Estado de excepción en Ecuador: la noticia se confirmó minutos después de que termino de entrevistar a Andrés Arauz. El candidato está seguro y pensativo. Lo saludan y abrazan en la calle, se sacan fotos con él. Cada día de campaña significa recorrer una o más provincias y, al mismo tiempo, desactivar amenazas. Falta muy poco para el balotaje presidencial del 11 de abril. Es el momento de las maniobras desesperadas, peligrosas, algo que, se sabía, iba a ocurrir. Lo despido. Cae la noche en Quito y se ve poco, no es neblina sino nubes, montañas, volcanes, los casi tres mil metros de la ciudad.

Por segunda vez el gobierno de Lenin Moreno decreta el estado de excepción. La anterior ocurrió en octubre del 2019, cuando tuvo lugar el levantamiento indígena y popular para enfrentar el ajuste decidido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Quito fue entonces campo de batalla, llegaron columnas de Cotopaxi, Amazonía, barrios de la capital, ante una respuesta con disparos, policías, militares, once muertos, pérdida de ojos, y una negociación con acuerdo de último momento que el gobierno no respetó.

Pasó mucha crisis y mucha persecución política desde entonces. El país está peor, la pandemia arrasó Guayaquil en el 2020 con cadáveres en las casas, las calles, las morgues, los hospitales. Se sucedieron tres ministros de salud en el último mes, y llegaron apenas vacunas. Moreno, mientras tanto, busca culminar el incendio con una oleada de privatizaciones que lleguen hasta el objetivo principal: el Banco Central de Ecuador (BCE).

El estado de excepción, bajo el argumento de la pandemia, tiene dos objetivos: privatizar detrás del telón y construir un escenario aún más desfavorable en las elecciones para Arauz. Queda prohibida “la realización de todos los eventos de afluencia y congregación masiva” en las ocho provincias donde rige –son las principales del país–, es decir que se limita la campaña en las calles, donde Arauz tiene fuerza y la valoración de su cercanía con la gente es grande.

El decreto es también una amenaza para el día de las elecciones en caso de que ocurra algún acontecimiento ante el cual sea necesario movilizarse. En el 2017, por ejemplo, Lasso, enfrentado a Moreno, fue proclamado ganador de forma anticipada y falsa por el aparato hegemónico mediático. Existía entonces una institucionalidad en la cual podía depositarse confianza. El correísmo era gobierno y un movimiento con estructura, ahora es una fuerza perseguida.

sueños de destierro

El tiempo político de Moreno expiró. Cumplió sus objetivos: llevó adelante la agenda del capital financiero, del departamento de Estado estadounidense, y persiguió a quienes lo llevaron a la presidencia. Ganó su lugar en la historia como quien ejecutó una de las traiciones más profundas dentro de un movimiento político. Ahora busca, como otros antes que él, un lugar donde pasar el resto de sus años, seguramente fuera del país.

El proceso de descabezamiento del correísmo fue por etapas. El primer objetivo fue Rafael Correa, mudado a Bélgica junto a su familia luego de dejar el palacio presidencial de Carondelet. Al igual que en Brasil, Bolivia o Argentina, el disparo primero fue al liderazgo del proceso, sobre quien se descargó una combinación de ataques mediáticos, judiciales, políticos, hasta lograr el objetivo: impedirle el retorno a Ecuador y su participación electoral.

La persecución siguió sobre las segundas y terceras líneas, con causas de corrupción o delito de rebelión. El resultado fue la cárcel para, por ejemplo, el vicepresidente de Moreno, Jorge Glas, el exilio para el ex canciller de Correa, Ricardo Patiño, una amenaza permanente de sentencia para la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, quien lleva una tobillera electrónica para ser localizada a toda hora.

En simultáneo, y de manera muchas veces invisible, ocurrió una multiplicación de causas para quienes fueron parte de equipos de gobierno durante los años de Correa. Jóvenes, por ejemplo, que se habían sumado atraídos por las posibilidades de un Estado abierto, convocante. Esas acciones golpearon a gran parte de una generación que tuvo en la revolución ciudadana su primera experiencia política.

La persecución también llegó al partido, Alianza País, que quedó en manos de Moreno y de quienes lo acompañaron en la traición, que fueron numerosos. La estrategia fue, no solamente descabezar el correísmo, sino además impedir su participación electoral. Por eso cuando Arauz logró la inscripción presidencial en el Consejo Nacional Electoral (CNE), hubo ya, en ese acto, una victoria.

