La figura elástica y candorosa de Woody suele adornar paquetes de barras de cereales o envases de bebidas chocolatadas. La gran simpatía del personaje principal de Toy Story viste a alimentos ultraprocesados que revientan de azúcar, cafeína, sodio o grasas trans. Esa información no está oculta pero la advertencia aparece con letras pigmeas y nomenclatura parca en un sector no visible del empaquetado. Es ese juego de luces y sombras el que en estos días tambalea ante la posibilidad de aprobarse la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos (LEA), una narrativa de packagings que a veces hasta prometen una ingesta light pero que, en realidad, arropa alimentos no saludables que inciden en la formación de enfermedades no transmisibles (EnT) como diabetes, obesidad e hipertensión según estudios difundidos incluso desde la Organización Panamericana de la Salud.
Si un alimento o bebida contiene sales, azúcares, grasas tóxicas, sodios, cafeínas o edulcorantes por encima del límite señalado por la OMS, con esta normativa quedará estampado con un octógono negro voluminoso. En el interior del sello habrá, además, una advertencia impresa en un molde tipográfico, equiparable al que utiliza el canal Crónica cuando busca concitar la atención televisiva. De esa manera el consumidor podrá saber si Woody es el mascarón de proa de un refrigerio con “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, o “Exceso en cafeína”. Por cada barrera excedida, un octógono oscuro como la noche sobre el envase.
El asunto no concluye ahí. A partir de esta ley –que cuenta con media sanción del Senado a partir de un acuerdo partidario liderado por los legisladores mendocinos Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos–, la presencia de Woody y el resto de héroes o heroínas que sonríen en las góndolas también tambalea: serán “expulsados” del paquete. Las empresas no podrán pavimentar sus productos estrellas con imágenes infantiles porque la LEA procura evitar la prédica publicitaria para niños en alimentos con una composición nutricional no saludable.
Como la disputa es también a nivel educación alimentaria, y eso lo han sabido detectar muy bien las marcas cuando buscan llamar la atención de niños y niñas en las góndolas, la ley también prohibirá la venta de galletitas y yogures alcanzados con un octógono negro dentro de las escuelas. Habrá entonces entornos escolares protegidos desde el ciclo inicial hasta el nivel secundario. Les nutricionistas promotores de la ley destacan que el mencionado artículo fomentará la creación de “paisajes alimentarios saludables”. Lo que está en cuestión, en definitiva, es un sistema de producción de alimentos que desde hace décadas se mueve cómodo entre la etiqueta simpática y los componentes de artificio. Detrás del potecito, hay un CEO se resiste a que la estantería cambie.
Supermercado global
Así como los aeropuertos son un “no lugar” de la cultura capitalista, por presentar un perfil uniforme en cualquier país del mundo, lo mismo puede decirse de los alimentos ultraprocesados. Las salchichas, las bebidas azucaradas, o los yogures no tienen patria. Un puñado de empresas concentran su producción a escala planetaria.
“No son productos saludables, son golosinas y hacen que una criatura ingiera entre diez y quince veces más azúcar que el límite estipulado por la OMS (Organización Mundial de la Salud)”, advierte a crisis Soledad Barruti, autora de dos libros claves para entender las implicancias negativas de la comida hiperindustrializada sobre la salud: Mala Leche y Mal Comidos. Es más: una investigación de la Organización Panamericana de la Salud, que hace foco en este tipo de alimentos en particular, advierte: “Los ingredientes, y los diversos métodos de fabricación y técnicas de procesamiento usados, crean productos listos para el consumo duradero, accesibles, atractivos, de sabor muy agradable y altamente rentables”. En ese camino, además, “desplazan a los sistemas alimentarios nacionales y locales sostenibles y apropiados, los hábitos alimentarios basados en platos recién preparados a mano y las comidas preparadas con alimentos sin procesar y mínimamente procesados”.
Las multinacionales producen unidades calóricas que, a diferencia de los alimentos frescos, son más dúctiles para acoplarse a líneas de distribución y almacenaje de tiempos largos. Además, son productos que encajan con el modo acelerado de vida urbana. Es la magia de la comida industrializada, puede ser ingerida apenas se abre el paquete, o en todo caso requiere de una cocción mínima. Y al paladar resulta sabrosa por su alta composición en azúcares, sal, o grasas trans. La comida hiperindustrializada ahorra minutos de trabajo, también economiza dinero. El problema es que, señalan los profesionales de la salud que respaldan la sanción de la LEA, se trata de un patrón alimentario compuesto de comida artificiosa, adictiva, no saludable. Para ver cómo saben acomodarse a los tiempos que corren, puede verse el informe Enfrentando dos pandemias, donde se muestra cómo en 2020 lograron posicionarse con acciones de “solidaridad” y gestionar los beneficios haciendo lobby, además, para congelar campañas de educación alimentaria.
