lo (in)cierto de ser | Revista Crisis
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lo (in)cierto de ser
Miles de argentinxs saben que no son hijxs biológicxs de quienes lxs criaron y que fueron apropiadxs al nacer. Mientras la clandestinidad les impide recuperar sus linajes, lograr que estas búsquedas tengan la misma importancia que las protagonizadas por el movimiento de derechos humanos tradicional es una verdadera odisea. En el medio, pululan los laboratorios internacionales de ADN ancestral que prometen una solución instantánea para la ardua tarea de averiguar quién es unx mismx.
Ilustraciones: Ezequiel García
30 de Mayo de 2022
crisis #52

 

Una partera que firma el acta de nacimiento de un parto ficticio. Un médico de algún prestigio que certifica una cesárea inexistente. Dos testigos que consignan falsedades en el Registro Civil. Fotos de madres de crianza con panzas artificiales, lucen ropa amplia y acarician un manojo estéril de tela y goma espuma. Lo que rodea la escena –y que puede durar, incluso, una vida– es el pacto de silencio.

Hasta que algo pasa. Una pelea, un chisme, una enfermedad hereditaria, una inconsistencia en el relato y la sospecha se instala, persiste hasta que obtiene una respuesta. ¿Cómo se reconstruye un nacimiento –el propio– cuando lo que se tuvo por cierto se desvanece? ¿Qué se pierde entonces? ¿Alcanza con recopilar papeles y pistas? ¿Basta con descifrar el ADN y traducir cromosomas en probabilidades? ¿Es suficiente con buscar(se) en las redes sociales?

 

sin puertas que golpear

Las Abuelas de Plaza de Mayo crearon el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) hace 35 años, porque necesitaban identificar a sus nietas y nietos, desaparecidos vivos, para lograr la restitución. Allí dejaron su muestra las familias que los buscaban y, con el tiempo, se instó a dejarlas, también, a quienes dudaban de su identidad y habían nacido durante la dictadura. Se trata entonces de un archivo de muestras biológicas que se entrecruzan y, complementadas con los expedientes que investiga la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) o el Poder Judicial determinan una identidad. Pero con la ley 23.511, su primer marco legal, el BNDG no solo funcionó para estos casos, también se utilizó para esclarecer investigaciones donde la identidad estaba en juego por fuera del período dictatorial. Así comenzó a evidenciarse que existían otras apropiaciones, las del tráfico de niños. Sin embargo, en 2009 se sancionó la ley 26.548 que le dio al BNDG un límite de actuación para casos ocurridos hasta el 10 de diciembre de 1983.

Mientras tanto, las organizaciones “Encontrarnos” y “¿Quiénes somos?” afirman que más de tres millones de personas buscan su identidad de origen en la Argentina en causas no relacionadas con el terrorismo de Estado. Con el tiempo, las organizaciones reclamaron que la Conadi también investigue esas otras búsquedas ya que quien duda de su identidad no puede ir directo al BNDG: debe autorizarlo la Conadi o un juez.

En 2017 se creó, dentro de la secretaría de Derechos Humanos, la Red de Trabajo sobre Identidad Biológica (Retib), la primera dependencia en el ámbito nacional que atendió las búsquedas por fuera del período dictatorial: registró 3000 casos. No los investigó.

El 8 de marzo de 2021 se aprobó el traspaso de la Retib a la Conadi y se la transformó en el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. No tuvo funcionamiento hasta abril de 2022, cuando se nombró como coordinadora nacional a María Gracia Iglesias. Consultada por crisis, Iglesias contó que 14.000 personas, nacidas en el período 1976-1980, dieron negativo en el BNDG, es decir, que ese ADN no coincidió con las muestras de las familias del archivo. El volumen creciente de apropiados por fuera de la dictadura militar hizo evidente que existen otras causas que son transversales a la etapa del terrorismo de Estado y que continúan hasta la actualidad. “El tráfico (de niños) se manifestó con las personas que dieron negativo. Ahora (al ser el Programa parte de Conadi) articulamos directamente con el Banco genético. Pasamos de un registro (Retib) a tener la posibilidad de investigar (los casos) con resolución (formal) y con los métodos de investigación de Conadi”, afirmó Iglesias. Entre las metas a corto plazo del Programa está articular la base de datos para cruzar la información de los tres mil casos registrados por Retib.

