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tres disparos
Un predio de 18 hectáreas en Villa Celina, un proyecto inmobiliario paraestatal, una protesta quijotesca, un sicario al servicio de una Sociedad de Fomento privatizada, y un balazo en el pecho de Iki. El cuerpo de un militante convertido en testimonio de la tercerización de la violencia represiva.
Fotografía: Santiago Hafford
11 de Abril de 2016
crisis #24

Doce de febrero de 2016. Son las nueve de la noche de un viernes, en el límite sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, del lado de provincia, partido de La Matanza. Encerrada entre la General Paz, la Ricchieri, el Riachuelo y el Mercado Central está Villa Celina. Allí, en el barrio Vicente López y Planes, algunos vecinos participan de una asamblea en la vereda, a metros de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Organizan un festival para terminar el jardín maternal de manera comunitaria. La escena es mansa, pero una mujer se va a acercar desde la calle y va a empezar a gritar. Es flaca, de unos treinta años, short azul-francia, musculosa gris, hawaianas blancas, piel trigueña, tiene el pelo largo lacio y negro con flequillo. Alguien nos informará que su nombre sería Laura. Al principio nadie va a prestarle atención, pero después de un rato de hablarle al aire, la mujer se acerca más. Desde la asamblea va a salir a su encuentro Ivana, que es también una mujer joven y morocha, pero de cuerpo más fuerte y rasgos suaves. Le va a decir a la mujer que grita que nadie la conoce y que no saben qué quiere.

Entonces, como en una coreografía, va a aparecer en respaldo de la agitadora un muchacho de unos 35 años: bajo de estatura, tiene puesta una chomba salmón fluorescente y unas bermudas claras. Nos enteraremos unos días después que su alias es “Johnny el sicario”, y que lo trajeron del barrio de Tablada escapado de un asunto. Johnny sabe a lo que viene, se acerca y grita: “déjense de joder con la Sociedad de Fomento y con los terrenos”. Su amenaza está dirigida hacia Darío Julián Eugenio, conocido como “Iki”. La pareja se va a ir luego del incidente. Pero al rato dos directivos de la referida Sociedad de Fomento, que está en la mira vecinal por una serie de estafas y negociados, van a pasar caminando por el lugar. Y unos diez minutos después, el muchacho de chomba salmón va a volver a cumplir con su tarea: conmina a Iki a que vaya para la esquina y cuando este se acerca, “Johnny el sicario” saca un revólver y le dispara en el pecho. Después sale corriendo y en la esquina un auto negro que es utilizado habitualmente por la Sociedad de Fomento lo va a levantar y se va a perder hacia General Paz. Mientras tanto, la bala que acaba de disparar va a haber impactado a cuatro centímetros del corazón de Iki, sobre el lado derecho de su torso. El disparo fue a matar. Tras llegar en el auto de un vecino a toda velocidad al Santojanni, Iki va a ser operado tres veces en los siguientes cuatro días. El proyectil afecta un pulmón, el hígado y se aloja debajo de una costilla. Pero el cirujano Manuel Penalba con su equipo hacen un buen trabajo y consiguen que Iki se recupere.

el viejo humedal

No fue un episodio de inseguridad. Fue una muestra de los grados de violencia que está adoptando la ocupación territorial del conurbano por parte de un entramado de negocios con articulaciones políticas y complicidad institucional.

Darío Julián Eugenio “Iki” pertenece al Movimiento Popular La Dignidad. El motivo del ataque es un conflicto que se remonta al 2010, en torno a un predio de 18 hectáreas  que aún no ha sido urbanizado. Allí funciona la Sociedad de Fomento “Barrio Parque Modelo Vicente López y Planes”. Desde La Dignidad señalan como responsables del intento de homicidio a los siguientes miembros de la Comisión Directiva: Marcelo Rostán (Presidente), Pedro Carlos Alberto Villarreal (Secretario General), Georgina Laurenziello y al Secretario de Actas Eduardo Daniel Ysnardes.