“En Argentina casi el 75% del mercado de alimentos lo hegemoniza tan solo veinte empresas. Para algunos ejemplos de esta concentración se puede mencionar el caso de Danone, respecto del mercado de los yogures y de los postres, de Coca Cola en las bebidas azucaradas, de PepsiCo con los snacks, de Swift en el segmento de los embutidos”, detalla, en conversación con crisis, la diputada nacional Florencia Lampreabe, de militancia territorial en Hurlingham y orgánica a La Cámpora. Lampreabe, Cecilia Moreau o Gabriela Cerruti integran el grupo mayoritario de legisladores oficialistas que impulsan la aprobación de la LEA en Diputados.
Sus pares de Tucumán no piensan lo mismo, consideran que la norma conspira contra la industria azucarera provincial. No son los únicos. Cancillería, por otro lado, rechaza su aprobación porque entiende que complicará la armonización comercial con el Mercosur, donde los países socios cuentan con un sistema de etiquetado menos riguroso.
“Argentina exporta 1500 millones de dólares a Brasil de alimentos envasados y la armonización de las normas es un tema clave”, enfatizó Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas del Palacio San Martín, cuando participó de un plenario de comisiones de Diputados en noviembre del año pasado. Neme puso sobre la mesa una opción más conciliadora: seguir el parámetro de Brasil, donde la agencia alimentaria estatal implementó el denominado sistema de lupas, que fija un parámetro más laxo en el límite de nutrientes tóxicos.
“Un comprador tarda seis segundos en hacer una elección en la góndola. En este corto lapso los mensajes en los productos son un misil: inducen o frenan la compra. Por eso, desde que existe el supermercado como espacio de consumo alimentario, los productos tienen publicidad en sus etiquetas. Argentina debería seguir el camino de Brasil, exigen distintos representantes de la industria. Pero, en Brasil, gracias al rotulado de lupas el polvo para leche chocolatada Nescau, a pesar de contener 13 gramos de azúcares agregados, no lleva el signo exceso de azúcar agregada. Y las galletitas Club Social están libres de portar una alerta de altas en grasas saturadas”, advierte un artículo publicado a inicios del 2021 en la revista Bocado, un medio continental centrado en la agenda alimentaria.
La ley de Etiquetado Frontal de Alimentos pretende, entonces, persuadir a las empresas que utilicen menos conservantes en sus líneas de producción. La experiencia regional indica que las multinacionales intentan esquivar el octógono negro para no perder rentabilidad. En Chile, donde rige la ley que se discute en Argentina, las empresas reelaboraron un tercio de sus productos; y el 65% de las familias migraron sus hábitos de compras hacia productos sin sellos, señaló el Senador chileno Guido Girardi –autor de la normativa chilena– cuando fue invitado por Cecilia Moreau a compartir la experiencia de su país en un ampliado de comisiones de Diputados que se dio a inicios de abril.
Coca Cola lobea mejor
Octubre de 2020. En unos días la Cámara Alta otorgaría media sanción a la ley. Voceros legislativos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio habían realizado declaraciones públicas favorables sobre la LEA. Pero la multinacional que monopoliza la bebida de burbujas power no se daba por vencida. Coca Cola envió a la casilla de correos de los legisladores una serie de observaciones críticas, algo así como un pliego de condiciones. La carta comenzaba así: “El Perfil OPS que se menciona se puede interpretar de muchas formas y lleva a confusiones”, y en uno de los últimos párrafos de la misiva se lee lo siguiente: “Una gaseosa cola tiene cinco veces menos cafeína que una taza de café o Té. Resulta discriminatorio para esos productos y además confunde al consumidor”.
Soledad Barruti cita en Mala leche textos de la diplomacia comercial de Estados Unidos críticos de este tipo de normativa. Para los gigantes de la comida hiperindustrializada hay dos ejemplos a no seguir: las normativas aplicadas en Chile y México. En el país gobernado por Andrés Manuel López Obrador, Bimbo y Kraft reformularon entre el 50 y el 80 por ciento de los productos para no quedar a tiro de la ley. Los legisladores argentinos no solo tomaron como guía esos cuerpos legales, también sumaron otros componentes a monitorear, como los edulcorantes; ya que la experiencia indica que cuando las empresas están privadas de usar, en exceso, determinado nutriente como el azúcar, suplantan aquel cepo con la utilización de otro aditivo.
