Mientras el mundo avanza lentamente hacia la regulación del cannabis, modificando un andamiaje jurídico restrictivo que no ha favorecido más que al crimen organizado y la inequidad social, Argentina hace lo propio. La Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, promulgada en mayo de 2022, podría generar 10 mil nuevos empleos, 500 millones de dólares en ventas al mercado interno y 50 millones de dólares de exportaciones al año, según estimaron desde el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al principio de su gestión, Matías Kulfas creó un grupo de trabajo conformado por especialistas y les dijo: “quiero que nos tomemos un tiempo para pensar en el futuro”, cuenta el ex ministro. Del cannabis oyó hablar por primera vez a un eminente investigador de desarrollo económico, Andrés López, y le encargó el estudio que se convertiría en el zócalo teórico de una ley que logró un amplio consenso en Senadores pero después fue resistida en Diputados. “Pasó que decían: a los proyectos de Kulfas no los vamos a tratar”, cuenta el ex ministro.

La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) “tendrá la función de regular la importación, exportación, cultivo, producción industrial, fabricación, comercialización y adquisición, por cualquier título de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales o industriales", expresó la ley sancionada en mayo de 2022. Pero durante ocho meses nada pasó, a excepción de un desfile de renuncias de funcionarios albertistas y la disolución de ministerios, incluído el que había forjado la ley. Hasta que en enero de 2023 finalmente fueron designadas por decreto las autoridades de la ARICCAME, que incluiría directores de cada uno de los ministerios involucrados en la industria (Economía, Seguridad, Salud, Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Agricultura).

“A mí me convoca Sergio [Massa] porque quería al frente de la Agencia una persona resolutiva, pragmática, porque él tiene la idea de hacer un organismo agilice la actividad económica”, dice Francisco Echarren, presidente de la ARICCAME y también intendente de Castelli desde 2011. No es el nombre que Kulfas tenía en mente, pero mantuvo la línea de consenso del ex ministro: “Hicimos ruedas de participación, convocamos a la comunidad de científicos, las cámaras empresarias, las ONGs”.

A mediados de abril, se envió un borrador de la reglamentación que hoy está siendo revisado por la A.N.M.A.T (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Se desconoce si el organismo tiene la voluntad política de aprobarlo a la brevedad, pero será el detalle de ese documento el que establezca las reglas de un juego del que nadie quiere quedarse afuera. “Han venido empresarios de afuera con cartas de intención de compra hacia empresas que todavía no tienen ni una flor”, advierte Echarren. Pero las inversiones comienzan a frenarse ante la dilatación, empujando al déficit a empresas que hace un año pagan sueldos sin poder comercializar.

tampoco es oro verde
 

“El mundo a gran escala teme lo que suceda en Argentina, por la capacidad que tiene de producir: no solo en cuestión de cantidad sino de calidad”, dicen desde el equipo técnico de la ARICCAME. Se habla de la enorme extensión del territorio argentino, pero lo cierto es se trata de un cultivo a pequeña escala: tan solo una hectárea —con sus cuatro ciclos de cultivo anuales— alcanza para producir 4 millones de frascos de aceite medicinal de 10ml. Incluso en países cuyo uso recreativo ha sido regulado, se producen más flores de las que el mercado interno puede consumir. “Los precios internacionales del CBD [cannabidiol, uno de los derivados del cannabis] están muy bajos por la oferta gigante que hay. Lo venden casi sin rentabilidad”, dice Pablo Fazio, presidente de la cámara empresaria del cannabis ARGENCANN.

“Vimos otras experiencias de países que se apuraron, hicieron un producto que no es bueno y después se lo vendieron a precios viles a Europa, en donde le terminan de dar valor agregado. Ese es el modelo que tenemos que evitar a toda costa”, dice Kulfas. “El gran riesgo de esto es que aparezcan un montón de aventureros casi con una mentalidad narcotraficante que quieran llenarse de plata en dos años. Y no es así. Hacerlo bien, de calidad, trazable, requiere mucho trabajo de investigación y desarrollo”.

