A mediados de octubre de 2014, compañeros del Bodegón Cultural Casa de Pocho (BCCP), una organización del barrio Ludueña, en el noroeste rosarino, me pidieron que organizara una reunión con Gabriel Ganon, entonces defensor general de Santa Fe. Hacía pocos días había recurrido a ellos una mujer que estaba buscando a su hijo desaparecido. Se llamaba Franco Casco (FC), tenía 20 años y había venido a la ciudad, proveniente de Florencio Varela, para visitar a unos familiares. 

A la mañana siguiente nos encontramos en la Defensoría un grupo de activistas y familiares del joven. El dato alarmante, dicho por Elsa, la mamá, era que su hijo había sido detenido el día 6 en la calle y trasladado a la Comisaría 7, ubicada en cercanías de la estación de trenes. El muchacho tenía previsto volver esa noche a su ciudad natal. Otro dato nos inquietó: había sido registrado por la policía con el apellido materno. 

De inmediato, empezamos vertiginosas coordinaciones entre partidos y organizaciones sociales. La primera reunión fue en el BCCP. Había una cantidad impresionante de agrupaciones y partidos que abarcaban casi todo el arco político. Allí nació la Multisectorial por FC. La primera decisión que tomamos fue la de realizar una marcha hacia la puerta de la comisaría. 

El 30 de octubre de 2014, mientras unas dos mil personas estábamos congregadas allí y los policías nos insultaban desde el interior, empezaron a correr rumores sobre la aparición del cuerpo. El aire se enrareció. Cuando ya estábamos fuera de la zona, recibí el llamado de Eduardo Toniolli, actual diputado nacional del Movimiento Evita, para avisarme que había aparecido un cuerpo flotando en el río Paraná, en la costanera céntrica. Horas después, me confirmó la peor noticia. Lo habían identificado a través de un tatuaje. Habían pasado 24 días desde la detención y pérdida total de su rastro.

desaparición forzada 

La aparición sin vida justo cuando estábamos en la puerta de la comisaría provocó estupor e indignación en la militancia. El macabro episodio venía a confirmar que Rosario había mutado de la peor manera. Pero también que había una vitalidad militante realmente consolidada para sacar a luz diferentes vectores de violencia que comenzaban a expandirse y ensamblarse de manera asfixiante. 

El punto de partida habían sido las movilizaciones para el pedido de justicia, en enero de 2012, a raíz del asesinato de tres jóvenes pertenecientes al Frente Popular Darío Santillán por parte de una banda narco. El hecho fue conocido como el Triple Crimen de Villa Moreno. La experiencia, desde entonces, nos indicaba que había que ganar una batalla primordial contra el tiempo: instalar un relato propio de lo ocurrido antes de que se lo devorara la indiferencia o la versión policial y gubernamental. Las asambleas se multiplicaron, se emitían comunicados conjuntos, se contenía a la familia, y progresaba el trabajo con el defensor general. 

El 5 de noviembre marchamos de forma multitudinaria desde los tribunales provinciales hasta la casa de la gobernación. La consigna elegida fue la siguiente: “Todos sabíamos que a Franco lo mató la policía”. El objetivo urgente era sacar la causa del fuero provincial y llevarla al federal a partir de la figura de la desaparición forzada de persona. Cualquiera que lea este artículo se preguntará —con razón— por qué motivo confiábamos en la justicia federal. Pero pongamos en contexto: el gobierno provincial del socialista Antonio Bonfatti (2011/2015) estaba ya muy dañado después de 2013, cuando se produjo la mayor cantidad de homicidios de la historia de Rosario; y hacía tan solo seis meses (el 9 de abril) habían desembarcado miles de fuerzas federales como consecuencia de un desmadre total de la violencia que había incluido, a finales de marzo, el linchamiento vecinal seguido de muerte de un joven que había robado a una embarazada en la calle. El gobierno, según nuestra lectura, no permitiría probar que su fuerza de seguridad era capaz de torturar, matar y descartar a un pibe en el río. 

Si el Triple Crimen había sacado a la luz que los códigos narcos se estaban llevando puestos los últimos vestigios de la vida en común en las periferias, este caso confirmaba que el clima represivo desatado por prefectos y gendarmes contra los pibes pobres había cebado a la siniestra policía de Santa Fe.

el pase del año

El 28 noviembre se dispuso que la causa pasara al fuero federal. Después de caratularla como “desaparición forzada de persona”, una jueza escribió: “No voy a permitir que pase un mes más para que esto se investigue como corresponde. Es una grave violación de los derechos humanos”. La instrucción provincial había sido infame: negativa a la hora de recolectar pruebas clave, como las cámaras de seguridad en las inmediaciones de la comisaría, incluso cuando habían sido ofrecidas por vecinos, y la difusión de imágenes y pistas falsas que supuestamente confirmaban que FC había salido y vagado por las calles después de la detención. 

