A Carlos Broitman muchos lo conocen como el “abogado de los narcos”. Pergaminos para llamarlo así no le faltan ya que defendió, entre otros, a los colombianos Henry “Mi Sangre” Londoño e Ignacio Meyendorf, y al argentino Ibar Pérez Corradi. Él tampoco lo niega, todo lo contrario, se jacta de haberlo hecho. En todos esos casos le tocó negociar con la Drug Enforcement Administration (DEA). Una tarde, en su oficina variopinta situada en el microcentro porteño, volcó sobre la mesa una metáfora para explicar la relación entre la entonces ministra Patricia Bullrich y la agencia: “Durante la gestión de Patricia en Seguridad, la DEA se manejó como patrón de estancia”.

Si bien la analogía tiene consenso entre quienes conocieron el vínculo, adolece de matices. Una cosa debe quedar en claro: a la DEA no le interesa únicamente moverse a sus anchas en pos de sus objetivos, violando todo tipo de tratado bilateral, sino también colonizar tanto las fuerzas de seguridad como el poder judicial y político. Su plan es -siempre- a largo plazo.

Entre 2015 y 2019, la agencia antidrogas más poderosa del mundo no solo hizo lo que quiso en Argentina sin control alguno sino que fundamentalmente profundizó el proceso de cooptación que, con etapas de alta y baja intensidad, viene desarrollando desde julio de 1973.

A Bullrich no le molesta el mote de pro DEA sino que la enorgullece, al punto de que en 2022, junto con Cristian Ritondo, propuso la creación de una estructura similar en Argentina. Lo que sigue son trazos de la segunda época dorada de la DEA en el país.

all inclusive
 

Por su zigzagueante recorrido político y su nula experiencia en Seguridad, a nadie sorprendió que lo primero que hiciera luego de asumir fuera viajar a Estados Unidos para cerrar con la DEA. Se trataba de un gesto reconciliatorio y así lo tomó Chuck Rosenberg, titular de la agencia durante la presidencia de Donald Trump.

Rosenberg no salía de su asombro: en apenas unos meses, su relación con la Argentina pasaba de un estado de tensión permanente a uno de apertura total. Quizá eso explique el motivo por el cual el estadounidense declaró oficialmente que la DEA estaba muy contenta porque “Estados Unidosy la Argentina sean capaces de reconstruir su relación”.

Los primeros gestos de la gestión de Bullrich en Seguridad le dieron la pauta a la agencia de que tenían luz verde para moverse a discreción.

Cuando todos se preguntaban qué había conversado Bullrich en las oficinas de la DEA en Arlington, la respuesta llegó con la presentación en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para modificar la Ley de Estupefacientes Nº 23.737, que incluía un desglose de las herramientas que la DEA aplica en todo el mundo: las figuras de informante, agente revelador, agente encubierto y entrega vigilada, entre otras. Con algunas controversias, se aprobó en noviembre de 2016.

A casi siete años de su sanción, no hay especialista que no reniegue de esa norma, ya que en gran medida es inaplicable. Pero los cuestionamientos no quedaron ahí. Los organismos de derechos humanos subrayaron que “las técnicas encubiertas suponen el riesgo de que se incremente la corrupción y la manipulación de los casos y que los peligros de legalizar herramientas de este tipo en las condiciones en que funciona el sistema son mayores que los beneficios que ofrecen para enfrentar el crimen, a menos que se establezcan efectivos mecanismos de control”.

Esto era apenas el principio.

Con el programa “Argentina sin narcotráfico” como pantalla, detrás del cual Bullrich logró que se alineasen desde políticos hasta el integrante de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, la DEA comenzó a bajar en las provincias que le interesaban con una impunidad que desde hacía cinco años no tenía.

Después de las fricciones con el gobierno de Cristina Fernández, ahora la circunstancia era otra y Cambiemos estaba decidido a demostrarlo.

La mano de la DEA apareció, por caso, a la hora de los nombramientos. Hubo dos en particular por su volumen y significado: Néstor Roncaglia, como jefe de la Policía Federal Argentina, y Pablo Bressi, al frente de la Policía Bonaerense. Un viejo dedo había señalado a ambos: el de Guillermo González, ex comisario de la Bonaerense y empleado de la Embajada desde 1998.