En Uruguay se legalizaron todos los usos del cannabis en 2013, pero recién en 2019 se dictaron dos leyes que buscaban ampliar las posibilidades de uso medicinal y dinamizar la investigación. Al orden de esos factores podría responder los problemas para alcanzar los estándares de calidad internacionales que encontraron los productos del país vecino, que si bien exportó 13,5 toneladas de cannabis en 2022, acumula otras 195 toneladas en stock.

Con un mercado interno demasiado chico, Uruguay sufre ahora un nuevo revés producto de la caída de precios internacionales del CBD. Aunque el mercado interno argentino es considerablemente más grande (un potencial de 5.2 millones de usuarios medicinales versus los 180 mil que suman medicinales y recreativos en Uruguay) no conviene depositar demasiadas expectativas allí. “Esta industria tiene que nacer exportadora”, opina Kulfas. “Pero para eso necesitás materia prima de buena calidad que pueda transformarse en un producto industrial valorado a nivel internacional.”

En este sentido, el recorrido que se inició en nuestro territorio con la Ley de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados podría constituir una ventaja. Sancionada en 2017 y ampliada mediante decretos presidenciales de Alberto Fernández, no solo fue un gran avance en materia de derechos sino que hoy se percibe como un buen punto de partida. Argentina cuenta con un desarrollo técnico-científico solo equiparable en la región al de Brasil, en donde más allá de algunas resoluciones recientes que permiten la importación con fines medicinales y la fabricación a partir de materia prima importada, no tiene en miras una regulación íntegra de la industria —ni siquiera Lula se ha expresado al respecto.“Si vos me preguntás para dónde hay que ir, mi apuesta es por el valor agregado”, sostiene Kulfas.

“Hay que desincentivar la producción masiva, esa idea de que el cannabis es el oro verde”, piensa Benjamín Enrici, presidente de Agrogenética Riojana SAPEM, una de las tantas empresas mayoritariamente estatales que trabajan con cannabis en Argentina. “Si el Estado no tiene un rol activo, la actividad se concentra en pocas manos y termina en un commodity de exportación… y de nuevo la vemos pasar”.

YPF hay una sola
 

Prácticamente cada provincia argentina cuenta con su proyecto canábico, aunque Jujuy es una de las que más inversiones concentra con la estatal Cannava. “Es una locura semejante inversión del Estado tratándose de un recurso no estratégico”, opina Pablo Fazio. “Con la agenda de inversión pendiente que tenemos en materia de salud, educación pública, de seguridad, de infraestructura”. Sin embargo, lo que algunos ven como un problema es un punto a favor para otros. “Significa que hay una orientación estratégica, que no es solo un negocio a corto plazo”, dice Kulfas.

Desde la ARICCAME afirman que “no se trata de crear una YPF del cannabis” sino de una articulación entre público y privado que permita a los productores acceder al conocimiento técnico y cumplir con los estándares de calidad que requerirá la comercialización dentro y fuera del país. “Solo se permitían proyectos de investigación, entonces el sector privado fue a buscar al Estado para comenzar ese camino”, dice Echarren. “Una vez publicada la reglamentación, la oportunidad va a ser del privado”.

Si bien a grandes rasgos los proyectos autorizados por el Ministerio de Salud no están obteniendo rédito económico, tendrán prioridad en la fila de las licencias frente a la ventanilla única de la ARICCAME.

licencia para estrangular
 

La cuestión de las licencias es una de las que más acalora el debate. En principio habría seis tipos: 1) licencia de criadero, multiplicación y cultivo; 2) de servicios logísticos; 3) de producción de derivados; 4) de comercialización de semillas, esquejes y plantas; 5) para estudios y pruebas analíticas y 6) para comercio exterior. Desde la ARICCAME cuentan que se tratará de “un régimen de licencias móviles muy ágil, que les va a permitir a los empresarios adaptarse rápidamente a lo que quieran hacer”. Es decir: para ampliar su cobertura no deberán iniciar un nuevo trámite sino presentar una solicitud de modificación. Pero si se tratara de crear una industria de valor agregado que no se estrangule a sí misma, la discusión debería centrarse en la cantidad de licencias de cultivo que se otorguen.

