En la medianoche del pasado jueves Kevin Aguirre, de 16 años, y su primo Michael “Micha” Pereira, de 18, tomaban una gaseosa en la intersección de Humberto Primo y San Jerónimo, en el barrio Ludueña, periferia norte de Rosario. Tuvieron una discusión con soldaditos de un búnker cercano que terminó con el asesinato por la espalda de Kevin, mientras se desplazaba en una moto junto a su primo. Le dispararon ocho veces hasta que se desplomó en la calle. Murió mientras lo trasladaban al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

El transa para el que trabajan los asesinos de Kevin se llama Gustavo y opera en Ludueña. En el día de ayer fue detenido. Su padre, Caracú, ejerce el oficio hace años en Empalme Graneros, barrio popular lindero. Su hermano también es un histórico dealer del barrio, a quien lo apodan Diente, y posee estrechos lazos con la oscura comisaría 20. En el techo de su búnker ultimaron al pequeño Rolando Mansilla, de doce años, el trece de junio de 2015, producto de una balacera con una banda enemiga.

Horas más tarde de su asesinato, amigos de Kevin desvalijaron la casa del narco y la prendieron fuego, en medio de una sospechosa pasividad policial que algunos consideraron una venia. Recién se pobló de efectivos cuando se escucharon las primeras sirenas de los bomberos que se acercaban a apagar el fuego. Hubo corridas, electrodomésticos que se descartaban en los pasillos, y bandas de pibes enfierrados que rastrillaban en sus motos en busca de los responsables de la muerte de Kevin. En las redes sociales, ese otro territorio de disputas feroces, se intercambiaban versiones, acusaciones y amenazas.

cortejo represivo

El velatorio de Kevin comenzó el viernes diez a las dos de la tarde, en la comunidad eclesial de base Sagrada Familia. Entre la muchedumbre se destacaban los familiares directos, amigos y amigas, maestros de la escuela vecina, integrantes de la iglesia salesiana, militantes de organizaciones sociales, niños que correteaban en en ese familiar escenario y al menos una decena de madres que ya habían velado los cuerpos de sus hijos en esa precaria habitación construida a la vera de las vías del tren. En la cancha de enfrente, un grupo despedía a su compadre con vodka y sustancias. El sonido ambiente combinaba los gritos de los familiares, las canciones habituales del catolicismo de base, y murmullos velados que prometían venganza.

El entierro estaba previsto para el día siguiente a las nueve de la mañana. Terminada la misa de despedida llegaron los autos fúnebres. La Municipalidad de Rosario y la institución salesiana, referente comunitaria en el barrio, enviaron dos combis para transportar a los deudos. También había un micro que se cubrió de vecinos y familiares. Pero la mayoría de los pibes optaron por desplazarse en sus motos o en la parte trasera de unas camionetas viejas. El resto de los autos enfilaron al final del cortejo que avanzaba a paso lento hacia el cementerio público La Piedad.          

A las pocas cuadras se escucharon las primeras detonaciones: una combinación singular de disparos al aire ofrendados por los amigos más cercanos, y decenas de motos con sus caños de escapes recortados. Pero el desmadre llegaría minutos más tarde, cuando entre quince y veinte camionetas y patrulleros de la Policía de Acción Táctica (PAT), del Comando Radioeléctrico, y efectivos de la Comisaría 12, emboscaron a la caravana por distintos flancos y empezaron una salvaje represión. La excusa fue que habían reconocido disparos. Algunas motos alcanzaron a huir y dar la vuelta pero se encontraron con más efectivos en la parte trasera de la comitiva. En una de las motos iba un joven llamado Marcelo, junto a Michael “Micha” Pereira, el acompañante de Kevin cuando le perforaron la espalda, único testigo que había prestado declaración en la comisaría. En medio del caos una tercera persona se encaramó al motociclista: Maximiliano, uno de los hermanos de Kevin.

La escena era dantesca: las motos corrían por la vereda y los móviles policiales por la calle. Para entonces no sólo volaban balas de goma. Se escuchaba el nítido fogonazo que emiten los proyectiles de plomo. Uno de ellos impactó en el pie de Micha y otro rozó y lastimó al hermano de Kevin. Cayeron en una esquina. Cuando los efectivos se les abalanzaron, la gente se empezó a bajar de las camionetas, autos, micros y combis para defenderlos. La batalla fue campal. Los testimonios aseguran que tiraban sin miramientos con plomo y balas de goma.

