El 9 de noviembre de 2015, el agente de la Policía Metropolitana, Ricardo Ayala, le disparó tres tiros a Lucas Cabello, un pibe de 20 años de La Boca, papá de una nena de dos. Los balazos —uno en la pera, otro en una pierna, y otro en la ingle— lo dejaron cuadripléjico. Luego de gatillar, Ayala hizo sonar el botón antipánico por violencia de género del hogar de tránsito del Instituto de Vivienda de la Ciudad donde Lucas vivía con su familia, en Martín Rodríguez al 500, buscando una coartada. Esa misma versión de los hechos —que el agente actuó en defensa de una mujer— fue la que hizo pública la por entonces vicejefa de Gobierno y gobernadora electa por la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El exministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, llegó a decir que Lucas estaba armado. Cuatro años después, el juicio que condenó a Ayala a 16 años de cárcel por “intento de homicidio agravado” desnudó las falacias de los funcionarios y expuso la verdad de los hechos: bastó un cruce de puteadas para que a Lucas le cagaran la vida. Pero ninguno de ellos reconoció nunca la mentira. Ya no importaba: cuando hablaron ante los micrófonos, las pantallas de todos los noticieros se hacían eco del caso, y faltaban apenas trece días para que Mauricio Macri, el responsable de la fuerza a la que Ayala pertenecía, se impusiera en segunda vuelta sobre Daniel Scioli.
El caso de Lucas no había sido una novedad. En su escasa vigencia como fuerza, la Metropolitana se cobró la vida de, al menos, 25 personas en casos de gatillo fácil, de acuerdo a un entrecruzamiento de los archivos de la Coordinadora Contra la Represión Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizado por El Grito del Sur y el Mapa de la Policía. Casi la totalidad de los crímenes ya se habían producido, uno tras otro, antes de que Lucas recibiera los disparos que lo dejaron en silla de ruedas y antes de que los funcionarios se vieran obligados, a raíz de la difusión de su caso, a dar explicaciones sobre la violencia institucional ejercida por la flamante fuerza, la única nacida en democracia junto a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y que había sido presentada como “un modelo” por el propio Macri.
De los 25 casos de gatillo fácil relevados, diez se produjeron entre 2008 y 2012, los años iniciales de la fuerza, cuando ni siquiera llegaba a contar con dos mil efectivos en las calles y solo operaba, al menos formalmente, en algunas pocas comunas, según información oficial del propio Gobierno porteño de aquella época.
Desde entonces, la Metropolitana fue creciendo y llegó a un total de 6.700 agentes a fines de 2016 (según el Ejecutivo de la Ciudad), justo antes de la fusión con la Federal para el nacimiento de la Policía de la Ciudad, que vería la luz el primero de enero de 2017. En ese período, que va de 2013 hasta la disolución, se concretaron los otros 15 casos de gatillo fácil relevados.
Esos niveles de letalidad se complementan con la circunstancia de que gran cantidad de oficiales y exagentes de la Federal fueron reclutados, en su momento, para integrar la Metropolitana, muy lejos de la idea de crear “una fuerza desde cero” que Macri promocionaba. De acuerdo al registro estadístico del CELS, la entrada en vigencia de la policía del PRO coincide temporalmente con un crecimiento de las muertes de particulares en manos de la fuerzas de seguridad en el AMBA en comparación con años anteriores, en que la letalidad se estaba reduciendo. Desde entonces nunca dejó de crecer.
una fuerza de choque
El debut de la fuerza, para colmo, resultó trágico: su primera intervención importante en el espacio público fue el desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2008, y terminó con tres muertos: Rossemary Chura Puña, de 28 años, Bernardo Salgueiro, de 22, y Emilio Canaviri Álvarez, de 39, fueron asesinados como resultado del operativo conjunto de la Metropolitana y la Federal ordenado por la jueza Cristina Nazar.
La investigación judicial comprobó que los efectivos de la Policía Federal Argentina y de la Policía Metropolitana actuaron de manera coordinada. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional reconoció que las muertes sólo podían explicarse por las balas de ambas fuerzas, pero dictó el sobreseimiento y falta de mérito a los 41 policías entonces procesados (30 de la Metropolitana, 11 de la Federal) con el argumento de que no fue posible identificar responsabilidades individuales.