“De nada te sirve dar mil licencias para que todo el mundo esté contento y que después haya 900 tipos que dentro de un año estén asfixiando a todos. ¿Te creés que eso no genera una distorsión de los precios internos?”, se pregunta Pablo Fazio. “De lo contrario nos va a pasar lo de Uruguay o Colombia, que dieron un montón de licencias y después no le vendieron la flor a nadie, porque no cumplían con los estándares del cliente contratado”, agrega Benjamín Enrici. Para el hombre que estaría al frente de la ARICCAME si Kulfas hubiese terminado su mandato, las únicas licencias exitosas serán las que resulten en un producto industrializado circulando en las góndolas.

En Colombia —quinto país del mundo en legalizar el cannabis medicinal— se estima que una de cada tres de las 1.300 empresas con licencia de cultivo se retiraron del negocio en 2022. La experiencia internacional demuestra que un crecimiento vertiginoso de la industria con una impronta especulativa no ofrece grandes resultados en términos de producción y desarrollo. Las compañías más poderosas del rubro —muchas de ellas canadienses— comenzaron a operar también en países con regulaciones recientes y modelos principalmente agroexportadores. Hoy están despidiendo empleados y cerrando sedes; sus acciones se derrumban con la misma celeridad con la que despegaron, dejando apenas un puñado de beneficiados que especularon con el precio de las licencias y las vendieron a tiempo.

Las empresas que soliciten una licencia en Argentina deberán tener el 51% de mayoría accionaria nacional (pública o privada). “Van a venir inversiones extranjeras, pero deberán operar con empresas nacionales”, dice Echarren. Para Benjamín Enrici, no obstante, más importante que limitar la participación extranjera sería exigirle a esas empresas que desarrollen una cadena de valor del producto íntegramente en Argentina. “En un contexto en el que necesitamos el ingreso genuino de dólares, bloquear su ingreso me parece bastante estúpido, por no decir demagógico”, dice quien opera desde Agrogenética Riojana con tres empresas de capitales mixtos.

“La idea de la Agencia es que se dinamicen las economías regionales y evitar que la actividad se concentre en pocas manos”, asegura Francisco Echarren. La ley sancionada en 2022 prevé acciones específicas de integración de las organizaciones de la sociedad civil en el marco de la actividad cooperativa y de los pequeños productores. Si bien se mencionan algunas formas de acompañamiento como tasas sociales para el acceso y apoyos técnicos, lo cierto es que alrededor del mundo se registra la persistencia de cultivadores particulares operando en un mercado informal o gris.

Benjamín Enrici cuenta que desde Agrogenética Genética están haciendo hincapié en los empresarios riojanos de la vid. En ese sentido, cabe preguntarse si la oportunidad que plantea este modelo no es más de cambio de la matriz productiva que de creación de nuevas empresas. Sin embargo, el ingeniero agrónomo asegura: “El Estado lo que puede hacer es involucrar al pequeño productor brindándole la semilla, asistiéndolo en el cultivo, cosechándole la flor y devolviéndole el valor a partir de una industrialización en un laboratorio, algo que de otra forma no podrían hacer”.