El predio es un viejo humedal ubicado entre las calles Carrillo, Storni, Avelino Díaz y General Paz. Es el último terreno silvestre, léase disponible, de la zona. Sobre Carrillo, linda con FEMSA (empresa embotelladora trasnacional a cargo de los productos de Coca-Cola y accionista importante de Heineken), que a su vez limita con La Salada. Un lugar estratégico para el negocio inmobiliario. En algún momento del opaco recorrido dominial de las tierras, la titularidad del predio pasó de manos del Banco Hipotecario al Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), para luego caer bajo la órbita del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).

la madeja

En 1956, la “Revolución Libertadora” creó la Comisión Nacional de la Vivienda, responsable del primer censo de villas miseria en Capital y  Gran Buenos Aires. “Plan de Acción Inmediata” fue el nombre bélico de aquel proyecto para la “erradicación”. En conjunto con el Hipotecario se construyeron varios repartos de casitas de bajo costo para relocalizar a los habitantes de las villas. A fines de los sesenta se inaugura el barrio Vicente López y Planes. El Pte. Sarmiento, barrio contiguo, tiene idéntica génesis. Luego se construyeron otros asentamientos en Celina: Las Achiras, 17 de Noviembre, San Vicente. Diferentes cooperativas de vivienda tomaron a su cargo estos sucesivos impulsos habitacionales. En los últimos diez años el crecimiento demográfico de la ciudad aumentó considerablemente, y la inversión estatal en infraestructura no acompañó el proceso, generando un abismo entre las necesidades de la población y la posibilidad de solucionar los principios básicos de la supervivencia urbana.

El predio en disputa tiene una vastísima trayectoria de incordios, desavenencias, denuncias, pillajes y hechos controvertidos. Pero en el IVC macrista hay que ubicar el origen del ovillo más reciente. Desde allí sale en 2010 el primer impulso, durante la gestión como director general de Omar Abboud (que luego sería destinado a la gestión de la cuenca Matanza-Riachuelo). Más tarde, los sucesores Emilio Basavilbaso (hoy jefe de Anses) y su primo hermano Ivan Kerr (hoy en Acumar) le dieron continuidad a la iniciativa mediante nuevos convenios. El instrumento utilizado fue la Cooperativa de Vivienda Lozana LTDA, cuyo presidente Rubén Arias y su socio Francisco Bogado se aliaron a los actuales directivos de la Sociedad de Fomento y al Delegado Municipal Pedro García para concretar el emprendimiento. Desde 2009, la cooperativa de vivienda Lozana y la Delegación Municipal (aportando la maquinaria y el trabajo) avanzaron furtivamente en el desmonte y preparación del terreno. La estrategia para no alertar a los vecinos fue mantener la alta vegetación exterior del predio, impidiendo ver desde afuera lo que pasaba adentro. Mientras tanto, la cooperativa comenzó a ofrecer lotes a través de publicidad en la radio local FM Líder. Los precios oscilaron desde los 200 mil hasta los 500 mil pesos dependiendo de su ubicación. Y muchos se vendieron. Ante el pedido de explicaciones de vecinos, los directivos de la cooperativa exhibieron los convenios generados en el IVC y permisos de obra expedidos por la Municipalidad de La Matanza.

la conquista del fomento

Un viejo caudillo de la periferia, Don Domingo Greco, supo ser el histórico presidente de la Sociedad de Fomento. Un clásico jugador en esa Primera “B” Metropolitana de la política bonaerense que es el mundo de las organizaciones no gubernamentales. Respetado a la vez que recelado, condujo durante muchos años con mano firme esa micro comunidad. Amigo del orden, cultivó buen vínculo con el comisario y autoridades municipales. Trabajando en conjunto durante más de diez años, las tres instituciones serán eficientes en rechazar las decenas de intentonas que el codiciado terreno soporta: vecinos harapientos y espontáneos, gente de algún puntero de comité de la zona, hasta Raúl Castells. Todas las intrusiones fracasan y el caudillo mantiene el terreno a resguardo. Pero la serpiente que lo va a herir de muerte está sentada a su mesa: la hija de un viejo amigo, a quien Don Greco supo aupar al nacer, en complicidad con otros miembros de la comisión, van a traicionar al veterano líder. Para lograrlo van a recurrir a diversos ardides, astucias y violencias.

