Poco después del mediodía del viernes 7 de enero de 2022, nueve semanas antes de dejar la presidencia de Chile, Sebastián Piñera se ve obligado a salir a defender públicamente una de sus últimas jugadas, una que dejaría marca en el largo plazo:

–Chile es una de las mayores reservas de litio del mundo –dice el presidente, ante un grupo de periodistas–. Tiene cerca del cuarenta por ciento de la reserva mundial. Éramos el principal productor de litio en el mundo. Y ya no lo somos. Por eso tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo la tierra, o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos. Por eso hemos iniciado un plan estratégico de licitación internacional por el cuatro por ciento de las reservas del litio de nuestro país, que fue transparente y siguió todos los procesos.

El escenario no tiene nada que ver con el tema del discurso. Piñera está parado sobre las vías de una estación de tren en Rancagua, 87 kilómetros al sur de Santiago de Chile y a 1.700 del desierto de Atacama, que es donde se extrae el litio en este país. Está rodeado por once funcionarios de su gobierno y dos modernos vagones a sus espaldas completan la escenografía de una conferencia de prensa en la que han ido a hacer un balance del programa Chile Sobre Rieles, que gestiona proyectos de infraestructura ferroviaria.

Están ahí para hablar de trenes, pero terminan hablando del litio.

Un periodista acreditado a la conferencia le ha preguntado al presidente si va a haber algún cambio en el plan de inversión y licitación. En octubre de 2021 –un mes antes de las elecciones presidenciales en las que ya no podía participar–, Piñera oficializó un llamado a licitación internacional para explotar dos cuotas de ochenta mil toneladas de litio cada una, en un plazo de treinta años. Casi no ha hablado públicamente del tema.

Ahora, con el pelo blanco revuelto por el viento, hace sus típicos gestos inquietos, separando los bracitos cortos del cuerpo con las manos pequeñas bailando sobre el pecho. El periodista ha preguntado y el presidente ha tenido que responder, porque en las últimas cuarenta y ocho horas han pasado cosas que sacaron la trama de la licitación del litio del cómodo segundo plano en que venía.

Dos días atrás, en la tarde del 5 de enero, en el marco de las reuniones entre equipos de trabajo del gobierno saliente y el entrante, autoridades del Ministerio de Minería de Sebastián Piñera y del comando del presidente electo, Gabriel Boric, se encontraron en una mesa de trabajo en la que el litio fue tema central. Y el encuentro fue tenso.

Las voces cantantes de ambas partes fueron Juan Carlos Jobet e Izkia Siches.

Jobet, el ministro de Minería y Energía del gobierno de Piñera, es un empresario de 45 años, flaco, espigado, con cara de niño y voz de locutor. Educado en Harvard e integrante de Evopoli, el partido más liberal de la coalición de derecha chilena, formado en 2012. Siches, de 36, es una médica de rasgos andinos que usa blazers de ejecutiva, tiene pasado en las Juventudes Comunistas y se hizo famosa ocupando la presidencia del Colegio Médico, donde generó y recomendó protocolos para la lucha contra el Covid, al mismo tiempo que tildaba de “nefastos e infelices” a los funcionarios de salud del gobierno de Piñera. Siches dejó su cargo gremial en noviembre para asumir como jefa de campaña de Boric, y ahora es su portavoz en muchas reuniones previas al traspaso de mando.

Sin quitarse los barbijos, en la mesa de una lujosa oficina del ministerio, tanto Siches como Jobet sostuvieron las posiciones que habían mantenido más o menos públicamente hasta entonces. El ministro de Piñera dijo que había que acelerar la industria del litio para no seguir perdiendo terreno en el sector. Y defendió las licitaciones para garantizar la llegada de capital extranjero que permitiera generar un aprovechamiento del recurso en el largo plazo. La jefa del comando de Boric arrojó sobre la mesa su preocupación por una medida de ese tipo sobre el final del gobierno. Insistió en la necesidad de involucrar a las comunidades originarias en la toma de decisiones y recordó la iniciativa de Boric durante la campaña presidencial, de crear una empresa estatal que se encargara de la explotación del litio.

