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escuelas rurales: carne de cañón del modelo
En todo el país hay doce mil establecimientos de este tipo que, lejos de la mirada urbana, ven intensificadas las necesidades y tienen, además, un contacto diario con la cara menos maquillada del modelo agroindustrial: cuando jugar en el recreo implica el riesgo de toparse con una nube de fumigaciones.
Ilustraciones: Daniela Kantor
24 de Mayo de 2022

 

La tarde en que la docente Moira Lamothe comenzó el año escolar 2022 en la escuela Nº 7 de Las Chacras –una localidad a quince kilómetros de Lobos, en la provincia de Buenos Aires– incluyó una actividad inesperada: denunciar a sus vecinos por pulverizar el campo que estaba justo frente a su trabajo. Durante la reunión plenaria –ese encuentro del personal docente y no docente que se realiza un día antes de que arranquen las clases–, la portera empezó a sentir un picor en los ojos y un malestar general en todo el cuerpo al mismo tiempo en que un olor fuerte se expandía por toda la escuela. “¡Nos fumigan sobre la cabeza, en nuestras narices!”, gritó, mientras salía por la puerta de entrada y sacaba fotos de lo que en la jerga rural llaman “el mosquito”: esa máquina agrícola, con ruedas altas y finitas y alas largas que se abren hacia los costados y esparcen plaguicidas en forma de gotitas muy finas. Las fotos que luego Moira mandaría junto a un audio a la radio local de Lobos “porque siempre están a favor y comunican estas noticias” registraban una escena frecuente en el campo argentino que cada vez más se interpela, se condena, se intenta –y se exige– frenar o revertir. “Ese día no había alumnos”, dice Moira.

La Escuela Nº 7  de Las Chacras es uno de los doce mil establecimientos educativos rurales diseminados en todo el país, rodeados de tierras productivas que se dedican a la agricultura, a la ganadería o a la minería, a las que asiste el 9% del total de la matrícula de estudiantes. Una de las particularidades de las escuelas rurales es su lejanía con los centros urbanos: están en localidades donde viven dos mil habitantes o menos y algunas, incluso, están en el medio del campo sin ni una urbanización a la vista. Esa especificidad –la lejanía, el aislamiento– facilita que los problemas queden sin atender.

 

desde lejos no se ve

Falta de cloacas o de agua potable, accesos anegados, falta de recursos y dispositivos tecnológicos, pulverizaciones con plaguicidas en zonas vedadas: esos problemas –que durante el cierre de las escuelas durante los dos años la pandemia se hicieron más visibles– son muchos. A su vez, a esas especificidades se le suma que dentro del escalafón del ministerio de Educación, los cargos de inspector o inspectora para arriba son puestos políticos. Ese rompecabezas permite entender por qué sobre ciertos temas o no se habla o no se divulga o se mira hacia otro lado. Con las pulverizaciones cerca de las escuelas rurales pasa eso. “Es un tema complejo”. “Atraviesa todos los colores políticos”. “Queda todo encajonado”. “Es difícil que denuncie a la persona que trabaja en esos mismos campos porque es su trabajo y tiene tal vez ahí su vivienda”. “Es un tema sensible, la gente tiene miedo de hablar”. “Los funcionarios están en el agronegocio, están en los pooles de siembra”. “Las denuncias se frenan o quedan a paso de tortuga”. Todos estos entrecomillados son algunas de las declaraciones que expresaron las personas entrevistadas para esta nota.

“En Pehuajó, a veces estamos haciendo política desde el color y no desde la necesidad de la gente”, dice Graciela Agostinelli, ex inspectora de educación durante treinta años y actual concejala por Juntos en el concejo deliberante de esa localidad, ubicada al oeste de la provincia de Buenos Aires. Agostinelli se refiere al proyecto de cortinas verdes –plantar árboles frente a las escuelas rurales para que funcionen de barreras naturales para frenar los plaguicidas– que quedó “encajonado”. Desde su experiencia como inspectora, piensa que el tema no se toma con tanta seriedad como se debería y dice que desde lo pedagógico se podrían desarrollar proyectos de investigación que incluyan a los estudiantes.

