E n 2009, diez años después de haberse conformado, la Tupac Amaru era el tercer empleador de la provincia de Jujuy. El primero, el Estado. El segundo, el Ingenio Ledesma. Para ese entonces, la Tupac ya tenía la forma de una red de servicios en torno al trabajo y a la pertenencia: un modo de vivir en común. Casas, plazas, parques, piletas de natación, fábricas, almacenes, hospitales, aulas, farmacias, cementerios: para el diez por ciento de los jujeños, la Tupac era una puerta de acceso, la primera en décadas, a todos esos sitios en los que transcurre la vida. Este universo se armó con el dinero que desde 2004, con prisa y sin pausa, el gobierno nacional le transfirió a la organización liderada por Milagro Sala. Los primeros fondos llegaron después de una protesta durante una visita de Néstor Kirchner. A partir de ahí, la historia de ese vínculo es tan larga como la relación de las provincias y la Nación, pero tuvo su punto de arranque en un plan de construcción de viviendas en el que la Tupac arrolló con su eficacia para administrar tiempo, recursos y formación laboral para hombres y mujeres que se convirtieron en pocos meses en obreros de la construcción, sin distinciones de género en la distribución de las tareas.
A la par de los barrios nuevos creció la capacidad de movilización de la Tupac y su poder de presión a los gobiernos provinciales. La organización nunca dejó de ocupar el espacio público para pedir y negociar, y también para agradecer y apoyar. Los gobernadores peronistas Eduardo Fellner y Walter Barrionuevo convivieron con los acampes y las movilizaciones cada vez que la Tupac quería algo que no estaba consiguiendo, decenas de funcionarios lidiaron con la amenaza de la protesta en la calle por transferencias de dinero demoradas o por reformas legislativas necesarias para mejorar las condiciones de las cooperativas; más de uno trasnochó con la Tupac en la calle y la Cámara de la Construcción en el palacio.
La máquina de construir poder que durante diez años fue la Tupac era dirigida con mano dura por Sala: con carisma, con liderazgo, con trabajo 24 x 7, con una mística arraigada en identidades indígenas discriminadas durante siglos, con un régimen estético, con intolerancia al disenso, con una administración funcional de la violencia que iba del cachetazo al apriete, con sanciones y expulsiones por “faltas” a las normas de conducta política y a una moral de la militancia que sancionaba a los infieles (a la organización y a sus esposas). En resumen, hacia fines de 2015 la Tupac Amaru era un estado-privado. Para algunos, el bienestar justificaba los modales del poder. Para otros, el autoritarismo impugnaba el acceso a los bienes.
cirugía judicial
El 25 de octubre de 2015, Gerardo Morales se convirtió en el primer gobernador no peronista de Jujuy en 32 años. En la campaña, prometió lo que todo Cambiemos: institucionalidad, transparencia, fin del clientelismo, justicia independiente, trabajo, pobreza cero, el fin del narcotráfico y la vuelta del orden y la paz social. Morales ganó con el 53 por ciento. Eduardo Fellner, quien había gobernado durante trece años de las tres década previas, perdió con el 32 por ciento. Cuánto de esa derrota se adjudica a la relación con Sala depende de la isla que se ocupe en el archipiélago peronista provincial.
El 10 de diciembre, Morales dio el primer paso hacia la “justicia independiente” que se había imaginado y designó a Mariano Miranda, apoderado de la Unión Cívica Radical de Jujuy, como fiscal de Estado. En esas primeras horas de su mandato, Morales también negoció con el gobierno nacional el envío de gendarmes al territorio jujeño en vistas a una inminente actividad desestabilizadora liderada por la Tupac de la que se había enterado gracias a “informes de inteligencia”, según declaró a los medios de comunicación.
A las dos de la mañana del 14 de diciembre 43 gendarmes, que por orden de la ministra Patricia Bullrich eran trasladados desde Santiago del Estero, murieron en un accidente en la ruta. Clarín publicó que la información que había recibido Morales era falsa adrede, una operación de un sector de los servicios de inteligencia. Si Morales la creyó verdadera o no es menos importante que el hecho de tomar una decisión utilizando un tipo de inteligencia que es ilegal. Ni él ni Bullrich dieron explicaciones sobre este aspecto del asunto. Los familiares de los gendarmes denuncian que el micro no estaba en condiciones de hacer el viaje y que no se respetó la prohibición de hacer traslados nocturnos, entre otras irregularidades.
El mismo 14 de diciembre, la Tupac Amaru y otras organizaciones comenzaron a acampar frente a la casa de gobierno para protestar por algunas de las primeras medidas de la nueva administración: Morales había establecido un empadronamiento obligatorio de las cooperativas y no les había concedido una audiencia que las organizaciones pedían desde que fue electo.