calidad pharma
 

La A.N.M.A.T contempla al momento tres categorías para los productos derivados de cannabis: especialidades medicinales, productos vegetales a base de cannabis y productos cosméticos con CBD. La elaboración de productos en el marco de las tres categorías debe realizarse a partir de un aislado puro, lo que sería un Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA) en sus términos. El procedimiento para aislar la molécula de CBD —la más prometedora en materia medicinal— es extremadamente costoso, razón por la cual este tipo de insumos generalmente se importan de Suecia o de India.
Para las especialidades medicinales además deben cumplirse con las buenas prácticas europeas desde el cultivo hasta la manufactura y luego someter a los productos a un proceso de fases similar al de las vacunas. “Para lograr la calidad pharma necesitás inversiones que son de muchos millones de dólares, por lo que es imposible descentralizarlo”, dice Echarren. “Aunque nosotros vamos a firmar un convenio con ANLAP (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) para facilitarle el acceso a pequeños productores”. La jujeña Cannava, con una inversión de 200 millones de dólares, es al momento el único proyecto con la espalda suficiente para elaborar íntegramente en Argentina un aceite medicinal de grado farmacéutico.

“Nosotros lo que estamos reclamando es que el fullspectrum tenga una categoría de circulación en la Argentina”, dice Enrici. Los productos fullspectrum (a diferencia de los que se elaboran a partir de la molécula aislada de Cannabidiol CBD) se producen a partir de una resina obtenida de la planta y abarcan un rango más amplio de cannabinoides, cuya concentración se ajusta a posteriori a los valores buscados. Son más fáciles de producir pero además presentan mejores oportunidades de aplicación medicinal. No solo están indicados para un abanico más amplio de patologías, sino que el efecto terapéutico del CBD es más potente cuando se lo combina con el THC, por parecerse más su estructura molecular a la de los cannabinoides producidos naturalmente por nuestro organismo.

Si bien se autorizaron en algunas provincias por resoluciones de los ministerios locales, desde la A.N.M.A.T no confirmaron que la creación de una categoría que habilite la circulación a nivel nacional de los fullspectrum se encuentre en el horizonte, pero sí que los derivados de cannabis no estarán contemplados dentro de los medicamentos herbarios, categoría a través de la cual se comercializan en California.

“La A.N.M.A.T se pone así de rigurosa para registrar un producto pero tiene las redes sociales estalladas de aceites ilegales”, protesta Pablo Fazio, quien también hace énfasis en la importancia de permitir al público la venta de flores secas. “Sería ridículo que la gente que produce cannabis no lo pueda a vender en el mercado interno. Si la reglamentación no permite que eso suceda, no tenemos industria”.

Pablo Fazio firmó desde Pampa Hemp —la primera empresa privada autorizada para cultivar cannabis en colaboración con el INTA— un convenio con el laboratorio nacional Natufarma para eventualmente desarrollar un Ingrediente Farmaceútico Activo (IFA) que pueda ser utilizado en productos derivados de cannabis. Sin embargo, afirma: “Nosotros desde nuestra pequeña pyme no vamos a competir con ELEA, sería una torpeza. Ahora quizás con productos más de nicho, con estrategias de comercialización diferentes…”

cocina palermitana
 

De venta libre, los productos cosméticos de CBD son los que al momento tienen una mayor circulación en Argentina. Pero para Fazio el mundo del cannabis no termina ahí. El empresario cree que “se trata de hacer productos innovadores de cannabinoides no tan difundidos como el CBN, el CBC, el CBG”. Mientras Pampa Hemp —orientada al cultivo y la venta de semillas— todavía no puede comercializar ninguno de sus productos, otra de las empresas del grupo elabora cremas, ungüentos, jabones y perfumes a base de derivados de cannabis que ya se encuentran a la venta en un elegante dispensario de Palermo.

Engamado en verde, con paredes de ladrillo a la vista y estanterías de hierro en las que se exhiben sofisticados productos, el local cuenta además con un laboratorio abierto —fiel al estilo de las cocinas palermitanas. “Es una farmacia, se llama dispensario por una cuestión de marketing”, aclara Fazio. Detrás de un vidrio fijo se elaboran aceites de cannabis que pueden venderse bajo receta gracias al artículo 7 de la reglamentación de la Ley Medicinal vigente, que reconoce a las recetas magistrales preparadas en farmacias autorizadas como una de las formas de acceso a la medicina. “No hay ninguna forma de avanzar con esta industria si no es haciendo las cosas con algún nivel de audacia, dentro del marco de lo legalmente posible”.

