Búsquedas a través de "fuentes abiertas", las redes sociales como material de información e identificación  y un modo de construir un relato criminalizador que se sirve de pocos hechos y muchos estigmas. En la nueva era del descontento social, que se puso en evidencia a comienzos de marzo mientras se concretaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones ven por un lado un avance turbio en el armado de causas dudosas y una creciente incertidumbre por un horizonte que cada vez ofrece menos posibilidades para los sectores sociales más pobres. 

El 10 de marzo por la tarde un grupo de personas arrojó piedras contra el Congreso de Nación en el contexto de una protesta mientras adentro comenzaba la sesión para discutir el Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la Cámara de Diputados. El despacho de Cristina Fernandez de Kirchner da a la calle en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen y recibió varios de esos piedrazos. Cuatro días después, un video que la vicepresidenta difundió por sus redes sociales mostraba a través de imágenes de las cámaras de vigilancia de la Policía Federal Argentina y de una cámara instalada en su propio despacho cómo había quedado su oficina y denunciaba que había sido un ataque planificado por alguien que había mandado  a ejecutarlo. Denunciaba, básicamente, que no se había tratado de otra lluvia de pedradas contra el Congreso como había ocurrido tantas veces en la historia, y en la memoria reciente retrotraían a 2017, cuando se debatía durante el macrismo la reforma previsional, sino que se trataba de una acción dirigida hacia ella. 

Hubo internas sobre quién hizo o no hizo. Dos días después de la movilización, poco antes de que la vicepresidenta subiera el video a sus redes sociales, Andrés Larroque, muy cercano a CFK, apuntó contra el gobierno nacional por la “parsimonia” frente a las agresiones sufridas y sentenció:  “aturde el silencio”. Quien le respondió fue el ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernandez, a través de Twitter -haciendo de una especie de vocería de Alberto Fernandez- y dijo que el presidente lo había instruido para que interviniera y que además el Presidente le había enviado un mensaje privado a la vice. Semejante ruido político tuvo un efecto directo sobre el poder judicial. Y salieron a buscar a los autores.

A partir del único detenido el día de la movilización, la Policía de la Ciudad fue por dos personas más, todxs integrantes de la organizaciones que se manifestaron ese día. En simultáneo, se produjeron una serie de allanamientos en el conurbano buscando a más personas. Pero quizás la muestra más grotesca de multiagencialidad punitiva -si se permite el término- fue la de Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, que antes de que se pudiera determinar si se había tratado de, efectivamente, un ataque dirigido a la vicepresidenta o una pedrada más que expresaba el descontento, tuiteó: “Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de @CFKArgentina era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta”. 

Jaru 

El primer detenido por la Policía de la Ciudad fue Oscar Santillán, integrante del Movimiento Teresa Rodriguez “histórico” (MTR). Eso pasó el mismo día de la movilización, cuando las columnas ya se iban por Avenida de Mayo. De lo que pudimos reconstruir a través de entrevistas con las organizaciones investigadas y los organismos de derechos humanos que asumieron las defensas,  Oscar se desprendió de su grupo, que ya se había replegado de forma coordinada. A partir de la detención de Santillán se produjo un allanamiento el martes 15 en un local del MTR de Florencio Varela. La policía secuestró computadoras, teléfonos, listados de integrantes de las organizaciones, banderas y remeras identificatorias.Según varios testimonios, una de las personas a las que buscaba la policía era Jaru Alexander Rodriguez. Tanto Jaru como Julián Lazarte -la tercera persona detenida- son cercanos a la Coordinadora Barrial MTR (CUBA MTR).

El caso de Jaru es significativo: migrante venezolano, un pibe super joven que vive hace unos años ya en Buenos Aires, estudiante de sociología y solidario con las barriadas populares. Hoy sus amigues de la facultad, mayoría de pibes también jóvenes, están conmovidos por la detención. A Jaru lo detienen en su domicilio en el partido de San Isidro y lo trasladan a una comisaría de la CABA. 