El 4 de diciembre estábamos en la puerta de los tribunales provinciales a la espera de la lectura del fallo por el Triple Crimen. Cuando finalmente se anunciaron las durísimas condenas, recuerdo que una querida militante del BCCP me abrazó llorando y me dijo: “Ojalá que pronto estemos allá adentro y tengamos condenas parecidas para los yutas que mataron a Franco”. 

A finales de diciembre un juez federal aceptó la causa. El argumento fue contundente: “la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas”. 

Para la Multisectorial fue un triunfo histórico. La demostración del poder de movilización, presión y coordinación que habíamos acumulado entre identidades políticas heterogéneas. El tiempo, sin embargo, revelaría también un fuerte límite que había tenido esa primera fase de organización militante.

inocente colectivo

A comienzos de 2015, sostuvimos el activismo para que la justicia federal no planchara la causa. Un paso adelante fue la conformación de una querella con abogados integrantes de una organización social que participaba de la Multisectorial, lo mismo que la inclusión de funcionarios cercanos a nuestra lucha en representación de la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos. Pero el caso, con el correr de los meses, fue transformándose en un objeto cada vez más lejano, externo, devorado por las diferentes instancias burocráticas de la maquinaria jurídica. 

Recién dos años más tarde, en septiembre de 2017, justo cuando se creó la Multisectorial contra la Violencia Institucional, recibimos una noticia explosiva: 26 policías de la Comisaría 7 y cinco de Asuntos Internos eran detenidos; un mes más tarde fueron procesados y se confirmaron las prisiones preventivas. Para entonces yo hacía dos años que no vivía en Rosario.

Aquella noticia se vivió como un punto de llegada. “Es que la militancia primero acompañó a la mamá que estaba sola; después puso el tema en la agenda mediática; también la acompañó a distintos lugares a buscar a su hijo; se hizo que el fiscal la recibiera, que participara Ganon. Creo que fue muy valioso. Pero después descansamos en los pequeños avances de la justicia federal y, ya cuando se detuvo a los policías, aflojó la participación activa con relación a conocer qué había pasado con Franco, y quedamos a la expectativa de los avances que canalizábamos por las querellas. La militancia se ocupó de la cuestión más simbólica como los recordatorios en aniversarios y pedidos de Justicia. Cuando del otro lado, contrariamente, estaba empezando todo”, analiza Martín Stoianovich, integrante de la Multisectorial en su primera etapa. 

Ese otro lado al que se refiere es una inédita autoorganización de los familiares de los policías presos, encabezada por el hermano de Diego Álvarez, titular de la Comisaría 7. Su objetivo era confrontar la versión más extendida para instalar que FC había salido con vida de la comisaría y había muerto por su propia negligencia o voluntad. 

Dicho grupo, nucleado en una asociación civil llamada Inocente Colectivo, fue tomando una voz pública cada vez más influyente, utilizando recursos que dejaron perpleja a la militancia antirrepresiva: imitación de la estética de los organismos de derechos humanos en sus actividades públicas, citas de textos de Rodolfo Walsh, intervención en eventos organizados por la propia Multisectorial u otras instituciones, contactos con periodistas, incluso de medios cooperativos, encuentros con funcionarios judiciales y un sistemático y virulento activismo digital; también estudiaron minuciosamente la causa, e invirtieron nuestra principal consigna —“Todos sabíamos”— por “Vos sabés”. 

Una osadía en línea con otros procesos emergentes, como el avance furioso de la ultraderecha, cuyo punto nodal es la apropiación de consignas y banderas emblemáticas de nuestra historia de lucha. 

la libertad avanza

El 6 de diciembre de 2021 comenzó el juicio oral y público. Las prisiones preventivas sostenidas durante seis años avalaban la hipótesis de una condena segura. 

Tras setenta audiencias, en julio de 2023, el fallo sacudió como pocas veces los cimientos de la política local: se absolvió a todos los procesados y se ordenó su inmediata liberación. Uno de los jueces votó en minoría condenando a cadena perpetua al comisario Álvarez y a otros dos policías como “coautores penalmente responsables del delito de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público (…), con el delito de imposición de tortura seguida de muerte”.

