"Afortunadamente, el sitio se encuentra dentro de un Parque Nacional”. La frase es de Sergio Lambertucci, biólogo, investigador del Conicet.  Eso que dice sobre un nido de cóndores de 2200 años de antigüedad en el parque Nahuel Huapi, lo aseguran otros respecto de todo lo que se encuentra bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales (APN). Es que en donde hay un parque nacional hay un intendente, guardaparques, brigadistas, administrativos y, sobre todo, el mandato de la Ley 22.351 de conservación del área en su “estado natural”, de las bellezas escénicas y de su atractivo científico. 

En el organigrama, APN es un ente autárquico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a quien responden las autoridades de cada uno de los 39 parques nacionales que hay en el país. Tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, un presidente -Federico Granato en la actualidad-, un vice, un directorio con representantes del Estado y direcciones nacionales. Y todo podría quedar ahí, en el contraste entre las oficinas porteñas y las imágenes del horizonte infinito de los glaciares, los bosques serpenteantes y los senderos habilitados para el turismo, las especies en vías de extinción recuperadas, el rumor del agua pura que puede beberse en las lagunas de alta montaña. Pero los territorios de Parques poseen también un sentido político. Existen antes que la nación misma y ahí reside, precisamente, la disputa que coloca a la APN en el centro de los agudos conflictos que se despliegan en la Patagonia.

las hectáreas son ajenas
 

Ruta 40, Río Negro. “¡Roca, volvé! No terminaste tu trabajo”, dice un cartel pegado en la ventanilla de ese auto. Es 2 de octubre de 2022 y una caravana de vehículos está detenida en un retén policial, a mitad de camino entre Bariloche y Villa Mascardi. Casi todos enarbolan una celeste y blanca. Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y actual precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, le pide al oficial que los deje pasar, que solo avanzarán un par de kilómetros. Es una marcha de más de doscientas personas organizada por Vecinos de Villa Mascardi, propietarios actuales de tierras que los mapuche reclaman como ancestrales y ellos denuncian como usurpadas. Esa es la antesala de un operativo estatal cuyas primeras imágenes inundan la televisión dos días después: 250 efectivos policiales de un comando unificado -creado por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación al efecto de este desalojo y que trabajó junto a la policía provincial-, munidos de cascos, tonfas, escudos y gases lacrimógenos, desalojan a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu. Celeste Guenumil, una de las siete mujeres mapuche detenidas en ese operativo, dirá después, desde la prisión domiciliaria, que fue una cacería, que entraron con gases lacrimógenos, que las tiraron al suelo, que se sintió como si las hubieran acribillado.

Cinco años antes, en septiembre de 2017, el Lof se había asentado en 27,7 hectáreas cuyos diferentes lotes reclamaban como suyos tanto el Parque Nacional Nahuel Huapi como los empresarios Diego Frutos y Magdalena Giménez de Tournier, Unión Personal Superior del Gas y el Obispado de San Isidro. Allí la comunidad había construido sus casas y su rewe (sitio ceremonial). Hacía casi cien años que no se levantaba una machi en el pueblo mapuche, una autoridad espiritual como lo es Betiana Colhuan, que ejerce la medicina ancestral en ese sitio sagrado.

El 23 de noviembre de 2017, las fuerzas federales llegaron para desalojarlos por orden del juez Gustavo Villanueva. El 25 de noviembre, el grupo Albatros de Prefectura dio con un grupo de ellos en las montañas: les disparó, al menos, 114 veces. Rafael Nahuel (de 22 años) murió de un tiro por la espalda.

Las siete detenidas durante el desalojo del 4 de octubre de 2022 fueron llevadas, en principio, a destacamentos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pero, por orden de la jueza federal Silvina Domínguez, cuatro de ellas fueron subidas a un avión con destino a la cárcel federal de Ezeiza, a más de 1700 kilómetros. La machi Betiana Ayelén Colhuan y Celeste Guenumil permanecieron en la PSA porque estaban en período de lactancia, y Romina Rosas, con cuarenta semanas de embarazo, fue internada hasta el 17 de octubre, cuando dio a luz y fue derivada a prisión domiciliaria.