A Jaru se le imputa el mismo tipo penal que a Lazarte y Santillán: asociación ilícita, atentado contra la autoridad, intimidación y daños. A los tres les dictaron prisión preventiva y les negaron la excarcelación.”¿Los argumentos? Una ecuación preocupante. Tratándose de Jaru, un fiscal de la CABA argumentó que no era posible que, siendo trabajador de Rappi llegara a pagar un alquiler, y que un salario de repartidor le alcanzaría para costear las veces que entró y salió del país. El tipo penal de asociación ilícita aplicado es preocupante, porque se trata de un condicionante para la protesta social y para cualquiera que se quiera organizar. Se trata de una inquietud bastante extendida entre organismos de Derechos Humanos y una cuestión que surgió también en la conferencia de prensa para denunciar esta situación (realizada en Serpaj el lunes 21 de marzo).

El abogado de Jaru, Martín Alderete, le dijo a Alejandro Bercovich en su programa de radio: "organizarse no es delito, estamos hablando de organizaciones sociales. Cualquier delito se tiene que probar, si no  pasamos del derecho de acto al derecho penal de autor. O sea, se persigue a una persona por pertenecer a una organización o por lo que piense”. Además es una figura extremadamente genérica que requiere de una serie de elementos probatorios para sostener la acusación. Por ejemplo, según su abogado, de Jaru sólo se tiene una imagen en la que sostiene una piedra, luego otra foto, en otro sitio distinto del anterior, en la que empuja un contenedor de basura pero, de las imágenes también se desprende claramente que el contenedor señalado no fue incendiado luego, ni usado como barricada por los manifestantes. Por otra parte, se le imputa una agresión a un agente de la policía pero cuando el policía describió al supuesto agresor, el color de la campera no coincidía con el color de la campera que llevaba Jaru ese día.

pesquisas ideológicas

La otra dimensión relevante es cómo se está llevando adelante la investigación. Hoy existen dos investigaciones judiciales abiertas. De la causa de CABA, se desprende que a partir de las imágenes se usaron fuentes abiertas (las redes sociales, por ejemplo, toda esa información “a cielo abierto'') para hacer ciberpatrullaje y dar con los manifestantes, junto con tareas de seguimiento, investigación, cruces por afinidades ideológicas y demás. Un despliegue fuera de lo común para una situación de protesta con piedrazos.. 

La causa que tramita en el fuero federal la jueza Maria Eugenia Capucetti está bajo secreto de sumario por lo tanto no se conocen mayores detalles. Sin embargo, las organizaciones que participaron de la manifestación -que son unas cuantas más que los MTR- lograron reconstruir que hubo por lo menos siete allanamientos a partir de pedidos de capturas a militantes que podrían haber salido desde Comodoro Py.

El 16 de marzo, un agente de la Policía Federal Argentina fue a buscar a H a una barriada de Guernica. El agente, que fingió ser un integrante de Cáritas para entablar diálogo con la familia, se presentó ofreciéndo facilitar los trámites para una beca. Días antes, lxs vecinxs habían visto drones sobrevolando el asentamiento y eso despertó la sospecha. Por las dudas, H que había participado de la movilización y veía cómo venía la mano, “se guardó” por consejo de sus compañeres. Otros episodios similares se produjeron en Quilmes, Lomas de Zamora y El Pato. Los agentes tenían la tarea de secuestrar elementos que sirvieran  para la fabricación casera de bombas molotov, gomeras o bombas de pintura además de secuestrar teléfonos y material identificado con alguna de las organizaciones que se manifestaron contra el FMI el 10 de marzo.Todo eso se reconstruye en base a testimonios y documentación presentada. 

