En el marco de los cuarenta años del puntapié democrático que dio Raúl Alfonsín se han realizado exposiciones, conferencias, notas, análisis de todo tipo sobre lo sucedido en el lapso más prolongado que supimos conseguir sin otro tipo de gobiernos. Algunas políticas y estructuras estatales fueron repensadas y resultó imposible encontrar instituciones públicas que no hayan sido atravesadas por vaciamientos, despidos masivos, privatizaciones, cambios de nombre, reestructuraciones, tensiones entre trabajadores permanentes, contratados y autoridades. A lo largo de esas cuatro décadas se pueden encontrar este tipo de dificultades para administrar lo común en dependencias relacionadas con los ingresos públicos, las jubilaciones, la salud, la educación, los medios de comunicación, entre otros. Dentro del loop mediático de estos cuarenta años, en el que se suceden las amenazas de estallido social en diciembre, las campañas electorales y las devaluaciones, la crisis del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) rankea alto dentro de las noticias más repetidas. La estructura personalista de la institución ha promovido conflictos en todas las administraciones. Por momentos, se lo acusó de subsidiar demasiadas películas que no despertaban interés en el público; en otros, de descuidar los espacios de proyección, también de manejos espurios en las licitaciones o subsidios.

Un proyecto de ley impulsado por los protagonistas de la industria, y con el aval de distintos gobernadores, está muy cerca de darle fin a esas cuestiones para traer la discusión al presente y, por qué no, también al futuro: los planes exceden la pantalla grande del cine y apuntan a ordenar toda la industria audiovisual, incluyendo al streaming y los videojuegos, ya no solamente de AMBA (como lo asigna el actual 92% del presupuesto) sino en todo el país.

Un pantallazo previo
 

Algunos aspectos centrales que propone solucionar el proyecto de ley (como formar un consejo que garantice el federalismo, la representación de todas las voces de la industria, sumar respaldos ante las apariciones tecnológicas) son reclamos que tienen casi tantos años como la democracia. Alfonsín llevaba dos meses en el cargo cuando el director del Instituto Nacional de Cinematografía, Manuel Antín, fue recibido, con todo éxito, en Alemania, Francia y España para reactivar la difusión del cine argentino en festivales europeos. “Todo es mucho más mérito de la democracia que mío personal. En estos últimos años la cinematografía ha tratado de sobrevivir con dignidad. ¿Qué se podía hacer si no había nada atrás que la respaldara?, preguntaba en Clarín a principios de marzo de 1984. Esa falta de contención sería un reclamo de los creadores, productores, artistas, en los años siguientes, así como también la búsqueda de nuevas inversiones. “Las famosas universidades de cine cobran 350 dólares por mes pero no luchan para que se establezca el impuesto al video que permita un respiro al cine. Así estamos condenados a muerte”, dijo Leonardo Favio en 1992 a la revista La Maga.

Un intento por evitar esa condena fue, en 1994, la aprobación de la ley de cine 24.377 tras una multitudinaria movilización. Pacho O’Donnell, secretario de Cultura en esa gestión, recordó que el proyecto se había trabado en la cámara de Senadores por la presión ejercida por el presidente de Disney Argentina, Diego Lerner (ahora es el director para todo el continente). “A la industria cinematográfica norteamericana le alarmaba el posible desarrollo de la cinematografía de un país periférico como el nuestro”, dijo Pacho. Por esos años, cuando el conductor Julio Mahárbiz estuvo a cargo del INCAA, quedó en evidencia otro rasgo que esta ley podría solucionar: el personalismo. En 1997 se anunciaban recortes del 40% del presupuesto cuando las ocho entidades que agrupaban al sector decidieron darle la espalda al Festival de Mar del Plata, como una forma de amplificar su preocupación. Una de las voces de protesta que más se escucharon fue la de Luis Puenzo, en 2022 él mismo se negaría a renunciar a la presidencia del instituto pese al reclamo generalizado. Los ejemplos podrían seguir pero la circularidad de las distintas problemáticas ya quedaron expuestas. De todo esto, y mucho más, tomó nota el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), que es integrado por la Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales (APIMA), la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y Proyecto Cine Independiente (PCI). Las reuniones de esta mesa larga comenzaron hace tres años y el resultado es el proyecto de ley que, con el apoyo de la diputada Gabriela Pedrali, tendría que entrar al congreso próximamente.

Una ley para un mercado nuevo
 

La lista de temas a acordar y problemáticas a resolver era extensa para EAN. Uno de los primeros objetivos fue modificar la estructura de conducción para un nuevo INCAA. A la figura del director se le agrega el Consejo Federal de Cine y las Artes Audiovisuales (CoFeCaa), que estará integrado por un representante de cada una de las provincias, además de uno por CABA junto a la autoridad del INCAA. De esa forma se busca que las decisiones sean tomadas con una mirada federal y por profesionales idóneos de cine pero también de contenidos de ficción, documental, animación, video juegos, tecnologías inmersivas e interactivas. “Las industrias culturales representan un sector económico muy importante, genera más de 634 mil puestos de trabajo por año, creo que es representativo en una economía como la actual. Además de ordenar el sector productivo, con este proyecto también defendemos nuestro acervo cultural, nuestra identidad. El 92% del presupuesto del Instituto Nacional de Cine queda en AMBA, venimos a corregir esa anomalía, entre otras”, explicó la diputada riojana Gabriela Pedrali (Frente de Todos), quien camina hace años por los pasillos del Congreso buscando socios para que la ley pueda iniciar su camino legislativo.

