La familia obrera (1968/1999). Foto: Gian Paolo Minelli © 2018 The Estate of Oscar Bony
El 6 de abril de 2017 la CGT concretó el demorado primer paro general de la era macrista. Esa misma jornada, el entonces Ministerio de Trabajo inició el contrataque institucional: la disposición 7-E/2017 de Jorge Triaca advertía, sin metáforas, que iba a meterse en la letra chica de los estatutos. El texto contenía las palabras mágicas de la batalla cultural -democratización, pluralismo, transparencia, participación femenina- y estaba fundamentado en la necesaria “modernización tecnológica” de las asociaciones sindicales, sin distinción de peso, gordas y flacas. El combo parecía superfluo, incluía el voto electrónico, el análisis del cupo femenino, la adecuación estatutaria a la ley y el control del prontuario de los candidatos. Pero rápidamente empezó a mortificar a los sindicatos que asomaban la cabeza para oponerse al programa económico del oficialismo.
La ofensiva incluyó una paciente colonización del fuero laboral -los tribunales que intervienen en cuestiones como los despidos y la regulación de la actividad sindical- y una apuesta al reposicionamiento de la Corte Suprema en línea con el cambio de época. Para lo primero la oportunidad estaba dada por una pesada herencia del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner: treinta de los ochenta juzgados laborales estaban subrogados. Cambiemos vio sangre y avanzó regularizando los juzgados con jueces del palo. Mientras los Supremos comenzaron a insinuar retrocesos en sus fallos en materia de derecho colectivo después de casi una década de sentencias progresivas.
El método del Ministerio de Trabajo consistió en el uso distorsivo de un arsenal burocrático -disposiciones, resoluciones, comunicaciones, leyes- para obstruir el funcionamiento de los gremios más díscolos. Un paso firme en pos de concretar el viejo anhelo transgeneracional del empresariado de liquidar la intermediación entre la fuerza de trabajo y los patrones.
desterrando a los topos
El espíritu del intervencionismo cambiemita aparece condensado en esa rara avis del sindicalismo argentino en el siglo XXI: los metrodelegados. Un combo de acoso judicial, asfixia financiera, represión, sanciones patronales y hostigamiento administrativo se conjuga para doblegar a este mal ejemplo.
Como parte de la disputa por la personería gremial, el 12 de noviembre de 2015 se llevó a cabo una audiencia en el Ministerio de Trabajo para demostrar cuál era el gremio con mayor representatividad numérica en el subterráneo. Los metrodelegados se hicieron presentes, pero la UTA de Roberto Fernández faltó a la cita. Sabía que perdería la compulsa y se guardaba una carta: impugnar el proceso luego del inminente cambio de gobierno nacional. El ministro Carlos Tomada tenía diez días para emitir la decisión. Después de siete años y a horas de dejar su cargo, firmó el reconocimiento que desplazaba a la UTA como representante formal de los obreros y obreras que cumplen labores bajo tierra. Tras la salida del kirchnerismo, la UTA impugnó el proceso en la justicia laboral. En marzo de 2017, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo falló a su favor con el argumento de que no se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar su participación y declaró nula la resolución de Tomada. En marzo de 2018, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario de los metrodelegados y dejó firme la decisión de la Cámara. Los topos volvieron a quedar formalmente desnudos frente a las denuncias de ilegalidad de los gordos de Fernández y del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
En las paritarias de este año, Metrovías desconoció a los metrodelegados y rearmó el viejo esquema noventista de negociación amistosa con la UTA. La contraofensiva de los delegados fue instantánea a través de medidas de fuerza escalonadas. El gobierno porteño reprimió en las estaciones Caseros y Las Heras. Dieciséis trabajadores fueron detenidos, entre ellos el secretario adjunto, Néstor Segovia, hubo cien telegramas de suspensión y cincuenta pedidos de desafuero para sancionar o despedir a los trabajadores, entre ellos a cuatro miembros del Consejo Directivo del sindicato. En esos mismos días, el Ministerio de Trabajo mandó inspecciones intempestivas a la sede del sindicato y desactivó, a través del Banco Central, las cuentas bancarias que recibían las cuotas sindicales.
