El helicóptero ploteado con bandas azul y celeste de la policía bonaerense empieza a descender verticalmente sobre la Plaza Militar de la Escuela de Cadetes de Policía Juan Vucetich, en los bosques del Parque Pereyra. A dos metros del suelo, el teniente coronel retirado, médico cirujano, abogado, campeón de yudo y buzo táctico, Sergio Berni, se suelta del estribo y cae con destreza en el pasto. Corre septiembre y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires supervisa los ejercicios de simulación de lo que unas semanas después será el violento desalojo en Guernica. Las autoridades y empleados de la Escuela de Cadetes y el Liceo Policial Vicente Schoo miran sin decir nada. Se cuadran, hacen la venia, y luego comentan con ironía la acrobacia.

Seis meses antes, el 20 de marzo de 2020, Berni pronunció un discurso frente a la Jefatura General de Policía, en La Plata, en el que dijo hablarles “como un camarada más”. Pero en el tramo más álgido les advirtió que en la Fuerza no había lugar “para quienes especulen, para los tibios, y mucho menos para los temerosos”. Ese día algunos uniformados empezaron a recelarlo por lo bajo. Tres fuentes coinciden en que el rigor cuartelero con el que Berni trata a sus subordinados no termina de consolidar un mando vertical, ni le permite mimetizarse con ellos como si fuera un par. “Tenían expectativas cuando llegó, pero a los jefes no les gusta su circo y que los maltrate de ese modo”, observa un hombre que los frecuenta. “Es una arenga que resalta la vocación y la entrega, pero la tropa sabe que en las comisarías funciona otra cosa: el castigo y la amenaza”, dice una fuente anfibia, que ha saltado de la gestión a la investigación.

Cerca del ministro la describen como firmeza hacia la tropa y le otorgan un valor político estratégico: “Berni atiende un reclamo que su espacio político no: discurso legalista (dentro de la ley todo, fuera de la ley nada), conducción sobre la fuerza y poner el cuerpo en el terreno”.

Dos patas de esa tríada parecieron aquear en la primera semana de septiembre, cuando miles de policías se rebelaron en distintos puntos del conurbano y el interior provincial. Uno de los primeros focos fue en Adrogué, partido de Almirante Brown, el feudo donde talla el último jefe de policía durante la gobernación de María Eugenia Vidal, Fabián Perroni. La revuelta, viralizada en grupos policiales de Facebook y WhatsApp, se propagó rápidamente y llegó a La Plata, para rodear la casa del Gobernador Axel Kicillof. También se volcó sobre Puente 12, La Matanza, adonde Berni trasladó la sede operativa del Ministerio. Y luego arribó a la Quinta de Olivos, donde se vieron gestos de insubordinación a la investidura presidencial. La mayoría de los policías movilizados eran pibes y pibas, llamados despectivamente Pitufos, que habían ingresado a la institución como policías municipales. Pero también hubo efectivos exonerados y cesanteados por sanción. El jefe de la policía bonaerense, Daniel García, fue abucheado por sus subalternos cuando quiso calmar los ánimos en un piquete. Durante los cuatro días que duró el conflicto, Sergio Berni no apareció en la tele y se llamó a silencio.

Al día siguiente nació esta nota, cuya composición requirió de ciertos silencios. El anonimato ha sido condición sine qua non para muchas de las quince fuentes consultadas. Ese diálogo coral es ahora esta foto: un mapa político, radiográfico y ciertamente inconcluso, de la que para algunos analistas es la fuerza de seguridad urbana más gravitante de América del Sur:

—Encontramos una babosa de brazos caídos —dice, en un diagnóstico menos colosal, uno de los hombres que debe conducirla.

tentáculos monetarios

“A la policía de Buenos Aires nunca la manejó el ministro. Quienes dicen eso no conocen la Bonaerense”, asegura el antropólogo Tomás Bover, investigador durante años de las fuerzas de seguridad. “Ritondo por ejemplo se dedicó a hacer campaña y delegó la conducción en el jefe de policía, que manejó amplios márgenes de autonomía. La conducción se atomiza en los intendentes, que tienen el nexo con las comisarías y las departamentales”.

El sistema de recaudación ilegal es piramidal y segmentado. Segmentado porque los ingresos tienen destinatarios: los estratos bajos de la Fuerza manejan algunas actividades ojitas de papeles; los sectores medios la recaudación tradicional —servicios de seguridad adicionales, manejo de horas extra—; y el grueso de la conducción las actividades más rentables: narcotráfico, venta de autopartes, trata de personas para la explotación sexual, entre otros. Y es piramidal porque sube desde las comisarías hasta la cúpula. El vértice, incluso, puede ser más alto que la institución.