Al leer la documentación de las decenas de causas penales, civiles y públicas del caso, se puede trazar un contorno y discernir cómo los actores operan sobre la realidad. En mayo de 2008 se denuncia que la fiscal del distrito, Susana Cañas, le “entrega” de manera ilegal los terrenos al IVC. En 2010 se denuncia al IVC por querer entrar al terreno sin los papeles en regla; a la cooperativa Lozana por ofrecer a la venta los lotes; a la Delegación Municipal por tener a un empleado de su dependencia, Daniel Tadeo, trabajando a sueldo de la cooperativa haciendo de seguridad en el lugar, y a la comisaría de Villa Recondo que entró en varias ocasiones rompiendo los candados y los cercos para que ingrese maquinaria, garitas y herramientas. También se denuncian a los oficiales Mosquera y Batallán por golpear y amenazar con sus armas reglamentarias a socios y vecinos. Del mismo año data una nota al Inaes solicitando la baja de la personería jurídica de Lozana LTDA con el fundamento de que la policía le realizó un allanamiento (por la causa de estafa) y constató que su domicilio es inexistente. En el 2011 hay notas dirigidas al subcomisario Iglesias solicitando informes sobre la actividad de máquinas pala-retroexcavadoras que están elevando el terreno y dejando al barrio en el bajo, con riesgo de inundaciones. En el mismo 2011 hay notas al subsecretario de Obras Públicas de La Matanza, Omar Lacoste, por el ingreso de maquinaria sin identificación, tapado de desagotes y movimiento de suelos. En el 2012 Greco va a denunciar, tanto ante la justicia penal como en la Dirección de Asuntos Municipales de Matanza y ante el Ministerio de Justicia de la Provincia, a Georgina Laurenzano y Noemí Medina (empleada municipal cercana al delegado García), por el hurto y posterior adulteración de los libros de socios de la Sociedad de Fomento, con el objetivo de convocar a elecciones con un padrón amañado. El mismo año, en julio de 2012, Greco va a denunciar dos ataques con armas de fuego sobre el frente de su casa y a los cinco días otro sobre el frente de la casa de su hija.

Subsumido en este torbellino de presiones, denuncias cruzadas y amenazas, el viejo caudillo decide llamar a elecciones, aún con la situación del padrón todavía sin resolverse. Y pierde por siete votos. Desde entonces, la Sociedad de Fomento vive un proceso de cambio ostensible. Al tiempo que se discontinuaban las actividades para los vecinos (como el fútbol infantil), se enreja el perímetro y se empiezan a realizar eventos privados los fines de semana: campeonatos de fútbol para gremios y alquiler de las instalaciones a clubes para que entrenen sus juveniles. Los empleados de la lindante FEMSA lo utilizan como lugar privado de esparcimiento, casi como una dependencia más de la empresa. También se colocan carteles gigantes de publicidad de Coca Cola y Quilmes y se le cambia el tradicional nombre, al menos en fantasía, por el más tropical “Predio Las Palmeras”.

las aguas suben turbias  

El conflicto escala cuando en el invierno de 2014, para el mes de julio, el barrio comienza a inundarse de manera inédita. Los vecinos saben que la causa son las obras de suelo que se llevan adelante. Conscientes de la impotencia de la senda administrativa y judicial que desde hacía años venían recorriendo, comienzan un camino de disputa más directa que decanta en enero de 2015 con dos cortes sobre la General Paz para denunciar públicamente la situación. El resultado de los piquetes es efectivo porque logran la colaboración del Municipio para destapar los zanjones que habían sido rellenados y no permitían que el agua se fuera, y también consiguen, movilizándose al interior del predio y destruyendo ellos mismos maquinaria e instalaciones, que la cooperativa Lozana se vaya de las tierras. En una de esas refriegas, el jefe de calle de apellido Duarte, amenazó a Iki y su gente de manera curiosamente premonitoria: “cuando cambie el gobierno se la vamos a dar”.

