El femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido el 8 de febrero en un pequeño pueblo al norte de la provincia de Buenos Aires, no fue el primero del año. Pero estalló inmediatamente en portales de noticias y redes sociales, desatando la tirria ciudadana y numerosas marchas en varias ciudades del país. Además de que su asesino Matías Ezequiel Fernández integraba la policía y la cantidad de denuncias previas que ninguna esfera del Estado tomó en serio, los detalles que fueron conociéndose con el paso de las horas ahondaron el revuelo: la joven, espantada por las amenazas de su ex pareja, había reclamado un botón antipánico pero nunca se lo dieron por una presunta desinteligencia administrativa. El juez de paz de la localidad de Rojas, Luciano Callegari, envió al Municipio un correo electrónico ordenando que se le asignara uno y se dio por satisfecho. El mail llegó a las 14.19 de la tarde, pero sus interlocutores en la municipalidad no lo vieron.

“Dos años atrás el tema de los botones antipánico estuvo en auge, por el caso de Carla Soggiu en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La negligencia del Estado o la falta de dedicación, desprotege a las víctimas que en el peor de los casos terminan muertas”, advierte Julieta Luceri, directora de la Fundación Activismo Feminista Digital. El caso de Carla, desaparecida el 15 de enero de 2019 y aparecida sin vida cuatro días después flotando en el Riachuelo, también fue escandaloso. Veinte días antes su ex pareja la había golpeado y violado en la casa donde vivían con sus hijos pequeños. Los padres de Carla están seguros que la golpiza afectó una válvula que le habían puesto detrás del ojo derecho por una hidrocefalia detectada a los 15 años. Carla accionó el botón antipánico dos veces y en la segunda alcanzó a decir que estaba en un lugar “con agua y olor a combustible”. Pero la geolocalización del dispositivo no funcionó.

Activismo Feminista Digital le pidió al gobierno porteño que diera la información del servicio. El Centro de Monitoreo de Alarmas fijas y móviles de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dio algunas precisiones técnicas, aunque evadió lo más importante: el contrato con la empresa Coradir SA –que administraba los botones– había terminado el 1 de enero y la empresa que la sucedería, Soflex SA, aún no estaba contratada. Es decir, el día de su desaparición Carla estaba completamente desprotegida.

La misma Fundación también solicitó un informe al municipio de La Plata. La respuesta de la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad platense, que aún dirige la cuestionada Carolina Píparo, fue lamentable: se limitó a informar sobre los 1.347 botones que habían sido otorgados entre enero de 2018 y el 30 de julio de 2019 y describió las dos modalidades de uso y la cantidad de operadores del sistema. Luego, argumentando que esa información “correspondería al área de Seguridad del Municipio”, evitó las preguntas sobre la empresa proveedora, el modo de contratación, el modo de almacenamiento y la privacidad de los datos.

estado tuerto

En los últimos veinte años, los municipios bonaerenses se convirtieron en piezas vitales para cualquier gobernador que aspire a articular un plan de seguridad efectivo: montaron secretarías de seguridad, centrales de monitoreo, radarización, botones antipánico. Saben que las intendencias son el eslabón más próximo a la comunidad cuando ocurren hechos de gran conmoción social y que suelen convertirse en verdaderas cajas de resonancia. Pero ese esquema arrastra problemas. El primero es que nadie lo plasmó en papel. La ley 12.154 de Seguridad Pública de la provincia de Buenos Aires es un anacronismo que se sancionó durante la primera reforma policial de León Arslanián, en 1997, tiempos de la maldita policía. Hasta entonces el rol de las intendencias en el control del delito se reducía al vínculo opaco que se trababa con el comisario de la zona. Ni el texto original de la ley ni las enmiendas postreras reconocen a los municipios como “componentes del sistema de seguridad pública”. La figura más cercana fue la de los “Foros Vecinales de Seguridad”, estructuras barriales de control civil que alcanzaron su auge en los primeros años del siglo pero primero fueron marginados por el sciolismo y después eliminados por el vidalismo.

En 2004 se crearon las policías comunales en municipios de menos de 70.000 habitantes. Los rincones más calientes del Gran Buenos Aires reforzaron sus sistemas de seguridad al calor de la demanda ciudadana de cada lugar, pero sin planificación ni estrategias. Los dispositivos tecnológicos que los municipios contratan con empresas privadas –botones, pulseras, alarmas, aplicaciones, cámaras, sistemas de inteligencia artificial y drones, como la flamante Flota de Cuadricópteros Drones Telecomandados del municipio de Tigre– son prácticamente puntos ciegos para el Estado. Aunque algunas comunas llevan registros propios, ninguna dependencia provincial los centraliza.