Las operaciones fueron diseñadas por quienes conocían el proceso por dentro, lo que sumó impacto y bloqueó la reacción. Las debilidades de la revolución ciudadana hicieron el resto, en particular dos: la ausencia de un partido fuerte, y la escasa organización popular (tanto en los territorios, como en el mundo del trabajo). La capacidad de presión en la calle fue débil, esporádica, y sin posibilidad de alianza con el único movimiento con estructura y capacidad de movilización: el indígena.

desencuentros y coagulación

El regreso del movimiento indígena al centro del escenario político ocurrió en octubre del 2019. El levantamiento fue protagonizado centralmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal organización nacional, que mantuvo cortes de ruta y un acampe en Quito durante más de una semana. La acción contó con una gran legitimidad social, que se tradujo en cacerolazos, apoyo con comida, alojamiento, dispositivos médicos para los heridos.

Dos dirigentes tuvieron principal visibilidad esos días: Jaime Vargas, presidente de la Conaie, y Leonidas Iza, quien emergió como liderazgo por estar al frente de la principal columna, cerca de 50 mil personas, venida desde Cotopaxi. El primero tiene ahora siete procesos judiciales en su contra, el segundo ocho, y varios dirigentes regionales tienen medidas cautelares. La criminalización también golpeó a quienes, dentro del movimiento indígena, enfrentaron al gobierno.

El levantamiento significó la ruptura definitiva con Moreno luego de una etapa inicial de acuerdos, que se manifestaron, por ejemplo, en la designación de un dirigente de la Conaie como ministro de Ambiente. Esos días también evidenciaron la distancia entre la Conaie y la revolución ciudadana, la profundidad del clivaje y la aparente imposibilidad de un acercamiento entre partes.

Los desacuerdos entre la Conaie y el correísmo fueron sobre varios temas, como la justicia indígena, la organización en los territorios donde están las comunidades, las denominadas escuelas del milenio, el manejo del agua. Y hubo conflictos respecto a explotaciones mineras y petroleras, demandas que no tuvieron las respuestas necesarias, según afirman dirigentes como Iza, quien es también autoridad del pueblo panzaleo.

Lo cuenta mientras conversamos cerca de su casa, en la comunidad de San Ignacio de Toacaso en el Cantón Latacunga. Allí todo es verde lluvia y Andes. Las tierras donde nació eran de un hacendado, fueron recuperadas en un proceso de lucha dentro del cual estaban sus padres. Iza proviene de una formación indígena, de izquierda, explica el mapa del movimiento, conformado por un sector campesino –al cual pertenece–, comerciante, transportista, de la finanza, y las respectivas influencias en las políticas de alianzas e intereses.

El desencuentro con el correísmo puede explicarse por otros factores más. La revolución ciudadana no vio en la Conaie una alianza imprescindible, debido a una concepción política que, de manera mayoritaria, no le otorgó un lugar de importancia a la construcción de organización popular. Por eso, luego de la salida del gobierno, no hubo lugares de repliegue y rearticulación para enfrentar la traición de Moreno.

Existe otro elemento: el recorrido de la Conaie, en particular de un sector permeado por el ingreso de oenegés nacionales e internacionales, vinculados a la política exterior estadounidense, y su progresiva influencia en las dirigencias. Al mismo tiempo, hay quienes enfrentan esa corriente al interior del movimiento. La traducción de este debate hoy es la disputa al interior de la Conaie y su instrumento electoral Pachakutik, entre sectores de izquierda –con cercanía en lo internacional a Evo Morales– y quienes mantienen alianzas con la derecha y hacen suyo el discurso anti-correista para justificar el acercamiento con Lasso. Yaku Pérez, candidato designado sin respetar los mecanismos internos del movimiento, tercero en la primera vuelta presidencial, es una de las principales figuras de esa segunda tendencia.

