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¿Y quién mató a Norita Dalmasso?
Un cadáver apenas tapado por una sábana en una mansión invadida por curiosos. Un perejil apresado y luego liberado. Un hijo sospechado de matricidio hasta que unas muestras de ADN llegadas de Estados Unidos incriminaron a su padre. Mientras la corrupción y la ineficacia del entramado policial delasotista quedaron al desnudo, mientras Schiaretti teme por su futuro y el poder judicial parece un dibujo animado, todavía no sabemos quién mató a Norita.
Ilustraciones: Ezequiel García
06 de Junio de 2016

En la lluviosa tarde del 26 de noviembre de 2006, hace casi diez años, una noticia rompió para siempre con la parsimonia de Villa Golf, un country semicerrado de Río Cuarto. El apacible paisaje de casas fastuosas con jardines esculturales cambió su fisonomía para poblarse de patrulleros, policías, curiosos y centenares de periodistas de todos los rincones del país, subyugados por el irresistible magnetismo de un homicidio que desde entonces se conoce como el “caso Dalmasso”. Ese día también corrió el velo de hipocresía y dejó al desnudo las miserias de la high society riocuartense y el espíritu corporativo y clasista de un Poder Judicial sumiso al poder político, al punto de dejarse llevar por una comitiva policial enviada desde la Casa de las Tejas para cerrar el caso inculpando a un “perejil”.

La bomba que detonó el mayor fenómeno mediático nacional desde el asesinato de María Soledad Morales (Catamarca) y el crimen de María Marta García Belsunce (Pilar), fue el hallazgo del cadáver desnudo de una cincuentona atractiva, acostado en la cama de su hija en una habitación contigua a la suya, en la coqueta vivienda que la familia Macarrón tenía –y aún tiene, aunque ahora embargada por la Justicia- sobre la calle 5 del barrio residencial donde convive un variopinto crisol de apellidos ilustres con nuevos ricos, ex funcionarios de abultado patrimonio, financistas, usureros, profesionales, deportistas y sojeros.

El cuerpo exánime de Nora Raquel Dalmasso, la dueña de casa, estaba tapado hasta el pubis con una sábana verde. El cadáver tenía las piernas y los ojos llamativamente abiertos y un cinto de toalla le aprisionaba el cuello. Esa noche, una procesión de curiosos recorrió la vivienda mientras el rumor –práctica consolidada desde el reinado del poderoso jefe del bloque de diputados menemistas, Humberto Roggero- destrozaba la reputación de la víctima. Algunos curiosos incluso subieron las escaleras para asomarse a la escena del crimen. En misión espiritual, el cura Jorge Felizzia ordenó a los peritos que volvieran a cubrir el cuerpo con la sábana para proteger a la víctima de tanta mirada indiscreta.  

gen macarrón

La inusual presencia de intrusos fue, paradójicamente, la clave para desentrañar la madeja. Con el fin de descartar una posible contaminación, el fiscal Javier Di Santo ordenó cotejar las muestras de ADN halladas en la escena del crimen con la veintena de curiosos que ingresaron a la vivienda. Uno de ellos era el suegro de Nora, Félix Macarrón, que se quedó a custodiar la casa cuando la ambulancia de Servicios Sociales Grassi se llevó a su nuera muerta. Al cruzar las muestras, el Centro de Excelencia en Productos y Servicios (Ceprocor) descubrió que su ADN era idéntico al hallado en el cuerpo de la víctima, la sábana de la cama donde yacía y el cinto de la bata con que fue estrangulada. Los análisis genéticos también indicaron que la última persona que había estado con Nora era un Macarrón. El presunto asesino estaba en el círculo más íntimo de la mujer asesinada: su suegro Félix, su esposo Marcelo o su hijo Facundo. En vez de investigar a los tres, el inefable fiscal Di Santo se concentró en Facundo a quien imputó por “sospecha leve” del “homicidio calificado y abuso sexual agravado” de su madre.