Martín Gesino fue el defensor oficial de diez de los acusados: “Yo arranqué al revés porque lo único que conocía de la causa era lo que salía en los diarios y para mí era una banda de polis torturadores y desaparecedores”. Gesino afirma que la lectura de la causa barrió con esa certeza: “Yo me basé en hechos y pruebas y la acusación en elucubraciones. No había nada probado”. Su teoría es que FC fue detenido, demorado en la comisaría, pero salió de allí con vida. La prueba serían las imágenes aportadas por unas cámaras en las inmediaciones de la cancha de Rosario Central. La familia negó siempre que fuera FC quien aparecía en esos videos difusos. La tarea primordial del defensor fue demostrar la ausencia de signos de violencia en ese cuerpo degradado, esquelético, luego de permanecer sumergido en el Paraná, así como las contradicciones en los testimonios de los reclusos presentes en la comisaría. 

Para Guillermo Campana, integrante de la querella, la causa tuvo demasiadas deficiencias de origen: “Se perdieron lo más importante de cualquier investigación penal que son los primeros quince días, donde vos vas a recoger pruebas, testimonios, cuestiones frescas, donde impedís que se vayan entramando conductas encubridoras, construir coartadas”. El peso de la querella estuvo en los testimonios de los presos: “Hay cosas que no se pueden inventar, mucho menos personas que estuvieron detenidas y a los pocos días fueron separadas porque hubo un motín y no se volvieron a ver nunca más. No pueden inventar que hubo una persona detenida un día por la noche, que tenía una tonada distinta, que no era del palo; algunos dijeron que se llamaba FC, otros Franco, que lo mojaron, y los presos no habían visto las fotos posteriores con Franco mojado, que no le paraban de pegar”.

El punto ciego es cuál fue la mecánica de la muerte y cómo apareció flotando en el río luego de ser detenido arbitrariamente en la vía pública y retenido en la comisaría. Fernando Arrigo, fiscal del caso, presenta una hipótesis: “Pudimos establecer una posibilidad bastante razonable. Los presos hablaron que esa noche hubo un corte de luz. Ellos hablaban de noches de cacería. Eso tenía que ver con tratar de sacarles provecho a las víctimas que llegaban al [calabozo] transitorio. Al que tenía plata se la sacaban; al que no tenía le decían ‘traela porque si no te vamos a llevar un papelito al Tribunal’. Dicen que había una Fiorino blanca dando vueltas y había uno de la comisaría que la usaba. Si usted ve la comisaría, tiene una cochera. En la puerta varias veces identificaron a esa Fiorino, con lo cual… el corte de luz… el lugar en donde está el transitorio… la cochera que está ahí al lado… tranquilamente lo pueden haber sacado por ahí”.

poder de verdad

La absolución desató críticas encendidas contra el Poder Judicial de la mayor parte del arco político. Una excepción fue Maximiliano Pullaro, exministro de Seguridad (2015/2019), y reciente gobernador electo de Santa Fe, quien festejó las liberaciones. 

Para las militancias fue un fallo inaceptable. La verdad jurídica, sin embargo, nunca puede ser nuestra (única) verdad, aun si hubiera habido condenas contra los policías. De hecho, que dos jueces consideren insuficientes las pruebas o si aplicaron el beneficio de la duda (lo sabremos cuando los fundamentos sean públicos) no significa que no haya sido la cana quien lo mató. Allí justamente radica un problema mayúsculo: la militancia nunca tuvo una sustentada verdad propia de los hechos. ¿Por qué en 2014 no realizamos una investigación sobre lo ocurrido? ¿Por qué consideramos en ese momento clave que era únicamente obligación de la justicia y delegamos semejante responsabilidad histórica? 

La Multisectorial cumplió con eficacia una labor: instalar el caso públicamente y evitar que la causa continuara siendo instruida (destruida) por la justicia provincial. El cambio finalmente resultó frustrante. No implicó mayor rigurosidad en la investigación. Pero no se nos ocurrió salir a rastrillar nosotros mismos la zona en búsqueda de las imágenes de las cámaras de seguridad, entrevistar a los presos que estuvieron en la comisaría, buscar contradicciones posibles entre los policías, entre los funcionarios judiciales, recolectar testimonios de los vecinos de la zona. 