El repudio de las organizaciones volvió atrás la medida de traslado. La entonces ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, renunció. Al poco tiempo fueron liberadas y se levantaron los cargos en contra de tres. Las otras cuatro mujeres y sus once niños permanecerían detenidos durante ocho meses y serían liberados después de un proceso arduo de negociación.

A una semana de las detenciones, la comunidad mapuche logró una reunión con Alberto Fernández en San Martín de los Andes, de la que surgió una Mesa de Diálogo entre comunidades indígenas, organizaciones sociales y representantes del Estado (APN, Inai, Derechos Humanos, Género) que culminó en un acuerdo. La Mesa se reunió tres veces. En la última jornada, el 1 de junio de 2023, se logró firmar el convenio que reconoce el rewe como tal y permite la construcción de solo tres casas (rukas) para la machi y sus ayudantes. Queda pendiente definir un territorio para que se construyan las demás viviendas. Las cuatro mujeres quedaron libres entre el 4 y el 6 de junio.

El rol activo de Parques Nacionales en los desalojos comenzó a tomar notoriedad. En 2017, su denuncia de usurpación había motivado el operativo de desalojo contra el Lof Winkul Mapu que tuvo como resultado la muerte de Rafael Nahuel. Ahora, una nueva causa penal, iniciada después de la marcha de los Vecinos, impulsó el operativo en el cual fueron detenidas las mujeres.

historia de una expulsión
 

La historia oficial dice que todo comenzó con una donación de 7.500 hectáreas que hizo el perito Francisco Moreno en 1903. Que su aporte científico fue excepcional, que el valor intelectual insoslayable de su investigación, que la conveniencia para el Estado de conservar para las generaciones venideras la propiedad de lugares excepcionalmente hermosos. Esa donación significó la creación del primero, el actual Parque Nacional Nahuel Huapi. Bruno Carpinetti, en su libro De la expulsión al comanejo, dice que en los textos del perito Moreno subyace una visión elitista de la conservación, la idea de no alterar la naturaleza o las fisonomías, salvo que sea necesario para la comodidad de los visitantes. Lo cierto es que en 1922, cuando se inauguró el Nahuel Huapi, se tomaron como modelo los parques estadounidenses Yosemite y Yellowstone, forjados sobre el despojo de los pueblos indígenas Miwok y Shoshone. En la vastedad de las hectáreas donadas por el perito, en las otras miles entregadas a empresas y terratenientes y en las registradas como tierras fiscales había comunidades que existían desde antes del nacimiento del Estado nación. El pueblo mapuche es una de ellas.

Las huellas de esa existencia pueden rastrearse en los relatos de exploradores y misioneros desde 1522. Los diarios describen guerras, esclavitud, comercio y política entre caciques y criollos, incluso tratados entre mapuche y gobiernos de Chile y Argentina. Pero recién durante la campaña militar del presidente Julio Roca, la Patagonia se transformó, para el imaginario social, en un desierto que debía ser poblado. “Es el primer intento de construir un discurso justificatorio de la apropiación violenta de un territorio que no podía ser considerado desierto ni en sentido social ni geográfico”, escribe Carpinetti. Entre 1878 y 1885 se produjo el desplazamiento o desestructuración de las comunidades mapuche y la ocupación por parte del Ejército.

Ese es el contexto del nacimiento de los Parques Nacionales. La impronta política de la APN priorizó un modelo de reserva sin personas, impuso restricciones severas que llevan al desplazamiento y la expulsión de las comunidades. Las que resistieron tuvieron que gestionar permisos precarios y pagar cánones al Estado para vivir dentro de los Parques. Mientras tanto los criollos que habían ocupado territorios en esas zonas pudieron conservarlos. Esa fue la génesis del proceso de extranjerización de las tierras patagónicas que continúa hasta el presente.