Los ecos judiciales se recargaron con más fallos. Por primera vez un juzgado laboral de primera instancia hizo lugar a una medida cautelar que interpuso Metrovías para separar de su puesto a César González, un delegado que había participado de las protestas,hasta tanto se decidiera si se le quitaban los fueros y se lo podía sancionar. La jueza Graciela Dubal, del Juzgado del Trabajo 29, afirmó que un trabajador que realiza una medida de fuerza perjudica económicamente a la empresa. César Palacio, abogado y trabajador de los metrodelegados, explica las consecuencias de la decisión: “Con el pedido de desafuero, la empresa pide apartar al trabajador de su puesto. Hasta ahora nunca lo habían obtenido. La Ley de Asociaciones Sindicales contempla esa posibilidad cuando su presencia implique peligro para bienes o personas de la empresa. La jueza hace lugar a la cautelar con el argumento de que el trabajador con su conducta generó un perjuicio económico al empleador. ¿En qué contexto? Cualquier medida de fuerza tiene por esencia provocar un daño económico, pero es un daño legalmente permitido al empleador. ¿Qué me está diciendo? No ejerzas el derecho a la huelga.”
En septiembre, la fiscal Celsa Ramírez imputó a siete trabajadores que participaron del reclamo en la estación Caseros acusándolos de integrar la figura de moda en Comodoro Py: una asociación ilícita. Definió al sindicato como “una organización que tiene como único propósito o razón de ser, la interrupción de los servicios del transporte público” y solicitó la aplicación del artículo 210 que castiga con prisión o reclusión de tres a diez años “al que tomare parte en una asociación o banda destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Ramírez también impulsa la persecución de los vendedores ambulantes senegaleses, cada vez más encarnizada, como se vio el 18 de septiembre con la detención de los dirigentes de la CTEP Juan Grabois, Jaquelina Flores y Rafael Klejzer, entre otros.
interviene y reinarás
El recurso más extremo del exministerio de Trabajo es la política de intervenciones. Hasta mitad de 2018, intervino diez sindicatos, más que todas las intervenciones que se habían hecho durante todo el período posdictatorial anterior al macrismo. El mecanismo normal es simple: cuando hay elecciones en un sindicato y termina el mandato de la comisión directiva, el ministerio valida a las flamantes autoridades electas salvo que haya irregularidades de peso. Pero la gestión de Triaca encontró allí una puerta para el asalto institucional. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, explica cómo funciona: “si no son reconocidas las nuevas autoridades electas o existe alguna impugnación del ministerio, se anula el proceso electoral. En ese caso, ya no solo no existen autoridades reconocidas sino que no se aprueban las electas. Entonces el ministerio tiene una facultad, por ley, que dispone que ante la acefalía puede designar un delegado normalizador cuya finalidad es llamar a elecciones y que haya nuevas autoridades”.
Este fue el modus operandi del gobierno para nombrar delegados normalizadores propios que pospusieron discrecionalmente los nuevos comicios. Así ocurrió en el Sindicato de Judiciales de Mendoza, el Sindicato de Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera, el Sindicato de Canillitas de Omar Plaini, y el Sindicato de Trabajadores Mensualizados de los Trabajadores de los Hipódromos Argentinos. En este último caso, el fundamento de la intervención fue la falta de cumplimiento del cupo femenino en la junta electoral. Una operación que se montó a la ola verde feminista para mover a su favor fichas en el tablero sindical.
El otro camino es la justicia federal. Las acusaciones por delitos penales contra dirigentes -algunos con frondosos prontuarios- habilitaron una actuación conjunta entre el exministerio y los jueces cercanos. Así, acusaron de asociación ilícita al Sindicato de Vigiladores Privados y al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), al mando de Omar “el Caballo” Suárez. En Vigiladores, el onmipresente juez Claudio Bonadío, en el marco de una interna barrionuevista en el gremio, detuvo al secretario general e hizo lugar a un pedido anterior para que se intervenga el sindicato por acefalía. En el SOMU, Rodolfo Canicoba Corral dispuso la detención del secretario general y lo intervino con una obscena lista de parientes y empleados suyos y de Triaca en cargos estratégicos.