Años después, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) detectó que cuatro de los metropolitanos que intervinieron en el desalojo del Indoamericano y que seguían brindando servicios, participaron del operativo que en 2013 reprimió con balas de plomo a manifestantes que ocupaban la Sala Alberdi, en pleno centro porteño. Otras represiones de similar brutalidad, como la que tuvo lugar dentro del Hospital Borda el 26 de abril de 2013 o durante el desalojo de otra toma en reclamo por vivienda digna en el barrio Papa Francisco, ocurrida el 23 de agosto de 2014, dan cuenta de que fue “una fuerza de choque, creada con el objetivo político de reprimir”, según explicó a este medio María del Carmen Verdú, referente de la Correpi.
En su reciente libro Para Qué, Mauricio Macri reconoce que pasó horas de “desesperación” cuando durante los primeros días de la toma del Parque Indoamericano, el Ejecutivo nacional ordenó retirar a la Federal. Se salía de la vaina para reprimir: dice que la decisión de la jueza Nazar de desalojar el predio “fue la correcta” y admite que la Metropolitana “carecía de la dimensión y entrenamiento necesarios” para el operativo. El expresidente dice incluso que el PRO cobró esos días, al calor del conflicto, su “mayoría de edad”.
Esa maduración se vio más tarde con el nacimiento de la Policía de la Ciudad, una de sus primeras decisiones como presidente en funciones. De acuerdo a un primer informe para el Mapa de la Policía sobre casos de gatillo fácil de esa fuerza, entre inicios de 2017 y mediados de 2022, sus agentes asesinaron al menos a 38 personas solo dentro de los márgenes de la Ciudad. Según Correpi, contando el conurbano y el resto del país, el total es de 126 personas en seis años, un número sin precedentes.
“En proporción a la cantidad de efectivos y a la población sobre la que operan, la policía creada por Macri y administrada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es la más letal del país, incluso por sobre la ‘maldita bonaerense’ del nefasto Sergio Berni”, advirtió Verdú.
los casos
El 60 por ciento de los casos relevados para este informe se produjeron en el conurbano bonaerense, cerca del domicilio de los agentes, y cuando éstos estaban fuera de servicio, pero portando su arma reglamentaria. Las muertes a manos de la Metropolitana se repartieron de manera uniforme en Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, La Matanza, Merlo y Malvinas Argentinas.
Algunos de ellos fueron emblemáticos y llegaron a los tribunales. El más rutilante fue el del metropolitano David Alejandro Barrios, quien en agosto de 2011 mató a dos pibes armados que habían subido a robar a un colectivo de la Línea 79, en Avellaneda. La versión de Barrios y de los funcionarios porteños fue que actuó en defensa propia. Aunque se comprobó que los únicos disparos de ese día salieron del arma del agente y no de las otras dos armas secuestradas ya que una no tenía municiones y la otra tenía un solo proyectil, que nunca llegó a dispararse. Barrios remató en el piso a Rodrigo Romero, de 16 años, que ya estaba reducido. Pese a todo, fue absuelto y, más tarde, promovido dentro de la estructura de la Policía de la Ciudad, con honores. La resolución, firmada en 2017 por Diego Santilli, decía: “Ascenso Extraordinario por Acto Destacado de Servicio del Oficial Mayor David Alejandro Barrios al grado de Inspector”.
Dentro del territorio de la Ciudad, las víctimas fatales de la Metropolitana fueron Bruno Germán Pappa (25 años), Lucas Soria (17), Roberto Claudio Autero (16), Nehuén Rodríguez (18), Ezequiel Foppiano (24) y Matías Alejandro Guerra (23).
A pocas cuadras de donde Lucas Cabello recibió los balazos que lo dejaron cuadripléjico residía Nehuén Rodríguez. Allí vive hoy su mamá, Roxana Cainzos, quien decidió abrir las puertas para un comedor popular, que es también la sede de las Madres en Lucha de La Boca. Roxana logró que el asesino de su hijo, Daniel Germán Castagnasso, sea condenado a tres años de prisión, aunque en suspenso. “La impunidad es un mensaje para las familias”, dijo en esta nota para El Grito del Sur. “Cuando llegamos a un juicio casi siempre sabemos qué es lo que va a pasar, pero queremos ver al policía responsable sentado en el banquillo de los acusados. A veces es la única forma de que los padres puedan verle la cara a la persona que mató a su hijo”.