De nuevo, ¿cómo hizo la justicia para dar con los manifestantes? ¿A partir de qué elementos se considera a un militante como sospechoso? A partir de trascendidos del Ministerio de Seguridad de la Nación, surge la idea de que se está utilizando un software de reconocimiento facial. Esto es un problema en sí mismo porque el uso de estos sistemas, además de ser bastante controversial en término de respeto de los derechos individuales, se está haciendo sin transparencia ni control. Según pudimos reconstruir las fotos se comparan con la base del Renaper y con redes sociales de fuente abierta, y solo a pedido del poder judicial, pero la información no es para nada clara en cuanto a su funcionamiento y alcance. 

el desborde 

“las organizaciones se están llenando de gente y nosotras no damos abasto”.

“nosotrxs no los podíamos parar, son pibes de veintipico de años con bronca, cagados de hambre que ven cómo el futuro se les va a la mierda y nadie hace nada”.

Las que hablan son militantes populares con décadas de trabajo barrial. Algunas empezaron a organizarse en 2001 después de perder el trabajo formal que tenían, otras son parte de las nuevas camadas de jóvenes activistas. Con matices, ambas frases refieren al mismo fenómeno. Las organizaciones populares son cada vez más desafiadas por los efectos del deterioro social y económico y una crisis cuyos alcances desconocemos. Aunque sí sabemos los efectos: precariedad de la vida extendida, carencias múltiples y la sensación de un Estado que parece no encontrarle la vuelta. 

Frente a lo que ocurrió el 10 de marzo afuera del Congreso hay distintas lecturas. Algunas  miradas más conspirativas imaginan un sector del gobierno que podría haber instigado un ataque a la vicepresidenta, otras llaman la atención sobre el rol de la Policía de la Ciudad: la falta de vallado o, la presencia de un contenedor lleno de piedras en las cercanías del Congreso. Incluso hay quienes se preguntan “quién los llevó”, “quién les pagó” a los militantes que ahora están detenidos. Este tipo de lecturas parece no tener del todo presente la dinámica de la movilización social de un tiempo a esta parte, el tipo de actores que se movilizan y los repertorios de protesta que, se puede estar de acuerdo o no, incluyen la acción directa. Además parece funcionar una lógica de progresismo selectivo que valora algunas movilizaciones de una manera y de otra. En diciembre de 2017 por ejemplo la protesta contra la reforma previsional macrista tenía épica porque el arco político era bien amplio, ahora cuando se trata de grupos que no son del palo ya no tanto.

Otra lectura posible, quizás la más objetiva y con los pies en la tierra, es la que transmiten desde las distintas militancias (desde quienes participaron de la marcha y quienes no pero tienen una gimnasia de movilización de larga data) y coinciden en una explicación que describe la realidad de muchos territorios y entienden esos piedrazos  al Congreso en un contexto de desborde. Lejos de un ataque planificado contra el despacho de la vicepresidenta, tanto quienes reivindican la acción directa como quienes no, leen el episodio frente al Congreso como una expresión del desborde, como algo que una vez que empieza se va de las manos y que tiene como protagonista a jóvenes de los barrios cada vez más enojados y algo frustrados por la falta de perspectiva y una vida llena de carencias materiales. Frente a las acusaciones, algunos referentes de organizaciones con los que hablamos se hacen una pregunta válida, ¿cuál sería la lógica de atacar a la persona que se opone al acuerdo? Y dicen que el momento de las piedras se extendió más allá del despacho de la vice del que, dicho sea de paso, la mayoría asegura desconocer la ubicación.

Hacia adelante quedan algunas dudas por resolver. Por ejemplo, el tenor de la causa judicial. Las dos causas que hoy existen se deberían unificar, una vez que eso ocurra, habrá que seguir si el foco de la investigación está puesto en los daños al Congreso en general o, por el contrario, el eje de la causa es el ataque al despacho de CFK que ahora también la tiene como querellante por ser la presidenta del Senado de la Nación. Esto no solo puede definir qué tan grave es la situación judicial de lxs manifestantes;  también abre un interrogante respecto de hasta dónde el Estado puede fijar los marcos de la protesta social a partir de herramientas del tipo penal complejas que, de hecho, no resuelven problemáticas que son sociales y que deberían ser abordadas desde la política con mayúsculas.