Cuando los trabajadores de Cargill se preguntaron por qué la principal exportadora de la Argentina, que factura 3.500 millones de dólares al año, aplicó un plan de retiros voluntarios selectivo y desencadenó un conflicto gremial, alguien debería haberles respondido con dos palabras: porque puede. Eso mismo les dijo la compañía, con sede en Canadá, a cada uno de sus operarios. “El derecho de un trabajador a parar es constitucional; no menos constitucional es el derecho de la Empresa a elegir a su personal”, escribió el presidente de la aceitera en cientos de cartas, donde dejó en claro que empresa se escribe con mayúscula. Estaban impresas en hojas membretadas y llegaron a la casa de cada “estimado colaborador”, como los rebautizó la multinacional. Fue una decisión estratégica, tomada en la escalada del conflicto y con la paritaria salarial a punto de cerrarse.

La paralización de Cargill empezó a cocinarse a principio de enero pasado, cuando ofrecieron indemnizaciones a dedo para 51 trabajadores en las tres plantas de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. El grupo seleccionado constituye el 9 por ciento de la plantilla de personal y pertenecen a distintos sectores: mantenimiento, carga y descarga de camiones, y limpieza. “Son las áreas donde se producen más accidentes laborales y enfermedades porque se trabaja con el propio cuerpo y no son tareas rutinarias. Por lo tanto, es más fácil romperse”, explica Marco Pozzi, delegado de Cargill en Rosario. Usa esa palabra “romperse” para hablar de lesiones producidas durante el trabajo.

Esos retiros a dedo en las secciones donde hay muchos “rotos” fueron denunciados por el sindicato como un plan de despidos encubiertos ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Lo hicieron sin poder entender por qué se producía esa jugada: no había conflicto, la empresa mostró un aumento de su ganancia del 24 por ciento en 2016 y llegó a 3.155 millones de dólares, y el diálogo con el gremio era fluído, más allá de las tensiones de rigor.

La negativa de la empresa a dialogar derivó en un conflicto, que comenzó a crecer con paros sorpresivos y a los que la empresa respondió con varios lockaut, que recuerdan a los cierres temporarios sin pago de salarios que hacía La Forestal en los años 20 y 40. Ante cada reclamo obrero, la compañía inglesa que explotaba los quebrachales cerraba sus plantas. “Hambre en Santa Fe”, titulaban los diarios de la época cada vez que a las autoridades de The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited se le ocurría ajustar las clavijas de los hacheros.

soberanía empresaria

Cargill SA (de Argentina) es una empresa gigante, controlada por Cargill Limited Canadá, que tiene el 94 por ciento de sus acciones. En total, el gupo emplea a 155 mil personas en 67 países. Y aunque esos números son enormes, lo que tiene en Rosario no es poco: una planta aceitera de molienda y dos puertos, uno pegado al otro.  Es el complejo exportador de granos más grande de Latinoamérica aunque tenga unos puertos poco profundos y los barcos deban salir a medio cargar para terminar de llenarse en Bahía Blanca, donde hay una dársena que soporta un mayor calado.

El último balance presentado mostró las expectativas de Cargill en el nuevo gobierno. Después de explicar que el ejercicio 2015/2016 había transitado “dos estapas bien diferenciadas” y que la primera había estado signada por “desequilibrios macroeconómicos”, dio la bienvenida a Cambiemos: “Efectivizada la toma de posición del nuevo gobierno, se comenzó a materializar un cambio de régimen económico con la eliminación de las restricciones significativas que estaban vigentes en el mercado cambiario, la eliminación de las restricciones a las exportaciones agro-industriales, la eliminación y/o reducción de derechos sobre productos agroindustriales, la reducción de subsidios sobre las tarifas de servicios públicos, el inicio de un principio de solución con los tenedores de bonos argentinos y de un reordenamiento general de economía”.

Pese a las quejas sobre la administración kirchnerista, el peso de los salarios y contribuciones de los trabajadores del área de producción, excluyendo personal jerárquico, representaban sólo el 2,3 por ciendo del total de ventas para febrero de 2016. Esa relación continuó ampliándose en beneficio de Cargill, que para 2017 logró que los salarios apenas llegaran al 1,9 por ciento de sus ventas. Es decir, que de cada 100 pesos que vende destina 1,9 pesos a pagar salarios. Por lo tanto, los salarios no constituyen la carga más relevante para la empresa.

Otro dato interesante, que surge de los balances desde 1999 y está detallado en el último estado contable presentado en febrero de 2016, es que “la AFIP ha cuestionado la liquidación del Impuesto a las Ganancias hecho por la Sociedad (Cargill) en varios períodos fiscales”. Lo que está en juego son varios miles de millones de dólares relacionados a los famosos precios de transferencia: las ventas intrafirma que realiza continuamente Cargill argentina a Cargill canadá, por ejemplo.

