambos gestos pueden ser leídos al interior de un proceso de redefinición del vínculo entre el actual oficialismo del Frente de Todos y el sector corporativo más relevante del país, a diez años del con icto por la resolución 125. Se trata de calibrar el vínculo gobierno–complejo agroexportador a partir de acuerdos económicos y pragmáticos, relegando los habituales escarceos políticos que suelen tensar la relación. En la reunión con CFK, el amante CAA propuso un “Plan 2020-2030” orientado a aumentar las exportaciones agrarias de los 65 mil millones de dólares actuales a los 100 mil millones en pocos años.

No se trata de oponer mecánicamente una visión a otra sino de marcar el camino que el Estado debe desandar para reducir las asimetrías del campo argentino. Lo primero es asumir que la lógica de ambos modelos es distinta. El del agronegocio se define por una mirada mercantil y financiera antes que por un tipo de producción o de cultivo específico. Esto supone en los hechos, como sostiene la antropóloga Patricia Aguirre, una separación entre la salud y la nutrición, y por ende, un “divorcio” entre el campo y la alimentación humana. Un comienzo prometedor sería ordenar todas las políticas públicas existentes de producción de alimentos desparramadas en distintas agencias estatales nacionales y provinciales, centralizarlas y darles una única orientación: la de abastecer a un pueblo de más de 40 millones. Mejor no esperar a que los chanchos vuelen para encarar estos interrogantes, más teniendo enfrente una pandemia que no da tregua. Mientras tanto para dilucidar hacia dónde va el proyecto argenchino habrá que esperar a noviembre, el mismo mes en que Argentina participará como invitada de honor en la Feria de importaciones y exportaciones China International Import (CIIE), en Shangai.