A diferencia de Argentina, donde las decisiones sobre este recurso las toman las provincias, en Chile es potestad del Estado nacional desde que fue declarado “material de interés nuclear” y recurso de interés estratégico en la década del setenta.

Piñera podía, entonces, hacer lo que estaba haciendo. Pero, ya con los días contados, había decidido algo que impactaría en el sector durante las próximas tres décadas en un sentido diametralmente opuesto al que traía el nuevo gobierno. Era casi una provocación.

El jueves 6 de enero, un día después de la reunión con las autoridades de Minería y un día antes de la conferencia de Piñera, circuló un texto explosivo en las redes sociales y algunos portales de noticias en internet. Era un comunicado del Consejo de Pueblos Atacameños, firmado ese mismo día en San Pedro, en nombre de las dieciocho comunidades indígenas del norte de Chile, bajo un título sin titubeos: “No más minería del Agua”.

En el comunicado de ocho párrafos, seco y contundente, que entra simétricamente en una carilla, el Consejo denuncia que la licitación viola el convenio 169 de la OIT –que existe desde 1989, y al que adhirieron Chile y otros países latinoamericanos en 2014– que obliga a los estados nacionales a consultar a los pueblos indígenas ante cualquier decisión de gobierno que pueda afectar sus territorios ancestrales, formas de vida u organización. Hasta este momento, nadie del gobierno les ha consultado nada a los pueblos atacameños sobre la nueva licitación.

En un fragmento central, el comunicado explica con claridad:

Para obtener una tonelada de carbonato de litio, se requieren 2 millones de litros de agua, utilizando pozas de evaporación y concentración de las salmueras extraídas desde el núcleo del salar. La extracción y obtención del litio resulta en menores costos energéticos y monetarios para la industria, con una gran pérdida de agua mediante la evaporación, cuya tasa es mucho más intensa que la recarga y el gran stress sobre los sistemas hídricos no renovables y ecosistemas asociados, en una de las cuencas más usadas por la minería y con desbalances hídricos. El extractivismo ha destruido incluso las ecologías microbianas, que son esenciales para la vida y frutos de millones de años de evolución. Una mayor extracción podría generar un ecocidio en el Salar de Atacama.

El comunicado cierra convocando a las comunidades de todos los territorios a adherirse a una movilización para decir no a la licitación del litio. 

Al día siguiente de la publicación del texto, cuando el periodista le pregunta a Piñera en Rancagua sobre los posibles cambios en la licitación, no hace referencia al comunicado de los pueblos originarios, ni tampoco lo hace el presidente cuando responde. En la reunión del miércoles 5, el ministro Jobet había dicho que analizaría los reparos del gobierno entrante, entre ellos el planteo de Siches sobre las consultas a las comunidades indígenas. Sin embargo, en la conferencia del viernes 7, Piñera defiende el proceso en curso sin rodeos. No parece haber freno ni marcha atrás.

Entonces comienzan a moverse las piezas del otro lado del tablero.

El martes 11 de enero llegan a Santiago de Chile cinco representantes del Consejo de Pueblos Atacameños. Llevan una bandera con el escudo de la organización y dos wiphalas. Visten como personas de ciudad: los varones con camisas, jeans, zapatillas y mochilas como de estudiantes; las mujeres con soleros y sandalias. Tienen entre treinta y cincuenta años. Los barbijos no llegan a tapar los rasgos que los distinguen de otros citadinos: la piel rojiza y las melenas negras de pelo grueso resaltan en la nada aborigen capital chilena. En Santiago llaman la atención: hay quienes bajan la mirada y quienes los miran fijo a su paso. Hay murmullos mientras avanzan hacia el Congreso Nacional de Chile. Allí les están esperando. 