La conservación de la diversidad biológica no incluía la diversidad cultural de las comunidades, el uso tradicional de las tierras y su forma de vivir y sentir el territorio. Esta política de expulsión permaneció por décadas. Aun cuando en los setenta surgieron las primeras declaraciones de la Unesco sobre los derechos indígenas, recién en la reforma constitucional de 1994 fueron explícitamente incluidos en el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna, junto a los tratados internacionales y al Convenio 169 de la OIT, en el artículo 75 inciso 22. Mientras tanto, las comunidades repoblaron zonas y otras se reconstituyeron reclamando derechos sobre los sitios de donde habían sido expulsadas. En un proceso lento esos derechos comenzaron a otorgarse con la poderosa excepción de la propiedad comunitaria de las tierras indígenas, aun cuando está indicada explícitamente por la Constitución.

los pilares del comanejo
 

En los noventa se dio un proceso de fortalecimiento de las organizaciones mapuche que permitió que la política de expulsión de la APN comenzara a flexibilizarse, a principios de los 2000, con la experiencia del comanejo. Se trata de una herramienta de toma de decisiones entre la APN y las comunidades mapuche que surgió de un taller propuesto por la Confederación Mapuche Neuquina. Desde 2010, existe además una mesa política donde participan el presidente de Parques, los intendentes y representantes zonales del pueblo mapuche. “Con ellos tenemos una construcción cotidiana y transversal a todas las áreas que promueve el ejercicio del derecho de los pueblos originarios. No es algo que se le ocurre así nomás a Parques sino que viene de la Constitución y los convenios internacionales”, dice Patricia Mancilla, intendenta del Parque Nacional Lanín.

La herramienta del comanejo permitió, de alguna manera, compatibilizar las normas de la APN con las vivencias mapuche. “Parques Nacionales es un organismo de conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural, entonces, el arrinconamiento y las distintas restricciones territoriales respecto de la actividad ganadera extensiva tradicional de los pueblos originarios es una cuestión que va en contra del cuidado del medioambiente; por eso hoy el comanejo define zonas y pautas de manejo en los nuevos escenarios territoriales“, cuenta Mancilla.

Federico Granato, presidente de la APN desde agosto de 2022, dice que el comanejo fue un gran paso, pero reconoce que en Argentina la cuestión indígena no está resuelta. “No tenemos saldada esa discusión; esos pueblos están presentes en el lugar y reclaman ciertas reivindicaciones que son razonables y sobre las que hay que encontrar ciertos puntos de equilibrio para una convivencia justa”. También dice que “hay nuevos grupos indígenas con una postura más radicalizada que son minoritarios” y que con ellos aún “no se ha encontrado una política para abordar el tema de una manera sostenible”.

Y quizás en ese punto hay que detenerse para mirar el rol de la APN con relación a los territorios recuperados por estos grupos. Porque si bien los derechos de los pueblos indígenas vienen de su preexistencia, del uso tradicional de las tierras y su ocupación, la realidad es que el Estado, en todos sus niveles, les exige el cumplimiento de determinada normativa, como por ejemplo la personería jurídica. Y, con relación a los territorios que ocupan, dependen de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) cumpla con el relevamiento establecido por la Ley 26.160 que se viene prorrogando desde 2006.

En veintitrés años, la política del comanejo logró construir cierto consenso, aun con conflictos, restituciones territoriales e incluso triunfos. Pero, si se mira hacia esas generaciones emergentes de descendientes mapuche, que se autorreconocen y organizan como pueblos indígenas, surgen otros desafíos que las políticas de comanejo de la APN no logran alcanzar. “Hemos tenido muchísimos logros, pero es una política que trae aparejada la institucionalización de ciertas luchas; hay organizaciones que se quedan afuera de la lógica institucional”, dice un trabajador de la APN.