el cáñamo
 

Con menos prensa pero mayor potencial, se estima que el cáñamo podría ser la estrella del universo cannábico. “El problema es que arrancamos completamente de cero”, dice Diana Guillén, presidente de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), uno de los organismos que regulará el cáñamo en articulación con la Agencia. Como jefa de gabinete del Ministerio de Agricultura, Guillén impulsó en 2021 la resolución que encomendó al INASE (Instituto Nacional de Semillas) el relevamiento de variedades nacionales de cannabis. Al momento son 32 las semillas de uso medicinal registradas, pero ninguna de cáñamo para uso industrial. “Estamos viendo si la gente de la Linera (Bonaerense) resguardó alguna variedad. La mayoría de las que se usaron en Argentina se perdieron con la prohibición, por eso estamos probando de otros orígenes”, cuenta Guillén.

Mientras los cultivos de cannabis medicinal salpican todo el territorio argentino desde 2017, el cáñamo tuvo su primera plantación piloto en abril de 2023. La empresa nacional Industrial Hemp Solutions (IHS) en colaboración con la Universidad de Buenos Aires probará 18 variedades en 25 puntos del país durante al menos tres años, aunque ninguna podrá ser registrada legalmente hasta que la reglamentación de ARICCAME no diga que cáñamo es aquel producto agrícola que tiene menos del 1% de concentración de THC.

Al ser considerada una variedad no psicotrópica de la planta, se espera que el andamiaje jurídico que la prohíbe se despabile más rápido, razón por la cual se otorgarán licencias diferenciadas para su cultivo. Sin embargo, todavía falta regular el tránsito vegetal, el uso veterinario y autorizar la cañamiza como material de construcción, entre otros puntos de la normativa complementaria que debe modificarse con urgencia. En ese entramado jurídico hoy se encuentran enredados productores de diversa índole en otros mercados regulados.

Existen numerosas aplicaciones para el cañamo: fibras textiles, ropa y calzado, biocombustibles, alimentación animal, materiales de construcción, papel, fertilizantes, partes automotrices y bioplásticos, entre otras. También puede usarse para elaborar alimentos, bebidas e infusiones. Pero ninguna de sus 15 mil aplicaciones será posible sin un desarrollo industrial paralelo. “Una industria alrededor del cáñamo podría sustituir importaciones e impulsar la fabricación de nuevos productos. Para eso hay que enfocarse en el desarrollo de la industria antes que en el cultivo”, dice Benjamín Enrici.

viaje recreativo
 

El nacimiento de la industria del cannabis sería una de las pocas medallas que podría colgarse Alberto Fernández. Sin embargo, la ARICCAME carece aún de presupuesto propio. “Nos dieron un auto que no tiene palanca de cambio, volante, ni nafta”, se queja Francisco Echarren. El panorama podría ensombrecerse aún más luego de las próximas elecciones presidenciales, a pesar de que la industria del cannabis podría resultar un manto de alivio para el nuevo gobierno, cualquiera sea. No obstante, Fazio no cree que pueda desandarse el camino, debido a la enorme cantidad de intereses económicos en juego. “Ahora bien, la revisión de la Ley Penal creo que va a estar de la mano de un gobierno progresista”.

La modificación de la Ley de Estupefacientes (27.737/89) es condición sine qua non para una eventual regulación del mercado recreativo, en donde se estima que reside el mayor potencial económico del mercado interno. Mientras un 17% de los usuarios consume cannabis con fines medicinales, el 82% lo hace por diversión, aunque la tajante división entre ambos usos responde a un paradigma que tarde o temprano deberá romperse. “Para que se regularice el mercado recreativo tenemos que hacer que esto funcione”, dice Francisco Echarren. “Si demostramos que se genera empleo, que hay expansión económica, que cobran fuerza las economías regionales y que generamos divisas… el camino está hecho”.