Como si todo este entrevero no fuera suficientemente complicado, aparece otro actor en escena: la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), un órgano tripartito entre la provincia, la ciudad y la nación, que luego del triunfo de Cambiemos pasó por completo a la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en cabeza del dúctil rabino Sergio Bergman. Allí el macrismo nombró como director al dirigente Miguel Saredi, quien ha hecho de la oportunidad un verdadero arte: fue funcionario de Ruckauf, diputado nacional por el duhaldismo, director del Mercado Central nombrado por Macri, aliado político de Guillermo Moreno en el organismo, miembro del Frente Renovador, y luego, hace solo unos meses, candidato a intendente de La Matanza por Cambiemos (hace poco más de un año se lo podía ver en un cartel gigante en Crovara y Monseñor Bufano con una gorrita de la Federación de Tierra y Vivienda, de D´elía). Saredi, señalan algunos vecinos que viven frente a los terrenos, es otro de los protagonistas de este contubernio.

¿quién es Iki?

Con 38 años, este vecino de Villa Celina va a terminar el secundario en la escuela N°16 de Villa Lugano. Barrio hermanado a Celina en ese tráfico natural que se establece por cercanía geográfica entre algunas zonas del conurbano bonaerense y la Capital Federal, pero que en el tiempo, con los amores, los trabajos y las amistades se termina transformando en un corredor emocional de memoria social compartida. Padre de un joven de 18 años, ha sido obrero del plástico, albañil, pintor, chofer de carga o panadero según las circunstancias. De contextura robusta (pesa más de cien kilos en menos de 1,70 metros), de hablar estropajoso y aspecto desalineado, mantiene una cadencia provinciana quizás por ser hijo de madre salteña y padre jujeño.

El tiro que recibe en esta oportunidad en el pecho no es el primero que su cuerpo aloja. El 20 de diciembre de 2001 Icki va a ser uno de los miles que salen a manifestarse contra De la Rúa. En esa ocasión, en la esquina de Virrey Ceballos e Hipólito Yrigoyen, la Policía Federal le va a pegar un tiro de 9 mm en la espalda; va a ser socorrido y levantado por el SAME y lo van a operar de urgencia en el Argerich.

El segundo impacto lo va a encontrar el 26 de junio del 2002, sobre el Puente Pueyrredón, en la caótica desbandada que genera la represión que pasaría a ser recordada por el asesinato de Kosteki y Santillán: entre el puente viejo y la estación Avellaneda va a recibir una descarga de perdigones de escopeta 12/70 en su pierna derecha.

En las dos ocasiones anteriores, sin embargo, el cuerpo de Iki (testimonio político de los últimos quince años de conflictividad social en nuestro país) fue reprimido en lugares centrales, focos urbanos de la protesta del momento. Ahora, la violencia va a venir a buscarlo a su hogar. A diferencia de los tiros recibidos a comienzos de siglo, este no fue un disparo policial, sino que fue ejecutado por un “soldadito”. Algunos abogados vinculados a Derechos Humanos hablan de un desplazamiento, entre la clásica figura de “violencia institucional” y una paulatina “tercerización de la represión”. La mayoría de estos hechos están vinculados con disputas de mercado y territorio en el marco del crecimiento de estructuras narco o del negocio inmobiliario. La violencia que brota de este nuevo tipo de conflicto social impone otra clase de coordenadas: más impredecible en su lógica, menos vertical en su ejecución y, tal vez, mucho más letal.

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