El 15, el fiscal Miranda denunció a Sala y a otros integrantes de la Tupac por el delito de entorpecer el normal funcionamiento de los transportes y por instigar a otras personas a que cometieran ese delito. El 17, la legislatura (en la que la Unión Cívica Radical es la primera mayoría) modificó la Ley del Ministerio Público y Morales designó a un nuevo fiscal general de la acusación, Sergio Lello Sánchez. El 23, Miranda acusó a Sala de instigación a cometer un delito, interrupción de la circulación, coacción y sedición, y se constituyó como querellante en la causa “siguiendo precisas instrucciones del Señor Gobernador de la Provincia, Gerardo Rubén Morales”, según él mismo afirmó. Todas estas supuestas conductas delictivas están relacionadas con el acampe enfrente de la casa de gobierno. El fiscal al que le tocó esta denuncia, Darío Osinaga, pidió el desalojo del acampe pero no la detención de los dirigentes sociales. En respuesta, Miranda lo denunció penalmente por incumplimiento de deberes de funcionario público. En el curso del road trip justiciero, comenzó la feria judicial y cambiaron los funcionarios a cargo de la denuncia contra Sala.
El 12 de enero de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia un decreto de Morales cuya gravedad fue oscurecida por lo que vendría después. Uno de los considerandos: “Que el Gobierno de Jujuy responde al clamor de toda la sociedad jujeña, que en su conjunto pide y quiere vivir en orden y paz, rechazando los métodos violentos de reclamo como los acampes (sic), cortes de ruta, la afectación de sus proyectos de vida y de subsistencia, la destrucción del patrimonio público y privado, entre otros actos de violencia.” El artículo 4 da inicio a un “proceso tendiente a retirar la personería jurídica de las asociaciones civiles detalladas en el anexo del presente Decreto, con motivo del o los delitos cometidos en oportunidad de la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera”. Y el artículo 5 dispone que “aquellas personas y organizaciones que a partir de la 0 hora del día 14 de Enero de 2016 sigan realizando la toma y acampe en el denominado Paseo de la Bandera estarán excluidos (sic) de todo tipo de beneficio o plan social, adjudicación de lote o vivienda, y /o plan o programa de viviendas, núcleos húmedos y demás obras a realizar por cooperativas u organizaciones sociales por parte del Gobierno de la Provincia sean estos financiados con recursos provinciales o nacionales”. Ochenta días después de haber ganado las elecciones, Morales puso en marcha el fin del clientelismo que se había imaginado, consistente en exigir determinadas conductas para acceder a determinados derechos.
El 15 de enero, la fiscal Liliana Fernández de Montiel pidió la detención de Sala: “La alarma social que suscita la encartada, el temor que sufre la población, llevarían a una situación de anomia y anarquía generalizados (sic), en la que la imputada terminaría haciendo lo que quiere y la población sometida a sus designios”. Ese mismo día, un grupo de personas denunció penalmente a Sala por los delitos de defraudación, extorsión y asociación ilícita por hechos ocurridos entre 2013 y 2015 relacionados con el manejo del dinero que la Tupac recibía del gobierno nacional.
El 17, Mariano Miranda dijo en una conferencia de prensa que Sala “permanecerá detenida hasta que se levante el acampe”. Miranda es fiscal, no juez. Y hasta donde sabemos las leyes no habilitan a privar a una persona de su libertad para forzar a otras personas a hacer algo o a dejar de hacerlo. Un día después, el fiscal general Sergio Lello Sánchez designó a la fiscal Fernández de Montiel para que actúe en todas las causas presentes y futuras relacionadas con Milagro Sala. Lo que a esta altura puede parecer una ramificación innecesaria del relato está en el nivel de la barrabasada jurídica: el jefe del Ministerio Público de la provincia inventó un fuero para una persona.
política, de la real
En los primeros días del veranito macrista, cuando el relato de la pospolítica estaba en auge, varios funcionarios cercanos al presidente se permitían decir fuera de micrófono que la detención de Milagro Sala estaba mal o, por lo menos, no estaba bien o era, tal vez, un exabrupto de los ganadores. Se trataba de algo de lo que no había que jactarse.
Para fines de mayo, Ernesto Sanz, referente de la Unión Cívica Radical en temas de justicia, salió del clóset. La periodista Cristina Pérez le preguntó al aire de radio Mitre si la detención de Milagro Sala por la protesta había estado bien hecha. Respondió: “No. La primera vez que lo digo. No. Pero a los tres días se corrigió el error”. Después agregó: “¿Por qué ocurre esto en Jujuy? Esto es realpolitik. Vamos a hablar de una confesión. Es real política. Gerardo Morales asume el día diez de diciembre. Si Morales no hacía lo que hizo, el día once de diciembre, en menos de 24 horas, dejaba de ser gobernador de Jujuy porque en Jujuy el que gobernaba no era Fellner y la institucionalidad, gobernaba Milagro Sala en un Estado paralelo”.
