Más allá de los libros políticos pensados para confirmarle sus propios prejuicios al mismo vaporoso lector progresista (un corpus inaugurado por el sutil Macri. El año perdido, de Roberto Caballero), hasta el momento existen dos libros absolutamente fundamentales para entender cómo piensa y cuál es el sistema de mundo de Cambiemos. El primero es Cambiamos, de Hernán Iglesias Illa, el coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete cuya intervención pública más memorable ‒a excepción de una ardua labor diaria en Twitter‒ es haber dicho que “algún gendarme suelto” podría haberle, “no sé, pegado a Santiago Maldonado sin saber que lo estaba hiriendo gravemente“. El segundo libro es ArgenPapers, tal vez el verdadero “libro del año”, escrito en tándem por Santiago O'Donnell y Tomás Lukin, un editor y un redactor del diario bajo amenaza de extinción Página/12, el mismo donde Horacio Verbitsky comentó la existencia de una lista con los nombres de todos los blanqueadores de divisas beneficiados por la Ley 27260, incluidos los familiares de funcionarios que el presidente ayudó a “sincerarse fiscalmente” con un decreto à la carte.

Si con el estilo pulido de las gacetillas oficiales Cambiamos fija las bases para el nuevo discurso “desideologizado” del poder bajo la fórmula “ganamos los ingenuos, ganamos los boludos” como prueba sintética de pureza moral, ArgenPapers, con un estilo más parco y burocrático, ilumina la cara velada del mismo asunto: la base material con la que se sostiene el discurso triunfal y en primera persona de la inconsistencia ideológica. Saltar de las páginas de Cambiamos a las páginas de ArgenPapers puede convertirse así en una comprobación rápida de aquello a lo que aludía el politólogo Martín Astarita cuando, a propósito de la percepción pública de “la objetividad y la neutralidad”, señalaba que la idea de un Estado mínimo que no interviene es tan solo “una abstracción que suele ocultar precisas intervenciones económicas y políticas a favor de determinadas empresas, grupos o sectores”. Desde ya, los esquemas elaborados entre lo dicho y lo no-dicho son conocidos desde hace tiempo, pero la aparición del ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren en los flamantes Paradise Papers ‒como director de dos empresas offshore vinculadas a la petrolera Shell (en la que trabajó durante 36 años), una de ellas adjudicataria de 13 licitaciones con el Estado argentino durante 2016‒ confirma que, como escribió Flaubert, no solo los escritores, también los grandes CEOs deben ser serios y predecibles en sus vidas para que puedan ser salvajes y originales en su trabajo.

También es conocida la narración, reconstruida en ArgenPapers, acerca de cómo “los secretos de la Argentina offshore” se convirtieron, de a ratos, en una comedia ligera de tires y aflojes protagonizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y “la agenda política” de los medios argentinos, a veces incluidos entre los clientes del famoso estudio panameño Mossack Fonseca (y por eso “el peor enemigo es la autocensura”, según Hugo Alconada Mon). Esa polarización de los 2,6 terabytes de datos financieros de los Panama Papers se tradujo en un esquema análogo de luces y sombras: mientras algunos medios usaron la información para criticar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otros la usaron para criticar al actual presidente Mauricio Macri (cuyo nombre sí figuraba en la lista de mandatarios asociados a “guaridas fiscales”). De una u otra manera, la pérdida de ingresos fiscales como consecuencia de las técnicas de evasión utilizadas por las grandes corporaciones ‒un negocio global de “entre 7,6 y 32 billones de dólares”‒ asciende en Argentina hasta el 4,42% del PBI. Lo cual, señalan O´Donnell y Lukin, no solo socava las inversiones estratégicas en infraestructura, salud o educación, limitando cualquier proceso de crecimiento, sino que “debilita la capacidad de intervención del Estado en la economía”. Pero... ¿hasta qué punto quiere un Estado “desideologizado” intervenir en los negocios de aquellos que siempre ganan en la economía?

la lista argentina

A partir de un volumen de datos equivalente a 39.000 libros con 214.000 empresas creadas entre 1997 y 2015, y con un criterio “bastante sencillo: pusimos todos los nombres que encontramos en los Panama Papers”, la lista de argentinos vinculados a empresas offshore incluye a políticos (con seis partes distintas de la familia Macri, además del propio Macri, y Redrado, Mendiguren, Antonio De la Rúa, la esposa de Julio De Vido Alessandra Minnicelli, el secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz), empresas y empresarios (Coto, Fortabat, Blaquier, De Narváez, Soldati, Roemmers, Garfunkel, Costantini, Arcor, Bulgheroni, Ciccone, Pérez Companc, Cristóbal López, Garbarino y hasta SushiClub), abogados (Marval, O´Farrell y Mairal), futbolistas y dirigentes (Messi, la FIFA, Alejandro Burzaco) y estafadores germinados en las zonas grises del sistema financiero local como Enrique Blaksley, “el Madoff argentino”.

