¿Qué tienen en común las protestas que conmovieron a Cuba el 11 de julio con el decreto que firmó Alberto Fernández esa misma semana para ceder ante las presiones de Pfizer? A primera vista, nada. Pero en ambos casos, si aguzamos un poco la mirada, aparecen algunos contornos que se asemejan: gobiernos que se conciben a sí mismos como populares pero no pueden mejorarle la vida al pueblo; estados que no logran controlar variables fundamentales de su estructura económica y ven amputados segmentos de su soberanía; una población desesperada, a merced de poderes fácticos que cada vez consiguen mayor penetración simbólica. Lo que está siendo perforado en ambos casos, y en tantos otros, son las bases de sustentación de la democracia: sin justicia social, ni independencia económica se hace muy difícil sostener la soberanía política.

El gobierno del Frente de Todos se acerca a la mitad de su mandato y en el balance hay poco para festejar. No solo porque no ha podido revertir el deterioro social que dejó como herencia el niño terrible de la (ponele) burguesía argentina, sino sobre todo por la incapacidad (o la falta de voluntad) para introducir dinámicas disruptivas allí donde el continuismo ensancha más y más la desigualdad. A la pandemia podemos adjudicarle el crecimiento de los índices de pobreza, no la impavidez con que la administración de Alberto Fernández ha retrocedido ante las exigencias de los poderosos.

“Si un laboratorio nos obligó a cambiar todo el andamiaje legal, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional?”, clamó el jefe del bloque de Diputados oficialista Máximo Kirchner. La pregunta dio en el clavo, aunque todo parece indicar que el sistema político no tiene la respuesta.

Durante los próximos dos meses tendrán lugar las elecciones primarias que definirán la suerte del gobierno del Frente de Todos. Pero en paralelo a la votación popular se va a dirimir una disputa de fondo, y el establishment ya tiene definido su pronunciamiento. El mercado votará contra la moneda nacional, como lo hace cada día hábil de 10 a 15 horas, para forzar una devaluación. Es imposible saber cuán exhaustas llegarán las arcas del Banco Central a ese momento. El subidón otoñal en el precio de la soja permitió a las reservas estatales acumular un buen colchón de divisas, pero en la corrida financiera no alcanza con tener espaldas o acertar en el póker de las apuestas cambiarias. ¿Alumbrará el oficialismo alguna hoja de ruta que permita delinear un horizonte estratégico? Algo que sacuda la modorra de la pandemia, que patee el tablero distributivo, que disrumpa.

Porque mientras el espectáculo de la política, cada vez más disociado de la vida cotidiana de las mayorías, se bate en la grieta sistémica, lo que atormenta a la calle es una fractura expuesta. Un quiebre horizontal entre ricos y pobres. Un foso profundo entre la cúspide de la pirámide y el resto. Un polvorín que no explota por “un milagro de la ciencia política”, como dijo hace poco el exministro menemista José Luis Manzano.

Para que la inequidad social no sea un mandato divino, o una fatalidad del destino, más que ser caritativos con los pobres hay que atender a los ricos. Las formas de acumulación del último lustro rapiñan cada centavo, se aspiran la renta social, endeudan al soberano. Al modelo exportador de materias primas se suma ahora el extractivismo digital, forjador de una nueva forma de servidumbre.

La plataforma de pagos que empezó a cotizar en el Nasdaq quiere que el puestero de la feria conurbana se baje su app para cobrar con el dongle, que a su vez todos compran en un marketplace, que despacha los paquetes mediante motoqueros que también laburan para otras plataformas. Entre los menores de treinta años, la idea de “changuear” ya sustituyó como perspectiva de empleabilidad a la de “conseguir trabajo”.

Por su parte, los principales players de la alimentación capturan la masa dineraria que el estado inyecta en los sectores populares, remarcando los precios para desinfiar cualquier pretensión redistributiva. Luego, el excedente succionado pugna por dolarizarse, contribuyendo a la devaluación. Es la misma lógica depredadora que anima al capital inmobiliario, en su exitosa rebelión contra la ley de inquilines. Y a la nueva estrella de la oligarquía global, los big pharma, en quienes depositamos nuestra salvación y una buena cantidad de millones de dólares. Mientras hasta el gobierno estadounidense despliega políticas para intentar nivelar la cancha con ese capital multiforme, que se autopercibe ingobernable, el Frente de Todos se confiesa incapaz para trabar esas puertas giratorias.

La teoría de la complejidad es la perspectiva científica sobre la que se asienta la infraestructura informática de la producción contemporánea. Según sus postulados, el pasaje a un nuevo estado de la materia se hace posible cuando, en el seno de un punto crítico de inestabilidad, apenas una variación infinitesimal provoca una bifurcación. En la dinámica política, para que las cosas cambien, hace falta una decisión.

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