El domingo 6 de septiembre a las siete de la tarde, la imagen comienza a multiplicarse en la ciudad de Córdoba. En los estados de WhatsApp, en Instagram, Facebook o Twitter, aparece Blas Correas sentado con las piernas cruzadas, mirando a la cámara, de pie, sonriente, serio, en colores, en blanco y negro, de todas las formas en las que había sido retratado por sus seres queridos. Y el mismo reclamo colectivo: #JusticiaPorBlas.

Una bala policial lo asesinó un mes antes, en los primeros minutos del jueves 6 de agosto. “Blasito” –así lo llamaban los más cercano– era un chico de 17 años, de clase media (mamá bancaria, padre empresario y el abuelo una de las glorias futbolísticas del club Belgrano en los 70), que vivía en un barrio residencial y estaba en 6° año del San José, un colegio católico del centro de la ciudad. Una víctima blanca, distinta a las otras cuatro que fueron asesinadas en plena cuarentena por balas policiales en barrios periféricos.

¿Qué sucedió aquella noche y cómo fue el proceso de encubrimiento? ¿Por qué este caso saltó el cerco mediático y no fue cuestionada la multitudinaria convocatoria que su hermano organizó en plena cuarentena para pedir justicia? ¿Cómo reaccionaron el gobierno y la justicia? Y, sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre Córdoba, su sociedad y su policía?

los retenidos

Dos meses antes de su asesinato, la terapeuta de Blas le da el alta: queda atrás el muchacho que se encierra en la PlayStation luego de la separación de sus padres, ya no siente celos de su hermanita recién nacida, tiene novia -aunque ni su hermano ni su madre lo saben-, y aprende a disfrutar con sus amigos. La noche del 5 de agosto cena con los que hubieran sido sus compañeros de egreso en un bar de la zona sur. Al regresar al centro, cerca de la Ciudad Universitaria, dos hombres en una moto los atacan pateándoles el espejo del Fiat Argo en el que se trasladan. Unos minutos después, la policía les hace señas para que se detengan en un control. Son tiempos de pandemia y, aunque los bares están abiertos, los chicos temen haber cometido una infracción. “Si nos ponen una multa la pagamos entre todos”, se dicen y Juan Cruz, el conductor, aminora la marcha. Él y Camila (sentada adelante) ven que los dos policías varones tienen sus armas desenfundadas. Uno de ellos va más allá y le apunta a Juan Cruz a la altura de la cabeza; el conductor se asusta y pisa el acelerador a fondo. Los policías no dan la voz de alto: reaccionan con disparos contra el auto. Uno de los chicos contará que Blas les dijo: “Me dispararon, pero no me duele”. El balazo entra por la espalda. Juan Cruz acelera todavía más.

Esa medianoche las carpas para casos de Covid-19 que adornan la entrada del Sanatorio Aconcagua están a oscuras. Son solo un adorno, no tienen personal médico. Fernando Casalino es empleado del directorio y en mayo fue asignado al turno noche para encargarse del papeleo interno. No tiene ninguna experiencia en admisión de pacientes. Cuando escucha golpes en los vidrios de la entrada, sale a la vereda y encuentra a una adolescente que le explica a los gritos que su amigo fue baleado por la policía. En la vereda, al lado de un árbol, Juan Cruz intenta ingresar a Blas al sanatorio pero el empleado les explica que no hay nadie que pueda ayudarlos. “Lo tienen que llevar al Hospital Municipal de Urgencias”, agrega y los ayuda a subirlo nuevamente al auto. 

Pero a 400 metros del hospital, el Fiat Argo es detenido nuevamente por otro retén. El oficial de la División Motocicletas, Ezequiel Henot, no le da mayor importancia al muchacho malherido en el asiento trasero; luego declarará que ya estaba muerto. En ese momento prefiere discutir con Juan Cruz, a quien obligar a bajar del auto a pesar de que le grita que su amigo se está muriendo. Henot desperdicia esos minutos cruciales y le pega. Si en algún momento hubo alguna oportunidad de salvarle la vida a Blas, acaba de esfumarse.

baja línea

Corren los primeros minutos del 6 de agosto y el cabo primero Javier Alarcón acaba de asesinar a Blas Correas en un control policial. Fueron más de 20 balazos calibre 9 milímetros contra un Fiat Argo, sumando los que disparó también el cabo primero Lucas Gómez. Se bajan en la rotonda de la Plaza de las Américas, a unas diez cuadras del hecho, donde los espera su superior, el subcomisario Sergio González. No los convoca a ellos ni a sus dos compañeras -la agente Wanda Esquivel y la suboficial ayudante Yamila Martínez- para reprenderlos. Las luces de la rotonda los iluminan mientras pergeñan el plan de impunidad y se construye la versión oficial: unos motociclistas les dijeron que los chicos del auto blanco eran ladrones. Esquivel se lleva quizás la peor parte: debe plantar un vetusto revólver cerca del control, haciéndolo pasar como que fue descartado por los amigos de la víctima. Para que no queden pruebas de su accionar, el subcomisario González da una orden a los cuatro policías: “vamos por línea baja”. Es decir, desde ese momento no usarán la frecuencia policial habitual.