Según Iglesias, en 2018 las organizaciones, personas en busca de su propia identidad y algunos funcionarios de Conadi lograron cierta apertura del BNDG, siempre en negociación con los límites de la ley que lo rige. Se permitió que las madres que buscan hijas e hijos nacidos entre el 1° de julio 1974 y el 31 de diciembre de 1983 (período al que pertenece el material genético) dejen allí su muestra para ser comparada con las 14.000 que dieron negativo. Por eso, otra meta del Programa es hacer una campaña para que esas mujeres dejen su ADN.

Lo cierto es que hasta ahora, buscadoras y buscadores se han puesto al hombro sus propias investigaciones. La mayoría emprendió el armado de un rompecabezas que parece infinito.

 

la foto incierta

Gabriela Centomani dice que ella era candidata a no saberlo nunca. Tiene una foto a color, ajada y amarilla, donde la partera Delia Fernández de Bacigaluppi –hace tiempo fallecida– la sostiene en brazos y ella es una beba, supuestamente, recién nacida. En el extremo derecho, acostada, de buen semblante y con un peinado incólume sonríe quien pensó, hasta hace diez años, que era su madre biológica. En el medio hay una nena de unos nueve años de cara lozana que sonríe: la hija de la partera. “La encontré a la hija, es monja en las Carmelitas Descalzas en Viedma. Reconoció que la madre entregaba bebés”, dice. El nacimiento de Gabriela fue inscripto el 2 de agosto de 1963 en casa de la partera. La investigación la llevó a conectar su caso con un médico de Paraná. “En general, son redes de varias parteras con uno o varios médicos que figuran como ginecólogos, jefes de hospitales o maternidades privadas”.

Los propios buscadores, a lo largo de los años, fueron hilando las fibras de sus historias a otras, con los pocos recursos que tuvieron a su disposición. Compararon los nombres de las parteras, médicos, clínicas y hospitales; las firmas de los certificados y las actas y los relatos escuetos de sus familias de crianza.

Las coincidencias permiten decir que existen redes complejas de trata de bebés en la Argentina. Así, por ejemplo, en 2021 se formó un grupo de Facebook que derivó en la organización “Unidos Víctimas red de parteras” que suma a 140 personas con identidades sustituidas por 14 parteras en la zona metropolitana de Buenos Aires.

El sistema de tráfico de niños preexiste y trasciende a la última dictadura. La Argentina no tuvo ley de adopción hasta 1948 y esta convivió con la naturalización que existía de las inscripciones falsas en los registros y el rol preponderante en la entrega de niños que cumplían la Iglesia Católica y las sociedades de beneficencia.

La estructura previa estuvo al servicio del genocidio ya que facilitó las apropiaciones de bebés de las mujeres detenidas desaparecidas que cursaron un embarazo. Por ejemplo, el Movimiento Familiar Cristiano, que estuvo autorizado por el Estado a intermediar en adopciones desde fines de los años 60, legalizó las apropiaciones de tres niñas nacidas en centros clandestinos de detención.

 

#viernesdebúsqueda

María Virginia Godoy supo, desde los 4 años, que no era la hija biológica de sus padres; se lo contó su madre, la cantante de tango ya fallecida, Virginia Luque. Fue inscripta como nacida el 1 de octubre de 1980 en Las Termas del Río Hondo, Santiago del Estero y como hija biológica de quienes la criaron. Mientras ellos estuvieron con vida no se animó a contarlo a viva voz. Es que María Virginia es, también, Señorita Bimbo, actriz y conductora de radio en Futurock.

En 2006 fue a la Conadi y le dijeron que no se buscaban nenas nacidas en el año ´80. Recién en 2015 recibió un llamado del Banco genético y acordó comparar su muestra de ADN con las que se resguardan allí. Negativo. El 19 de marzo de 2021, dos meses después de la muerte de su padre de crianza, contó su historia en un vivo de Instagram que lleva 161.897 vistas y dio inicio a una serie de charlas con el hashtag #ViernesDeBúsqueda. Durante varios meses Señorita Bimbo intercambió comentarios y compartió información con otros buscadores. Así, supo que el médico que figura en su partida fue una persona de mucho poder adquisitivo, dueño de importantes negocios en Las Termas. “La palabra apropiado tiene otro valor cuando la entendés, trasciende lo personal. Hay gente que está en la misma, organizaciones como Encontrarnos que te van explicando. Yo no estoy buscando, es buscar una aguja en un pajar”, dice Bimbo a crisis. “No esperaba nada en las redes. Pude encontrar personas a las que les pasaba lo mismo, hablar con ellos, entender más sobre las búsquedas, las herramientas que hay, la lucha de les buscadores. En ese sentido (decirlo en las redes) fue beneficioso”.