Con Bullrich, volvieron las capacitaciones de la DEA. En una de ellas, participó Jorge Vilca, por entonces director del área de Narcotráfico de la Policía de Jujuy. Vilca viajó, junto con otros cuatro oficiales, a un curso de la DEA en Buenos Aires. Era all inclusive: estadía en el hotel Sheraton y una suma en dólares para que pudieran manejarse fuera del horario de las capacitaciones. Esa práctica hace que los policías se esfuercen por ser invitados y, por supuesto, queden a merced de los intereses de la DEA, quien no demora en cobrársela. Pasó a pedirle informalmente a la Policía jujeña que mes a mes entregasen datos de primera mano para poder confeccionar estadísticas propias pasando por arriba a sus pares argentinos.

silenzio stampa
 

Los gestos eran en ambas direcciones. El 19 de junio de 2016, la DEA le entregó en bandeja a Bullrich, a Ibar Esteban Pérez Corradi, que se encontraba escondido en la Triple Frontera. Quienes participaron de buena parte del proceso explicaron que en todo momento el financista fue un botín que se disputaban entre la entonces ministra de Seguridad y la Señora 8 de la AFI, Silvia Majdalani. Hubo quienes echaron a andar el rumor de que agentes inorgánicos de inteligencia intentaron matarlo cuando estaba en Paraguay. En cambio, el espía e informante de la DEA, Julio Pose, afirmó algo imposible de comprobar: “Como a la DEA le convenían los contactos que tenía Pérez Corradi, trabajó para ellos en Paraguay”.

La defensa de Pérez Corradi quedó en manos del mencionado Broitman y del ex policía bonaerense Juan José Ribelli. Aunque acumuló dos condenas en la Argentina, Pérez Corradi no cumplió las expectativas de la ministra, que aguardaba que implicase al anterior gobierno en sede judicial.

Se trataba de un juego. Esto quedó a la vista de todos el 4 de agosto de 2021, cuando Pérez Corradi fue liberado después de que la Justicia de Estados Unidos desistiera de extraditarlo a ese país para juzgarlo por tráfico de drogas. Esta llamativa decisión tal vez le da un punto a favor a la tesis de Pose: Pérez Corradi se habría convertido en informante de la DEA, por lo que Estados Unidos dejó de perseguirlo.

Nadie lo escuchó pero en 2017 Carlos Broitman mascullaba una pregunta ante quien quisiera escucharlo, una pregunta que recién alcanzaría su real sentido casi dos años más tarde: -¿Queremos saber quién le pagó a (Marcelo) D’Alessio para ir a buscarlo a Paraguay?

Silenzio stampa.

déjà vú
 

Bullrich entendió que no alcanzaba con gestos ni reformas de leyes. Los mensajes a Washington debían ser permanentes. Por eso, se volvió una constante que, cada vez que la ministra viajaba a las oficinas de la DEA, retornaba con órdenes que se desplegaban en las siguientes semanas en forma de anuncios. Una de ellas fue el decreto 683.

Como nadie en el mundo, y a pesar de los resonantes fracasos, Estados Unidos insiste con la militarización de la lucha contra el narcotráfico. En la región, lo intentó por primera vez en 1988 cuando se celebró la Conferencia de Ejércitos Americanos en Mar del Plata. Todos los países, excepto Chile, aun regido por el dictador Augusto Pinochet, rechazaron la moción.

Sin embargo, Macri y la actual candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio hicieron un último intento mediante el decreto mencionado de 2018, el cual autorizaba a las Fuerzas Armadas a apoyar los esfuerzos de seguridad civil nacional contra actores no estatales, incluidos los narcotraficantes transnacionales. Fue festejado por la DEA en el informe anual de 2019.

A poco de asumir, sin embargo, fue derogado por Alberto Fernández. Ahora, envalentonados por ciertas encuestas, desde el bullrichismo viene avisando que si llega al poder volverá a ejecutar dicha iniciativa.

En aquel 2018, un caso al que no se le prestó atención mostraba por qué la DEA mimaba tanto a la titular de Seguridad. Gozaba de carta blanca. En enero de ese año, autoridades de Estados Unidos y Rumania trabajaban en conjunto para desmantelar una organización de tráfico de drogas en el país europeo. La pata local era Goldpharma, dedicada a la venta en línea de medicamentos. Estados Unidos solicitó el arresto preventivo con fines de extradición de cinco argentinos. Oficialmentese informó que a cargo de las detenciones estuvo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En los veinte allanamientos también participó la Policía Bonaerense. Las caras visibles del nuevo golpe al narco fueron Diego Santilli y Bullrich. La propia DEA comunicó la operación en su sitio web, a la vez que fue difundida en cadena por casi todos los medios argentinos de alcance nacional. Sin embargo, la información oficial omitía irregularidades.

El día en que los cinco argentinos fueron detenidos, cuando debían llevarlos a declarar al juzgado federal, se dirigieron primero a la Embajada de Estados Unidos a dar testimonio -vía online- ante la fiscal de Wisconsin. Recién ahí, los trasladaron al despacho del juez argentino Pablo Yadarola. La DEA había logrado que la Justicia argentina sea relegada otra vez.

la virgen y la DEA
 

Muchas de las cosas que callaba la entonces ministra eran informadas en los reportes anuales que emiteen materia de drogas el gobierno estadounidensedesde la década del ochenta. Por ejemplo, en el de 2018, la DEA remarcaba que “la cooperación policial entre Estados Unidos y la Argentina se ha fortalecido significativamente bajo la presidencia de Mauricio Macri. El Ministerio de Seguridad ha comenzado a adoptar una serie de mejores prácticas de los modelos de aplicación de la ley de EE.UU., como fomentar la coordinación entre fuerzas federales y provinciales para recopilar inteligencia criminal y aumentar la investigación y colaboración a través de grupos de trabajo”. Aquí viene la novedad oculta:“Uno de esos equipos comenzó a funcionar a fines de 2016 en la provincia de Salta, noroeste de la Argentina, que limita con Bolivia y Chile, y es un punto de entrada clave para la cocaína que se origina en Bolivia o Perú”.