Aun así, las organizaciones civiles van formando poco a poco una masa crítica que intenta cambiar el estado de cosas. Por eso, cuando el jefe distrital de Lobos de la escuela donde trabajaba Moira –ahora lo hace en otro establecimiento- llamó al inspector y el inspector llamó al director y él le preguntó al equipo, “¿Quién publicó esa nota?”, ella respondió: “Fui yo, no podía mirar para otro lado en esa situación; ¿para qué voy a ir a la Jefatura Distrital si no pasa nada?”. Moira dice que en ese caso la censura fue bastante explícita: no debía exponer eso a los medios.

La estrategia sobre lo que se habla y sobre lo que no se habla con los medios atraviesa todos los escalafones. Para esta nota, de hecho, ni el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ni la Modalidad Rural del ministerio de Educación de Nación accedieron a una entrevista o respondieron las preguntas.

Algunas cuestiones que buscábamos entender eran estas: ¿Cómo dialoga la modalidad rural con los contextos pulverizados? ¿Se refieren a los plaguicidas como agrotóxicos, agroquímicos o fitosanitarios? ¿Llevan estadísticas propias sobre temas asociados a la salud del alumnado y del personal docente? ¿Cuáles son? ¿Qué registros tienen sobre las zonas del país más afectadas por este tema? ¿Tienen algún litigio judicial por escuelas en zonas fumigadas? ¿Qué estrategias desarrollan desde la modalidad junto a los gobiernos provinciales para dar respuestas a este asunto?¿Cómo avanza la mesa de conversación (si es que la hay) con las distintas organizaciones sociales que les acercan sus problemas? ¿Tienen alguna mesa de trabajo con el ministerio de Salud? ¿Qué acciones o políticas públicas diseñaron a partir del documento que lanzó en año pasado la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP)? Todas estas preguntas quedaron sin respuesta por parte de las autoridades de Educación.

El informe de la SAP, basado en investigaciones, asocia casos de cáncer, hipotiroidismo, asma y espectro autista en niños expuestos a plaguicidas. También menciona abortos y nacimientos de niños con malformaciones. A su vez, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon en 2015 que hay suficientes evidencias científicas para considerar que el herbicida más ampliamente empleado –glifosato- es “probablemente carcinógeno humano”, la segunda categoría en toxicidad cancerígena.

 

protocolos y protocolos

En las comunidades rurales cada vez hay más asociaciones que buscan –y pelean– para conseguir respuestas. Y crecen en contextos pulverizados. Una de ellas es la Red Federal de Docentes por la Vida. Surgió en 2017 por iniciativa de Ana Zabaloy, una directora de una escuela rural de San Antonio de Areco, cuando sufrió una parestesia facial a raíz de una intoxicación con un herbicida. Como se sentía muy sola al denunciar, creó la Red para estar más acompañada. Zabaloy murió de cáncer hace poco más de un año, pero la organización sigue funcionando con referentes en todos el país, la componen docentes, vecinos, militantes ambientalistas y abogados; se comunican por un grupo de WhatsApp y por esa vía coordinan acciones. Además, ampliaron la diversidad de problemas porque al ser federal hay provincias donde los conflictos no están relacionados con los plaguicidas sino con la minería o con los feedlot, un término en inglés para denominar los corrales de engorde donde encierran a los animales y los alimentan en comederos sin que puedan caminar o pastar por los campos.

Cuando Moira tuvo el incidente en la escuela de Las Chacras –desde abril trabaja como bibliotecaria en la agraria Nº 1 de Antonio Carboni (pero aclara que no cambió por ese evento), la contactaron para darle apoyo. “Son muy combativos y siempre están luchando para remediar estos problemas”, dice Moira. También señala que en las escuelas hay protocolos de incendio o de covid-19 pero no hay protocolo en caso de fumigaciones y que el que existe lo hizo y lo distribuye la propia Red.