El reclamo fue creciendo y hace siete años, el organismo presentó una demanda penal por diferencias en las liquidaciones por 56.150.000 pesos. Pero el 23 de mayo de 2011, el Juzgado en lo Penal Económico sobreseyó a Cargill. El fallo fue confirmado por la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico número 4. Luego la Cámara de Casación en lo Penal Económico y la Corte Suprema de Justicia rechazaron todos los recursos que presentó la AFIP entre 2011 y 2013.

Pero los sabuesos no se quedaron conformes y, tras la clausura del reclamo penal, iniciaron un sumario para aplicarle las multas previstas en la Ley 11.683 (de Procedimiento Tributario). El 4 de junio de 2014 el organismo le aplicó cuatro multas por omisión del pago de impuestos vinculados al Impuesto a las Ganancias en 2000, 2001, 2002 y 2003. Le reclamaba el 70 por ciento de esos gravámenes y exigía el pago de 39.314.071 pesos (unos 4,9 millones de dólares de la época). Cargill apeló y el tema está pendiente de resolución en el Tribunal Fiscal de la Nación.

También la AFIP impugnó en 2016 compras de granos que Cargill hizo en el mercado interno. Evaluó que esos proveedores no tenían la solvencia económica o capacidad productiva para alimentar a la principal exportadora del país. En base a esa interpretación, realizó ajustes en tres impuestos: a las Ganancias, a través de la deducción del costo de la compra; a las salidas no documentadas y exigió el ingreso del 35 por ciento del pago y el impuesto al valor agregado porque desconoció la existencia del crédito fiscal emergente de la compra. En total reclamó 386.239.947 pesos (unos 25 millones de dólares de la época) por operaciones realizadas entre 2005 y 2016. Por supuesto, Cargill rechazó el reclamo y se cubrió las espaldas:  dijo que no tiene “facultades y poderes para fiscalizar” a sus proveedores.

mostrar las cartas

Junto con la presentación ante Trabajo, los delegados iniciaron conversaciones con la empresa. “Lo extraño es que se trata de gente que no tenía problemas en su legajo, no eran faltadoras. Nosotros ofrecimos acompañar un proceso para acomodar lo que fuera necesario pero a fin de enero llegaron los telegramas de despido para 44 que no tomaron la oferta para irse de la planta. A esos no los dejaron entrar”, dice Pozzi.

Eso complicó la operación de las plantas. Hay casos donde despidieron a todos los mecánicos de un turno y eso generó una situación de inestabilidad en la operación. Entonces entró en juego el Ministerio de Trabajo de la Nación y dictó la conciliación obligatoria pero con los despedidos dentro de la empresa. Cuando venció el plazo, Cargill no los dejó entrar más. El gremio inició una serie de paros sorpesivos y la empresa decidió cerrar las plantas en abril para "priorizar la seguridad del personal". 

Según informó en un comunicado de prensa de principio de abril,  existen "condiciones inseguras de trabajo que se vienen dando desde el 16 de marzo en las plantas de molienda de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca". Sobre esa base, dio licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores de las plantas de Punta Alvear, Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca. Y en ese tira y afloje, más trabajadores aceptaron el retiro voluntario al que los empujaron: el número de despedidos fue bajando hasta llegar a 35 operarios.

Antes de que terminara el mes, el 23 de abril, la empresa envió una carta a cada uno de sus trabajadores. Fue una muestra de hasta dónde está dispuesta a avanzar en la escalada del conflicto. Son dos carillas, impresas en hojas membretadas y que llevan la firma del presidente de Cargill, Hugo Krajnc. Comienzan con un “Estimado colaborador”, detallan la posición de la empresa y explican que así como existe el derecho constitucional a la huelga, existe el derecho a despedir trabajadores: una versión refinada del “comer y descomer” que popularizó el secretario de Empleo de la Nación y ex CEO de Techint, Miguel Angel Ponte.

“He manifestado, y lo vuelvo a expresar, que el personal que fue separado no va a reingresar. No estamos eliminando puestos de trabajo: no estamos tercerizando posiciones; sólo queremos reemplazar, en las mismas condiciones de contratación, a ciertos empleados por otros con las aptitudes y desempeños adecuados”, escribió Krajnc y recomendó a sus “colaboradores” que “con serenidad y en la intimidad de su familia” reflexionen sobre la situación.

Y sobre el final dejó dos líneas que le deben haber helado la sangre a varios: “Imagino que coincidirá conmigo que la repetición de lo ocurrido sólo conducirá a una situación que, lamentablemente, será peor para todos nosotros”. 

Lo mismo piensa, aunque desde el otro lado del mostrador, el secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleagionoso, Daniel Yofra, quien acaba de concretar un acuerdo paritario favorable a sus representados. Durante las intensas negociaciones, Cargill quiso atar la suba de salarios a la firma de un acta donde el sindicato se comprometía a renunciar a cualquier medida de fuerza en el sector. Pero, a pesar de ser la más grandota de la clase, la firma quedó aislada y tuvo que deponer la actitud beligerante. Antes de sellar las paritarias, Yofra advirtió a las autoridades y los dueños: si la empresa canadiense insiste en su obsecación por despedir, habrá huelga nacional en el Complejo. La semana que viene puede haber un desenlace.