La nueva planta de litio de Lake Resources, empresa minera australiana que se asentó en las afueras de Antofagasta de la Sierra, Catamarca. El yacimiento está siendo explotado desde hace poco tiempo.

La misma semana en que Alberto Fernández confirmó que no competiría por un segundo mandato en la Rosada, Gabriel Boric anunció en Chile “la estrategia nacional del litio”. La agencia Bloomberg reportó que los trasandinos “podrían perder posiciones frente a países con reglas más investor-friendly como Argentina”, el segundo vértice del triángulo del litio que también incluye a Bolivia. Tiene razón: acá lo único que pagan las cuatro grandes explotaciones de litio en marcha es una regalía del 3% en boca de mina, mientras que en Chile el fisco se apropia por diversas vías de un 40%. 

El Frente de Todos no solo mantuvo intacta la ley de inversiones mineras de los noventa. Ahora le promete estabilidad para los inversores estadounidenses a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, que visitó Buenos Aires como parte de un aluvión de funcionarios de la administración Biden. La misma que hizo explícito el apetito de la Casa Blanca por las reservas de petróleo, gas, agua dulce, cobre, oro y, por supuesto, litio. A cambio de que el Fondo Monetario refinancie la deuda que dejó Mauricio Macri sin preguntar demasiado sobre metas incumplidas, Fernández no solo ajusta más: también se encolumna con Washington y enfría la relación con China. Ni la sombra quedó de aquel que se anunciaba en 2020 como “querellante” frente a ese empréstito ilegal. 

La impotencia estructural de la gestión frentetodista y su renuncia a toda imaginación política entregó a parte de la población a una derecha extrema, con propuestas a primera vista disparatadas pero atractivas para una importante base de frustrados y precarizados. Una ultraderecha a la que le regalaron horas y horas de televisión, sí, pero que también supo sintonizar con la época. 

La alternativa entre “dinamitar” o “semidinamitar” todo, en la que pretenden fijar el marco de la discusión Macri y Milei, supone hacer volar por el aire todo el sistema de derechos, garantías y conquistas de los trabajadores. Un gol más del capital, después de una goleada histórica de cinco años contra el salario. Y no son solo los extremos: tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich proponen también distintos grados de reforma laboral que cercenarían derechos a quienes hoy los gozan, con el viejo argumento de que recortando su peso se crearían más empleos. Las ideas que desplegó Sergio Massa en antiguas campañas como 2013 y 2015 se intersectan en ciertos puntos.

Cualquiera de esas reformas reduciría todavía más el salario real disponible, es decir, el salario en pesos descontada la inflación y los beneficios adicionales por los que un laburante “ahorra” en gastos. La dolarización, tema para otra nota, supondría un violento shock regresivo adicional. 

El sector más influyente del empresariado empuja ese zarpazo final. La acumulación definitiva después de una pandemia que lo enriqueció todavía más. Una nueva poda del salario para que cubra apenas milimétricamente la subsistencia, en condiciones de mayor precariedad. Es traducir a leyes lo mismo que a nivel global consiguieron en pocos años los zares del big data con las armas tecnológicas del momento: la comoditización y tercerización del trabajo, mediada por plataformas y algoritmos para que su subordinación al capital sea inapelable y a la vez impersonal. 

Quienes construyeron el consenso en torno a la reforma regresiva que viene aprovechan que una parte ya nada desdeñable de la sociedad considera privilegiado a quien goza de vacaciones o aguinaldo. Hay barrios enteros donde ningún vecino los tuvo nunca. Sobre esa precariedad construyeron una ideología según la cual los alquileres están caros porque la ley regula los aumentos y los rappitenderos son libres de tomarse una semana de vacaciones cuando quieren y no son esclavos de un algoritmo que te penaliza si descansás 10 minutos entre pedidos.

Ya se deshicieron físicamente de los revoltosos que proponían caminos alternativos en los setenta. Ya delinearon con golpes financieros los límites a la democracia en los ochenta. Ya desguazaron el Estado en los noventa y se lo repartieron con multinacionales extranjeras. Ya desterritorializaron tributariamente sus empresas al fijar sedes en Delaware o Islas Vírgenes. Ya se radicaron en Uruguay para tampoco pagar impuestos por su riqueza. Ahora van por todo. Agarrate.