Mientras tanto, el Fiat Argo está detenido con agujeros de balas en la luneta, en la tapa del baúl y en las ruedas; hay casquillos desparramados en la calle. Cincuenta policías cordobeses custodian la escena en la céntrica esquina de Chacabuco y Corrientes. Las piernas de Blas Correas asoman desde dentro del auto, envuelto en una bolsa blanca. Su hermano Juan, de 19 años, y su madre Soledad Laciar, de 42, lo reconocen ni bien llegan. A su mamá le da un ataque de nervios pero los policías parecen más enfocados en mantenerla lejos. “¡Tranquilizala!”, le gritan a Juan. “Bueno, ¡pero ayúdenme!”, implora el hermano del fallecido. Los policías lo ignoran. Minutos después, una oficial los manda a la Jefatura. Supuestamente allí obtendrán las respuestas que buscan. Ni el hermano ni la mamá lo dicen pero ambos están convencidos de que se trató de un robo que salió mal. Llegan al edificio escoltados. Mientras buscan infructuosamente alguna explicación subiendo y bajando tres pisos, encuentran la Unidad Judicial de Homicidios. En el despacho les explican que no hay razón para que estén ahí: “Ustedes no son testigos”. Soledad grita y le dice a su hijo que ella se vuelve a la escena porque quiere estar cerca de su hijo. Juan se queda. A metros del lugar, en otra oficina del mismo edificio, están los amigos que compartían el auto con Blas, custodiados por un policía que los verduguea: “¡Por su culpa se murió su amigo!”.

Minutos más tarde, llega a la Central de Policía Blas Fernando Correas, el padre de Blasito, junto al papá de uno de los amigos que iba en el auto. “Fue la policía”, le dicen a Juan apenas lo encuentran e inmediatamente se le cruza la imagen de su madre sola en la esquina de Chacabuco y Corrientes rodeada de cincuenta uniformados. Sale rápido hacia allá. Durante el trayecto se repite a sí mismo: “No digas nada, no digas nada”. Cuando llega, mientras busca a su madre, un policía le ordena: “Ponete el barbijo, pendejo”. Juan le grita: “¡Qué barbijo me voy a poner! ¡Me acaban de matar a mi hermano ustedes, están todos sucios! ¡Hijos de puta!”. El policía se lleva la mano a su pistola reglamentaria. Es decir, reacciona igual que los policías Gómez y Alarcón, con la única diferencia que esta vez no gatilla. Juan estalla, grita más alto, grita el nombre de su hermano. Su madre, Soledad, lo abraza para calmarlo. Los padres de los amigos de su hermano piden que se lleven al policía y alguien lo saca de ahí. Tendrá unos 20 años, aunque por el barbijo es difícil decirlo.

la marcha del silencio

Fabiana Dal Prá es una de las exponentes del periodismo más envejecido de Córdoba. A fines de julio le preguntó a una víctima de violación y de intento de asesinato si se sentía culpable por lo que le había sucedido. Menos de un mes después, llora en el estudio de El Doce –el canal cordobés del grupo Clarín- mientras entrevista telefónicamente a Soledad Laciar, la madre de Blas. “Yo soy mamá como vos y te admiro”, le dice. Su compañero, Jorge “Petete” Martínez, agrega: “Intentan algunos sembrar falsas pistas: esto ha sido un crimen. Lisa y llanamente, un caso de gatillo fácil”. Algo inédito en los grandes medios mediterráneos: empatía incondicional con un familiar de una víctima de gatillo fácil y una dura exigencia de respuestas.

La propia Soledad lo sabe porque cuando veía en los medios algún caso de gatillo fácil o de violencia institucional, jamás desconfiaba de la versión oficial; mucho menos si a la víctima en cuestión le habían encontrado un arma. Hace ya 13 años que en Córdoba se hace la Marcha de la Gorra, una masiva movilización contra la represión policial, y jamás había oído hablar de ella. Todo ese mundo le era ajeno. Juan, su hijo, solo la conocía por una muestra en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero el jueves 13 de agosto, pese a la negativa y a los miedos familiares, convoca a una marcha de silencio al cumplirse una semana del crimen. Y en plena pandemia logra reunir a más de 10 mil cordobeses. El silencio atronador rebota en el Centro Cívico, el Ministerio de Seguridad, la Central de Policía y el Palacio de Justicia II, sede de los tribunales penales.