Maximiliano logró zafar porque varios se le colgaron desde atrás al policía que lo tenía retenido contra el suelo. Michael “Micha” Pereira corrió otra suerte: el único testigo del asesinato fue detenido junto a Marcelo, el otro joven que cabalgaba la moto. El saldo de la represión dejó a mujeres y niños golpeados, vecinos y familiares hospitalizados con traumatismos y perdigones en el cuerpo.

redes de detención

En un alto de la agresión policial, la caravana fúnebre retomó la marcha hacia el cementerio La Piedad. Los familiares y vecinos hacían el recuento, de ventanilla a ventanilla, para cerciorarse si faltaban personas. Pero a poco andar los efectivos retomaron la persecución y requisaron la mayor parte de los vehículos. Mientras algunos enterraban el cuerpo, una delegación de militantes sociales se dirigió a la Comisaría 12 en Ludueña, donde les informaron que “Micha” Pereira había sido trasladado al Hospital Carrasco y desde ahí al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). El comisario de la 12 mostró su desconcierto por lo ocurrido, dando a entender que la orden partió desde más arriba. Para entonces se había dado intervención al Servicio Público Provincial de la Defensa  Penal, al Ministerio de Seguridad provincial, y a la fiscalía de turno.

En la guardia del HECA, la policía utilizó un viejo recurso frente a militantes y familiares: mentir sobre una supuesta condición de incomunicado de Micha. Por la tarde la fiscalía interviniente se ocuparía de aclarar que nunca dictaminó esa medida; y se comprometió a que a partir de ese momento el joven sería incluido en el Programa de Protección a Testigos del Ministerio de Justicia de la Nación. De todos modos, imputó a Pereira por tenencia de arma de fuego, aunque sin privarlo de su libertad. Por el momento Michael “Micha” Pereira continúa internado a raíz de una complicación en la herida que la causó el impacto de una 9mm. Posiblemente requiera ser operado. Al otro joven detenido, lo dejaron en libertad aunque con una imputación judicial similar.

En la noche del domingo, soldaditos volvieron a amenazar a la familia de Kevin. El mensaje fue claro: poner fin a las acusaciones en las redes sociales y en los medios porque lo pagarían con más sangre. Desde el sábado, unos transas maerodean la casa de la madre de Micha Pereira y preguntan por el joven. La tensa calma del barrio parece a punto de volver a quebrarse.

todo el poder a los ratis

Hasta el momento solo hubo un pronunciamiento por parte del gobierno provincial. El Secretario de Seguridad Maximiliano Pullaro dijo "que nuestra policía hizo lo que tenía o lo que debía hacer o lo que la ley le ordena en función de flagrancia latente, teniendo en cuenta que había disparos de arma de fuego en la calle". Cerrar filas en un año electoral parece ser la consigna. Y no obstruir desde la política la acción de la policía, como expresó el dirigente radical en una declaración anterior. En síntesis, un elogio del autogobierno de las fuerzas de seguridad. Hacer de la incapacidad virtud.

El aumento de la violencia institucional se inscribe en la explícita voluntad del gobernador Miguel Lifschitz de dar respuesta a la demandas represivas y punitivistas surgidas en las multitudinarias manifestaciones contra la inseguridad acontecidas a lo largo de 2016 bajo el lema “Rosario Sangra”. Para el socialismo parece jugarse allí sus flacas chances de retener la provincia frente al avance del PRO.

Este mismo fin de semana, en paralelo a los violentos operativos contra el cortejo fúnebre que se disponía a despedir a Kevin, el ex-ministro de gobierno y actual presidente del bloque de diputados del socialismo, Rubén Galassi, ratificó la decisión de reformar el Código Procesal Penal, presentado por el senador radical Lisandro Enricco en el 2016. Entre las principales reformas se encuentra la extensión del plazo de detención sin necesidad de notificar al juez de 48 a 96 horas, la flexibilización de las condiciones para llevar a cabo allanamientos, ampliando los márgenes horarios de ejecución que podrán realizarse durante las 24 horas del día (actualmente es de 8 a 20), y la obligación policial de detener a personas en condición de flagrancia, entre otras.

Mientras tanto, a nivel nacional proliferan las buenas noticias. Según la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, “en Santa Fe los resultados están a la vista. Aunque la gente aún no lo pueda ver, la situación está mejor en la provincia”.

Para los estándares aceptados de la gobernabilidad contemporánea los pibes de los barrios periféricos no son ciudadanos. El Estado no considera una obligación garantizar sus vidas. Por el contrario, los percibe como agudos promotores de peligrosidad pública. En estas condiciones, la predicción propuesta hace cuatro años en el film Ciudad del boom Ciudad del Bang por uno de los referentes sociales del barrio Ludueña, el mismo en el que mataron a Kevin, se convierte hoy en una posibilidad inminente: “el grado de violencia que está creciendo por debajo, en los barrios, en algún momento va a volver, y va a volver lamentablemente de la peor manera”.