“La Bonaerense es como Frankenstein, una policía hecha con muchos policías”, dice Esteban Rodríguez Alzueta, de la Universidad de Quilmes. Un abogado que ocupa un cargo en el Ministerio de Justicia bonaerense y articula con la policía, coincide: “Hay gente que juega bien, gente que juega mal, run a, tipos que hacen caja. Yo veo a la policía como bandas, grandes familias que según los temas conversan o discuten y se pelean. El tablero se va armando también de acuerdo a cómo juega la política, los intendentes. Pensarlo como un gran monstruo de noventa mil tipos armados que en cualquier momento te arman un zafarrancho sería demasiado pesado”.

El sistema de recaudación y el reparto de las cajas, confirman tres fuentes de la gestión provincial, todavía sigue en pie. Puede ser más o menos subterránea, cambiar el método o alguna terminal, pero es un esquema aceptado por el sistema político desde una lógica presupuestaria. En 2019 la partida destinada al ministerio de Seguridad provincial fue de 83.000 millones de pesos. Según fuentes de esa cartera, 75.000 millones se gastan en salarios, y con los 8.000 millones restantes deben afrontarse pagos de servicios, seguros, gastos corrientes.

La pregunta se cae de maduro. ¿Quién financia, entonces, el funcionamiento operativo de la policía, el mantenimiento y la inversión en nuevo capital?

la cuna de los jefes

Han pasado unos días desde que el compromiso del gobernador de un aumento salarial desactivó la protesta. Dos hombres cercanos a Berni intentan interpretar la revuelta.

—¿Te preguntaste por qué no se pararon de manos con Perroni, cuando les prometió los sueldos de la Metropolitana y terminaron pagándoles un 30% menos que a los docentes? —pregunta el alto funcionario del Ministerio de Seguridad, y también contesta. Porque hicieron lo que se les cantó el orto. Les llovía guita de cajas, tuvieron un blindaje mediático impresionante. Pero es una policía que tiene muy pocos tipos que puedan interpretar un mapa del delito.

—(Hugo) Matzkin llevó la cúpula de 12 a 25 generales —repasa el segundo funcionario—, y tenía capacidad política para construir negocios pseudolegales que armaban cajas que no eran objetadas, en un momento de bonanza en el país. Eso le permitió construir mucha fidelidad a lo largo de los años que estuvo en la jefatura. Y Figini fue su secretario general.

¿Matzkin sigue teniendo ascendencia sobre la tropa hoy?

—No creo, porque hace ya cinco años que se retiró. Hay un imaginario en eso que dista un poco de lo real. En una organización como la policía, el tipo que pasa a retiro pierde rápidamente influencia.

Hay dos líneas diferenciadas dentro de la Fuerza. Una más vinculada al “Palacio”, llamada “los profesionalistas”, que se identifica con la gestión de Matzkin, cuya in uencia se despliega durante casi todo el gobierno de Scioli (2007 - 2015). Alcanzó la cima en 2011 cuando el asesinato de la niña Candela Rodríguez, que tuvo la sombra del narco “Mameluco Villalba”, se llevó puesto al jefe Juan Carlos Paggi y a gran parte de la cúpula de “Generales”. En esos años turbulentos, de crímenes mafiosos y violencia, Matzkin logró mantenerse mientras Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Alejandro Granados desfilaban por el sillón del Ministerio. En la conducción actual el comisario que más recuerda su estilo es el subcoordinador general operativo, el Dos: Jorge Oscar Figini.

—Figini ama la policía, y es muy astuto —dice un agente que lo estima.

Al Liceo Vicente Schoo, fundado en 1963 con régimen de internación, se lo conoce como “la cuna de los jefes” o “la patria de la policía”. Seis de los 24 comisarios de la cúpula actual se moldearon bajo la rudeza de sus instructores. Quienes egresan de allí llevan un botón dorado en el uniforme con el símbolo del Vae Soli, cuya traducción del latín significa “ay del hombre solo”. Por eso, los comisarios que no integran esa hermandad los llaman con desdén “los huerfanitos”. El botón del comisario general Figini siempre relumbra en el bolsillo derecho de su chaqueta. Tiene 49 años, es hijo de padres trabajadores, y cuando egresó de la Vucetich a fines de los ochenta se convirtió en el primer policía de su familia.

Por eso Figini se llenó de rencor con el ministro León Arslanián, cuando en marzo de 2007 ordenó cerrar el Liceo. No había razón “para tener una escuela polimodal dentro de la policía”, le dijo a la prensa el ministro. Figini nunca se resignó, y fue uno de los más tenaces impulsores de su reapertura, que se concretó el 16 de marzo de 2015 por decisión del ministro Granados. Hoy es el comisario más acaudalado de la Fuerza según las declaraciones juradas de 2019: 6,4 millones de pesos, una propiedad en Bariloche, dos casas y dos terrenos en La Plata, dos autos de 465.000 pesos, dinero en efectivo y depósitos, parte en dólares.

