El Registro Nacional de Barrios Populares aprobado en 2016 y la posterior Ley de Integración Sociourbana de 2018 fueron ensayos complejos de articulación entre el Estado, las organizaciones sociales, los vecinos y las ONGs. Su concreción fue dispar, ambivalente, pero implicó un punto de inflexión para revertir la gravísima situación que se padece en los márgenes urbanos. La llegada al poder de la ultraderecha marcó el fin del financiamiento en medio de una puja judicial todavía en curso e interrogantes sobre si se resiste semejante retroceso.