En los ministerios bonaerenses de Seguridad y de Mujeres se avanza en confeccionar registros de videocámaras y botones antipánico, porque la gestión de María Eugenia Vidal no dejó ninguno. Durante la última semana de febrero, el gobernador Axel Kicillof lanzó, mediante un decreto, el Programa de Dispositivos Duales Electrónicos, que desde enero de 2020 llevaba informalmente la Dirección de Intervención en situaciones de Alto Riesgo del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Las pulseras duales son más efectivas que el botón antipánico porque las lleva puestas el agresor y envía alertas a la víctima y a la central de Monitoreo para que manden un patrullero cuando viola la perimetral. Cuando asumió la ministra Estela Díaz había tan solo 52 tobilleras distribuidas por la provincia. Un año después, son 243 distribuidas en los 25 municipios que firmaron un convenio. “Si hay casos graves en otras localidades que no firmaron se las damos igual, de nuestro propio stock de pulseras”, aclaran desde esa cartera.

Pero no es sólo la falta de registro. Tampoco existen protocolos de funcionamiento ni control posterior. Una opacidad inconveniente cuando se trata de negocios –en algunos casos multimillonarios– cuya mejor estrategia de venta es la difusión del miedo. Según un estudio de mercado publicado por la revista Innovación, que edita la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (Casel), el negocio de la seguridad electrónica tuvo en los últimos años un comportamiento contracíclico: a pesar de los años de crisis económica, pasó de facturar 488 millones de dólares en el año 2011 a 965 millones en 2018. Sus ganancias, que se duplicaron, crecieron a un promedio anual del 10,8%.

“Nosotros encaramos una estrategia para ordenar ese proceso y el corazón es la resolución 341”, sostiene Andrés Escudero, titular de la Dirección Estratégica del Ministerio de Seguridad. Durante años, antes de sumarse a la actual gestión de Sergio Berni, Escudero estudió desde la academia el papel que cumplían los municipios en la seguridad. La resolución 341 que refiere, dictada en mayo de 2020, establece la obligatoriedad para las comunas de presentar planes integrales de seguridad local. Y en su artículo 67 propone “la integración de los dispositivos informáticos, tableros de control, sistemas de georreferenciación del Ministerio de Seguridad y los Centros de Operaciones Municipales (COM)”.

“En esos planes locales, los municipios tienen que informar qué hacen, la cantidad de cámaras que tienen”, explica Escudero. Pero hay un detalle: sólo es obligatorio para los municipios que suscriban un convenio ministerial. Y esa firma es opcional. Desde el Ministerio, sin embargo, aseguran que los cuarenta distritos más grandes ya presentaron un plan.

un botón en el teléfono

“Nosotros somos una empresa puramente de tecnología. Proveemos la herramienta técnica, todo lo demás queda a cargo de las secretarías de seguridad”, se apura a explicar Miguel Adolfo Catucci al otro lado del teléfono. Es CEO de Julasoft SA, la empresa de desarrollo informático que creó AlertaTel, una “Plataforma inteligente de Seguridad y Prevención Ciudadana”. 

Miguel Catucci llegó a La Plata desde Tierra del Fuego a fines del año 2001, un mal momento para estudiar Informática; más tarde sumó una maestría en Administración de Empresas. Su padre Miguel Ángel Catucci y su madre Vivian Vaezo son dirigentes del Partido Socialista de la provincia patagónica. En 2011, con tres colegas universitarios –una Licenciada en Relaciones Internacionales, un Ingeniero Aeronáutico y un Economista– fundaron Julasoft SA. Cuando uno de los socios sufrió un asalto, se dieron cuenta de que no había un sistema de aviso para emergencias. Eran tiempos en los que todavía no había ni siquiera audios de WhatsApp. Entonces impulsaron AlertaTel.

El servicio de botón antipánico salió al mercado en enero de 2013 y pronto se lo vendieron a la Municipalidad de La Plata, que los asignó entre comerciantes. Fue el inicio. “Viajé por toda la provincia ofreciéndolo”, jura Catucci. Ocho años después, según la web de la empresa, llevan entregados más de 30 mil dispositivos en 26 municipios de la provincia (Carmen de Areco, Olavarría, Azul, Las Flores, Necochea, Lobería, Lobos, Cañuelas, Madariaga y las firmas siguen: en general, localidades pequeñas) y más del 60% fueron destinados a mujeres víctimas de violencia de género.