Eugenia Cozzi, integrante de la Multisectorial, disiente: “No estoy de acuerdo. Yo no estuve en los primeros momentos pero era un contexto político distinto, en el que había actores institucionales dentro de las esferas del Estado con experiencia en estos temas. Hubo una responsabilidad política de recurrir a esos actores institucionales para avanzar en el armado de la querella. De hecho, más allá de todas las pruebas que se perdieron, porque hubo una voluntad de que así sucediera por parte del propio Estado, no es lo mismo una ejecución sumaria que una muerte dentro de una comisaría. Es mucho más difícil producir pruebas e investigar sobre eso. Después tenés los límites de los actores institucionales del Estado para poder investigar este tipo de situaciones. Como vos lo colocás, pareciera como que fue una impericia nuestra. Yo no creo que hubiera sido posible aunque lo hubiéramos querido hacer, por las propias características del delito”. 

La desaparición de un cuerpo —mucho más si es forzada por la policía— es una mecánica siniestra plagada de oscuridades. Pero nuestro país se distingue precisamente por una riquísima tradición de investigación militante en torno a la desaparición forzada protagonizada por los organismos de derechos humanos y los propios sobrevivientes de los campos de concentración. Cuadros políticos, aunque también familiares sin experiencia previa, fueron capaces de reconstruir el funcionamiento general de la ESMA, máximo centro clandestino de detención, entre tantas otras mazmorras que parecían infranqueables. Este tipo de investigaciones no fueron pensadas, en sus inicios, como aportes para la justicia por razones evidentes. Fueron insumo para las organizaciones revolucionarias y, más tarde, en un contexto de impunidad, para la construcción de una verdad histórica irrenunciable, sin dejar por eso de reclamar que hubiera castigos judiciales. Esa tradición profusa tendremos que reponer con nuestras herramientas sabiendo de lo que son capaces los grupos radicalizados de la extrema derecha. 

“En ese inicio [del caso Casco] había una confianza fuerte en actores institucionales que podían armar una articulación virtuosa. Si el actor institucional se ocupa de eso [investigar] con efectividad y vos te ocupás de lo que no se ocupa el actor institucional, que es de la movilización en la calle, la cuestión de la construcción en la prensa, todas las otras dimensiones, esa articulación puede funcionar mejor a que vos mismo te pongas a investigar. Es una tarea [investigar] que nosotros hacemos en otros casos pero que siempre hay que tener ese cuidado, de qué podemos y qué no, de cuándo sí y cuándo no”, analiza Marilé Di Filippo, también integrante de la Multisectorial. 

El riesgo de delegar por completo las investigaciones en las instituciones, mucho más en una democracia rota como la nuestra, es quedarnos sometidos a la construcción de las hipótesis de los poderes de turno. Una investigación militante no se reduce a ser apéndice de la justicia. Es primeramente fuente vital para una tarea histórica ineludible: la construcción de una rigurosa y fundamentada verdad autónoma para dejar atrás intuiciones y especulaciones. Stoianovich lo analiza: “Creo que confiamos en la justicia federal, confiamos un montón. Se planteó una hipótesis acusatoria que alcanzó para dejar en preventiva a los policías y quizás se descansó en ese avance desde el sentido común: un pibe estuvo detenido en la comisaría, desapareció y apareció en el río, hay policías presos desde hace seis años acusados de esa muerte. El aprendizaje puede ser no quedarse con lo que plantea una fiscalía, que el proceso es más complejo y se pueden pensar otras formas de participación”. 

Di Filippo da cuenta de los aprendizajes: “Es lo que nosotros hacemos de ahí en más. Con todos los casos en los que nos agarró de cero, ya con experiencia, hicimos eso. El rol de búsqueda de los propios familiares y de la Multisectorial como investigadores es clave. Nosotros tenemos autonomía en las versiones de los hechos, en las investigaciones de los hechos. Para nosotros es importante que los familiares politicen y armen en común la existencia, en medio de lo que significa la desolación. Esta capacidad de investigación que hemos desarrollado es consultada por el propio periodismo. Y por último la penetración en la propia burocracia estatal en la medida en que se implementan una serie de protocolos y de mecanismos que antes no se hacían porque saben que hay un actor que está mirando lo que hacés”.

La posible llegada a la presidencia de una fuerza de ultraderecha y la irrupción de revulsivas agrupaciones en defensa de la policía —como Inocente Colectivo— nos ponen ante un desafío enorme: reactivar y reinventar formas de investigación militante de nuestras propias potencias pero también de los ataques y las mecánicas enemigas.