En abril, el gobierno nacional ya había avalado por escrito la detención por protestar. En la respuesta enviada a un pedido de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dijo: “la líder de la Red de Organizaciones Sociales, Sra. Milagro Sala, efectivamente persiste en la actitud imputada por la fiscalía de mantener el acampe en Plaza Belgrano y calles adyacentes, imponiendo para ello la permanencia de personas integrantes de organizaciones sociales (…) no permitiendo a las fuerzas policiales individualizar a las personas imputadas”.
El 26 de enero, el juez Gastón Mercau pidió la detención de Sala en la causa por defraudación al Estado que había arrancado el quince. El 29, decide liberarla por la causa del acampe y dejarla presa por esta segunda. Sala estuvo trece días presa por acampar frente a la casa de gobierno y promover que otras personas hicieran los mismo. Cuatro veces los días que reconoció Sanz. Las irregularidades continuaron. Entre el 29 de enero y el 28 de abril, Sala siguió detenida sin que el juez hubiera dictado una prisión preventiva. Es decir, estuvo otros tres meses presa sin una fundamentación que justificara la detención y que pudiera ser revisada por una instancia judicial superior. El 28 de abril, Mercau dictó una prisión preventiva que no da señales de estar cerca de llegar a su fin. Según las leyes vigentes, el encarcelamiento sin condena es una excepción que solo corresponde cuando hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Es posible que sea la garantía de los ciudadanos más incumplida por el sistema penal: dos tercios de los presos en la Argentina no tienen condena —45 mil personas, aproximadamente. Se trata de un daño grave que viola derechos y garantías, arruina vidas, colapsa las cárceles y hace que el encierro sea peor de lo que en condiciones dignas ya podría ser.
Hacia fines de mayo, Sala tenía una catarata de causas penales en su contra. Por el acampe. Por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública. Por encubrimiento de un intento de homicidio ocurrido en una pelea entre dos bandas. Por lesiones graves. Por amenazas. Por la muerte de Luca Arias, un dirigente de la Corriente del Pueblo. En total, son siete causas de las cuales cinco comenzaron después del 10 de diciembre de 2015 y dos, sobre hechos de 2006 y de 2009, se reactivaron también después del cambio de gobierno. En estas causas, muchas otras personas también fueron detenidas, entre ellas cooperativistas, ex funcionarios provinciales y uno de los abogados de Sala. Hasta ahora, solo una tuvo juicio.
Hasta 2009 la Tupac era bastante desconocida, y casi no era un tema a cubrir para los medios de comunicación nacionales. Hasta que en octubre, en medio del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un grupo de personas le tiró huevos al entonces senador Morales quien aprovechó esas circunstancias para nacionalizar su enfrentamiento con Sala.
Por estos días, el emporio productivo y de servicios de la Tupac muestra los signos del desmantelamiento. En una visita reciente a la provincia, la periodista Marta Vassallo registró: “La bloquera del barrio de Alto Comedero ya fue apropiada por el gobierno que está vendiendo sus maquinarias; las fábricas textil y metalúrgica resisten, pero con un personal reducido y grandes dificultades para comercializar sus productos, dada la campaña de demonización de la que son objeto; en la textil trabajan unas cincuenta personas donde hubo hasta 170; en la escuela primaria ‘Bartolina Sisa’ los docentes siguen trabajando aunque ya no cobran sueldo; los centros de salud están cerrados; el Centro Médico Integral de Rehabilitación (CEMIR), uno de los mayores orgullos de la Tupac Amaru, dirigido a niños y jóvenes con discapacidades, está abandonado, dejando sin atención a sus pacientes”.
para las rojos también hay
Mientras el caso Sala se lleva la mayor parte de la atención, el lunes 23 de mayo un comunicado del Partido de los Trabajadores Socialistas de Jujuy informó una cadena de episodios ocurridos desde diciembre de 2015. Natalia Morales, candidata a gobernadora de la provincia por el Frente de Izquierda, fue despedida de la Secretaría de Agricultura Familiar después de pedir la liberación de Sala; lo mismo le ocurrió a otras quince personas. El secretario general del Sindicato de Aceros Zapla y dos delegados fueron acusados penalmente por hacer paro en 2014. Además, continúa el informe, 17 obreros azucareros del Ingenio La Esperanza fueron suspendidos “a pedido del Ministro de la Producción provincial por denunciar a jerárquicos de la empresa por corrupción”; entre ellos, un miembro de la comisión directiva del sindicato y referente del Frente de Izquierda.