La segunda línea interna sería la del “Fino” García, como llaman en confianza al actual mandamás. Allí se alinea gente más áspera, con menos apego a los protocolos, templada en las seccionales del conurbano profundo en donde los resortes territoriales son parte del yeite pero también de la supervivencia. Los de Matzkin los llaman “callejeros”, con un dejo de desprecio. Allí adscribe Perroni, quien había estado detenido en los noventa denunciado por torturar a un ladrón. Lógicamente, no son linajes compartimentados.

—Los callejeros se defienden, por lo bajo, diciendo que le pregunten a la gente de Matzkin cuánto cobraban un ascenso. Todo tenía precio. Ellos son más de la calle, de resolver los quilombos, de esclarecer. Son los que terminaron con los secuestros extorsivos. Tiene mérito la otra línea, pero una imprime a color, láser, en papel ilustración, y la otra en chorro a tinta.

Uno de los funcionarios insiste en que las miradas dicotómicas agregan confusión, que la policía está plagada de grises.

—El mismo tipo que te gestiona un territorio con los fenómenos criminales controlados, posiblemente en otro sector de ese territorio te arma la recaudación ilegal. Un día te desbarata una banda de secuestradores y al otro lo enganchan recaudándole a los supermercados chinos.

mandar invirtiendo

En julio de 2014, después de haber decretado la emergencia en seguridad, Scioli creó las Unidades de Policía de Prevención Local. La capacitación era de un año antes de salir a la calle, aunque bajo ciertas circunstancias podía reducirse a seis meses. Hasta se falsificaron títulos secundarios para acelerar el reclutamiento. Un año y medio después, habían egresado 20.000 policías municipales, se habían convocado a los retirados, y la fuerza superaba los 90.000 efectivos, duplicando la cifra de una década atrás.

—Una institución no tiene capacidad de asimilar eso, la hacés mierda —dicen sin eufemismos desde el Ministerio de Seguridad—. Esa es la Bonaerense que tenés hoy: pibes y pibas del distrito más pauperizado y con la pobreza urbana más alta de la Argentina, ¿y después queremos que la Bonaerense sea la policía sueca? De eso se tienen que hacer cargo los intendentes.

En mayo de 2020 Berni modificó el organigrama y creó las jefaturas de Estación de Policía Departamental de Seguridad, cuya jurisdicción hizo coincidir con los municipios. Así unificó bajo un único mando a la Policía Local, el Comando de Patrullas, todas las comisarías de la jurisdicción y la Comisaría de la Mujer y la Familia. Hacia arriba, el jefe de Estación depende de un jefe de Región, y luego siguen el jefe de la Policía Bonaerense y el ministro de Seguridad.

¿No es mejor descentralizarla que crear una sola fuerza inmanejable? —pregunta crisis a los funcionarios del Ministerio de Seguridad.

—La descentralización tiene que ser operativa. Si vos dividís la policía en 135 hay que dar 135 discusiones, como pasó en México. Y se prestaría para que sea parte de una fuerza armada del intendente, para lo bueno y lo malo. Nosotros los estamos poniendo en caja. Los estamos denunciando, van presos. Yo no sé si el Estado municipal tiene la fuerza para tener un Asuntos Internos que se encargue de esos pibes. La idea es integrar nuestro análisis criminal con los secretarios de seguridad municipales. Les dimos más competencia de planificación y coordinación. Más juego. Creemos en una descentralización de supervisión, planificación, hasta de control, pero no de mando ni de gestión.

generales retirados

Habían pasado cinco meses de la asunción de María Eugenia Vidal, que estaba en la cresta de la ola. Un domingo de mayo de 2016, su ministro de Seguridad Cristian Ritondo almorzó con Mirtha Legrand. Entre los comensales estaba la abogada Florencia Arietto, que por ese entonces respondía al massismo, y lo cruzó por la designación del jefe de policía. En cada Dirección contra el Narcotráfico del conurbano que había conducido Pablo Bressi, le dijo, la cantidad de droga había crecido.

Ritondo levantó la vista del plato y balbuceó que Bressi y Néstor Roncaglia, el jefe de la Policía Federal, eran dos de los policías más reconocidos en la lucha contra el narcotráfico en todo el continente.

—Ni la embajada ni la DEA tienen buenas referencias —insistió Arietto.

Ritondo se regodeó. Sabía que había pisado el palito. Entonces explicó que ambos habían sido recomendados por la Embajada. Después lo repitieron Felipe Solá y otros dirigentes. La palabra decisiva para que alcanzara la cima —según el periodista Juan Britos, de Tiempo Argentino—, la tuvo un excompañero cobijado por la DEA luego de su pase a retiro. Se llama Guillermo Arturo González, Gonzalito, y había sido director de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad durante la gobernación de Carlos Ruckauf (1999-2002). Ahora es el hombre de la agencia norteamericana para in uir en la Bonaerense.