 

activista de la primera hora

Luis Verdina no se apura en contar su historia. Quizás la repitió tantas veces que ya dejó de ser un primer plano. Busca su identidad de origen desde 1998 y participó de la redacción de siete proyectos de ley. Todos quedaron cajoneados y perdieron estado parlamentario. Luis dice que dejó de ser solo un buscador hace años y se convirtió en activista. La meta es que se visibilice el tráfico y que el Estado asuma sus responsabilidades. Fue director de Derechos Humanos del Municipio de Baradero en 2018 e histórico miembro de ¿Quiénes Somos?, organización que presidió hasta que asumió ese cargo. “Estuve en la sanción de la Ley de Identidad de Origen en la provincia de Buenos Aires a fines de abril (de 2022). Era una deuda de la dirigencia política hacia nosotros, al sancionar esta ley el Estado reconoce que falló. Es importante por los compañeros que ya no están”, cuenta a crisis.

La ley reconoce el derecho a conocer la identidad de origen, la gratuidad de los trámites administrativos, dispone capacitación a funcionarios y crea un área de investigación, entre otras cuestiones. Si bien no crea un banco genético para guardar las muestras de los buscadores, da la posibilidad de que, llegado el caso, en el marco de una investigación, pueda compararse gratis un ADN con otro.

En el país, junto a Buenos Aires, pueden contarse 6 provincias más que aprobaron leyes de búsqueda de origen biológico: Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. También hay ordenanzas que contemplan esta búsqueda en 7 municipios, 6 de Buenos Aires y uno de Córdoba.

La historia de Luis circula en las redes, en blogs, en notas periodísticas. Según pudo reconstruir, la partera Amelia Castro de Abalo, de Villa Devoto, lo entregó a sus apropiadores que lo registraron como hijo propio el 25 de noviembre de 1956. Luis dice que la mayoría de los que sabían algo ya están muertos. “Nadie que no sepa lo que es levantarse a la mañana, mirarse al espejo y preguntarse de dónde vengo sin tener la respuesta puede entender lo que esto significa”.

 

el kit

Si bien algunas causas de apropiaciones por fuera del período de dictadura han podido valerse del BNDG, la ley vigente no permite que sea utilizado para todas las búsquedas ni se creó ningún organismo similar destinado a estas. Tampoco hay una ley nacional que colabore en las investigaciones que involucran varias jurisdicciones.

En estos años, buscadoras y buscadores han invertido tiempo, energía y dinero en sus propios casos sin que el Estado asuma ninguna responsabilidad. Para algunos, las líneas de investigación empezaron a cerrarse. Las gestiones quedaron estancadas, el tiempo le dio la impunidad biológica a los posibles imputados o testigos. Ahí, cuando ya casi no quedaba ninguna carta por jugar, entonces, aparecieron los laboratorios de genómica y el estudio de la genealogía ancestral.

Family Tree DNA es el que lleva más tiempo operando en el territorio nacional. La ONG Nuestra Primera Página (NPP) se formó para facilitar la llegada de los kits (se venden a 7.492 pesos) y el envío al exterior ya que el costo supera los 200 dólares. También coordina los envíos de My Heritage, otra empresa que absorbe el gasto de correo. Ambos tienen sede en Houston, Estados Unidos.

Ramiro Colabianchi, médico genetista y de NPP, explicó a crisis que los envíos se centralizan en Rosario, Santa Fe. También que son un nexo con las empresas sin tener acuerdos comerciales con estas.

Camila Maroli, representante de Genera Lab contó a crisis que el laboratorio ya trabaja en el país y se encuentra en diálogo con algunas organizaciones como NPP. El precio actual del kit es de 10.000 pesos. Existen otros como 23andMe o Ancestry que no comercializan en el país.

Un kit de ADN viene con un manual, tres hisopos (uno de repuesto), una caja y un sobre. La persona tiene que frotar un hisopo distinto en el lado interno de cada mejilla y guardar la muestra en la caja. Entre 45 y 60 días después de enviar el paquete, se recibe un correo electrónico con el número de usuario y una contraseña. Dependiendo del plan que haya contratado, la persona podrá acceder a diferentes bases de datos y ver las coincidencias y porcentajes de ADN ancestral en las poblaciones.

La búsqueda de los ancestros puede conectar a los usuarios con parientes hasta la sexta u octava generación. Esta técnica no solo es utilizada para buscar el linaje, también existen pruebas específicas para conocer la tolerancia farmacológica a determinados medicamentos o la línea de bienestar que, sin ser de diagnóstico, informa sobre las probabilidades de enfermedades como el lupus, cáncer, diabetes, alzheimer, entre otras.