Antes de seguir, una aclaración necesaria. Si ArgenPapers no fuera un libro sobre el financiamiento furtivo de las élites locales y fuera, en cambio, un libro sobre filosofía, no debería faltar la página en la que Slavoj Žižek pudiera explicar que uno de los elementos clave de la ideología consiste en el goce de no saber. Es decir, en la precaución de actuar como si no supiéramos lo que en realidad sabemos. En ese sentido, casi cualquiera de los nombres en “la Argentina offshore” resulta tan asimilable, tan poco sorprendente, que la lista en sí misma funciona como la anécdota sobre Parrasio de Éfeso que le gustaba citar a Lacan. En esa historia, Parrasio pinta un velo tan realista y detallado sobre una muralla que todos reclaman saber lo que hay detrás, y convencidos por la ilusión óptica de que “hay algo detrás del velo”, nadie logra entender que sus ojos están siendo engañados. Dicho de otra manera, y en consideración al mantra preventivo que repite que “tener una offshore no es ilegal” ‒otra típica deformación ideológica de lo que es y no es “corrupto”‒, ¿lo sorpresivo no habría sido que esos nombres no figuraran en los Panama Papers? Pero aún si no se trata del Estado ni de su voluntad de intervenir en la economía, ¿quién corrió el velo?

Las teorías se adaptaron desde el principio al hábitat de las intrigas geopolíticas más habituales. Con la presencia de Vladimir Putin entre los principales afectados, y con la ausencia de nombres estadounidenses de interés, la especulación más enfática se ubicó en alguna maniobra de “reestructuración financiera internacional” en manos de la CIA. Esta hipótesis, sin embargo, se desmoronó con los Paradise Papers, que salpicaron sin piedad al gabinete de Donald Trump. Entonces, ¿quién fue? Uno de los anexos más provechosos de ArgenPapers se ocupa de la que, en todo caso, probablemente sea la más atendible de todas las sospechas: la que comparten el abogado alemán Jürgen Mossack y el abogado y novelista panameño Ramón Fonseca Mora, los fundadores de Mossack Fonseca & Co. Los dueños del estudio de abogados, cuentan O´Donnell y Lukin, están convencidos de que el responsable de todas sus desgracias es Paul Singer ‒y su fondo buitre NML Capital‒ y que todo empezó cuando Singer activó y financió todos los recursos judiciales y periodísticos a su alcance para hostigar al gobierno argentino y cobrar los famosos bonos de la deuda por los que había pagado 177 millones de dólares cuando el país estaba en default. La “hipótesis argentinocéntrica” comienza con el rastreo de las empresas offshore de Lázaro Báez, trianguladas por Mossack Fonseca entre Estados Unidos, Uruguay y Argentina, y termina con los 2.426,6 millones de dólares que NML Capital logró cobrar en marzo de 2016. Una rentabilidad global de 1.270% que alcanzó “para que Singer definiera a Macri como el campeón de las reformas económicas en la revista Time”.