La multiplicación de casos motivó que la Corte reaccionara duramente en el caso del Sindicato de Empleados Judiciales de Mendoza. Con un fallo lapidario le advirtió al exministerio sobre sus intromisiones reiteradas. Con las firmas de Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, sentenció como una extralimitación improcedente que un juez penal (Ariel Lijo) autorizara que un delegado normalizador llame a elecciones en el sindicato y lo remitió al fuero laboral.
fuero amigo
La relación del gobierno nacional con la justicia laboral todavía es ambigua: a la vez que intenta colonizarla con jueces afines, Mauricio Macri la denosta por su permeabilidad frente a la “industria del juicio”. Un primer encontronazo se dio con el proyecto de traspaso de los distintos fueros de la justicia nacional al ámbito de competencia de la Capital Federal. Esta ambiciosa movida se topó con un fortísimo rechazo de la familia judicial y de todos los sindicatos del sector. Un enfrentamiento corporativo a cara de perro que hizo que las aspiraciones oficialistas quedaran congeladas. Sin embargo, en plena hecatombe financiera, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación acaba de votar un proyecto de dictamen que reactiva la posibilidad del traspaso. “No es posible desconocer la voluntad del gobierno y sus amigos de dar un golpe de gracia y finalmente desguazar el fuero laboral, encargado de la salvaguarda de los derechos de todos los trabajadores”, denuncian desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, el gremio dirigido por Julio Piumato, que está con la guardia en alto frente a los rumores de reformas al régimen jubilatorio y la aplicación del temido impuesto a las ganancias.
La inclusión por goteo de magistrados se complementa con el ataque directo a los jueces y camaristas desobedientes. Hasta el momento cinco jueces de la Cámara Nacional del Trabajo fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Graciela Marino y Enrique Arias Gibert por sus fallos a favor del cumplimiento del acuerdo salarial de los bancarios. Diana Cañal y Luis Raffaghelli por la reincorporación de trabajadores de la ex Afsca, y Mirta González Burbridge por disponer reintegros en Vialidad Nacional. Dora Temis, jueza de primera instancia de la provincia de Buenos Aires, fue recusada por el ejecutivo nacional por haber dictaminado la restitución de los descuentos salariales impuestos por el gobierno provincial a los docentes que paran.+
el oxímoron
La represión abierta, como ocurrió en conflictos recientes con los obreros del Astillero Río Santiago, se complementa con los obstáculos burocráticos que pone el exministerio de Trabajo, como, por ejemplo, la dilación perpetua de trámites elementales. El simple cajoneo de la certificación de autoridades que debe emitir cada vez que se eligen nuevas autoridades martirizó durante meses a las organizaciones. La certificación es indispensable para el manejo de fondos, la negociación con las patronales y la recepción de la cuota sindical, entre otras cuestiones clave. Cuenta Daniel Yofra, secretario general de la Federación Nacional de Aceiteros: “Nosotros tuvimos elecciones en agosto de 2017 y recién en mayo con las paritarias nos dieron la certificación de autoridades. Nos trajo muchos problemas administrativos en la conformación del directorio de la obra social. No nos recibían los trámites para hacer los reintegros de los enfermos crónicos, no nos aceptaban las fichas de afiliación de la gente nueva. Los bancos se negaban a aceptarnos los cheques. Cuando íbamos a la Superintendencia de Salud para que nos habilite la obra social, me decían ‘bueno, vos sabés lo que tenés que hacer, tenés que cerrar en la paritaria un 13%’”.
Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sufrieron procedimientos similares el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, el Sindicato Argentino de Televisión y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval, que conduce el triunviro Juan Carlos Schmid.