Se reúnen con la senadora Yasna Provoste, líder del Partido Demócrata Cristiano y presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja; luego con Esteban Velásquez, diputado del Partido Federación Regionalista Verde Social, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Alta. Ambos son atacameños. Provoste de la provincia de Huasco, al sur de la región, y Velásquez de la comuna de Calama, capital de la norteña provincia de El Loa. Ella fue gobernadora y él alcalde. Ambos dicen que acompañarán el reclamo de los visitantes desde el Congreso. Velásquez dice que hay que intentar impedir el avance de la licitación hasta que Boric asuma la presidencia.

Al terminar la reunión, los representantes del Consejo de Pueblos Atacameños se reúnen en el punto de prensa del Congreso Nacional y dan una conferencia frente a un enjambre de cámaras y corresponsales Entonces toma la palabra Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños. No se quita la máscara y solo se le ven los ojos fijos, la piel cobriza y el pelo negro prolijamente peinado con una raya al medio que cae pesado sobre los hombros. La voz le brota quejosa y enérgica. Él está parado y quieto frente al micrófono, pero cada oración es como un paso adelante:

–Venimos aquí a visibilizar nuestra preocupación por la licitación, porque vulnera nuestros derechos y hoy se pone en riesgo la vida de quienes habitan en el Salar de Atacama –dice Salvatierra– Más que una oportunidad de desarrollo para Chile es un ecocidio. El rol del Estado como garante no ha sido capaz de relacionarse con las comunidades indígenas que habitan el territorio.

Y es eso. Reclaman que el Estado está entregando las tierras donde viven sin consultarles nada.

A la conferencia se suma otra diputada. La joven Catalina Pérez, nacida en Suecia durante el exilio de sus padres en la dictadura de Pinochet. Representante del Partido Revolución Democrática, fundado en 2011 por estudiantes como ella, que habían participado en la revuelta de ese año que marcó a Chile. Tiene un peinado casi idéntico al de Salvatierra, pero teñido de rojo furioso. Pérez es contundente en su declaración:

–Venimos a respaldar y acompañar la excelente gestión del Consejo de Pueblos Atacameños, que hoy ha venido a reunirse con distintas bancadas para tener una posición muy clara. Hoy día debemos detener la licitación del litio que el presidente ilegítimamente ha buscado llevar adelante. Esperamos tener éxito en esta tarea.

El anuncio de los ganadores de la licitación está previsto para el viernes 14, pero, como si fuera una respuesta a la reunión en diputados, se adelanta para el miércoles 12. El ministro Jobet anuncia la adjudicación de las cuotas de explotación a dos de las empresas que se presentaron: BYD, que ofertó 61 millones de dólares, y Servicios y Operaciones Mineras del Norte, que ofertó sesenta millones. 

BYD significa Build your dreams: construye tus sueños. Aunque la sigla es de un nombre en inglés, la empresa se fundó en 1995 en Shenzhen, la enorme metrópoli industrial del sudeste chino. Es una multinacional monstruosa: tiene 220.000 empleados en treinta parques industriales repartidos en cinco continentes. El sueño de los chinos es, según lo cuentan en su web, «construir un futuro sostenible alimentado por la electricidad, donde las ciudades coexistan pacíficamente junto a la naturaleza, y donde el aire puro y limpio esté garantizado». Allí se preguntan cómo serán las ciudades del futuro, y responden:

La energía solar pronto se convertirá en la mayor fuente de energía de las ciudades del futuro, permitiendo que los ecosistemas urbanos puedan operar fluidamente. Verás vehículos eléctricos recorrer la ciudad ofreciendo viajes cero emisiones, mientras el SkyRail ofrecerá desplazamientos confiables y precisos a los pasajeros. Como pionero en soluciones de nueva energía, BYD está comprometido a desarrollar soluciones para un ecosistema sustentable.

Y esas soluciones son las cosas que BYD construye y vende a granel: paneles solares, autos, colectivos y trenes, todos impulsados por energía eléctrica. La empresa china es, de hecho, la segunda productora de vehículos eléctricos detrás de Tesla, de Elon Musk.