Ya para entonces cinco policías están presos por orden del fiscal José Mana, quien con la colaboración de su secretario Gabriel Prunotto llevan adelante una investigación que decantó, sin mucho esfuerzo, en responsabilidades superiores, más allá de los dos cabos primeros que dispararon: las mujeres policías que ocultaron pruebas y el subcomisario que desvió la investigación. “Hubo un silencio de radio en un rango de 45 minutos, para encubrir, ocultar y desviar la investigación”, grafica el secretario Prunotto. Aún así, los motociclistas que rompieron el espejo del Fiat Argo y presuntamente denunciaron a Blas y sus amigos como delincuentes, no han sido identificados. Hay otros cuatro imputados, incluido el oficial motociclista Ezequiel Henot, quien recibe una denuncia de Juan Cruz (conductor del Fiat Argo) por la golpiza que padeció en el segundo retén que los detuvo en la esquina de bulevar Chacabuco y Corrientes.

El mismo jueves del asesinato de Blas, cuando ya se sabía que los policías Gómez y Alarcón habían cometido un homicidio común y desde la superioridad los habían encubierto, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera convocó al jefe de la Policía, comisario general Gustavo Vélez, y diseñaron la táctica oficial para que el fusilamiento de un chico de clase media y estudiante del último año de un colegio católico no los desbancara de sus sillones y solo quedara encapsulada en los asesinos y sus círculos más cercanos. Se decidió que la cúpula de la Dirección de Seguridad Capital fuera desplazada y en su reemplazo asumiera la comisario mayor Liliana Zárate Belletti, licenciada en Seguridad y con experiencia como instructora en la Escuela de Cadetes de la Policía cordobesa. Es decir, la responsable de la preparación profesional de los cabos primero Gómez y Alarcón, quienes ultimaron al joven.

Juan, hermano de Blas, en la carta que leyó después de la marcha se preguntó: “¿Por qué nos quisieron hacer creer que cambiando dos policías de la cúpula esto estaba resuelto? ¿Llegará la investigación hasta más arriba?”.

la policía no para

“El crimen de Blas Correas fue una excepción. Los policías están bien formados”, asegura Liliana Zárate Belletti, después de asumir como Secretaria de Seguridad Capital en una entrevista con el diario cordobés La Voz del Interior. Sin embargo, en el primer semestre de 2020, antes de ser asesinado Blas, la policía asesina a Franco Sosa, Gastón Mirabal y José Antonio Avila; mientras que días después mata a Luis Morenigo.

El abogado querellante contratado por el padre de Blas, Alejandro Pérez Moreno, quien a lo largo de su extensa carrera defendió a cientos de uniformados, afirma en un escrito: “Advertimos que resulta indispensable la determinación del horario en que se produjo el deceso”. Pero se niega a nombrar un perito de parte para participar de la autopsia de Blas, paso clave para determinar con exactitud la data de la muerte de la víctima. Su argumento público es que llegó a un pacto de caballeros con los abogados defensores de los policías para que ninguna de las partes nombrara peritos propios y dejaran esa tarea en manos de los profesionales del Instituto Médico Forense provincial. Pero la explicación parece ser otra: en el bufete de Alejandro Pérez Moreno trabaja Jorge Ignacio Mosquera, uno de los hijos del ministro de Seguridad provincial Alfonso Mosquera. Quizá eso explica por qué la investigación avanza sin dañar a los responsables de las políticas de seguridad.

El viernes 18 comienzan las indagatorias. Desde el complejo carcelario de Bouwer, el cabo primero Lucas Gómez declara virtualmente que pensó que en el Fiat Argo iban delincuentes y les disparó cuando escuchó disparos. Las pericias confirman que la bala calibre 9 milímetros que mató a Blas salió efectivamente de su pistola. Según Gómez, escuchó por la frecuencia policial que se había alertado sobre el incidente entre un motociclista y un Fiat Argo blanco en cuyo interior había seis personas armadas. También declaró que un oficial de apellido Quevedo ordenó cortar el paso en la avenida Vélez Sarsfield, justo cuando él y la oficial principal Yamila Martínez circulaban a la altura del Hospital Privado. Una vez montado el retén le hizo señas al conductor del Fiat Argo para que bajara la velocidad. Por las dudas ya tenía el arma desenfundada. En su relato mintió al asegurar que el auto no se detuvo, que el espejo retrovisor le rozó la cintura y de inmediato escuchó dos disparos: “Me encontré en la necesidad de repeler la agresión”.  ¿De dónde salieron esos dos balazos?: de la pistola del cabo Alarcón, quien no declara y solicita hacerlo más adelante. Su situación es complicada: además de disparar contra inocentes, le ordenó a su subordinada Wanda Esquivel plantar un arma para complicar la situación de las víctimas y justificar su acción delictiva. ¿Alarcón declarará contra la superioridad? Se espera que no. Su defensor es Hugo Luna, el mismo que defendió a Lucas Chávez y Rubén Leiva, los policías asesinos de Fernando “Güere” Pellico, ejecutado ilegalmente en julio de 2014 en un control en Los Cortaderos, una villa de la zona norte capitalina. Cuando aquella vez Leiva quiso hacer uso de la última palabra y revelar lo sucedido, el abogado Luna se lo impidió.