Si bien las mesas de comanejo no dejaron de funcionar durante el macrismo, algo cambió en 2017. La publicación de un informe de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló al pueblo mapuche como terrorista. Ciertos actores políticos y económicos encontraron en su discurso un caldo de cultivo para desplegar estrategias de criminalización y despojo. Estrategias que permanecen.

desandar el conflicto
 

El Lof Winkul Mapu no tenía, hasta junio de 2023, ningún trámite en el Inai que reclamara su reconocimiento al Estado. No solo la APN lo denunció por usurpación de sus tierras, también los Vecinos de Mascardi y una comunidad mapuche que integra la mesa de comanejo, el Lof Wiritray. En ese mar de complejidades se tejió el acuerdo de la Mesa de Diálogo que liberó a las cuatro mapuche detenidas. La negociación generó posiciones encontradas.

Después del desalojo del 23 de noviembre de 2017 y el asesinato de Rafael Nahuel, la conflictividad social en la zona había escalado. “El nivel de virulencia era tal que el mismo gobierno que hace los operativos se termina retirando y no deja presencia de Gendarmería en la zona, quedó demostrado que la vía represiva (…) no resolvió el problema, lo agravó”, asegura Federico Granato. Ese clima se tradujo en denuncias de los Vecinos de Mascardi, sobre vandalismo y agresiones por parte del Lof Winkul Mapu, a lo largo de estos años. Pero también de los mapuche, que no solo denunciaron la quema de la casa de la machi en 2021, donde perdió todo, sino también la violencia de patotas contratadas por los Vecinos, en especial por parte del empresario Frutos. No obstante, fue otro incendio, el de una casilla de Gendarmería el 26 de septiembre de 2022, el que sirvió de insumo para la resolución que creó el comando unificado enviado por Nación para cumplir el desalojo.

Los guardaparques, actores centrales en el territorio, en conversación con crisis, reafirman su postura: “El comanejo es una instancia de mediación donde hay que escuchar al otro; eso no pasó en este conflicto porque hay comunidades que también se han manifestado en contra de esta decisión que se tomó (el acuerdo) y están reconocidas”, dice Pablo Waisman, secretario general interino del Sindicato de Guardaparques (Sigunara). Ante la pregunta de si el sindicato se encuentra alineado con los Vecinos o con Patricia Bullrich, contesta: “Nosotros no hemos realizado marchas (junto a Vecinos de Mascardi), pero sí han ido algunos afiliados”. También dice que los guardaparques y sus familias han recibido amenazas y piedrazos por parte de encapuchados que, aseguran, son del Lof Winkul Mapu. Que hay otras formas legales para reclamar, que en ellos solo vieron violencia, que no están reconocidos como mapuche, que no hay antecedentes de que hayan vivido antes en esas tierras.

Y en eso que menciona al pasar Waisman reside otra arista de las reivindicaciones mapuche. Porque no solo tienen derecho a que se les reconozca la posesión y propiedad comunitaria del territorio que tradicionalmente ocupan. También tienen el derecho constitucional explícito a que se les entregue tierra apta y suficiente para el desarrollo humano. Y el acuerdo logrado en la Mesa de Diálogo, de alguna manera, abarca esta posibilidad: el rewe le fue reconocido al Lof Lafken Winkul Mapu, en el sitio señalado como sagrado por la machi, y aun cuando esta comunidad no había argumentado que allí vivieron de forma ancestral ni tampoco le había pedido al Estado su reconocimiento como tal en las oficinas del Inai (lo hizo después del acuerdo). Según Granato, el informe antropológico de la Universidad de Comahue presentado en la negociación acerca del rewe fue indiscutible y llevó a su reconocimiento.