“El protocolo es una herramienta fundamental, nos brinda los pasos a seguir cuando fumigan una escuela en la que se está trabajando”, dice Yamila Vega, que además de formar parte de la Red es profesora y licenciada en Historia, cursa una maestría en Estudios Sociales Agrarios, vive en San Andrés de Giles y trabaja en el Centro Educativo para la Producción Total (CEPT) Nº 2. El CEPT es una escuela de alternancia –en total hay treinta y cinco instituciones de esa modalidad en la provincia de Buenos Aires, surgieron en Francia en la década de 1930 para evitar el desarraigo rural–  donde los estudiantes viven una semana y se quedan dos en sus hogares. Durante esas semanas, reciben visitas de los profesores para acompañarlos en sus tareas y en las producciones que estén desarrollando, por ejemplo, huertas o colmenas. Yamila vivió dos fumigaciones, una mientras estaba en la escuela y otra en camino a ella. Si bien asegura que la Red ha estado con miembros del sindicato dice: “nos reciben pero finalmente no nos dan respuestas”. Ahora están tratando de que algunos docentes se hagan análisis de agroquímicos en sangre para demostrarlo. “Pero son estudios muy caros”, dice Vega.

Al respecto, Víctor Furci, licenciado en Física y profesor adjunto en UNIPE en el área de Ciencias Naturales, se pregunta: “¿Nosotros tenemos que presentar datos?”. Furci dice que suele haber un reclamo de que las asociaciones presenten investigaciones pero él cree que quienes tendrían que presentarlas son quienes lucran en primer lugar y los funcionarios, después. “En los pueblos vemos que los políticos defienden a los más poderosos y quienes se tendrían que hacer más cargo son ellos”, dice.

Furci vive en Saladillo y trabaja como muchos profesores en varias escuelas y universidades. Creó la cátedra libre Educación y Ambiente desde donde impulsa el estudio y la divulgación de problemas ambientales desde la escuela a través de la práctica de docentes en el territorio para ayudar a pensar en ciertos temas y abordar de ese modo los distintos conflictos. Su crítica es hacia la producción actual de los alimentos. “Antes se producía sin agrotóxicos, nuestra posición no es trazar un límite para que no se fumigue en ciertos lugares sino que no está bien que se fumigue porque se sigue intoxicando el agua, los productos, el aire, queremos otros sistema de producción de alimentos”, explica.

 

no hay palabras inocentes

¿Plaguicida, agrotóxico, veneno, agroquímico, fitosanitario? ¿Fumigación o pulverización? El documento Efectos de los agrotóxicos en la salud infantil que la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) divulgó a mediados del año pasado señala esta reflexión sobre el uso de las palabras. La elección de las palabras para denominar un plaguicida marca las distintas visiones dentro de una comunidad. Es decir, cómo se nombra una sustancia o mezcla de sustancias destinada a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga que permita regular el crecimiento de las plantas, reducir la densidad de fruta o evitar la caída prematura de los frutos, y proteger los cultivos después de las cosechas para su almacenamiento o transporte. Plaguicidas, agrotóxicos y biocidas enfatizan la posibilidad de matar plagas que puedan incidir en la productividad y calidad de los productos pero refuerzan su carácter peligroso, las posibilidades de ingresar en otros ecosistemas incluidos los seres humanos. Los productores y trabajadores rurales utilizan los vocablos remedio, producto o veneno. Mientras que el término remedio evoca la posibilidad de curar que poseen los agroquímicos, el veneno denota su carácter perjudicial para la salud humana. Nombrarlo fitosanitario evita la dimensión real del producto y sus derivados para la salud.