Tras conocer la declaración del policía que asesinó a su hijo Blas, Soledad Laciar posteó en Facebook una fuerte crítica a la investigación:

Leo... releo... y la verdad imagino que el Fiscal mientras esta persona declaraba habrá tomado nota de muchas cosas:

1. Sr. Fiscal: por suerte, ahora va a tener los datos del motociclista que no podía encontrar (sólo tiene que pedirle los datos al policía que recibió la denuncia)

2. Surgirán nuevas imputaciones por mentir que iban chicos armados, ya que eso nunca existió.

3. ¿Se defendió? Y entonces ¿por qué quisieron ensuciar todo? ¿Por qué implantar un arma? ¿Por qué levantar pruebas? ¿Por qué no los persiguieron?

Sr. Fiscal, con todo el respeto que me merece me parece que siguen tomándole el pelo.

en soledad

La seguridad es una política de Estado que se traza a 20 años. Precisamente, la alianza oficialista Hacemos por Córdoba –ayer Unión por Córdoba- gobierna desde hace dos décadas, alternándose el sillón entre el ya fallecido José Manuel de la Sota y el actual mandatario Juan Schiaretti. Cuando De la Sota asumió su primer gobierno en julio de 1999, la Policía tenía 12 mil efectivos y ahora casi duplica esa cifra, con 22 mil agentes, suboficiales y oficiales.

El Gobierno de Córdoba es, como todos, afecto al marketing, los focus group y las encuestas. Juan Schiaretti no ha consolado a los familiares de Blas, ni siquiera se ha referido públicamente al caso. “No sé quién lo asesoró para que guarde silencio”, se pregunta Soledad Laciar. Una alta fuente del gobierno lo explica con frialdad a crisis: “Lo que nosotros vimos y medimos en las redes y en los medios el mismo día de la muerte de Blas fue una reacción histérica de la gente y una sobreactuación de los periodistas. A las pocas horas, a los pocos días, no quedó rastro de esa reacción. No alcanzó a ser una crisis en la propia policía, no hubo movimientos internos; ni se desató una crisis política”. Y lo diferencia tajantemente de la rebelión policial de diciembre 2013, cuando la fuerza reclamaba por mejores salarios y condiciones laborales: “No es comparable con aquel amotinamiento, ahí la sociedad tuvo una ruptura con la policía. La sociedad civil no le perdonó a la policía que la haya abandonado en diciembre; hubo una ruptura que no se ve ahora con el caso de Blas. En términos político-institucional está medido por nosotros: lo de 2013 fue una quebradura, una lesión importante, y lo de Blas es un dolor que te aparece cinco años después, producto de esa quebradura”.

A dos meses del asesinato de Blas, los medios de comunicación ya casi no hablan de él. Su primera reacción espasmódica les costó una baja en la publicidad oficial, esa manera poco sutil de aleccionar las voces disidentes. Tres semanas después del asesinato de Blas, la policía mató a Luis Morenigo en Alta Gracia, pero el silencio de la sociedad fue absoluto. Incluso hubo una marcha de policías y familiares del oficial acusado que logró un cambio de carátula y su liberación.

El nombre de Blasito hoy está solo en la boca de una familia que, sin jamás haberlo imaginado, sintió en carne propia el entramado represivo cordobés. “No son los nueve que están presos: es un sistema y voy a ir hasta donde haya que ir para tener justicia”, avisa Soledad, su madre. Días más tarde, el supuesto motociclista que había acusado a los integrantes del Fiat Argot como supuestos ladrones que se desplazaban armados, testifica y desmiente la versión oficial. De inmediato la justicia detiene a otros cuatro policías por encubrimiento. Desde este miércoles ya son trece los policías implicados.

Como sociedad nos debemos un debate sobre qué hacer con las fuerzas de seguridad; una discusión imposible si la primera reacción de los agentes es llevarse automáticamente la mano al arma reglamentaria y disparar a mansalva.