¿No podría producir esos softwares el Estado, bajando los costos y quitando al sector privado de la intermediación? La pregunta es formulada por crisis y la respuesta pertenece a un secretario de seguridad municipal: “Es verdad. Yo sé que ahora están empezando a haber sistemas que trabajan gratuitamente. Es muy barato. Al municipio, hoy por hoy, entregar 1.000 de ésos les sale 40.000 pesos. Pero es verdad que se podría tranquilamente producir un sistema propio”.

Después de intentar con poca suerte en barrios privados y empresas de seguridad, AlertaTel se quedó con un solo cliente: el Estado provincial. “Un poco lo elegimos y un poco lo determinó el mercado”, se sincera Catucci. La ganancia más fuerte, dice el CEO de una empresa que no pasa los diez empleados, está en otros rubros, como el de la construcción, la industria del gas, el petróleo y la salud. Uno de sus clientes, por ejemplo, es la empresa rusa Novomet que extrae petróleo en Chubut. Julasoft programó el software Scadear, que permite monitorear las bombas electromecánicas de los pozos petroleros a un mundo de distancia.

pastor de la seguridad

Promedia la primavera de 2018 y en el Centro CitiBanamex de Ciudad de México se lleva a cabo la Expo Seguridad, el concilio de los jugadores más grandes de la industria en Latinoamérica. Daniel Banda, CEO de la empresa multinacional SoftGuard Tech Corp, con sede en Argentina y Miami, se mueve en la sala repleta con la soltura de un pastor evangélico y decora su diatriba de ventas con un toque argento de stand up. “Si uno quiere divertirse en un asado se busca un amigo argentino, si uno quiere ir a ver arte se busca un amigo español y si uno quiere evangelizar se busca un amigo brasileño”, bromea Banda y presenta a un empresario brasilero que define como “el gurú del mercado en negocios de seguridad”. Dani, como lo conocen en el ambiente, le está eternamente agradecido a ese país azteca que pisó quince años atrás con su empresa recién fundada. Le permitió dar el gran salto en el negocio opulento de la ciberseguridad.

Más tarde, entrevistado por los organizadores de la Expo, explicará las transformaciones que está sufriendo el rubro: “El monitoreo tradicional que en los 90 hizo grandes a muchas empresas, con la alarma conectada a la central, está haciendo agua. En nuestra nueva fraseología hablamos de que la protección de paredes vacías ya no tiene sentido. La persona está queriendo llevar la seguridad consigo misma, los padres queremos que nuestros hijos y bebés y abuelos estén protegidos y la alarma conectada en casa ya no alcanza. Hoy hay un dispositivo tecnológico disruptivo que es el teléfono inteligente, que se puede utilizar para dar una seguridad real, una seguridad avanzada, una seguridad que cambia de raíz el negocio y lo multiplica”. La ecuación, para el licenciado en Informática de la UADE, de calva lustrosa y ojos celestes y huidizos, es demasiado sencilla: un monitoreo que se prolonga del hogar a la calle y las 24 horas del día es más tiempo de vigilancia. Y mayor rentabilidad.

Banda es uno de los referentes actuales en desarrollos tecnológicos de seguridad en el país. Además de ser CEO en SoftGuard, preside el Comité Argentino de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS). Su empresa opera en la mayoría de los municipios de corredor norte de la provincia: Tigre, San Isidro, San Fernando, Arrecifes, Escobar, Vicente López; y en otras ciudades salpicadas por el territorio provincial, como Quilmes y Morón. Aunque vende varios productos, la vedette de su menú securitario se llama SmartPanics, un “pánico inteligente”, según la adecuada traducción literal. Es una aplicación del celular que permite reportar incidencias con cinco botones. Además de funciones antipánico, de incendio o asistencia, está la opción “En Camino”, una geolocalización que reporta la ubicación de una persona en tránsito cada veinte segundos. Permite también establecer “geocercas”, que son –como su nombre lo confiesa– cárceles invisibles: “Con hijos en edad adolescente, SmartPanics puede programar alertas en el smartphone para enviar avisos en caso de que se desplacen a una velocidad excesiva, si tuviesen poca batería en su teléfono móvil o si desactivaran el seguimiento. Si el usuario es interceptado, desviado de su ruta o no llega a destino en el tiempo estipulado, la aplicación envía una alerta a la central receptora para actuar en consecuencia”.