El documento de 171 páginas, dirigido por la doctora María Gracia Caletti junto a un equipo interdisciplinario, si bien está destinado para especialistas en Pediatría, tiene un valor para toda la comunidad por la cantidad de datos expuestos. La propuesta surgió de la observación de la gran extensión de tierras destinadas a la actividad agropecuaria y una serie de deficiencias que impiden el control del uso de agrotóxicos: la falta de leyes, el incumplimiento de las existentes, la ausencia de personal de salud capacitado en el tema, la falta de concientización de la población, la falta de educación comunitaria, la ausencia de registros médicos adecuados y las ausencias de estadísticas que permitan medir la magnitud del problema. 

 

invertir en futuro

El equipo multidisciplinario del Hospital Italiano lleva adelante desde 2013 el Programa de Investigación en Salud Ambiental (PISA) que surgió a partir de la observación de enfermedades “raras”, es decir, no propias de determinados grupos etarios tales como variedades de cáncer o problemas en pulmones. El abordaje que emplean es sistémico, trabajan bajo el concepto “una sola salud” que sugiere la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, con una mirada integral donde se tiene en cuenta a las personas, al ambiente y a los animales. “Desde los años setenta se introdujeron más de treinta mil moléculas nuevas que en el ambiente no existían, es entendible que luego de cincuenta años empecemos a ver la expresión de mecanismos de toxicidad diferentes a los tradicionales que conocíamos”, sostienen desde PISA. Muchos de estos mecanismos pueden ser transgeneracionales e ir afectando con “etiquetas” al ADN, es decir: generan pequeñas modificaciones a nuestro código genético que alteran la expresión de los genes. Estos mecanismos se llaman epigenéticos –por encima del gen–; se podría decir que prenden o apagan genes y el impacto que tiene esto es que se alteran los procesos de desarrollo y, por ende, las formas.

En concreto, si actúan durante el embarazo, esos niños tendrán expresiones adaptativas que no tenían sus antecesores. Por ejemplo, hoy se sabe que los plásticos son disruptores endocrinos: actúan en bajísimas dosis sobre los receptores hormonales, tienen un impacto lento que se ve en la adultez y se transmite de generación en generación. Por otro lado, la sustancia puede no encontrarse en el cuerpo porque le dejó su “marca al ADN” en el momento del embarazo, cada vez son más las sustancias que se analizan ahora y se descubren como disruptores endocrinos. “Ahora se sabe que el glifosato también lo es por investigaciones realizadas por el equipo de la doctora Mónica Muñoz de Toro de la universidad del Litoral”, explican. Hoy en PISA están viendo que empiezan a aparecer enfermedades “adaptativas” con síndromes inespecíficos de difícil atribución de daño a un solo órgano, porque los mecanismos son sobre todas las células de nuestros órganos.

Dentro del Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias (INTA), las miradas cubren una línea que varía desde el intento de que toda la tierra sembrada en el país sea a través de la agroecología hasta darle la espalda a las buenas prácticas. El ingeniero  agrónomo, Patricio Ros, desde la estación experimental INTA San Pedro, dice que la Unión Europea (UE) es un ejemplo a seguir. Hoy esa región tiene sembrado un 5% de la tierra desde una perspectiva ecológica y se propusieron para el año 2030 llegar a sembrar de ese modo el 20% de las tierras. “Lo que nos tiene que llamar la atención es que los tiempos que plantean son a largo plazo. Sin embargo, son ambiciosos y están acompañados de recursos”, dice Ros. Uno de los aspectos que trabajan desde el INTA está relacionado a las ordenanzas. De los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, solo 70 tienen reglas, no todos las cumplen y hay solo una ley de 1991 que habla del uso fraccionamiento, cómo tratar los envases, etc. Ese aspecto está también contemplado en el documento de la SAP: la falta de la receta agronómica, la falta de recursos para la contratación de profesionales especializados, la falta de fiscalizaciones y la falta de sanciones son todas ausencias que conforman el mapa de la ruralidad.