En relación al consejo y a las voces que se planean sumar, no sólo la intención es incluir a todas las provincias, también a los profesionales cuya tarea es esencial y, sin embargo, muchas veces son invisibilizados y quedan por fuera de los márgenes de la ley. Es el caso de los autores, entre otros. La escritora Luisa Irene Ickowicz sostiene que este problema se inició hace mucho tiempo, “cuando los argumentos para filmar venían del teatro, de la novela, del periodismo y el director le aplicaba el lenguaje cinematográfico. Por eso en las películas antiguas decía “dirección y encuadre”. Todavía perdura la idea de que quienes escribimos, los guionistas, tanto en cine, plataformas o televisión, no integramos la producción. Sin embargo el guión es la creación de un universo visual y sin él no comienzan los proyectos”.

Además del 25% previsto para las provincias, el 50% de los recursos globales se deberán destinar al fomento a la producción audiovisual nacional de todo tipo, sean películas, telenovelas, unitarios, series, cortos. El 10% será para el fomento del cine y artes audiovisuales de bajo presupuesto, experimental o social, realizado por asociaciones civiles, cooperativas o personas humanas o jurídicas cuya forma o contenido fuere experimental, antropológico, de defensa del medio ambiente, de la igualdad de género o la autodeterminación de la identidad sexual, de las minorías, de la integración y promoción de las personas con capacidades diferentes. “El fomento del 25% para las provincias no es sólo para las producciones, también para la compra de insumos, equipamiento o establecimiento de escuelas. La idea es que nadie tenga que trasladarse a Buenos Aires porque más cerca no puede estudiar lo que quiere”, aclara Mario Talamonti, uno de los asesores jurídicos encargados de la redacción del proyecto.

Redirección impositiva
 

¿Cuándo sucedió que las plataformas (los servicios Over The Top, OTT) reemplazaron al cine como principal forma de mirar contenidos? Es difícil señalar una fecha en el calendario pero el encierro generado durante la pandemia expuso como nunca el cambio de época: nadie en las salas, todos con el celu. En el plano impositivo, en paralelo al cambio cultural, hubo una cadena de pagos que se alteró junto a las formas en las que la audiencia modificó sus consumos. Actualmente las plataformas no son obligadas a invertir en producciones nacionales ni para que la red de Internet se extienda ni funcione mejor, sin embargo son quienes más se benefician. El proyecto se propone gravar, como aporte al Fondo de Fomento Cinematográfico, la exhibición audiovisual por parte de las OTT y otros nuevos géneros que puedan surgir. Esto no implicaría un nuevo impuesto sino redireccionar parte del IVA que ya se paga: en 2017 las plataformas y las OTT empezaron a tributar a través de las tarjetas de crédito y eso no está yendo al Instituto de Cine sino a Rentas Generales. Según señala Miguel Ángel Diani, presidente de Argentores, esta ley busca “que las plataformas reinviertan parte de sus ganancias en producciones nacionales. Del 21% de IVA que pagan, el 10% iría para el fomento y la producción del cine nacional. Necesitamos un cupo impulsado por ellas, el audiovisual ha explotado en esa forma, ya no en el cine. Por eso hay mucha coproducción entre esas empresas, privados y el Estado. La idea es ponernos al día con lo que está pasando a nivel mundial y entender que si crece el mercado cultural eso, a su vez, reditúa en un montón de beneficios que entran al país por hotelería, gastronomía, transporte. Las industrias brasileras, coreanas, hindúes han mostrado parte del camino. Han integrado al turismo a partir de todo el material audiovisual que producen”. En la misma línea, Talamonti señala una locación en Ushuaia que aparece en El renacido, con Leonardo Di Caprio, y que atrajo la atención de visitantes.

Al cierre de esta edición, después de las PASO, el soplido libertario amaga otra vez con derribar el instituto del cine. Las denuncias de corrupción y la voluntad de cerrarlo volvieron a aparecer con el escrutinio recién terminado. El llamado a concurso para el pase a planta de 108 puestos durante esa misma semana tampoco ayudó a zanjar el debate. Este proyecto de ley cuenta con la aprobación de diez gobernadores del norte del país, también de 23 diputados que ya se comprometieron a levantar su mano cuando llegue al recinto. Antes deberá pasar por las comisiones de Cultura, Comunicación y Presupuesto, eso quizás suceda en las próximas semanas, dependerá de la agenda parlamentaria. Este contexto político y electoral podría ser entonces el telón de fondo en el que se debatirán las ideas de federalización, multiplicación de voces y fortalecimiento de mercados internos. La crisis circular del INCAA mencionada más arriba entra en una nueva encrucijada, quizás se transforma en ley, tal vez entre en una nueva rotonda de la que salga reducido o finalmente desamblado.

Nota realizada en colaboración con DAC - Directores Argentinos Cinematográficos