Alejandro Díaz es el CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Como titular de AmCham, que nuclea a empresas alimenticias del calibre de Cargill, Arcor, Mc Donalds, Coca Cola, Herbalife, Kellogg, PepsiCo, Unilever, Díaz sentó la posición de su sector en un plenario de comisiones de la Cámara Baja. Con gesto adusto, y por videoconferencia, expresó: "Vemos un esquema punitivo y restrictivo, la norma alcanzaría al 92% de los alimentos. La armonización regulatoria intra Mercosur es un problema, se debería implementar una norma parecida a la brasileña. Habría productos descremados que estarían alcanzados, nuestra propuesta es revisar el listado de productos. Proponemos el modelo de advertencias que aplica Europa. Los sellos negros estigmatizan”.
Aquella reunión fue picante. Hubo portavoces influyentes tanto a favor como en contra de la ley. La mirada del uno de AmCham fue contrarrestada por el médico trasandino Guido Girardi, que viaja por el mundo para dar cátedra sobre la vía chilena al control nutricional de alimentos. “Buscamos regular un modelo de consumo que es planetario, en todos los países venden los mismos Kellogg's, los mismos Mc Donalds. No son alimentos, son basura vendida con publicidad engañosa. Ellos saben que meten basura en los cereales. En mi país un tercio de los alimentos han sido reformulados, si un producto tiene sellos no puede ser parte de compras públicas. Es más, un 30 por ciento de las publicidades dan gala de que no tienen sellos, también logramos bajar un 25% la venta de bebidas azucaradas", dijo Girardi.
Pero las críticas a la ley no solo vienen de los capitales extranjeros. Daniel Funes de Rioja, presidente de la Confederación de la Industria de Productos Alimenticios (COPAL), aceptó responder por escrito una serie de preguntas enviadas por crisis. Con su habitual tono diplomático, Funes de Rioja aclaró que la COPAL está dispuesta a colaborar en un modelo de etiquetado. “Queremos ser parte de la solución y lejos estamos de querer obstaculizar el debate”. A su vez, dio dos definiciones significativas. Primero, se mostró crítico de la categoría alimentos ultraprocesados: “no existe una definición científicamente avalada al respecto”. Luego, al igual que Cancillería y los diputados tucumanos, sacó a relucir la problemática Mercosur: “No olvidemos que, a nivel MERCOSUR, las industrias de alimentos y bebidas son responsables de 6,5 millones de empleos directos e indirectos y exportan anualmente un promedio de 70 mil millones de dólares (2020). Por lo que debemos trabajar en construir consensos para tener un marco regulatorio coherente y armonizado”.
Justicia alimentaria
¿Es prioritario volcar recursos públicos al monitoreo de la alimentación? ¿El etiquetado de alimentos es una demanda nutritiva de un sector minoritario de la sociedad?
La diputada Florencia Lampreabe define a la LEA como una conquista social: “Es un prejuicio pensar que la calidad de la alimentación es un lujo que se pueden dar quienes no padecen el hambre. Esto no es así, si bien la malnutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles atraviesa a toda la sociedad, tiene una mayor prevalencia en los sectores populares. Eso se puede corroborar estadísticamente, hay casi un 10% más de malnutrición en el quintil de menores ingresos con respecto al de mayores ingresos. Algo semejante ocurre con quienes poseen un menor nivel educativo, en ese sentido el etiquetado frontal de alimentos es una herramienta que busca reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la información para decidir los consumos alimentarios”.
La especialista Soledad Barruti coincide con Lampreabe, son los sectores sociales populares quienes padecen los efectos de la comida ultraprocesada: “Las enfermedades no transmisibles y la mala alimentación, en toda la evidencia disponible, muestra muy claro que afecta sobre todo a las personas más vulnerables, porque muchas veces no tienen acceso a cierta información que sí se maneja de forma muy elitista, ya que no se trata de información que circule de forma masiva. Además, las enfermedades crónicas no transmisibles son el principal causante de muerte en la población, y están directamente vinculada con la comida”.
El dirigente Emilio Pérsico solía provocar a sus compañeros en los plenarios iniciales del Movimiento Evita con la siguiente pregunta: “A ver, ¿por qué las compañeras que sostienen la copa de leche en el barrio están excedidas de peso? No es porque sí, galletitas, fideos, arroz, no salimos nunca de ahí. Sumemos verduras a los comedores populares, hay que darle bola a eso”. Los movimientos sociales hoy incorporan las huertas orgánicas a su programa de construcción territorial. Somos los que comemos, o comemos lo que somos. Se trata de incluir a los supermercados, y sus góndolas, como un espacio más donde se libra la soberanía alimentaria.