No basta con compartir una determinada cantidad de cromosomas, tiene que haber un punto de contacto probable entre uno de los ancestros del match cargado en el árbol genealógico y el buscador. Puede ser un ancestro del match que haya migrado a América Latina y que tenga descendientes en la zona geográfica cercana de quien busca. Solo quienes aceptan que sus perfiles genéticos formen parte de la base de datos del laboratorio y autorizan el matcheo continuo pueden ver y comparar los perfiles de otros. El titular de un perfil, por un precio, puede descargarlo y subirlo en la base de datos de otro laboratorio. Por ejemplo, se puede descargar el perfil de Family Tree y subirlo a My Heritage. De esa forma, la información rota con ambas bases de datos.

Consultada por crisis, María Belén Rodríguez Cardozo, bioquímica y exdirectora del BNDG, explicó que la importancia de los estudios ancestrales radica en que hacen genética para saber cómo varía y se construye la población de los continentes. “Cada persona aporta su perfil y de esa manera se construye la historia genética de la inmigración de un pueblo”. Así, también, pueden determinarse otras características propias de la etnia. Lo que puede aprovecharse por los laboratorios para realizar pruebas del impacto de una droga o tratamiento nuevo en determinada población. La eficacia será mayor cuanto más grande sea la cantidad de ADN de un pueblo dentro de la base de datos del laboratorio. “No estoy de acuerdo en que salgan los perfiles genéticos a otros países porque es la información total de un individuo pero no puedo criticar esa decisión porque (los buscadores) tienen que encontrar respuesta en algún lado, el Estado no se las está dando”, dijo Rodríguez Cardozo.

“Cuando no sabés nada de vos cualquier información te moviliza mucho” dice Gabriela Centomani, a quien el Family Tree DNA le dio una fuerte ascendencia judía. “Son al menos 4 horas todos los días que tenés que dedicarle, como un trabajo, al armado de árboles (genealógicos)”.

 

la cartografía ancestral, desdibujada

Si las partes de un cuerpo humano pudieran dibujarse como un mapa, en sus ojos quizás habitaría ese 2% de la Península Balcánica. Pero sus manos y la rigurosidad de su mandíbula deberían ser de ese 46% ibérico quizás español o portugués. ¿Dónde podría reconocer el 16% que dice “Europa Central” y que incluye Alemania, Luxemburgo o Países Bajos? Aunque lo más seguro, aún cuando el porcentaje mayor esté en Europa, es que sus antepasados más cercanos hayan habitado aquel 1% que une Portugal con Brasil. Más cerca de Argentina.

Viviana Pozzuto tuvo que pedir ayuda para descifrar los informes de ADN ancestral de Family Tree DNA. Es que desde hace años sabe que no es hija biológica de quienes la criaron. Nació en 1976 y aunque su familia de crianza tuvo nexos con la dictadura, su ADN no coincide con las muestras que resguarda el BNDG. Al principio no estuvo de acuerdo con extraer su ADN y mandarlo al exterior. “Es otra jurisdicción, se trata de información sensible que se somete a otras leyes. No hay una persona en Argentina de estos bancos para consultar”. Pero en 2019, decidió comprar el kit. “Hay que tener en cuenta que son bancos que llegaron a Latinoamérica hace poco, tienen el 1% del ADN ancestral de aquí porque hay pocas muestras aún, por eso siempre la mayor coincidencia la vamos a encontrar en Europa que es donde más se recolectó ADN”, explica. Algo tan simple como responder una pregunta en un chequeo médico, para quienes no saben su historia biológica, se vuelve complejo. “¿Es propensa a tener colesterol?, me preguntan, y… genéticamente, no sé. Tampoco sé qué decirle a mi hijo”.

¿De qué sustancia está hecha la identidad? ¿Es un recuento cronológico de eventos? ¿Es un formulario donde ningún casillero queda en blanco? ¿Es la certeza absoluta acerca de un vientre, de un día y un horario? ¿Una mirada aguerrida ante el espejo –la propia– que responde a todas las preguntas? Los apropiados, en Argentina, se buscan a sí mismos. Sus historias llegan desde todas las épocas y aunque la palabra apropiación, durante mucho tiempo, solo hizo referencia a las niñeces robadas en los centros clandestinos, desde hace largo rato se extiende a los otros. Esos que reclaman un lugar genuino en la agenda política. Un lugar con estrategia real y presupuesto suficiente. Un espacio que los nombre y los rescate del olvido.

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