Meses antes de que el Ceprocor cotejara las muestras genéticas, presionado por el fiscal general de la Provincia Gustavo Vidal Lascano –hoy fiscal federal–, y por el vocero del viudo, Daniel Lacase –ex número dos de Julio César Aráoz en la Secretaría de Prevención y Lucha contra la Drogadicción del menemismo–, Di Santo había imputado por “violación seguida de muerte” a Gastón Zárate, un humilde pintor de obra que integraba la cuadrilla de albañiles que por esos días trabajaba en la casa de los Macarrón.

La acusación recayó sobre un jovencito petiso, de voz aflautada y cara de ángel. Su madre, desesperada, convocó al periodismo y dijo que la noche del crimen había estado en su casa. La noticia causó tal indignación que miles de riocuartenses ganaron espontáneamente las calles para repudiar la burda maniobra. La movilización, sin precedentes en la historia de la ciudad, se conoció como “el perejilazo”. Y motivó la inmediata liberación del pintor.

Con Juan Schiaretti en campaña para retener el poder de Unión por Córdoba –la coalición que había llevado a De la Sota al gobierno a fines de la década del noventa–, el gobernador tuvo que dar marcha atrás y, pragmático, se sumó al clamor popular: “La gente no le cree a los fiscales, y yo tampoco”, dijo ante un enjambre de periodistas. Sus espadas en la Legislatura pidieron el juicio político de los tres fiscales que habían acusado al “perejil”: Di Santo, Fernando Moine y el propio Marcelo Hidalgo, que había sido enviado desde Córdoba por Vidal Lascano.

El único testimonio que inculpaba a Zárate fue obtenido con apremios ilegales. Lo denunció su amigo Carlos Curiotti, un joven con retraso evolutivo cuya edad intelectual equivalía a la de un chico de trece años. Sus familiares denunciaron que lo obligaron a firmar una declaración armada tras mantenerlo incomunicado un día entero en la jefatura de Policía. Esa investigación fue obra del comisario Rafael Sosa, el mismo que fue recientemente condenado a cuatro años de prisión en la causa conocida como el “narcoescándalo” cordobés.

queda en familia

Pasó el tiempo y la única prueba concreta que había en el expediente era el ADN de los Macarrón. El suegro dijo que había estado en su casa la noche del crimen y puso como testigos a su esposa y su hija. El viudo tenía la coartada perfecta: declaró que había estado en Punta del Este jugando un torneo de golf y tenía 16 testigos para acreditarlo. Además, por primera vez en su vida, había ganado un torneo y podía exhibir su trofeo. El hijo contó que había estado en una cena del Rotary Club en Córdoba y luego se había ido a dormir sólo a su departamento.

El “caso Dalmasso” se comió a la plana mayor de la Policía y a todos los funcionarios del área de Seguridad del gobierno de De la Sota. La Justicia no daba pie con bola: el fiscal llegó a tener tres imputados al mismo tiempo: Rafael Magnasco, Gastón Zárate y Facundo Macarrón. Los tres estaban acusados de asesinar a la misma mujer de maneras distintas: crimen pasional, violación y matricidio. Un papelón que se proyectaba día a día a todo el país, horadando el prestigio cimentado por el delasotismo a través de pautas publicitarias millonarias en los principales medios de comunicación nacionales. El primero en ser desincriminado fue Rafael Magnasco. La Cámara Penal de Río Cuarto anuló todo lo actuado por Di Santo y el falso amante de la víctima le inició una demanda millonaria a la Provincia por daño moral.

Cinco años después llegaron a la Fiscalía de Di Santo los esperados análisis de Estados Unidos. Con mejor tecnología que el Ceprocor, el laboratorio del FBI le puso nombre propio a las muestras: el donante casi excluyente de las huellas genéticas halladas en la escena del crimen no era otro que el viudo. Con esos resultados, el fiscal desprocesó al “perejil” e hizo lo propio con Facundo, pero desoyendo la opinión unánime de los forenses que tomaron las muestras -quienes siempre afirmaron que se trataba de fluidos de una relación sexual reciente-, Di Santo no imputó a Marcelo Macarrón. Ni siquiera por “sospecha leve”.

