Mientras escribimos estas líneas la crisis se acelera y amenaza con llevarse puesto al gobierno del Frente de Todos. Por lo tanto, es casi seguro que cualquier análisis en materia económica quede obsoleto antes de que la revista salga de imprenta. Lo que no tiene por ahora fecha de vencimiento es el dilema de fondo: la patética impotencia del poder político. Su cada vez más indisimulable dificultad para cumplir la promesa contraída con el soberano.
Es posible que no estemos apenas ante el fracaso de un gobierno -van dos en línea, y de distinto signo- sino de la puesta en cuestión del sistema político mismo. Cualquiera diría que nos enfrentamos a un revival de aquella bancarrota de principio de siglo que estampó en nuestra memoria el eslogan “que se vayan todos”. O tal vez se parezca más al hundimiento vivenciado a finales de los años ochenta, que pasó a la historia por su vehemencia hiperinflacionaria. Sin embargo, la emergencia que vivimos posee ciertas singularidades que la tornan particularmente enigmática. Tal vez siniestra.
Por primera vez la bomba económica puede estallar en las manos del peronismo en el gobierno. Lo que está en juego es el aura infalible del último partido popular de la Argentina moderna para garantizar la gobernabilidad, con independencia de la coyuntura a la que se enfrente; su pragmática flexibilidad para adaptarse a los vientos que corren, sean neoliberales o populistas. Que el descalabro los encuentre unidos, para colmo, impide que alguna parcialidad se erija como custodio de la tradición inmaculada.
Ahora bien, no necesariamente el crac económico motive una disrupción institucional, aunque esa sea una posibilidad inminente. Una especie de creencia ancestral que circula entre los perplejos protagonistas del juego de tronos, asegura que los gobiernos no son derrocados por la oposición, ni por el poder económico, ni por la justicia, ni por el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera por la conjunción de todos esos factores. Solo el hartazgo de la población cuando se convierte en protesta callejera y deviene estallido social contiene la fuerza necesaria para provocar un desenlace destituyente. Y aunque el acontecimiento de la sublevación no se pueda prever, ya que siempre irrumpe de manera sorpresiva, los instrumentos con que contamos para auscultar el hartazgo no registran que se esté gestando un sismo.
Esa relativa y tensa calma se justifica por la abundancia de pesos que todavía lubrican las ruedas del consumo masivo, aunque cada día más desvalorizados. Para evitar el colapso, asume el gobierno, hay que aspirar ese circulante. Un ajuste a cielo abierto y sin anestesia. La puja distributiva se resolverá, entonces, a favor del poder económico. La otra opción consiste en conseguir los dólares que sustenten la base monetaria, sin recaer en una megadevaluación.
La derrota del gobierno de Alberto Fernández se selló en esta batalla por las divisas. Su capitulación se explica por razones estructurales y tiene que ver con la configuración del esqueleto productivo nacional. La escasez de reservas en el Banco Central es la consecuencia de la imposibilidad estatal por controlar los principales resortes del comercio exterior, que están en manos de grandes firmas trasnacionales -conocidos en la literatura especializada como “los traficantes de granos”. El informe publicado en el número anterior de nuestra revista, titulado “La madre de todas las rentas”, demuestra claramente cuáles son las venas abiertas por donde se esfuma la soberanía. La evidencia de un fraude multimillonario perfectamente consentido por las autoridades llegó a todos los despachos importantes del gobierno nacional, pero la incapacidad de tomar decisiones estratégicas es más fuerte. Es posible que pronto veamos a nuestros representantes arrodillarse a sus pies.
Otro condimento que agrega dramatismo a la situación es el incremento de una violencia dañina en los territorios, que impide que el descontento se traduzca en organización popular. Hay que ubicar allí una de las causas motrices de la descomposición del movimiento justicialista: mientras en el palacio se pelean por ver quién controla los fondos de la asistencia social, si el Estado o las organizaciones, en las barriadas de los conurbanos se arraigan las redes narcos que ejercen un efectivo control territorial.
Desconectada de sus dos principales resortes de sustentación, soberanía económica y legitimidad popular, “la política” flota impotente en una nube de egos, a merced de los intereses corporativos. Comienza una etapa de disipación del poder político. De entropía y disgregación. Ningún representante despierta esperanzas en la mayoría y no es impensable que las dos coaliciones que polarizan la escena se quiebren en los próximos meses. Incluso la estrella libertaria que parecía imparable perdió el brillo y se desfonda en las encuestas.
Esta verdadera revolución centrifugadora nos puede conducir a un formato electoral similar al que experimentamos hace veinte años, luego del estallido y la puerta giratoria de presidentes. Múltiples candidates pugnando por arribar a la segunda vuelta, sin que ninguno alcance siquiera treinta puntos. Una carrera desbocada donde cualquier cosa puede suceder. Y en la que cuesta avizorar, cuarenta años después, una salida democrática a la crisis sistémica.