todos flotan con Enrique Blaksley y HopeFunds

Si tener una empresa offshore es legal o no es la clase de pregunta que, a priori, demuestra que “robar no es para pobres”, como dice Jorge Asís. En este punto, los abogados tienden a transformarse en cuidadosos amantes del lenguaje y por eso eludir impuestos no es lo mismo que evadir impuestos. Mientras tanto, la condición “paradisíaca” de los paraísos fiscales consiste en la ausencia de preguntas rigurosas sobre la procedencia (o verdadera propiedad) de los fondos, las autorizaciones veloces para establecer empresas y una presión impositiva risueña. Tal como escribió en Twitter Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, “constituir sociedades comerciales en un paraíso fiscal no constituye un delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito”. Con esto en cuenta, los conocimientos y las precauciones para operar en serio en los paraísos fiscales pueden volverse tan complejos que requieren el servicio de verdaderos especialistas. Un buen ejemplo en ArgenPapers es Gabriel Gotlib, abogado, contador, socio de Marval, O´Farrell y Mairal ‒el estudio jurídico más grande de Argentina‒ y autor de las 672 apasionantes páginas de Aspectos internacionales de la tributación argentina. “Cliente no cooperante en materia de debida diligencia”, según los Panama Papers, Gotlib escribió al estudio Mossack Fonseca en 2007 para “hacer una sociedad en Panamá para mí y para mi padre”, Rodinet Capital Corporation, fortaleciendo un vínculo de cooperación entre ambos estudios jurídicos que se remonta a 1999.

Cuando el “velo” entre lo legal y lo ilegal se vuelve engañoso se puede pensar en Parrasio de Éfeso, pero también en Juan Enrique Blaksley. De todos los casos en ArgenPapers, pocos logran trazar una línea tan elocuente, sinuosa y todavía impune entre política y negocios. “Mauricio Macri, Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Lionel Messi, Horacio Rodríguez Larreta, Eduardo Elsztain, Adolfito Cambiasso, Ariel “Burrito” Ortega y hasta el Papa Francisco, entre muchos otros”, colaboraron aportando de una u otra manera las herramientas y las condiciones para que “el Madoff argentino” armara una de las estafas más grandes del siglo XXI a través de la inversora HopeFunds S.A. Contada a velocidad crucero, la historia de Blaksley y HopeFunds podría sintetizarse como sigue. Formado como corredor de seguros de Zurich Argentina, HopeFunds S.A. nació en 1989 ofreciendo tasas de rendimiento superiores a las del circuito bancario y evolucionó hacia un fondo de inversión inmobiliaria. Asociado al Grupo IRSA, en 2012 adquirió el 47% del Buenos Aires Design, varios locales, 174 cocheras y el Hard Rock Café. En 2015, y con una exhibición de arte en colaboración con el Vaticano en su currículum, la empresa se ocupó también de la visita de Serena y Venus Williams y Usain Bolt a Buenos Aires con 5 millones de pesos pagados por el Gobierno de la Ciudad.

No era la primera incursión de Blaksley al mundo de los negocios políticos con el deporte. Asociado al ex Socma e interventor de Fútbol para Todos Fernando Marín ‒“designado por Mauricio Macri”‒, antes de desaparecer bajo cientos de denuncias HopeFunds S.A. había invertido en espectáculos, en la comercialización del merchandising de Boca Juniors ‒cuando el ministro de Modernización Andrés Ibarra era presidente de Márketing del club‒ y se había ocupado incluso de que Roger Federer jugara al tenis frente a Sergio Massa en Tigre en 2013. Mientras tanto, la captación bajo el sistema piramidal de inversores medianos y menores seguía su curso. “Vóley con Tinelli, básquet con una empresa que fundó Hernán Lombardi, fútbol con la gente de Macri”, escriben los autores de ArgenPapers, “el dinero captado por Blaksley bien podría llamarse la Ruta Pro de los Panama Papers”. De hecho, cuando en 2012 la concesión que HopeFunds S.A. compartía con el Grupo IRSA sobre el Buenos Aires Design de Recoleta estaba por vencer, el gobierno porteño de Mauricio Macri la renovó hasta el 17 de noviembre de 2017. Llamativamente, señalan O'Donnell y Lukin, eso ocurrió un día antes de que se cumplieran los cinco años que habrían impedido la aplicación de la ley 3.399, “que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de la Legislatura”. Cuando se hizo la renovación exprés del predio, el apoderado de IRSA era Augusto Rodríguez Larreta, hermano de Horacio, por entonces jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad. La aparición de HopeFunds S. A. en los Panama Papers fue el punto determinante para la combustión espontánea de todos los lazos políticos y judiciales de Enrique Blaksley y para la desaparición de unos 300 millones de dólares distribuidos entre más de una docena de empresas offshore. Como decía uno de sus propios consultores financieros, Luis Romero, mientras las oficinas de HopeFunds S.A. sobre la confitería The New Brighton se desmoronaban: “Para una empresa como HopeFunds, no estar en los Panama Papers habría sido sospechoso”.