Ros describe al partido de Ramallo como un caso emblemático donde a fuerza de amparos, con una comunidad activa, dispositivos de denuncias que funcionan y fiscalizadores llegaron a un grado de conflictividad cero. En marzo de 2021, la Dirección de Medio Ambiente municipal recibió los resultados del control anual que debe realizarse, según la ordenanza 6151/20, que indicaba que el agua estaba libre de pesticidas. En Lobos, también a fuerza de amparos de organizaciones ambientales y de la acción comunitaria, el Poder Judicial dictó en julio del año pasado una serie de medidas cautelares urgentes para que el municipio entregue bidones de agua potable “libre de agrotóxicos" en escuelas, clubes deportivos y domicilios específicos. “Las posiciones extremas solo llevan a la confrontación y no llegan a nada”, dice Ros y agrega que los bioinsumos que están creciendo también a nivel nacional es una tecnología que se va a desarrollar mucho y rápido; pero no se puede pensar que es un cambio de un día para el otro. Ros pone de ejemplo el uso de los cinturones de seguridad para hacer una analogía: “La educación es muy importante, hay prácticas que salen desde la escuela para afuera, la transmiten los chicos: hace décadas el uso de los cinturones era impensable, hoy ellos al subirse al auto se lo ponen antes que los adultos.”

La implementación de la Ley Nacional de Educación Ambiental es parte de esa búsqueda para cambiar el estado de cosas. Jorge Lapena, doctor en Geografía y director de la Escuela Nº 3 de Herrera Vega en el partido de Hipólito Yrigoyen, dice que debe aplicarse como la ESI, de modo integral. En su escuela fueron de avanzada y desarrollaron proyectos que atraviesan las distintas disciplinas: lo ambiental en lo histórico, en la geografía, en las prácticas del lenguaje. “Mal confundían lo ambiental con lo ecológico, con perspectivas extremistas o conservadoras”, explica Lapena. En su escuela proponen actividades para toda la comunidad, se acercan los padres para aprender buenas prácticas para hacer huertas, para entender los ciclos ecológicos, para ver videos documentales.

Lapena conoce la zona desde siempre. Recuerda cuando el pueblo tenía lotes rurales contiguos, campos con vacas, con tambos, con una agricultura que rotaba y se fumigaba en casos extremos: “Como cuando una persona está enferma, no se medica todo el tiempo”, dice. Ahora, explica, en los campos no pasa eso. Aun así, dice que en Herrera Vega han encontrado otras estrategias y ya han implementado cuatro emprendimientos agroecológicos. Tal vez avance lento, pero avanza.

La Red de Municipios que fomentan la Agroecología (RENAMA) comenzó en la ciudad de Guaminí (cabeza de partido) con cien hectáreas de producción agroecológica y hoy ya trabajan con ese método cinco mil hectáreas. Aun con todos esos proyectos que lleva adelante, Lapena se muestra algo escéptico cuando recuerda un problema que tuvo cuando fue a denunciar que estaban fumigando en un horario escolar. “¿Cómo va a fiscalizar alguien que está a favor de las posturas agrotóxicas?”, se pregunta. Y no es el único que piensa así. Yamila Vega de la Red dice que “el proceso de transición puede llevar muchos años, está demostrado que es posible, pero no hay una intencionalidad política”.  Lavena explica que no hay un ministerio de Ambiente ni autoridad que controle esas cuestiones. “Nosotros hacemos denuncias y nunca se materializan. Arriba de nosotros son cargos políticos y son cargos pasajeros que no llegan con una trayectoria de experiencia y se limita a eso. Esto no es una opinión, es una realidad”. Son denuncias como la que hizo Moria Lamothe, a principios de año, en la Escuela Nº 7 de Las Chacras.  Las escuelas rurales, sus docentes y estudiantes llevan una cotidianeidad lejana a las grandes ciudades, pero sus voces suenan. Y eso también es una realidad.

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