Ecuador es una cicatriz en el mapa de Latinoamérica que sigue supurando. Luego de la siega del COVID-19, el gobierno perdió el control del sistema penitenciario, las fuerzas de seguridad miran hacia otro lado para que las armas y las drogas entren a las cárceles, solo tres de cada diez ecuatorianos tiene empleo digno, el 70% de la población no tiene ingresos fijos. Durante el primer año de gobierno de Guillermo Lasso han migrado 90 mil ecuatorianos al exterior, la mayoría de ellos integrantes de comunidades indígenas de la sierra central. Los Pandora Papers revelaron que Lasso es propietario de al menos diez empresas off shore y uno de los principales evasores de impuestos de la región. Michael Fitzpatrick, embajador norteamericano en Ecuador, recomienda nombres de ministros o señala supuestos “narcogenerales” a quienes les retiró sus visados.

Ante el Lawfare, la concesión de asilo político a Rafael Correa por parte de Bélgica es un reconocimiento de su inocencia. Se trata de la primera vez que ese país concede asilo a un residente extranjero. Los supuestos 70 mil millones de dólares que Correa habría robado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han sido refutados por la misma institución. Las causas penales en contra del ex presidente, como el “caso Sobornos”, están viciadas, son insostenibles. Pero si hay algo que las élites temen tanto o más que su regreso, es que un indígena de izquierda pueda llegar a gobernar: se llama Leónidas Iza y es el presidente de la CONAIE, la organización indígena más importante de Latinoamérica.

Luego de la rebelión de octubre de 2019, un levantamiento indígena se veía venir. Convocado desde el 23 de mayo por la CONAIE con una agenda de 10 demandas (reducción del precio de los combustibles, que se detenga el extractivismo en los territorios de las comunidades indígenas, el control de precios a los alimentos, entre otras), el paro nacional se inició el 13 de junio. Iza fue secuestrado al día siguiente por altos oficiales del ejército y la policía durante 20 horas. El sábado 18 de junio, el vehículo de su organización sufrió un atentado en Cotopaxi. Los latifundios mediáticos usaron este intento de asesinato para acrecentar el racismo: ¿cómo es que un indígena tiene una 4x4?

Las protestas se desencadenaron en la región de la Sierra Central, justamente en provincias como Azuay, Pichincha y Tungurahua, donde Lasso triunfó en las presidenciales de abril de 2021, dejando expuestas fracturas regionales. La costa ecuatoriana es mayoritariamente anti lassista, en provincias como Manabí y Guayas triunfó Andrés Arauz, candidato de UNES. Pero el Partido Social Cristiano (PSC) sigue atrincherado en ciudades como Guayaquil con clientelismo, mano dura y llamados al separatismo.

guerra de clases andinas

El domingo 19 de junio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), la institución cultural más antigua del país, fue ocupada por 400 efectivos de la policía nacional que alegaron contar con una orden de requisación. Según una denuncia telefónica anónima, treinta venezolanos entraron a las instalaciones con material explosivo para abastecer a las manifestaciones. La CCE alberga bienes patrimoniales que no pueden ser requisados, según la Constitución, el Fondo Editorial, la Cinemateca, el Museo Nacional, salas de exposición y de conciertos. La policía quería evitar que la movilización proveniente de las provincias, con familias enteras, acampe en su interior y en el predio contiguo del Parque del Arbolito, plaza histórica de sucesivos levantamientos indígenas.

El 21 de junio, en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza, una turba atacó una sucursal del Banco de Guayaquil, propiedad de Lasso, luego de que un manifestante falleciera por el impacto de una bomba lacrimógena en su cara. El gobierno ordenó que el contingente policial abandonara la Casa de las Culturas para que se instalara la Asamblea popular del Movimiento indígena. El 24 de junio, la policía bombardeó con gases, perdigones y plomo el Parque del Arbolito y el interior del Ágora de la CCE, justamente en medio de una asamblea, apuntando directamente a los manifestantes.

La temperatura iba creciendo cuando UNES, el partido de Rafael Correa, presentó (con el apoyo de los disidentes de la bancada de Pachakutik) el viernes 24 de junio un proyecto de ley de la Muerte cruzada. Esta figura constitucional revoca el mandato presidencial, disuelve a la Asamblea Nacional y convoca a elecciones en seis meses. Luego de prolongadas sesiones de debates, no se alcanzaron los votos suficientes (se necesitaban 92, se lograron 80).

El haber debatido la destitución del presidente en la Asamblea fue calificada de golpista por el oficialismo. Terminada la votación en la Asamblea, el martes 27 de junio la represión se desató en los barrios populares del sur y del norte de la capital. En Calderón, Carapungo y Guamaní, transeúntes que entraban a sus domicilios fueron apaleados por hordas de policías en motocicletas; también incursionaron ilegalmente, llevándose ollas comunitarias. La Comuna San Miguel del Común, al noroccidente de Quito, fue reprimida salvajemente y un niño murió de asfixia en su propia casa.

Durante las protestas, latifundios mediáticos como Teleamazonas, Ecuavisa y El Universo fueron repudiados por los manifestantes. Su falsificación de noticias en favor del gobierno, su difamación contra los líderes populares, les impidió el acceso a los sitios de la protesta y a los diálogos. En sus redacciones, los carceleros de Julian Assange maquillaron a Lasso, uno de los artífices del corralito en los 90, como un estadista tolerante.