Desde entonces, la causa durmió el sueño de los justos a la espera de la prescripción. Curiosamente, ni la familia Macarrón –que se volvió a constituir en querellante- ni la familia Dalmasso –querellantes desde un primer momento- aportaron pruebas, ni pidieron investigar nuevas pistas, ni recusaron al fiscal. Los coletazos del caso Dalmasso no alcanzaron para que Schiaretti perdiera la elección, aunque asumió en medio de las denuncias de fraude del entonces kirchnerista Luis Juez. Cuatro años más tarde, De la Sota recuperó las riendas de la Provincia.

la grieta judicial

Todo parecía encaminarse inexorablemente hacia la impunidad, hasta que en abril del año pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) denunció por “inacción” al fiscal Di Santo. Con solo revisar el expediente, el juez de control corroboró que en los últimos tres años la única actividad procesal fue una orden para hacer fotocopias. Ante la posibilidad de ser sometido a un proceso, Di Santo dio un paso al costado. El expediente fue a parar a la fiscalía de Julio Rivero, pero este había sido ascendido a fiscal de Cámara. El expediente quedó otra vez inmovilizado, a la espera de un nuevo acusador.

En noviembre de 2015 el fiscal federal Enrique Senestrari envió a los tribunales de Río Cuarto escuchas telefónicas que, realizadas con motivo de otra investigación, resultaban de interés para el caso Dalmasso. El teléfono “pinchado” en los primeros meses del año 2007 era del agente de la SIDE José Martínez Luque. Las escuchas develaron que la Secretaría de Inteligencia sospechaba del entonces presidente de la multinacional Del Monte Fresh, Miguel Rohrer, alias “el francés”, un poderoso productor agropecuario con campo en la localidad de Las Acequias; que el informe de telefonía ubicó a Rohrer en Río Cuarto la noche del crimen –contrariamente a lo que declaró como testigo-; que contó con la complicidad de dos policías corruptos para apuntalar su coartada; y que el número dos de la SIDE en ese entonces, “Paco” Larcher, se reunió con el jefe de Policía de De la Sota a pedido del presidente Néstor Kirchner, lo que revela la gravedad institucional que adquirió el proceso.

El nuevo fiscal del caso Dalmasso, Daniel Miralles, asumió a mediados de febrero. El 18 de marzo, sin agregar una sola prueba al expediente, imputó a Marcelo Macarrón por “homicidio calificado agravado por el vínculo” de su esposa. El delito prevé una pena de prisión perpetua. Pese a la gravedad de la imputación, Macarrón sigue en libertad. Puso su vivienda como garantía para cubrir una fianza de tres millones de pesos, tiene prohibido salir del país y cada quince días debe presentarse en Tribunales. La primera semana de mayo fue sometido a una pericia psicológica. Su abogado, Marcelo Brito –ex fiscal general de De la Sota–, fracasó en una arremetida contra la prueba genética cuando representaba a Facundo. Sin estrategia, procura impedir ahora que su nuevo cliente enfrente un juicio que seguramente tendrá jurados populares.

Será el pueblo de Río Cuarto contra Marcelo Macarrón.

En los mentideros políticos se comenta que a Macarrón “le soltaron la mano”. Y que lo que puede quedar en cuestión es el cordobesismo y su aceitado sistema de protección a los poderosos. En los Tribunales se habla de la grieta abierta ante el desparpajo con que se manejó una causa que expuso al ridículo nacional al Poder Judicial de Río Cuarto. Aunque ambos integran una sociedad política exitosa que los mantiene en el poder hace más de una década, Schiaretti no es De la Sota. La concreción de un juicio oral y público que ventile las miserias del delasotismo sería un pésima noticia para el ex gobernador, que no pierde las esperanzas de jugar en las grandes ligas de la política nacional.

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