Además del supuesto combate contra el narcotráfico, el gobierno de Vidal anunció que le declararía la guerra a las mafias policiales. Y la actividad de la oficina de Asuntos Internos fue frenética: bajo el mando del abogado Guillermo Berra, la Auditoría inició 40.000 sumarios, apartó más de 13.000 efectivos, exoneró 2300 y hubo más de mil policías detenidos. “También fue parte de una disputa política. Porque era sectorizado contra los municipios peronistas. Nos tuvieron un año allanando La Matanza, por ejemplo”, dice un exagente del área que participó de las auditorías.

Bressi renunció a la jefatura de la Bonaerense el 9 de mayo de 2017 por “motivos personales”, pero hacía mucho tiempo que Elisa Carrió lo acusaba de ser cómplice del narcotráfico, y dos exparejas habían contado en la revista Noticias las golpizas que les propinaba. Para colmo, los índices criminales iban en aumento. Propuso en su reemplazo a Alberto Miranda, el Máquina, que hasta ese momento tenía a cargo las plantas verificadoras de automotores, verdaderas minas de oro. Pero una oportuna “denuncia anónima” en Asuntos Internos dio coordenadas precisas de día, modo y lugar de cobro, por lo que Miranda fue sorprendido con 199.000 pesos que no pudo explicar y pasó unos días tras las rejas. Ritondo nombró a Perroni para sucederlo. Bressi desapareció de la escena pública hasta hace pocas semanas, cuando su nombre apareció en la nómina de la nueva “Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas”, junto a militares retirados de dudosa vocación democrática.

una carrera política

Unas semanas después de la rebelión llegaron los cambios. García logró mantenerse a ote a pesar del abucheo delante de las cámaras, o tal vez por eso: hay quienes creen que su liderazgo lúgubre, anodino, está hecho a la medida de Berni. La purga alcanzó a seis comisarios generales y mayores —máximas jerarquías en el escalafón— que para el ministerio habían “dejado caminar” la protesta. “En el medio del quilombo estaban tomando champán”, dicen para graficarlo mejor.

El comisario Ramón Rosales pasó de la Superintendencia de Comunicaciones a la de Seguridad Rural, donde Fernando Arrubia se la pasaba alardeando que sería el próximo número uno. Claudio Cheverry, por el que habían recibido más de una queja de los municipios, de lazos estrechos con el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, fue desplazado de la Superintendencia de Seguridad de AMBA Oeste que ahora conduce Juan Carlos Galeano, un comisario con buen concepto ministerial, conocido por sus arengas peronistas a la tropa.

El movimiento más sonado fue el de la Secretaría General, tercer peldaño del organigrama, aunque en la práctica no tenga una incidencia crucial. Allí, Víctor Rojas fue reemplazado por la comisaria mayor Lidia Cristina Viera. Rojas había sido nombrado secretario a pedido del intendente de Ezeiza Alejandro Granados, el último ministro de la era Scioli, actualmente asesorado por Matzkin en cuestiones de seguridad. Berni conoce a Matzkin desde la época que fue Secretario de Seguridad de la Nación, y hay algunos puentes.

No es un secreto para nadie que Sergio Berni ambiciona el sillón de Axel Kicillof —ya hay pintadas en algunos paredones de la capital provincial- y que un grupo de alcaldes peronistas están enfrentados con él. Martín Insaurralde, tal vez, es el más conspicuo en ese lote.

La policía bonaerense es una pieza en ese tablero electoral. Berni intenta aprovecharla como artilugio comunicacional. Por eso su primer jefe de Gabinete fue el empresario de medios Mario Bauldry, que dirige la revista La Tecla y varias radios, hasta que un cortocircuito lo alejó. Por eso reubicó a 23 profesionales del área de comunicación en distintas dependencias y les prohibió responder —incluso en off— sobre cualquier caso a la prensa. Por eso desfila por todos los canales y ya echó a dos voceros, uno por escribir un tuit que le disgustó. Por eso rescindió el contrato de la productora Por Tutatis, que desde hacía quince años hacía las piezas audiovisuales del Ministerio y contrató a Vivalab, responsable de los spots que lo muestran como un Swat bonaerense, pertrechado en barrios picantes, un policía en acción. El último que causó revuelo tiene imágenes de Guernica, durante el desalojo de las familias, entre sus casillas humeantes. El video destaca en placas que las fuerzas habían sido entrenadas para que el “operativo fuera implacable”. Tres palabras decoran la foto final: “Mando, Comando y Control”.