Una estrategia de dilación similar se produjo en el mecanismo de homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo de ciertos gremios, sin la cual los nuevos acuerdos no se aplican. La repetición de las obstrucciones llevó a que las asociaciones de abogados laboralistas del país, los jueces laborales y las centrales sindicales, presentaran una queja formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el volcánico cierre de 2017, cuando el gobierno blanqueó el paquete de reformas previsionales y laborales, Triaca redobló la apuesta y anunció un proceso inédito de auditorías sobre padrones, cuentas y bienes de los sindicatos. La amenaza explícita fue el quite de personerías. Dos meses más tarde, en la previa de las jornadas de lucha del 21F, ya había denunciado por irregularidades a los docentes de la provincia de Buenos Aires, los camioneros y el gremio del personal de la Anses.
Los sindicatos también se enfrentaron a otra novedad de la época: el abuso de la conciliación obligatoria intempestiva y con criterios poco leguleyos. Así ocurrió con la aplicación de multas temerarias a los camioneros y a los docentes de Buenos Aires, pero también a aeronáuticos, azucareros de Salta y Jujuy, y a los trabajadores de Nuceloeléctrica Argentina, la empresa estatal de energía que comanda las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse. En este último caso, se trató de lo que Andrés López Cabello, abogado del CELS, define con un oxímoron: “una conciliación unilateral”; la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza debió suspender sus medidas de protesta pero la empresa no tuvo que retrotraer el despido de doscientos cincuenta trabajadores.
yo el supremo
En la Argentina existen 3.263 sindicatos registrados, de los cuales 1.668 cuentan con personería gremial y 1.595 con simple inscripción. Mauricio Macri en persona se encargó de anunciar que se debía reducir la cantidad de organizaciones existentes “para tener sindicatos más fuertes”. Y Triaca procedió con la disposición 17-E/2017 que impone la actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales. La movida consistió en tratar de dar de baja a las asociaciones que no acreditaran actividad operativa en los últimos tres años y cumplimiento de sus obligaciones legales establecidas en la Ley de Asociaciones Sindicales. La CTA Autónoma, acompañada por Azucareros, Tabacaleros y Docentes, entre otros, respondió presentando un pedido de intervención ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación de las libertades sindicales. Lejos de retroceder, el exministerio desplegó una negativa sistemática a la inscripción de nuevos sindicatos. Desde diciembre de 2015, habilitó solo a nueve, mientras que durante los doce años del kirchnerismo el promedio fue de sesenta por año.
A mediados de mayo de 2018 la justicia laboral, ese coto de caza en disputa, frenó con contundencia el plan de taponar el surgimiento de gremios. En un fallo inédito, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le ordenó al exministerio reconocer a la moyanista Asociación Gremial de Abogados del Estado, que le disputa la representación de miles de letrados nada menos que a la UPCN de Andrés Rodríguez. Los jueces consideraron sin fundamentos la impugnación presentada por Triaca y la rechazaron in limine; sentaron un precedente funesto para los deseos oficialistas.
Las tensiones con el Poder Judicial se reflejan también en fallos recientes de la Corte. Entre 2008 y 2015 los Supremos cascotearon la Ley de Asociaciones Sindicales que establece el monopolio de la representación por sector, permitiendo una mejora en los derechos de los sindicatos sin personería gremial. Pero en 2016 negaron la reincorporación de una trabajadora despedida en el marco de su postulación para un cargo sindical en la Unión de Trabajadores Hoteleros. En junio de ese año, la Corte profundizó esta línea con el famoso fallo “Orellano” que avaló el despido de un empleado del Correo por participar en una asamblea en el lugar de trabajo que no tenía una convocatoria sindical formal. La lógica del fallo es taxativa: ni informales, ni tercerizados, ni comisiones internas inorgánicas a la conducción tienen derecho a huelga.
Todos estos mecanismos puestos en juego de forma vertiginosa y simultánea delinean una estrategia de shock sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones. En el contexto de un plan económico que debilita además sus condiciones estructurales de existencia, el ataque institucional a la autonomía de los sindicatos deja saltando en el aire a otro resorte más de una democracia devaluada.