En Chile, BYD hace negocios desde 2017: ya vendió 435 colectivos eléctricos para el transporte público; en abril de 2021 firmó un compromiso para entregar una primera flota de cincuenta taxis que funcionan con electricidad; en octubre de ese mismo año llevó el primer prototipo de camión eléctrico en un proyecto aliado a Wal-Mart para incorporar electromovilidad a la distribución de alimentos en los supermercados. Y, mientras avanza en esos negocios, ya se ha expandido al primer eslabón de la cadena: la extracción de materia prima para la elaboración de componentes químicos y la fabricación de baterías. Así, a fines de 2021, se presentó a la licitación de Piñera y la ganó a principios del 2022. Los chinos festejan con el anuncio de Jobet.

La segunda firma ganadora es de capitales chilenos. Servicios y Operaciones Mineras del Norte es una empresa del grupo Errázuriz, una familia de abolengo entre la que hay senadores, ministros, empresarios y obispos. La cabeza es Francisco Javier Errázuriz, hombre de vida larga y prolífica. Millonario productor agroganadero, dueño de bancos, supermercados y empresas de seguros de retiro, fue uno de los cuatro candidatos presidenciales en la vuelta a la democracia en 1989; quedó tercero detrás de Patricio Alwyn y Hernán Büchi. Fue senador entre 1994 y 2002 por el partido de centroderecha Unión Por el Progreso de Chile. Estampa típica de hombre de negocios bien educado: siempre trajeado, siempre prolijo, siempre sonrisa medida y siempre las canas brillantes bien peinadas. Tan bien educado y prolijo como para arreglar con la justicia chilena, en 1998, una condena de 68 días de prisión remitida y una indemnización millonaria después de secuestrar y golpear al abogado de una empresa con la que estaba en conflicto. Errázuriz estuvo dos veces a punto de morir: en 1989 de un infarto y en 2011 de un derrame cerebral. Desde ese último episodio, y ya con setenta años, siguió los negocios de cerca pero cedió protagonismo a su hijo de 37: Javier Errázuriz Ovalle, un ingeniero inexpresivo de cabeza redonda y ojos cansados que, para ir con ventaja a la licitación del litio, se presentó con dos firmas distintas. Además de Servicios y Operaciones Mineras, el grupo Errázuriz también presentó a Cosayach Caliche, firma que se dedica a la producción de yodo desde 1985. Los Errázuriz iban por todo: el objetivo era quedarse con las dos cuotas de ochenta mil toneladas a explotar en treinta años. Al final ganaron una. Y lo festejan.

Las otras dos empresas que se presentaron a la licitación ya están hace años en el negocio, e iban por más: la norteamericana Albemarle, que es la primera que extrajo litio en Chile –lo hace desde 1984– y SQM, la minera más grande del país, que trabaja con distintos químicos industriales, extrae litio desde 1997 y alguna vez fue la principal exportadora de este recurso en el mundo. Ambas operan en el desierto de Atacama y hacen negocios en Chile desde la década del sesenta. Pero, esta vez, los dos peces gordos del sector pierden. El 12 de enero no tienen nada que festejar.

Ese mismo miércoles 12 en que Jobet hace el anuncio de los ganadores, la atención pública está puesta en otro lado. Boric tiene una reunión preparatoria con los gobernadores y gobernadoras de todo el país. Pero la noticia del repentino avance de la adjudicación no pasa desapercibida. Poco después de las cinco de la tarde, tras varias horas de reunión con las autoridades regionales chilenas, el presidente electo da una conferencia de prensa desde el centro de Santiago. Otra vez, es una conferencia para hablar de otra cosa y terminan hablando del litio.

La periodista Mariel Paso, de Televisión Nacional, antes de preguntar, dice que se acaba de conocer la noticia de la adjudicación a los chinos y los Errázuriz. Y dice también que en la Cámara de Diputados, donde estaba teniendo lugar una sesión, los legisladores de la oposición se levantaron diciendo que se trataba de un robo a mano armada. Que “se vendió el litio a precio de huevo”.

