El domingo 21 de Noviembre en horas de la tarde, dos individuos portando armas largas ingresaron al territorio de Lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, un paraje ubicado a veinte kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Fueron interceptados por dos kona (jóvenes) mapuche, que les preguntaron qué hacían allí. El intercambio terminó con los hombres armados abriendo fuego, provocando la muerte de Elías Garay y heridas en el abdomen a Gonzalo Cabrera.
En una primera instancia, se señaló como autores del atentado al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la policía provincial. Pero, con el pasar de la horas, tanto los miembros de la comunidad como las autoridades del gobierno negaron esta versión. Lo cuál abre nuevas preguntas en torno al rol de los asesinos y la (in)acción de la policía que controla quién entra y sale del territorio.
Territorio en disputa
Lof Quemquemtrew es una comunidad mapuche que hace unos tres meses recuperó el territorio en disputa donde se produjo el atentado. La zona de Cuesta del Ternero conecta las localidades de El Bolsón (Río Negro) y El Maitén (Chubut) a través de una ruta de ripio que serpentea entre cordilleras y valles. La Cuesta, como se la conoce en la región, fue sembrada de pinos exóticos hace algunas décadas y varias comunidades mapuche, como la José Manual Pichún, vieron sus territorios sembrados de manera inconsulta. Junto con los pinos vinieron las máquinas, los caminos y el ingreso de personas extrañas al lugar.
Por eso las comunidades tienen varios diferendos con quienes pretenden explotar los pinos ahora que algunas zonas están maduras para la extracción. En particular, Lof Quemquemtrew está en conflicto con los empresarios Orlando y Rolando Rocco, que detentan permisos para explotar la madera de ciertos predios de la Cuesta. Es decir, no son propietarios del terreno, sino fiscaleros con permisos para explotar la madera. Permisos cuyo origen, al estar afectando intereses de comunidades indígenas, deberían ser revisados.
El 24 de septiembre Lof Quemquemtrew fue desalojado mediante un operativo violento en el que participaron más de cincuenta miembros del COER. Los efectivos corrieron a la gente por los cerros. Pese a que los miembros de la comunidad sostienen que había un acuerdo con el fiscal Arrien para no desalojar, la fiscal Cendón emitió la orden. Como parte del procedimiento se fijaron dos retenes policiales para impedir todo acercamiento: uno hacia El Maitén y otro hacia El Bolsón. La circulación quedó restringida por la policía en ambos sentidos. Ni los organismos de Derechos Humanos, ni los familiares de quienes quedaron en el campo pudieron llegar al lugar, siquiera para llevar alimentos o agua. Por eso decidieron organizar un acampe a la vera de la ruta, pegado al retén policial, como una suerte de corredor humanitario en reclamo de garantías de seguridad para quienes permanecían en Lof Quemquemtrew.
Durante 52 días se sostuvo el acampe. Hasta que, a raíz de acuerdos alcanzados con la justicia, se replegó. Los cortes de acceso instalados por la policía se mantuvieron. Y apenas dos días después de retirado el acampe, ingresaron al territorio los dos personajes que asesinaron a un peñi e hirieron a otro.
¿Por dónde entraron, si la policía controlaba las dos manos del camino? ¿Y por dónde salieron? ¿Cómo pudieron llegar portando armas largas si cualquiera que intentaba atravesar la zona era cachado, y hasta los pobladores del lugar tenían que atravesar estrictos controles? ¿Cazadores sin perros, a las dos de la tarde, metidos en un campo que todo el mundo sabe que está en conflicto y poblado de “mapuches terroristas armados”?
Parece evidente, a la luz de los acontecimientos, que eran los integrantes del acampe y no la policía quienes mantenían la seguridad en la zona.
Desalojos post-legislativas
En la semana siguiente a las últimas elecciones parlamentarias, varios desalojos habían sido programados por la justicia rionegrina. Algunas causas judiciales parecieron agilizarse en los últimos meses, teniendo la mira puesta en dos cuestiones: las dudas acerca de la prórroga de la ley 26.160 (que prescribe un relevamiento territorial de comunidades indígenas y suspende los desalojos hasta tanto se efectivice el ordenamiento); y la aparente debilidad en que quedaría el kirchnerismo después de lo que se vaticinaba como una derrota estrepitosa. El paciente trabajo que altos cuadros macristas venían desarrollando desde el año pasado con objeto de conjuntar un frente de propietarios, abogados, políticos, comunicadores y fuerzas represivas, estaba madurando el momento de ejecutar sus aspiraciones. El Consenso Bariloche decidió que era hora de excluir a quienes perturbaban su discurso unívoco y monocorde.
Pero las organizaciones indígenas fortalecieron su presencia en el territorio, los abogados de las comunidades consiguieron nuevos plazos legales, el presidente Alberto Fernández prorrogó la ley 26.160 por decreto y la victoria electoral no fue tan completa como se esperaba. Los desalojos con orden judicial iban a tener que esperar.
Que un propietario o un terrateniente en conflicto apele a matones, sicarios o fuerzas para-policiales para dañar, hostigar, herir o asesinar no es nada nuevo en nuestra zona. Se trata de una práctica que, no por terrible o ilegal, resulta ajena a las formas de ejercer el poder. Aunque en general no se los investigue ni se los exponga a la luz, conocemos muchos casos de terceros, aparentemente extraños a los conflictos territoriales, que aparecen haciendo abuso y exhibición de armas, matanza de animales de cría, incendio de propiedades, amenazas y muchas otras maldades. Cualquier recuperación territorial mapuche puede contar experiencias en este sentido. En Lof Quemquemtrew tal situación parece haberse articulado no sólo con la connivencia policial (siempre necesaria para este tipo de agresiones) sino también con el discurso y el apoyo político y judicial del bloque dominante de Río Negro.
Lucha de calles
Ayer, mientras el joven herido era intervenido quirúrgicamente en el Hospital de El Bolsón, una multitud acompañó en las puertas de la Fiscalía, al costado de la Plaza Pagano, la declaración de algunos de los miembros de Lof Quemquetrew. Tras salir y ser escuchados, una asamblea espontánea decidió hacer visible el reclamo cortando las calles del centro del pueblo. Se encendieron gomas y maderas, se depositaron grandes piedras sobre el asfalto y se interrumpió el tránsito de una ciudad repleta de turistas en el marco de un fin de semana largo.
En ese mismo momento, una ambulancia que llevaba a una médica, un enfermero y a miembros de la comunidad partió para la Cuesta para determinar fehacientemente los detalles de la muerte de Elías Garay, cuyo cuerpo permanecía en el territorio, a resguardo de la comunidad. También iban para verificar que no hubiera más heridos.
Apenas unas horas después los asistentes a un festival de doma que se celebraba en el Polideportivo de El Bolsón, salieron del lugar y desalojaron de las calles a los manifestantes. Era el clasificatorio para Jesús María. Al grito de “viva la patria” y “¡Argentina, Argentina!” persiguieron a quienes acompañaban a la comunidad incluso hasta la puerta de la guardia del hospital. Al día siguiente, en conferencia de prensa, el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, festejó y agradeció a los gauchos por su accionar.
Las ilegalidades y la inhumanidad tienen respaldo político y social. La ideología de los poderosos permea incluso a las capas populares y les hace odiar a sus pares. Es la herencia de la sacralidad del ser propietario, de la Sociedad Rural, del Consenso Patagonia. Es el consenso de los cementerios.