Nada de esto había sido informado.

Sin embargo, algo no aparecía en ese reporte: la Argentina había empezado a enviar policías para que participasen en el Plan de Acción Conjunta de Seguridad Regional, desarrollado a partir de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos desde 2013. La particularidad es que la capacitación era en torno de técnicas militarizadas que suelen tener consecuencias negativas cuando son aplicadas en operaciones.

Ahora bien, si alguien piensa que la DEA se quedó satisfecha ante el alud de concesiones simbólicas y normativas, se equivoca.

La agencia estadounidense no acostumbra jugar a una sola banda. Va por todo. Tenía hambre de territorialidad.

A la hora de justificar su medida más relevante durante esos cuatro años, Bullrich preparó el campo discursivamente. No perdió oportunidad a la hora de machacar con que la Casa Rosada estaba preocupada por la concentración de extranjeros que cometían delitos de narcotráfico y mencionó en especial a personas llegadas desde Paraguay, Perú y Bolivia. Por eso, con la tutela de la DEA ya de manera efectiva, se creó el Grupo Operativo Conjunto-NOA, compuesto por fuerzas de Salta y Jujuy. Era la antesala de los Grupos Operativos Conjuntos de Investigaciones contra el Narcotráfico (GOC) creados bajo resolución en 2017. Al del NOA se le sumaría el de NEA, con base en Misiones.

En lo formal, los lineamientos estratégicos del Grupo eran definidos por el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier. Sin embargo, desde el momento cero de su creación, la DEA le impuso a Bullrich dos condicionespara financiarlos: una de ellas figura en la resolución que los crea; la otra no aparece.

La primera: los aspirantes a formar parte de estas task force debían pasar por la prueba del polígrafo, metodología cuestionada internacionalmente. Luego se sabría que la información recogida durante la utilización del polígrafo, había sido usada para extorsionar a los propios oficiales.

La segunda, es decir, la que se mantuvo oculta, indicaba que la etapa de selección debía incluir una reunión a solas entre los agentes de la DEA y los efectivos argentinos. A solas significaba sin la presencia de funcionarios locales. Para que resulte gráfico: se trata de oficiales argentinos, formados por instituciones del país para actuar en territorio nacional, pero elegidos y comandados en las sombras por una agencia extranjera que les pone a disposición una caja de dólares en negro.

Era tal la libertad con que los oficiales de la DEA se relacionaban sin mediaciones con los GOC, que los agentes James Mannick y Michael Kellerman sugirieron en varias oportunidades alos representantes del Ministerio de Seguridad nacional que no era necesaria su presencia en las reuniones con los integrantes de los grupos inter fuerzas. Informes clasificados que constan en poder del Ministerio de Seguridad, precisaron que la agencia estadounidense aportaba, en negro, entre 3 y 10 mil dólares para el pago de informantes. Los integrantes de los GOC exponían cómo la gastaban mediante un documento Excel que remitían a los estadounidenses. Ante la pregunta sobre si eso había ocurrido sin autorización de jueces argentinos, respondieron afirmativamente. Finalmente, Mannick y Kellerman relataron que viajaban alrededor de dos veces al mes, sin nadie del Ministerio de Seguridad presente, a reunirse por cuenta propia con estas taskforce.

Aunque la expectativa lógica era que el gobierno que comenzó en diciembre de 2019 desactivaría este tipo de estructuras, lo cierto es que las consolidó y expandió. En 2022, Aníbal Fernández, reemplazante de Sabrina Frederic, desplazó el mando de los GOC al ámbito de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la conducción de Damián Neustadt. El nuevo titular de la DNIC eligió el silencio a la hora de responder sobre si habían corregido los problemas de origen de los GOC antes de anunciar la creación de otros.

Actualmente, con planes de conformar seis GOC en total, se está desarrollando el proceso de selección de los integrantes que tendrán base en San Nicolás, muy cerca de Rosario. Aunque no hay comunicación pública al respecto, el ministro Fernández admitió que aceleró su creación a pedido del embajador estadounidense Mark Stanley, quien en realidad quería que fuera en Rosario. A pesar de la discrecionalidad con que se está llevando a cabo todo, se supo que el ministro reimplantó el uso de los polígrafos cuya utilización había sido derogada en 2020.

De continuar estas operatorias como hasta ahora, lejos del escrutinio de la ciudadanía, el dominio de la DEA será total.