Boric, que lleva un saco marrón sobre una remera blanca, escucha y asiente con la cabeza. Responde con las manos en la espalda, como si se guardara algo:

–Es algo que vamos a revisar con nuestros equipos. Y mantenemos nuestra disposición a la creación de una empresa nacional del litio, que además actúe en consideración con las comunidades, con el cuidado de los salares, con el desarrollo productivo nacional. Y, como les digo, vamos a estar revisando el detalle de esta licitación con nuestros equipos. Nuestra posición era que el gobierno no innovara en la materia, y que nos permitiera tener un debate de largo aliento respecto de un bien tan estratégico como es el litio. A mí me parece que es una mala noticia para Chile. 

La licitación de Piñera no solo va a contramano del reclamo de las poblaciones donde se encuentra el recurso y de la línea que el nuevo gobierno de Boric viene a proponer con el litio, sino que puede cambiar el mapa de poder entre el mismo sector empresarial, abriendo las puertas a nuevos jugadores. A pesar de todas las quejas y reparos, el presidente, que está en retirada, hace oídos sordos y avanza como si fuera uno de los trenes de Chile Sobre Rieles.

Pero, mientras brindan los chinos, celebran los Errázuriz y se frota sus manos pequeñitas el presidente, deviene un giro inesperado en la trama.

Minutos antes del mediodía del viernes 14, la Cámara de Apelaciones de Antofagasta emite un recurso de protección «en contra del Ministerio de Minería, y en contra de Sebastián Piñera Echeñique en su calidad de Presidente de la República». Lo firman las ministras Katy Pavlich Nuñez y Tatiana Castillo Fuenzalida. Son integrantes de una dependencia regional del Poder Judicial menor, pero con potestad para frenarlo todo.

La medida es a favor de una presentación que realizaron desde la pequeña comunidad de Coyo, una de las dieciocho que integran el Consejo de Comunidades Atacameñas, ubicada en medio de los salares. Allí vive un grupo de veinticuatro familias que se dedican a la ganadería y las artesanías.

Mientras Salvatierra y el pequeño grupo de atacameños hacían ruido en Santiago, distrayendo a políticos, periodistas y al público en general, las familias de Coyo, sigilosamente, daban la estocada por el lugar menos pensado. 

La medida de la Corte de Apelaciones no cancela la licitación, pero la suspende hasta que se analice la cuestión judicial de fondo. El ministro Jobet, empresario bien entrenado, disimula su malestar y dice que respetan la decisión pero que van a apelar, porque el caso puede generar un mal antecedente para otras licitaciones a futuro. Los chinos y los Errázuriz no dicen nada. Los pueblos atacameños han ganado tiempo, que es lo que Piñera no tiene.

El domingo 16, el ministro Jobet aparece en Canal 13. Ya disimula menos su enojo. Reniega porque cree que esta medida solo hará que Chile siga perdiendo terreno en el mercado internacional del litio:

–En la cartera de proyectos que van a producir antes de 2024, ninguno es chileno –le dice el ministro a su entrevistador–. Tres australianos, tres argentinos, dos en China, uno en Estados Unidos y uno en Brasil. Cero en Chile. Porque cada vez que queremos aumentar la producción de litio, terminamos en una pelea.

La apelación formal del gobierno entra en la justicia el jueves 20 de enero. Al mismo tiempo, los diputados del bloque opositor a Piñera presentan un proyecto para declarar inconstitucional la licitación.

Ninguna de las dos jugadas va a tener respuesta favorable.

Ese mismo día, los representantes del Consejo de Pueblos Atacameños vuelven a la capital y se movilizan frente a la Moneda, el palacio donde tiene su oficina el presidente. Esta vez no son cinco. En la calle se ha sumado el gobernador de Atacama, Miguel Vargas, junto con alcaldes de la región y militantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Publican un comunicado donde piden «un estudio científico en la cuenca del Salar de Atacama, para determinar cuál es su estado de salud» y que se realice «una consulta indígena previa e informada respecto a cualquier licitación».

Despliegan sus banderas y pancartas frente al palacio de gobierno. Un poco protestan y un poco celebran. Saben que, al menos hasta el cambio de mando, la licitación se va a paralizar.