El “pánico inteligente” se comercia además en barrios cerrados, entidades bancarias, corredores escolares y en otras geografías del país y del mundo: La Pampa, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy. España, Colombia, Ecuador, México, Portugal y Venezuela.

el reino de Montoto

Cuando los productores de televisión supieron que las imágenes de una avioneta estrellándose a metros de una estación de servicio habían quedado registradas en las cámaras de seguridad del municipio de Tigre, a Santiago García Vásquez, vocero del intendente Sergio Massa, le estalló el teléfono. Su hombre de prensa contó la anécdota para el libro Guerras de Internet, escrito por Natalia Suazo. Cuando le preguntó a su jefe si debía entregar la secuencia con la catástrofe a la televisión, Massa le dio su consentimiento y agregó: “Pero tiene que ser una estrategia de aquí en adelante”. Corría 2010, hacía dos años que Massa había montado en su distrito el primer centro de monitoreo de la provincia. Desde ese día las bondades de la videovigilancia se transformaron en uno de sus caballitos de batalla. Hoy en día Tigre, con casi 380.000 habitantes y 1.600 cámaras, es uno de los lugares más filmados del país. Hay un dispositivo cada 237 personas.

Diez años más tarde, la noche de fin del año 2020, la diputada bonaerense Carolina Píparo y su esposo atropellaron a dos motociclistas y los arrastraron 300 metros debajo del auto después de confundirlos con quienes habían querido robarlos unos segundos antes. El esposo de la funcionaria está preso por intento de homicidio. El Secretario de Seguridad de La Plata –donde Píparo tiene un cargo– entregó a la fiscal las imágenes del centro de monitoreo que mostraban la persecución, pero editadas.

En los diez años que separan un hecho de otro, la aplicación de las camaritas para disuadir el delito urbano se extendió frenéticamente. Para 2014, los 135 municipios bonaerenses tenían las propias y un sistema de monitoreo urbano. Pero ningún gobernador impulsó una ley para regularlas (diez provincias argentinas ya lo hicieron). En 2019, un proyecto de ley tuvo media sanción en la Cámara de Senadores provincial, pero Diputados no lo trató. La Universidad de San Martín y la Oficina provincial de Análisis Costo Beneficio de Legislación hicieron un informe que estima que en toda la provincia hay 80.000 cámaras públicas y 900.000 privadas. Mientras que las empresas habilitadas para el monitoreo son 20 y otras 17 tienen su permiso en trámite.

La empresa más importante en este rubro es Global View, fundada por Mario Montoto, el ex militante Montonero devenido, en la década del 90, uno de los empresarios más prósperos en el negocio de la seguridad y la industria bélica. En 2008 fundó Global y pronto dotó de cámaras a Lomas de Zamora, Tigre, Campana, Escobar, Lanús y Mar del Plata. A su clientela sumó rápidamente a varias instituciones policiales y agencias de todos los niveles de gobierno, que lo contratan para mantener submarinos, reparar helicópteros del Ejército o mantener aviones presidenciales. Allí es socio de hombres vinculados a los medios, como Sandro Scaramelli, compañero de colegio de Daniel Hadad, ex gerente de OCA y Azul TV, y Mariano Cruz Lucero, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano.

Otra de sus empresas, Surely S.A., es la única proveedora que tiene el Estado Nacional (y varios países de la región) de las pulseras duales para los agresores de género y las que se le asignan a un puñado de detenidos con arresto domiciliario. El negocio es cuantioso. El 26 de noviembre de 2019, días antes de que Mauricio Macri dejara el mando, Surely S.A. ganó una licitación en el Ministerio de Justicia como único oferente. Fueron 4.300 millones de pesos por 6.000 tobilleras electrónicas durante dos años. Ninguna de las tobilleras que comerció el empresario bélico con Nación y Provincia fue a parar al tobillo de Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo, a pesar de que violaba sistemáticamente la perimetral y tenía antecedentes por abuso de una menor y violencia contra mujeres, y una carpeta psiquiátrica vigente. Tampoco llegó a destino el botón antipánico por el que Úrsula suplicó con tanta urgencia.

Un mes después del crimen, durante la marcha del 8M, su nombre proliferó en las pancartas callejeras pidiendo una justicia con sensibilidad de género, y el ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, anunció que el botón antipánico falló y repartirán pulseras duales por toda la provincia. Aunque ronde por lo bajo la idea de que en algún futuro pueda producirlas el Estado, por el momento el único oferente es la firma de Montoto, quien parece haber engordado nuevamente su cartera de clientes.