“Tengo compañeros en Parques que son muy críticos de cómo la Winkul acciona en el territorio porque son defensores de las buenas políticas estatales del comanejo; lo que dicen es que el acuerdo echa para atrás un montón de cosas que avanzaban por determinados carriles. Pero ¿hasta cuándo le vas a decir a una comunidad que tiene que aguantar?”, opina un trabajador de la APN. Por ejemplo, el Lof Wiritray, que tiene personería desde 1999 y forma parte de la mesa del comanejo, aún no cuenta con el reconocimiento de la posesión ni la propiedad de sus tierras que -según afirman- incluyen las que fueron desalojadas. Wiritray se presentó en el juicio contra el Lof Winkul Mapu el 16 de junio pasado y pidió una medida cautelar en contra del acuerdo. Es una muestra más de cómo, aun cuando el pueblo indígena se atiene a las normas, está destinado a habitar los tiempos de la burocracia y la falta de voluntad política.

Según trascendió, las demoras en lograr un acuerdo que liberó a las mapuche se debieron a la resistencia de la APN. Al respecto, Granato dice que no fue renuente a la negociación. “La querella nos permite ser parte de los juicios y plantear posiciones; en este caso, si no hubiéramos sido querellantes, no hubiéramos podido hacer un acuerdo, es decir, no habría tenido efecto judicial. En principio, la idea es seguir participando de los juicios”.

Neka Jara es militante social y veedora de la Mesa de Diálogo. Dice: “Hay un principio de resguardo pero es sometimiento, el Estado pretende acomodar a las comunidades en el marco de la realidad que impone la nación por encima de sus derechos. Es legítimo decir ‘¿por qué inscribirme ante alguien que me quiere someter para defender lo que me pertenece?’”. Y continúa: “Parques Nacionales tiene que dejar de ser querellante, es hora de reconocer que los legítimos dueños de las tierras son los pueblos indígenas y ver el trasfondo de saqueo de los bienes naturales, como el agua de las nacientes de los ríos en Chubut por parte de los qataríes o el litio en Jujuy”.

Soraya Maicoño, mapuche y también veedora, asegura que la postura de la APN es histórica: “Lo dejó entrever en la discusión Adolfo Pérez Esquivel, hay una idealización a nivel nacional sobre Parques. Cada gobierno de turno se va haciendo de algún espacio territorial de algún Parque Nacional para los intereses inmobiliarios, turísticos, extractivistas”.

avance o retroceso
 

En agosto de 2022, la APN publicó la resolución 484 en la que declaraba al volcán Lanín como sitio natural sagrado mapuche, después de años de tratativas. No limitaba el ingreso ni la permanencia en el volcán, tampoco reconocía la propiedad. Tenía que ver con la dimensión espiritual del territorio. El escándalo fue mayúsculo. No solo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, repudió la norma. Lo siguieron Consenso Bariloche y Patagonia, Vecinos de Mascardi y referentes del PRO. Entonces, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, derogó la resolución y el presidente de la APN, Lautaro Erratchú, renunció en protesta.

De la misma forma reaccionó la APN después de la marcha convocada en Villa Mascardi, de alto impacto mediático. Impulsó un desalojo cuyas consecuencias se proyectan al futuro, pero también arribó a un acuerdo que tiene el potencial de generar un cambio en el comanejo.

La política de seguridad reseteada por Bullrich sobre la peligrosidad mapuche para la soberanía sobrevuela las negociaciones y el comanejo. El lonco Mauro Millán dice: “Mientras sigue el proceso de instalación de grupos empresariales extranjeros en la Patagonia -Benetton, Lewis, los qataríes y demás-, hay un relato instalado, respecto de la resistencia mapuche y el dilema de la soberanía y la propiedad privada”. Y sigue: “Pretenden asegurar los negocios inmobiliarios a orillas del Lago Mascardi y dentro de los Parques Nacionales. ¿Quién les vendió esas tierras que casi ningún argentino tiene?”. Dice que esa pregunta no la reproducen los medios hegemónicos, que las voces mapuche se han vuelto inaudibles y, sin embargo, se han propuesto la defensa del territorio. “¿Y qué es defenderlo si no es un hecho absoluto de defensa de la soberanía?”. Una forma distinta de alzar la voz.