El 15 de mayo, dos integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) y el coordinador de prensa del gremio, fueron detenidos en un despampanante operativo policial nocturno luego de un enfrentamiento entre manifestantes y policías mientras esperaban ser atendidos por las autoridades frente a la municipalidad de San Salvador del Jujuy. Adrián Mirkin, Santiago Seillant y Álvaro Sandoval estuvieron once días encarcelados. Los detenidos denunciaron que fueron víctimas de violencia institucional: “padecimos dos requisas a las siete de la mañana, en el patio de las celdas, rodeados por una docena de efectivos de civil y de infantería, nos obligaron a desnudarnos y nos ordenaron que nos pongamos en cuclillas bajo pretextos de que podíamos esconder algo en nuestros genitales”, escribieron en una carta. El SEOM es liderado por el “Perro” Santillán, quien sostiene un largo, agresivo y mutuo enfrentamiento con Milagro Sala. La Corriente del Pueblo, una organización cercana a Santillán, y que pidió ser querellante en una de las causas contra Milagro Sala, difundió un comunicado que denunció que “las medidas de fuerza se sostienen desde el SEOM por los incumplimientos en los que incurre el gobierno municipal, pretendiendo ahogar los derechos de los trabajadores a través de la persecución, represión e intimidaciones continuas sobre los representantes sindicales, desconociendo su representatividad e incurriendo en falsas denuncias que lo que buscan es hacer mella sobre la legitimidad y coherencia del gremio”.
El 11 de diciembre, la legislatura de la provincia, sancionó un nuevo Código Contravencional. Según el artículo 113, “los cortes de ruta, acampes y otras manifestaciones que impidan el libre ejercicio de los derechos” son sancionables con cinco unidades de multa, nueve días de trabajo comunitario o tres días de arresto. Según la tabla de precios, hoy participar de un corte de una calle jujeña puede costar unos tres mil pesos, la mitad de un salario mínimo. En la publicidad oficial y en la cuenta de Twitter del gobernador ese fue el artículo que apareció primero en la lista de virtudes de la nueva legislación. Esta regulación fue aprobada por unanimidad porque, como ocurre desde hace años, cuando se trata del derecho de transitar con un determinado auto por una determinada calle hasta los mayores antagonismos políticos se dejan en suspenso.
un espectáculo
Uno de los hitos de la memoria de la resistencia y la lucha jujeñas es que entre 1987 y 1998 ningún gobernador pudo completar un mandato de cuatro años. En siete años, cuatro gobernadores tuvieron que renunciar durante los picos más altos del ciclo de protestas; y todos eran peronistas.
A Jujuy fue Mauricio Macri a cerrar su campaña presidencial, en el Monumento al Indio. “El entorno, tengo que decirlo, era espectacular. No sólo por la serpiente multicolor de la escalinata, que bullía de entusiasmo y anticipación, sino también por el paisaje alrededor, la potencia cultural de estar en Humahuaca y la sensación de estar participando de un momento verdaderamente particular. ¿Puede esto ser también un cierre de campaña? Claro que puede serlo”, relata Hernán Iglesias Illia en su libro Cambiamos. En las tres páginas que le dedica al 19 de octubre de 2015, la “potencia cultural” parece ser una mezcla de sol rotundo, colores intensos, transportes malos, empanadas y falta de 3G. Sin embargo, es otra cosa. El “nuevo Jujuy” está experimentando un modo de lidiar con la conflictividad social: un sistema que le promete a sus ciudadanos que ninguno de ellos va a tener más poder que los otros y que les pide, a cambio, el aval para hacer una expulsión originaria. Un modelo de gobierno que jura que no destruirá la función protectora del Estado bajo la condición de que se la acepte sin polítiquerías. Por las venas de este pacto social corre el dilatado espíritu punitivista del antikirchnerismo.
Milagro Sala tiene suficientes características como para que una oleada de “consentimentalismo” mancomune a sectores habitualmente divergentes. Si hizo un ejercicio autoritario de su poder mientras lo tuvo. Si sus hijos tienen autos de lujo. Si la rodean patoteros morochos enfierrados. Si para sacarle algo a un gobierno le hace saber que no está usando la violencia por decisión y no por naturaleza. Con todo eso en las pantallas, fue posible consentir su encierro. Cuando el causal de la detención arbitraria ya no fue una protesta sino una acusación por corrupción, el consenso punitivo enterró muchas de las solidaridades previas. Y Morales volvió a ganar.
Pero hay más en el acontecer jujeño. ¿Puede una organización popular construir poder sin diseñar sus propias tecnologías de control social? ¿Cómo se transforma un movimiento social cuando se convierte en administrador de bienes y servicios? ¿Existe un germen de insubordinación que no necesita el llamado de la jefa de la tribu? ¿Qué le piden las clases medias hiper-informadas a los líderes de los movimientos populares a cambio de bancarlos? La nueva normalidad parece tener menos preguntas. Por el momento, pareciera que a Gerardo Morales le alcanza con levantarse cada mañana con la certeza de haber podido gobernar un día más.