Esa disputa tuvo una primera resolución frente al balotaje del 11 de abril con el llamado por parte de la Conaie a un “voto nulo ideológico”. Ese acuerdo se vio modificado en los días finales de campaña, cuando la candidata a vicepresidente de Pérez llamó a votar por Lasso, Iza anunció que nunca votaría por el candidato de la derecha, y Vargas dio un giro inesperado: el apoyo público a Arauz, en un acto celebrado en la Amazonía. “Andrés logró lo que yo no pude”, twitteó Correa luego del acuerdo alcanzado. La Conaie ratificó luego el llamado al voto nulo. ¿Cuánto impacto tendrá ese acuerdo en términos de votos? ¿Y cuáles serán sus implicancias en un posible gobierno de Arauz? Son algunas de las preguntas aún sin respuestas claras.

los últimos días

Las encuestas favorecen a Arauz, con una diferencia de casi cuatro puntos y existe más de un 30% del electorado que votaría nulo o en blanco. Los días finales de la campaña ocupan, en ese marco, un lugar central: pueden ser definitorios para conseguir la mayoría necesaria, en particular por el casi tercio de votantes en disputa. Las señales de alarma ante amenazas son, en ese contexto, aún mayores para la campaña de Arauz.

No se trató nunca de una elección en igualdad de condiciones. La institucionalidad ecuatoriana fue convertida en un dispositivo contra el correísmo, como la Fiscalía para la persecución jurídica, y el Consejo Nacional Electoral que puso trabas a la candidatura de Arauz desde la hora cero. Es un contexto que recuerda a la elección de Bolivia en el 2020 donde podían darse operaciones de última hora durante la campaña, la noche de la elección, los días posteriores, hasta la toma de posesión. La diferencia, en Ecuador, es que el gobierno fue electo democráticamente.  

Ese conjunto de amenazas ocurre mientras, en simultáneo, tiene lugar una campaña sucia con elementos conocidos. Uno de ellos es la utilización de Venezuela como método acusatorio, para infundir miedo en un país donde la inmigración venezolana es numerosa. La maniobra llegó hasta contratar a migrantes por diez o veinte dólares diarios para llevar carteles en los semáforos como: “Por votar por el socialismo estoy aquí pidiendo limosna”.

Es mucho lo que está en juego en la elección. En lo nacional, una victoria de Lasso sería la profundización neoliberal bajo la dirección de la banca, ahora sin intermediarios: el gobierno en manos de quienes ven al país como su hacienda. En términos políticos, significaría el intento de destierro definitivo de la revolución ciudadana, cuatro años más de persecuciones selectivas, de imposibilidad de regreso a Ecuador de quienes están fuera, con causas armadas en el marco del lawfare tal vez más profundo del continente.

La dimensión internacional es también central. Una muestra ha sido la campaña sucia desde Argentina vía Clarín, con noticias falsas sobre Arauz. Y de Colombia, a través de la revista Semana y la Fiscalía, en una escala mayor: la acusación, fabricada sin pruebas, contra el candidato de la revolución ciudadana de haber recibido financiamiento del Ejército de Liberación Nacional colombiano.

Se trata, a su vez, de la primera elección que ocurrirá en América del Sur bajo la administración de Joe Biden en Estados Unidos. Su posicionamiento respecto a otras agendas, como Bolivia o Venezuela, ha mantenido hasta ahora mayor continuidad que ruptura respecto a la política exterior de Donald Trump. ¿Qué grado de amenaza representa una victoria de Arauz? ¿Qué necesidad existe de impedirla? Tal vez la respuesta no deba buscarse tanto en la cúpula de la Casa Blanca, como en esas zonas intermedias del Estado profundo que despliega sus agencias en el continente. 

Ecuador aparece en el mapa continental como la posibilidad de un nuevo gobierno progresista. Sería, en caso de suceder, la cuarta victoria en tres años: el mexicano Andrés Manuel López Obrador en 2018, el argentino Alberto Fernández en 2019, y el boliviano Luis Arce en 2020. Arauz ha hecho especial énfasis en la necesidad de reconstruir los instrumentos de integración latinoamericana que fueron desmontados por los gobiernos de derecha en una política alineada a la estrategia de Washington. Y en el horizonte cercano hay varias elecciones presidenciales en el continente, en particular Brasil en el 2022, con la flamante posibilidad de una candidatura de Lula da Silva.

Los días finales, antes de la votación, transcurren sin clima electoral en las calles, con mucho despliegue de las campañas en redes sociales, y bajo estado de excepción. Ecuador está ante una fecha definitoria en la cual América Latina puede verse como en un gran espejo.