El racismo y la xenofobia es una política de estado desde el gobierno de Lenin Moreno y se ha reforzado en el gobierno de Lasso con la estigmatización al Movimiento indígena y a sus líderes. El ministro de Defensa, Luis Lara, acusó a la CONAIE de ser una organización terrorista financiada por el narcotráfico, manipulada por el correísmo, a pesar de la disputa que mantienen con el ex presidente por el campo popular. Se multiplicaron las agresiones racistas en sectores exclusivos al norte de la capital, en la Avenida de los Shyris, los desfiles con banderas blancas fueron custodiados por la policía. En los valles de Tumbaco y Cumbayá, los comuneros que protestaban fueron intimidados con disparos al aire desde vehículos de alta gama.

el informe

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre violaciones a los derechos humanos durante el paro: detenciones ilegales, torturas, heridos, mutilados, ocho muertos (5 según la versión oficial), cierre de medios comunitarios. No hay investigaciones sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, pero si hay 189 investigaciones abiertas contra líderes sociales y manifestantes. Al llegar a los hospitales públicos, no había lo más elemental para atenderlos. Tampoco hubo denuncias en la fiscalía. No existen los mecanismos para acceder a la justicia.

La policía y el ejército, temerosos ante la delincuencia, renuentes a intervenir en las cárceles, no dudaron en reprimir brutalmente durante el paro. Especialistas en ataques de falsa bandera, los “violentos” de las protestas portaban armas de dotación de las fuerzas de seguridad, azuzaban a la multitud como los más enardecidos manifestantes.

En la comunidad 18 de noviembre, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbios, en la madrugada del 28 de junio, un convoy militar fue atacado por supuestos manifestantes. Los comuneros filmaron el ataque, un comando falleció por una bala del mismo ejército. El gobierno acusó desde el principio al movimiento indígena por lo sucedido y rompió el diálogo, desconociendo a Iza como interlocutor. A pesar de las amenazas de muerte en su contra y de la xenofobia en expansión, el presidente de la CONAIE no desistió en llegar a un acuerdo con resultados.

No todos cedieron al contagio del odio y el miedo: María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca, se unió al paro junto a sus alumnos. El poeta Raúl Arias, uno de los fundadores del Movimiento Tzánzico, rechazó su candidatura al Premio Eugenio Espejo, la distinción cultural más importante del país, otorgada por el gobierno nacional, por la represión y al secuestro policial de la Casa de las Culturas.

tras las humaredas

En la Constitución de Montecristi (2008) se reconoce el Estado Plurinacional, pero no se ha llevado a la práctica. La CONAIE tiene un recorrido de 35 años, no es un movimiento de izquierda. En su interior hay al menos cuatro sectores: los transportistas, los comerciantes, los artesanos exportadores y los campesinos (a este último pertenece Leónidas Iza). Su discurso antineoliberal y anticapitalista representa a una facción de campesinos y agricultores de la provincia de Cotopaxi. Pachakutik, brazo político de la CONAIE, es un partido de esquiroles y de topos.

A Lasso apenas lo sostiene un fluctuante pacto entre élites (los gremios empresariales estaban por pedirle la renuncia si la crisis se prolongaba), además del apoyo de las Fuerzas Armadas y la Embajada norteamericana. Nada de esto se habría prolongado tanto sin la arrogancia, la cobardía y la tozudez de Lasso. Carece de técnicos para gestionar el Estado o para desmantelarlo. Se amenazaba con decretos de estado de emergencia, como la pretensión de censurar redes sociales y medios de comunicación, pero luego eran borrados.

El gobierno apostó por alargar la crisis para crear división entre los movimientos sociales. Esto no empezó hace 18 días sino en junio del 2021, con las primeras mesas de diálogo, a la cual siguieron otras tres rondas sin resultados. Alegando haberse contagiado de COVID, no asistió a los diálogos.

El movimiento indígena aprendió mucho del paro nacional de octubre de 2019. Las fundaciones financiadas por la embajada norteamericana que se ofrecieron como mediadoras fueron rechazadas. Su estrategia busca la adhesión de la población urbana precarizada, cercada por el miedo, racializada por sus patrones. Día a día se iban sumando más gremios, los barrios se levantaban. Aun así, la huelga le pesó a la dirigencia porque, como siempre, las bases pusieron los muertos y los heridos: “Que no haya más caídos”. Un día más de paro se volvía insostenible.

El acta final fue hecha por los mediadores de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el gobierno, quienes comparten intereses corporativos. La iglesia repartió la culpa a todos. La trampa fue negar la violencia estructural. La dirigencia indígena cayó en una encerrona, no había opción. Era la última salida. En vivo, delante de todo el país, Leónidas Iza consultó con sus bases si estaban de acuerdo o no con el acta presentada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Los delegados de la CONAIE votaron uno a uno. Demostraron cómo funciona la democracia comunitaria del movimiento indígena, algo que ni el correísmo ni la derecha entienden.

A pesar de haber logrado gran parte de las demandas, el acuerdo sabe amargo: una rebaja de 15 centavos de dólar al precio de los combustibles, el cese del extractivismo en territorios de las comunidades, que se declare en emergencia al sector de la salud. No era lo esperado, pero el movimiento indígena y su presidente fueron ovacionados al dejar la capital.

El paro terminó pero se vienen otros rounds: el 5 de febrero de 2023 serán las elecciones seccionales, en las que se elegirán alcaldes y prefectos en todo el país. El progresismo está dividido, la izquierda fragmentada, la derecha se mantiene unida pero sin votos. El oficialista Creo, al igual que los partidos que votaron contra la muerte cruzada, saben perdida esta elección.

Replantear la resistencia ante una derecha que se enquista en el poder a base de odio y miedo, en una sociedad insensible con sus muertos, requiere audacia, paciencia y unidad. La posibilidad de un frente que aglutine al correísmo y al movimiento indígena es muy remota. Requiere deponer mezquindades y ambiciones que están siendo arrasadas por las circunstancias. La nación estuvo a punto de vislumbrar su fin o ser un agujero en el mapa. Puede seguir en la turbia paz del coloniaje o ver un futuro detrás de las humaredas.